Tomado del diario argentino Página/12   25/3/2001


NUEVOS TESTIMONIOS SOBRE BRINZONI EN 1976
La amenaza

El director de un diario chaqueño reveló que en 1976 intercedió por periodistas detenidos-desaparecidos. El capitán Brinzoni lo amenazó. Si volvía a reclamar, correría la misma suerte. Un redactor escribió que Brinzoni advirtió a los periodistas que si por él fuera colgaría a los subversivos en la plaza pública. Un cuarto de siglo después, las condiciones están dadas para que la Argentina tenga Fuerzas Armadas distintas de las que desencadenaron la mayor tragedia de la historia nacional. El poder político debe impedir que las nuevas generaciones castrenses sean contaminadas por las emanaciones de aquel agujero negro que deshonró la tradición sanmartiniana.

Respuesta: Cuando comenzaron las desapariciones de periodistas el director del diario “Crisol” intercedió ante Brinzoni. “Si vuelve a interesarse por los desaparecidos a usted le va a pasar lo mismo”, fue la respuesta.

Por Horacio Verbitsky

En 1976 el entonces capitán Ricardo Brinzoni cortó con un ademán de impaciencia al director-propietario del diario chaqueño “Crisol”, Ricardo Eulogio Brizuela, quien le pedía por los periodistas detenidos-desaparecidos. “La próxima vez que usted venga a reclamar por uno de los hombres que nosotros nos llevamos de su diario, a usted le va a pasar lo mismo”, le dijo. Desde diciembre de 1999, el ahora teniente general Brinzoni es el Jefe de Estado Mayor del Ejército. Según Brizuela, Brinzoni era el hombre fuerte de la intervención militar en el Chaco, a cargo sucesivamente del coronel Oscar Zucconi y del general Facundo Serrano. “Secuestraron a muchos periodistas y algunos siguen desaparecidos”, afirma Brizuela. “Crisol” se editó entre 1975 y 1979 y expresaba al sector cooperativo y las ligas agrarias, vinculadas con la izquierda peronista. Hasta el golpe, los canillitas que lo voceaban eran amenazados por matones de ultraderecha, porque “Crisol” competía con otro diario que editaba el locutor Juan Carlos Rousselot, jefe de prensa de José López Rega. Luego de la captura del poder por la Junta Militar, Brinzoni visitó la redacción y advirtió sobre el orden que pensaba imponer en la provincia. Pocos días después comenzaron a desaparecer redactores del diario, entre ellos la periodista Adolfina Mondín, quien fue “torturada en una de las dependencias de la polícia, donde le hicieron escuchar durante toda una noche cómo torturaban a otras personas”, según recuerda Brizuela. Otro de los secuestrados, Julio “Bocha” Pereyra, fue uno de los asesinados el 13 de diciembre de 1976 en Margarita Belén, pretextando un inverosímil intento de fuga. Su caso fue recordado esta semana en “La Voz del Chaco” por el ex redactor de “Crisol”, Bosquín Ortega. Según Ortega, luego de reunir a todos los periodistas, Brinzoni dijo: “Si por mí fuera, colgaría a los subversivos en la plaza pública para ejemplo y escarmiento”. En las semanas siguientes a esa arenga intimidatoria fueron secuestrados