Por Horacio Verbitsky
 El juez federal Jorge Urso allanó la sede de la SIDE, en Avenida de los Incas 3834. El responsable de las intercepciones telefónicas no permitió que la comisión policial y los peritos enviados por el juez realizaran otra cosa que una inspección ocular y sólo en una parte del edificio. Ello fue suficiente para constatar que en la central de espionaje terminaban los cables con líneas digitales de fibra óptica que ya habían detectado en allanamientos a dependencias de las empresas Telefónica y Telecom. La Secretaría de Informaciones del Estado recibe por esa vía las conversaciones telefónicas de 3780 abonados, la mitad de cada compañía. Pero sólo tiene 2380 órdenes judiciales que respalden esa actividad. En otra causa separada el juez federal Gabriel Cavallo investiga las escuchas a los teléfonos del ministro de Economía José Luis Machinea. En el allanamiento a la SIDE se hallaron aparatos similares a los que interceptan las conversaciones de Machinea (Ver aparte). Al asumir, el Secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, declaró que bajo su conducción la SIDE no se dedicaría a escuchar teléfonos porque, como en los modernos organismos de inteligencia de los países democráticos, el 95 por ciento del esfuerzo se dedicaría al análisis de información pública. En el Departamento de Observaciones Judiciales, que se encarga de las escuchas, Santibañes designó a Ezequiel Lanusse, un antiguo colaborador del ex ministro del Interior Enrique Nosiglia.
Durante el allanamiento a la SIDE, los sorprendidos visitantes fueron conducidos a un piso en el que 700 grabadores apilados de a diez en racks registraban conversaciones telefónicas. Las operadoras escuchaban algunas de las líneas con auriculares y anotaban en una planilla lo que les parecía interesante, pero al mismo tiempo las voces salían por el parlante de cada equipo, como forma de control para los supervisores. La superposición de voces hacía difícil el diálogo entre la comisión que realizó el allanamiento y el personal de la SIDE que los acompañó, encabezado por el segundo de Lanusse, Julian Subías. Una confusión producida durante un procedimiento previo en oficinas de Telecom sugiere que también la Policía Federal realiza grabaciones clandestinas, pero esto no quedó asentado en ninguna actuación judicial.
El caso se inició con una denuncia de Jorge Lanata. En la edición del 9 de marzo del semanario Veintidós, un título de tapa decía: “Pincharon los teléfonos de esta revista. La información obtenida fue utilizada por hombres del oficialismo para operar sobre la prensa”. La nota decía que por esa vía funcionarios del gobierno tomaron conocimiento del contenido de una edición aún no distribuida de la revista. Según el semanario, el ingeniero Ariel Garbarz, consultor de seguridad telefónica del gobierno nacional, comprobó que todos los teléfonos de la redacción, “están intervenidos ilegalmente”, mediante un sistema que se vende “únicamente con autorización del Departamento de Estado norteamericano, bajo certificación de que el destino final serán oficinas autorizadas para hacer inteligencia”. El abogado de la publicación, Pablo Jacoby, presentó la denuncia judicial el 10 de marzo. El 17 de abril, el juez Urso ordenó una inspección en la sede de la revista, en Suipacha 1378. Encabezó el procedimiento el secretario del juzgado, Juan Martín Hermida, asistido por especialistas de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal, por Carlos Daniel Rillos, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y por Nicolás Bautista y Carlos Valente, de la SIDE. En el sótano encontraron una caja y un cable de fibra óptica identificado como “Revista Siglo Veintiuno” (sic). Esa caja se comunica con otra, en el descanso de las escaleras del piso en el que funciona la revista. El chequeo teleinformático sobre las líneas de la revista volvió a detectar que eran monitoreadas desde un equipo interceptor digital STG externo al edificio. La computadora también indicó la marca del aparato, BIOS-TDM9990, y su número de serie, 4863HK7563489H. Para cotejar los resultados, se realizó la misma prueba con un número telefónico solicitado en el momento a un electricista que estaba haciendo trabajos en el edificio. En ese caso no se detectó ninguna conexión de aparatos interceptores.
El 8 de mayo fue allanado el edificio República, de Maipú y Corrientes, sede de Telefónica. Urso se presentó a mediodía, acompañado por los fiscales Guillermo Marijuán y Oscar Amirante, por los peritos oficiales Humberto Ciancaglini, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y César Bottazini, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y por el perito de parte Garbarz. También participó personal de la Dirección Video Operativo de la Policía Federal, que filmó el procedimiento. Ciancaglini, quien tiene más de 80 años, fue secretario de telecomunicaciones durante el gobierno de Raúl Alfonsín y es el ingeniero electrónico más respetado del país.
–¿Dónde está el escrito de allanamiento? –preguntó con acento madrileño un alto directivo de la compañía.
–¿Ve mi cara? Mi cara es la orden de allanamiento –le respondió Urso.
–Compréndame, que no estamos preparados para esto, nos agarra de sorpresa.
