Por Horacio Verbitsky

Amargos reproches se dirigen en el Ejército contra su Jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, por haber elegido a un abogado neonazi para presentar centenares de recursos de hábeas data ante organismos defensores de los derechos humanos. La semana pasada el Centro de Estudios Legales y Sociales informó sobre nueve oficiales por su posible intervención en crímenes atroces y aberrantes durante la guerra sucia, diez por haber participado en los alzamientos contra el orden constitucional, dos por su eventual responsabilidad en otros delitos y nueve por haber cursado en la Escuela para torturadores de las Américas. Gracias a Brinzoni ahora sus archivos asocian a 663 oficiales con el neonazi partido del Nuevo Triunfo, cuyo dirigente y apoderado, Juan Enrique Torres Bande, los representó ante el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria de derechos humanos del gobierno nacional. La rápida reacción del ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien ordenó a Brinzoni que despidiera a su abogado de confianza y que solicitara formales disculpas al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) mitigó el daño institucional, pero no mejora la posición de Brinzoni y del reducido grupo de colaboradores que lo llevaron a convertirse en la primera autoridad pública de tan alto nivel vinculada con un grupo que considera a Adolf Hitler la principal figura de la historia humana.
El Ejército pretendió que las solicitudes fueron presentadas por decisión individual de cada peticionante, en ejercicio de su derechos como ciudadano. Pero los oficiales de las distintas guarniciones que confirieron poder a Torres Bande lo hicieron sin conocer sus antecedentes y por orden del Estado Mayor. Con la exactitud y presteza de una maniobra militar, los 663 revocaron los poderes luego de que Página/12 publicara la foto de su abogado presidiendo un acto del partido neonazi. Brinzoni estaba tratando de recabar más firmas, de oficiales en actividad y retirados, pero Jaunarena decidió archivar la cuestión, a la luz de sus desastrosos resultados. El gobierno nacional incumple desde hace tres años la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, cuyo autor fue el propio Jaunarena, y que dispuso un incremento del presupuesto de Defensa del 3 por ciento anual durante un lustro. El ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy teoriza-
ba que este incumplimiento debía compensarse con bienes simbólicos. Con ese motivo, autorizó la presentación de los hábeas data y la celebración del 2 de abril como feriado patrio. Pero esto no explica por qué el Jefe de Estado Mayor eligió al lugarteniente de Alejandro Biondini para efectuar una gestión ante organismos defensores de los derechos humanos. A primera vista sólo hay tres hipótesis. Que el general Brinzoni sea un idiota. Que sea un nazi. Que sea un nazi idiota. Su carta al presidente de la DAIA confesándose apesadumbrado por su “desafortunada elección” y los comentarios que hizo trascender al diario La Nación, acerca del dolor que le producía “la insinuación de una actitud antidemocrática”, conducirían a descartar la segunda y la tercera hipótesis. Esto tal vez atenúe el dolor de Brinzoni, pero no mejora sus credenciales como conductor militar. “Es un tipo muy ingenuo, siempre tratando de conciliar posiciones inconciliables”, lo describe alguien que lo aprecia.

Procedimientos obsoletos

Según la versión de María Elena Polack en La Nación, lo único que a Brinzoni le duele más que su asociación con los nazis es “la tragedia de los oficiales y suboficiales montañistas que murieron el 22 de febrero en el Cerro Tronador”. Se comprende: junto con la foto de Torres Bande rodeado de estandartes con una variante de la cruz esvástica, Brinzoni tenía esa mañana en su escritorio el dictamen unánime de los cuatro peritos que estudiaron las causas del accidente, entre ellos un militar, el teniente coronel Ricardo Bustos, instructor militar de esquí distinguido con el Cóndor Dorado. Sus conclusiones son demoledoras para el Ejército: el accidente se debió a negligencia e imprudencia de los andinistas militares. Los peritos, cuyo dictamen fue pedido por el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, recomendaron al Ejército que revisara y actualizara sus manuales para cursos de montaña. El juez Moldes investiga la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 84 y 94 del Código Penal, aquellos que reprimen a quienes por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión causen daños en el cuerpo o la muerte de otros. Los peritos no sólo cuestionaron las “conductas contrarias a las reglas elementales de prudencia y técnica” que derivaron en el accidente, sino también los métodos generales utilizados en todo el curso que se desarrolló en la parte alta del Pico Argentino. La mayoría de los militares que ascendieron y descendieron lo hicieron lejos de la cuerda fija a la que deben amarrarse las cordadas, allí donde la pendiente de la montaña supera los 40º. Muchos sólo se tomaban con las manos de la cuerda fija y tanto el jefe cuanto el encargado del curso estaban en la cima de la montaña, desde donde ni siquiera podían ver lo que acontecía en aquella zona. “No había ningún instructor en el punto de unión de las cuerdas fijas, en donde se unían la de bajada y la de subida”, dijeron los peritos. Uno de los militares perdió pie y en su caída arrastró a los otros siete de la misma cordada. Seis murieron. Si la cordada hubiera estado atada a la soga fija, nada hubiera ocurrido. Las técnicas más modernas recomiendan que haya menos personas por cordada. “La falla no pasa por el número de los que participan, sino por la falta de respeto a las reglas y normas que regulan la actividad”, escribió el teniente coronel Bustos. Brinzoni y el director de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, coronel Héctor Desmaras, negaron otra razón que el azar y defendieron los métodos que usa el Ejército, cuyos manuales fueron actualizados, y de cuyo equipo se eliminaron los antiguos borceguíes pesados y las mochilas de lona. Sin embargo, los peritos consideran que se siguen utilizando procedimientos obsoletos. El Ejército prefirió descargar la responsabilidad en uno de los muertos, el teniente primero Juan Manuel Soria, por no usar las medidas de seguridad indicadas.