Mondín, Pereyra, Luis “Piolín” Alarcón, Hugo Dedieu y Juan Antonio Ojeda, escribió Ortega. “Se los llevaban impunemente. Venía un batallón, se asentaba en el diario, hacían parar todo, agarraban al que buscaban y se lo llevaban”, añade Brizuela. Cuando comenzaron las desapariciones y antes de que se legalizaran sus detenciones, el director del diario fue a reclamar a la Casa de Gobierno. La última de esas cinco entrevistas con Brinzoni terminó con la amenaza que encabeza esta nota. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, considera extemporáneas estas denuncias y recuerda que Brinzoni fue ascendido por el Senado sin que nadie objetara sus antecedentes. En 1994, Brizuela entrevistó a un hombre que conocía muy bien los antecedentes de Brinzoni, el coronel (RE) Amado Miguel Hornos. Ex jefe del destacamento de inteligencia del Ejército en Resistencia al momento de la masacre de Margarita Belén, Hornos excusó su responsabilidad alegando que estaba en Buenos Aires por la operación de uno de sus hijos. “¿Usted cree que Brinzoni no sabía nada de eso, usted cree que Serrano no sabía nada de eso, usted cree que Galtieri no sabía nada de eso?”, añadió. Hornos (DNI 5.637.171, legajo 702 549) revista en el Congreso Nacional, con la categoría A.4, como asesor en las comisiones de Defensa y de Acuerdos del Senado, que aprueba los ascensos militares.
A 25 años del golpe de 1976, están dadas las condiciones básicas para que la Argentina tenga Fuerzas Armadas distintas de las que desencadenaron la mayor tragedia de la historia nacional. El funcionamiento de las instituciones democráticas se sobrepone incluso a la falta de idoneidad o de honestidad de quienes desempeñan algunos cargos decisivos en los tres poderes del Estado. La división constitucional entre ellos, más ostensible desde que un mismo partido no controla el Ejecutivo, ambas cámaras del Congreso y la Corte Suprema de Justicia; la libertad de expresión ejercida por una prensa más inquisitiva; la existencia de un hiperactivo movimiento en defensa de los derechos humanos, la inserción del país en el marco internacional, pero también la memoria del pasado, previenen contra su repetición, por más que las políticas en curso castiguen a los mismos sectores sociales que la dictadura. Por otra parte, el mero transcurso del tiempo ha producido una decantación generacional. Nueve de cada diez oficiales hoy en actividad son ajenos a los hechos que ayer merecieron un repudio masivo en la concentración convocada para proclamar que el pueblo argentino no ha sido derrotado y que ni el olvido ni la impunidad prevalecen. Sin embargo, desde el Estado Mayor del Ejército, Brinzoni, el subjefe Eusebio Jurczyszyn y el secretario general, Eduardo Alfonso, encabezan un peligroso intento de contaminar a las nuevas generaciones castrenses con las emanaciones del agujero negro que, de 1976 a 1983, deshonró la tradición sanmartiniana. Es responsabilidad del poder político impedir que esa mezquina concepción se imponga.