–Esa es la idea.
Allí un técnico de la compañía informó que ninguna de las líneas de la revista habían sido conectadas a la denominada “regleta” que utiliza la SIDE “para la invervención judicial de los abonados”. Pero no ofreció más prueba de ello que una lista impresa de números, donde no figuraban los investigados. Tampoco conectó ningún instrumental que permitiera a los peritos una lectura directa de los datos electrónicos que pudieran cotejarse con los de la lista. Luego se leyó la indicación para cada línea de la revista en la pantalla de la computadora de prueba de líneas de abonados de Telefónica (PLA), que utiliza el software Teradyne. En la pantalla se leyó: “Indeterminado”. Como forma de control, el juez ordenó efectuar la misma comprobación sobre dos números de abonados elegidos al azar. La pantalla indicó “Probado bien”. Los técnicos de la compañía no supieron, no pudieron o no quisieron explicar qué significaba la expresión “Indeterminado”. La configuración de las líneas de la revista distinta de la condición normal del resto de las líneas de la misma central sugiere alteraciones en los enlaces físicos que no estaban a la vista y que podrían obedecer a conexiones ocultas por los puertos digitales traseros de la central, que la comunican con otras de jerarquía superior, denominadas Centros de Control de Red, desde los cuales pueden monitorearse las líneas de los abonados, presume el ingeniero Garbarz. Según el perito Garbarz, “se observaron terminales analógicos de pares de cobre y digitales de 2 Mb/s”, no señalizados que salen de la Central República, “se pierden en canales internos inaccesibles dentro del cielorraso y no llegan a la SIDE”. No habían pasado 24 horas del allanamiento a Telefónica, cuando Julián Subías se comunicó con el juzgado para informar que la SIDE estaba a disposición de Urso. Nadie podrá decir que Telefónica no cuida a sus más generosos clientes.
Urso también encontró en el Edificio República un bastidor identificado con la sigla SIDE, del cual salía un cable de fibra óptica. Una vez convertidas las señales analógicas en digitales el cable las conduce a la Dirección de Observaciones Judiciales. Estos cables se denominan enlaces de jerarquía digital sincrónica. En su libro Teleinformática para Ingenieros en Sistemas de Información, la mayor autoridad argentina en teleinformática, el coronel ingeniero Antonio Ricardo Castro Lehstaler explica que su capacidad mínima de transmisión es de 1890 canales telefónicos y la máxima de 483.840. Cuando transmiten 1890 canales, la velocidad exacta es de 155 megabits/segundo, que es lo que midieron los peritos con un frecuencímetro. El director de Gestión, Supervisión yOperación de Red de Telefónica, ingeniero Roberto De Genaro, dijo que de esas 1890 sólo estaban activas 1560. Siguiendo el cable, el juez se dirigió a la “Central Cuyo” de la misma empresa, en Sarmiento 2362, donde confluyen las líneas de distintas centrales de Telefónica intervenidas, como escala previa antes de su envío a la SIDE. La inspección visual y con instrumental constató que allí no había derivaciones físicas ni transmisores radioeléctricos que pudieran derivarlas hacia un destino distinto que la SIDE. Tampoco allí se pudo constatar si las líneas objeto de la denuncia judicial estaban entre las intervenidas, ya que las conexiones son cerradas, sin identificadores ni entradas para conectar analizadores electrónicos u ópticos que lo comprueben. De Central Cuyo, el cable de la SIDE se dirige a la Central Belgrano de Telecom, en Obligado y Pampa, donde luego de la privatización de ENTel. instaló su central de pinchado la SIDE. Como la creciente cantidad de grabaciones perturbaba el trabajo de la compañía, los fisgones se mudaron a Avenida de los Incas 3834. De la Central Belgrano las líneas intervenidas por Telefónica son reexpedidas a la central de escuchas de la SIDE. Otro cable similar deriva al mismo sitio los números telefónicos intervenidos de abonados de Telecom. Dos ingenieros de Telecom confirmaron que esos cables de fibra óptica conducían cada uno 1890 líneas hacia la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Cuando la comisión con policías de civil llegó a Pampa y Obligado, un custodio privado de Telecom preguntó con naturalidad a sus colegas de la federal.
–¿Vienen a buscar las cintas?
–No –respondió el oficial principal Miguel Angel Cáceres. Venimos a buscar las líneas de la SIDE, no las de la Policía Federal.