Un buche del Ejército

El reducido grupo de quienes influyen en las decisiones de Brinzoni está formado por el Director del Estado Mayor, general Alfredo Leonardo Lafuente, por el secretario general, Eduardo Alfonso, y por el encargado de prensa, coronel Gustavo Gorriz. En el caso de los hábeas data, a ellos se sumó el asesor jurídico del Ejército, coronel abogado Santiago Mario Sinópolis. Gorriz pretendió que Torres Bande no había sido elegido por sus convicciones sino por su capacidad profesional. De 35 años, Torres Bande es un principiante que no se ha destacado en el ejercicio de la profesión y es más conocido en los tribunales por su actividad política. Una fuente judicial que habló bajo condición de anonimato lo describió como “un buche del Ejército”. El facsímil que se reproduce en esta página muestra que Torres Bande no es sólo el abogado del führer de San Cristóbal, como intentó fingir al verse al descubierto, sino también el apoderado de su partido. La filmación del acto que el Partido del Nuevo Triunfo realizó el 21 de setiembre pasado en el hotel Castelar muestra a Torres Bande en el estrado, aplaudiendo a rabiar el ingreso de los estandartes con la esvástica trunca que identifica al grupo y cantando con entusiasmo mientras Biondini saluda con el brazo el alto. Los partidos políticos designan como apoderados a dirigentes de primera línea y de extrema confianza de su conducción. Por ejemplo, los del Partido Justicialista son Carlos Corach y César Arias, el de Acción por la República Alfredo Castañón, es decir los hombres más próximos a Carlos Menem y Domingo Cavallo. El anterior partido de Biondini, Alerta Nacional, usaba el denominado “siete cabalístico”. Ese símbolo fue utilizado por el coronel Mohamed Seineldín durante los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, para identificar a otra organización hoy inactiva: Crislam, que se proponía reunir a devotos de Cristo y del Islam.
Era una Cruz rematada por la Media Luna y Biondini lo adoptó al concluir la dictadura, porque le pareció apto para lanzarse en son de guerra santa contra la sinagoga radical, es decir la pornografía, el judaísmo, la droga, el comunismo, la masonería y la democracia, que en su prosa distraída se tornan sinónimos intercambiables. Pero luego de la derrota de Seineldín y la ruptura con el menemismo, su diseño sufrió una sutil transformación. La media luna desapareció y el parecido con la esvástica nazi se hizo más abierto. El nexo de los carapintada del Ejército con el atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires aparece en distintos tramos de la cuestionada investigación del juez Juan José Galeano. Por un lado, un suboficial carapintada fue detectado en el lugar de la explosión. Además, se descubrió que una banda de carapintadas en actividad sustraía armas y explosivos de los arsenales de Campo de Mayo y los revendía. Y en julio de 1998 el ex analista de inteligencia del Ejército, Leandro Sánchez Reisse declaró que carapintadas y policías de Buenos Aires que constituyeron la conexión local, recibieron un pago de cuatro millones de dólares, transferido desde la empresa iraní con sede en Holanda a una casa de cambios de Ciudad del Este, en el Paraguay. Cinco oficiales, dos suboficiales y cuatro soldados del Ejército, ya habían tratado de volar la AMIA el 16 de mayo de 1970, convencidos de que todos los judíos eran comunistas. El expediente militar secreto que se instruyó entonces muestra que no los separaba un abismo cultural del resto de la institución, que les conmutó las penas al día siguiente de pronunciadas. Viajaron a Libia con José López Rega, actuaron en la Triple A y en los campos de concentración, acompañaron a Aldo Rico en la sublevación carapintada y pasaron a la clandestinidad. Les descubrieron centenares de fusiles, pistolas, bombas, retratos de Hitler y hasta dos helicópteros. Menem los indultó en 1989 y no fueron investigados entre los sospechosos del atentado de 1994. La aparición de Torres Bande como abogado de confianza del jefe del Ejército comprueba la continuidad de esos lazos, pero ahora ya no entre oficiales subalternos sino en el propio Estado Mayor. Sólo una investigación seria que determine cómo llegó el secuaz de Biondini a esa posición podrá aventar las suspicacias sobre Brinzoni. Si, en cambio, se atiene a la ridícula respuesta de su vocero de prensa, estará encubriendo esa cadena de responsabilidades que, en un país con la historia de la Argentina, no es trivial.