El secretario

El general de brigada Eduardo Alfonso sucedió en la Secretaría General al general Ernesto Juan Bossi, de quien había sido colaborador. Es el principal impulsor de la solapada reivindicación corporativa, según la cual todo lo que haga un camarada está bien. En 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Bossi y Alfonso explicaron a la prensa que el hallazgo de su cuerpo demostraría que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás” (sic). En mayo de 2000, cuando cinco oficiales retirados se negaron a declarar en el juicio de la verdad de Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano les impuso penas de arresto por 48 horas. Brinzoni declaró a la corporación en estado de inquietud y remitió al general Alfonso en visita institucional a los camaradas detenidos. El 9 de julio la expedición se repitió, esta vez a Bahía Blanca, cuya Cámara Federal había ordenado el arresto procesal de dos suboficiales que se negaron a contestar preguntas sobre el destino de personas desaparecidas en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército. “Visitar a los enfermos y a los presos es un deber que marca la caridad cristiana”, dijo. Pese a la referencia piadosa, Alfonso descubrió el carácter político de su misión al impugnar la utilidad de los juicios de la verdad y admitir que “el Ejército estudia otras alternativas”, una alusión a la Mesa de Diálogo para la que tenía un guiño de complicidad de los legisladores justicialistas Miguel Toma, Mario Cafiero y Alicia Pierini y de los restos de la desacreditada conducción montonera.
Alfonso hizo referencia a estos episodios, el mes pasado, durante la recorrida que realizó por las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca, exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que Brinzoni decidió presentar ante organismos humanitarios, públicos y de la sociedad civil. Ante las objeciones de quienes no deseaban seguir ese camino, Alfonso los acusó de desleales.
Durante su arenga a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, Alfonso dijo: “Es hora de sacar el sable y cargar codo a codo con el Jefe de Estado Mayor. Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestra cuarta victoria”. Enumeró a continuación las tres anteriores: la primera fue “el abierto apoyo a nuestros camaradas caídos en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”. La segunda fue “la exitosa Operación Retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia”. Agregó que la Fuerza Aérea cedió la Sala VIP de Ezeiza para que Olivera fuera recibido por el coronel en actividad Eduardo Dalmiro Sosa Mendoza. La tercera victoria de Alfonso fue “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Añadió que los dos pliegos aún retenidos, serían aprobados en abril. (Uno de ellos es el de Luis Alejandro Candia, quien en 1987 participó en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y luego fue pasado a disponibilidad por el ex Jefe de Estado Mayor José Caridi, quien lo involucró en un secuestro extorsivo. El otro corresponde al teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, señalado como uno de los partícipes en el asesinato múltiple de prisioneros en Margarita Belén. Fue procesado pero lo benefició la ley de obediencia debida.) Según Alfonso, “la cuarta victoria será con la ofensiva de los hábeas data. Recuperaremos el protagonismo perdido, ya que con la defensiva no se logró nada”. Con “la defensiva” se refiere a la década del teniente general Martín Balza, quien reconoció la participación de aquél Ejército en actos atroces y aberrantes, postuló una nueva doctrina de la obediencia en línea con la aceptada en los ejércitos occidentales modernos y recuperó el respeto nacional e internacional para el Ejército argentino. Los modelos que Alfonso y Brinzoni proponen son, en cambio, los generales Benito Bignone y Héctor Ríos Ereñú. El rol de Balza fue motivo de una áspera disputa en la reunión de generales convocada por Brinzoni hace dos semanas. Unos lo llamaron “traidor” por su posición en contra de la ley de obediencia debida, que el juez Gabriel Cavallo acababa de declarar nula. Otros objetaron esa calificación. En cualquier caso la batalla de los hábeas data no parece inclinarse en favor de sus ideólogos: sólo 663 oficiales firmaron el pedido, es decir un porcentaje minúsculo sobre los 5.000 oficiales en actividad del Ejército. La Armada y la Fuerza Aérea se negaron a seguir esa estrategia. Entre los militares que también se rehusaron figura el poderoso jefe de la Casa Militar de la Presidencia, general de división Julio Alberto Conrado Hang, candidato a reemplazar al insostenible Brinzoni. Hang es una de las personas que más horas diarias pasa con el presidente Fernando de la Rúa.