Los peritos preguntaron dónde estaban esas líneas intervenidas por la Policía Federal, pero los técnicos de Telecom negaron su existencia, y la orden de allanamiento no cubría su búsqueda. El lunes 5 de junio Urso firmó la orden de allanamiento de la SIDE, pero dejó su ejecución en manos de la Policía Federal y los peritos. Transpusieron un portón deslizante de reja, como el que mató a la señora Sofía Fijman en otra sede de la SIDE, y el subdirector Subías los condujo al piso en el que las operadoras grababan y escuchaban líneas intervenidas. Luego los llevó al sótano donde se encontraron cuatro equipos interceptores Siemens embalados en sus cajas. Una de ellas fue abierta. Se trataba de un BIOS TDM, de las mismas características técnicas que el detectado en las líneas de Veintidós, pero no marca STG, sino Siemens. Durante la inspección se constató que allí terminaban los dos enlaces, originados en Telefónica y Telecom, cada uno de 1890 líneas. Subías dijo que sólo se usaban para escuchas 1090 líneas de Telefónica y 1290 de Telecom, pero no quiso dejar constancia de esas cifras en el acta alegando razones de “seguridad del Estado”. Tampoco aceptó exhibir las órdenes judiciales que respaldaban esas escuchas, porque el escrito de Urso no lo exigía. El acta dice que “con los equipos que cuenta la Dirección de Observaciones Judiciales no se encuentra en condiciones de intervenir a un abonado en forma directa, sin la anuencia de la compañía prestataria, dependiendo de la conexión que lleve a cargo la empresa prestataria del servicio básico telefónico”. Esto equivale a decir que la diferencia entre las 3780 líneas efectivamente intervenidas y aquellas que lo han sido por orden judicial (1090 de Telefónica y 1290 de Telecom) no sería posible sin el conocimiento de aquellas compañías.
Subías también se opuso a que el acta de allanamiento mencionara los equipos Siemens encontrados. Su texto sólo consigna que “no se pudo detectar la existencia en el edificio de un equipo STG BIOS TDM, modelo 9990, incorporado al sistema de intervenciones telefónicas”. Durante el allanamiento un ingeniero de la SIDE dijo que el equipo Siemens había sido adquirido para auditoría interna, es decir para escuchar lasconversaciones del propio personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Aun cuando esta rosada versión fuera cierta, seguirían faltando las órdenes judiciales que lo ordenaran, ya que el empleo en un organismo de Inteligencia no implica la renuncia a los derechos personales y personalísimos que protegen contra el oído del Hermano Mayor. Sólo en las novelas negras el que espía a un espía tiene cien años de perdón. Los folletos con los que Siemens ofrece esos equipos sugieren una hipótesis más inquietante: también se pueden conectar a la red externa, para pinchar cualquier línea. Las de Veintidós o las Machinea, por ejemplo.
A Machinea también
Por H.V.
Los teléfonos personales del ministro de Economía José L. Machinea también son intervenidos mediante un interceptor de sistema BIOS TDM STG, según consta en otra denuncia judicial, formulada por el ministerio. Igual que en el caso de la revista Veintidós la comprobación fue realizada por el consultor Garbarz. El hallazgo durante el allanamiento ordenado por el juez Urso de un equipo de esas mismas características en los sótanos de la SIDE podrá ser de interés para el juez federal Gabriel Cavallo, quien investiga la denuncia formulada por el Ministerio de Economía.
Aunque no confirmó que desde allí se escucharan los teléfonos de la revista Veintidós, el procedimiento en la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE puso en evidencia la envergadura del sistema de intromisión estatal en la privacidad de los ciudadanos y la participación en él de las empresas privadas. La escucha de los teléfonos de Machinea asume otra dimensión, porque el titular de la SIDE y el ministro de Economía emergen como personificación de dos posiciones diferentes en el gabinete nacional. Con intención o sin ella, Santibañes ha suscitado sucesivos temblores alrededor de Machinea, por sus declaraciones al canal oficial de televisión y al diario La Nación. La sospecha de que además le tenga tomados los teléfonos no contribuye a disipar las suspicacias entre los dos viejos compañeros en el Banco Central. Además de Machinea, Santibañes mantiene una tensa relación con el vicepresidente Carlos Alvarez, el jefe de gabinete Rodolfo Terragno y los ministros del Interior y de Infraestructura, Federico Storani y Nicolás Gallo.
Una exposición formulada el 23 de mayo sobre política y economía por Miguel Angel Broda ante ejecutivos de una empresa transnacional considera que Santibañes es “el cable a tierra racional que el presidente tiene en el gabinete”, por lo cual “será objeto de una guerra sucia de parte del resto”. También en este caso ¿el ataque es la mejor defensa? Si Machinea decide contraatacar, tendrá buenos motivos económicos, que a Santibañes le resultará difícil impugnar. Las conversaciones telefónicas que la SIDE escucha llegan desde las empresas prestatarias a través de enlaces de fibra óptica. A la salida del cable, la SIDE tiene conectados sus grabadores. La SIDE paga a Telefónica y Telecom unos 900.000 pesos mensuales, es decir 238 pesos por línea. Las mismas compañías ofrecen a los clientes privados tramas de 32 líneas digitales PCM (Modificación por Codificación de Pulso) por 1100 pesos. Es decir 34,3 por línea. Como si los roles se hubieran invertido, el ariete del ajuste infinito compra al por mayor un servicio del que hay sobreoferta en el mercado, y lo paga siete veces más caro que quienes lo adquieren al por menor.
|