El subjefe

Jurczyszyn acompaña a Brinzoni como subjefe desde diciembre de 1999. Ese mismo año había protagonizado un oscuro episodio, como segundo comandante del Cuerpo III, con sede en Córdoba. En mayo de 1999, cuando la jueza federal Cristina Garzón de Lascano inició las investigaciones por el robo de bebés y otros crímenes cometidos en Córdoba durante la dictadura, testigos, abogados y familiares de desaparecidos denunciaron amenazas e intimidaciones con seguimientos callejeros. La jueza ya sospechaba que su tribunal estaba bajo alguna forma de control externo, ya que algunas medidas secretas, como el allanamiento a la Casa Cuna, trascendían antes de realizarse. Luego de escuchar a los amenazados, ordenó intervenir algunos teléfonos y de ese modo detectó que las averiguaciones, escuchas y grabaciones clandestinas, mediante la colocación de micrófonos ocultos, se realizaban desde la Central de Reunión de Información del Cuerpo III de Ejército, donde fueron secuestradas las cintas grabadas. El material secuestrado también demostró actos de espionaje catrense sobre las actividades del justicialismo, la UCR y el Frepaso, las movilizaciones estudiantiles y gremiales, la actitud de la Iglesia hacia los desocupados, la universidad y las Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta eran espiados el obispo Domingo Stafolani, y los diputados nacionales Humberto Roggero y Hugo Storani.
La ley de Defensa Nacional veda a la inteligencia militar cualquier actuación en temas internos. Cuando los hechos trascendieron, la jefatura del Estado Mayor General del Ejército relevó y puso en disponibilidad al jefe de Contrainteligencia del Estado Mayor General, coronel José Luis Bo, al jefe de inteligencia del Cuerpo III, teniente coronel Abel José Guillamondegui, y a dos suboficiales de la Central de Reunión de Información 141. Guillamondegui y los suboficiales admitieron ante la jueza Garzón y la fiscal Graciela López de Filoñuk que se habían interesado en la causa “Menéndez” por orden superior. La investigación judicial se orientó entonces a determinar en qué nivel se habían impartidolas directivas. El Cuerpo III informó que la ilegal labor de inteligencia interna descubierta había sucedido “sin conocimiento de los comandos superiores” y dispuso instruir un sumario interno. El entonces Jefe de Estado Mayor Martín Balza negó toda responsabilidad de su jefe de Inteligencia, general Jorge Miná. En cambio, nada dijo de las responsabilidades del Cuerpo III. Su comandante era el general de división Juan Manuel Llavar y su segundo el entonces general de brigada Jurczyszyn. El día en que se detectó el espionaje, Llavar estaba en Salta asistiendo a maniobras. Pese a la afirmación de Balza, la fiscal López de Filoñuk también imputó al general Miná. El 23 de junio de 1999, Jurczyszyn declaró en el sumario castrense ante el coronel abogado Jorge Alberto Díaz. El instructor le preguntó si Guillamondegui le había informado por teléfono “de todo lo ocurrido” en relación con la presentación judicial de uno de los testigos en el juicio, el ex montonero devenido en colaborador militar Fermín De los Santos. Jurczyszyn dijo que no había sido por teléfono sino en persona, en el Comando del Cuerpo. “Me solicitó autorización para enviar un parte a la jefatura II, Inteligencia”, del Estado Mayor General sobre esa declaración que tanto preocupaba al Ejército. Añadió que también autorizó envío de copia del mismo parte al Departamento de Inteligencia del Comando del Cuerpo. Esa pieza fue agregada al expediente judicial a pedido de la defensa del general Miná, quien entiende que de ese modo se prueba que no fue él quien ordenó ni autorizó el espionaje. La lógica de ese avance ilegal del Ejército sobre la justicia fue expuesta durante su indagatoria por el coronel Guillamondegui: “Todo lo que hace a derechos humanos nos interesa porque ésa es una forma de atacar al Ejército”.

El jefe

Si el Subjefe de Estado Mayor autorizó el espionaje sobre el tribunal que instruye la causa Menéndez, el jefe no tuvo inconveniente en exhibirse junto al ex Comandante del Cuerpo III, en el Día de la Artillería. Luego de escuchar un discurso del general Héctor Lubín Arias, según quien “a pesar de los cambios, el Ejército siempre es el mismo”, Brinzoni saludó a Menéndez y lo justificó así: “Hemos tenido muchos aciertos y errores. No podemos renegar de los errores si queremos valorar y seguir distinguiéndonos con los aciertos”. En este episodio se cifran los valores de la conducción de Brinzoni. Para la sociedad, en cambio, el Ejército de la dictadura es una maldición sin parangón con nada anterior y cuya continuidad posterior no puede ser admitida, a riesgo de enfeudar el futuro de la Nación.
En 1999, cuando el último comandante en jefe de la dictadura, Cristino Nicolaides, polemizó con Balza sobre la destrucción de documentos probatorios de los crímenes de entonces, Brinzoni recordó que en febrero de 1976 había acudido junto con el jefe del Grupo de Artillería 7, coronel Oscar Zucconi, a ver a Nicolaides que comandaba la Brigada de Corrientes, para transmitirle que el golpe en preparación “era innecesario y contraproducente” para “la continuidad de la lucha antiterrorista”. Pero en esa misma declaración Brinzoni reivindicó “los valores éticos y morales” del ex dictador Benito Bignone. “Soy testigo de sus convicciones de entonces: la subversión era un problema de solución policial, no militar, y sé de su negativa férrea a instruir a los cadetes [del Colegio Militar] en técnicas antiterroristas.” Pese a su declarada oposición al golpe y a la intervención militar en seguridad interior, tanto Bignone como Brinzoni se sumaron luego la represión militar sin ley. Ese presunto dechado de ética que sería Bignone es responsable de la desaparición de tres soldados que prestaban servicios a sus órdenes en el Colegio Militar (Mario Molfino, Luis García y Luis Steimberg) y de la tortura a otros. Cuando Brinzoni difundió su alabanza, Bignone ya estaba bajo arresto domiciliario por encubrimiento del robo de bebés. En marzo de 2.000, Brinzoni fue aún más explícito: dijo que no creía que hubiera existido un plan sistemático para el robo de bebés. Cuando el candidato paraguayo al premio Nobel de la Paz, Martín Almada, quien descubrió en Asunción los archivos de la represión en el cono sur, dijo que Resistencia había sido en aquellos años la sede argentina de la Operación Cóndor, Brinzoni lo puso en duda al preguntarse en una declaración pública “si es que alguna vez ha existido” el plan Cóndor.
Las variables convicciones de Bignone acerca de métodos de formación de oficiales fueron desnudadas por el ex dictador general Alejandro Lanusse. En el juicio de 1985 contra Videla, Massera & Cia. Lanusse recordó una discusión que sostuvo en Campo de Mayo con los generales Bignone y Santiago Omar Riveros. Según Lanusse, “Riveros pretendió recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por izquierda, agregando que gracias a ellos yo vivía. Le dije: hay oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros. Bignone, propio de su personalidad e idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad por cierto y dijo: mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted, ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Bignone; con la misma franqueza le digo entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto del general Bignone y que ahora no lo mantengo”. Lanusse agregó que en procedimientos ordenados en el Colegio Militar “algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes; y les pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si eso es una forma de educar a los oficiales del futuro”.
Sobre el cambio de idea del actual Jefe de Estado Mayor del Ejército, también dan fe otros testimonios recogidos en Resistencia, donde el mismo 24 de marzo de 1976 Brinzoni asumió como secretario general de la intervención militar. Esta semana, el diario “El Norte” publicó el testimonio de uno de los abogados detenidos en la madrugada del golpe y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Juan Penchansky. El 20, el diario “La Voz del Chaco” entrevistó al defensor de presos políticos Saúl Acuña, otro detenido aquel día. Ambos coincidieron. Luego de pasar el día entre el Grupo de Artillería y la Alcaidía, donde estaban los políticos y sindicalistas detenidos, fueron conducidos a la Casa de Gobierno. Cuenta “El Norte”: “Los abogados vieron entre tantos rostros los de algunos dirigentes de su consejo profesional, que les hacían señas que intentaban transmitir tranquilidad. En un momento, uno de ellos se acercó y les dijo: ‘Hablamos con Brinzoni, y le pedimos que les saquen las esposas y los grilletes”. Al rato, efectivamente, se los quitaron. “Quedamos ahí, parados, haciendo un círculo ante el interventor Zucconi, y había todavía otra gente. Parece que había periodistas, porque alguien le preguntó por qué me habían detenido, y él dijo: ‘Por una alcahuetería que decía que el doctor andaba declarando su fe en las organizaciones insurreccionales, pero eso no puede ser cierto porque de lo contrario lo habríamos eliminado’, cita Penchansky. Junto al interventor, estaba Brinzoni”.