Incontinencia verbal

El general Lafuente es miembro de la organización religiosa Opus Dei, en cuya Universidad Austral cursa el posgrado en derecho penal el abogado Torres Bande, que está en segundo año. En enero de este año varios alumnos de ese posgrado participaron en un curso de derecho penal internacional organizado por la Asociación Internacional de Derecho Penal, que se dictó en el Hotel Escuela Santa Brígida, en las islas Canarias. Durante el curso en Canarias, Torres Bande llamó la atención de los asistentes al reivindicarse como fascista y narrar que todos los miembros españoles de su familia eran franquistas y que un primo estaba en la cárcel por sus actividades en la ultraderecha peninsular. Definió al ex Jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, como “un zurdo de mierda” y encomió el cambio de actitud producido desde que Brinzoni y Alfonso asumieron la conducción del Estado Mayor y decidieron “no permitir más ataques a la fuerza”. Torres Bande también dijo que el Ejército le pagaba para representar a los oficiales que Balza atacaba. Con la misma incontinencia verbal se jactó de su amistad con el ex Jefe de Estado Mayor Carlos Suárez Mason y con el mayor (R) Jorge Olivera, quien tres meses antes había recuperado su libertad en Roma, mediante un fax falso enviado desde La Plata. “Yo colaboré con la vuelta de Olivera a la Argentina”, dijo Torres Bande. Esta alharaca provocó la reacción de otros de los asistentes al curso, entre ellos Santiago Otabian, de la secretaría académica de la Universidad Austral, quien le reprochó esas palabras. Antes, Torres Bande había sido defensor del ex director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, coronel (R) Edberto González de la Vega, en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. En los expedientes que llevan los jueces Jorge Urso y Julio Speroni, Torres Bande fue el primero en involucrar al entonces todavía presidente Carlos Menem y con ese argumento pedir la elevación de los expedientes a la Corte Suprema de Justicia. Aunque fue excarcelado, González de la Vega sigue procesado por asociación ilícita. El jefe de la planta de carga de la Fábrica Militar de Río Tercero, Néstor Omar Gaviglio, sugirió que De la Vega tuvo conocimiento previo de la explosión que se produjo el 3 de noviembre de 1995. De la Vega fue enviado esa misma tarde desde Buenos Aires para hacerse cargo de la Fábrica. Gaviglio dijo que pocas horas después de la tragedia De la Vega cenaba como si nada hubiera sucedido con el interventor en Fabricaciones Militares, general Juan Carlos Andreoli. Atemorizado por los reproches que pudieran hacerle, porque en su sector se inició el fuego, Gaviglio se disponía a contestar un severo interrogatorio. Pero sólo le hicieron un par de preguntas de compromiso y lo invitaron a que los acompañara con una cerveza bien helada.

El sable de Alfonso

Brinzoni, Lafuente, Alfonso y Gorriz son también los impulsores de la Mesa de Diálogo para la que obtuvieron un guiño de complicidad de los legisladores justicialistas Miguel Toma, Mario Cafiero y Alicia Pierini y de los restos de la desacreditada conducción montonera. Olivera y Torres Bande fueron los instrumentos escogidos para la nueva estrategia. Alfonso la describió durante la recorrida que realizó por las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca, exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data. Ante las objeciones de quienes no deseaban seguir ese camino, Alfonso los acusó de desleales. Los firmantes apenas superaron el 10 por ciento de todos los oficiales en actividad. Por eso se decidió estimular también las presentaciones de retirados. Durante su arenga a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, Alfonso dijo: “Es hora de sacar el sable y cargar codo a codo con el Jefe de Estado Mayor. Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestro cuarto triunfo”. El primero fue “el abierto apoyo a nuestros camaradas caídos en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”. El segundo fue “la exitosa Operación Retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia”. Agregó que la Fuerza Aérea cedió la Sala VIP de Ezeiza, para que Olivera fuera recibido por el coronel en actividad Eduardo Dalmiro Sosa Mendoza. El tercer triunfo fue “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Añadió que los dos pliegos aún retenidos serían aprobados en abril. (Uno de ellos es el de Luis Alejandro Candia, quien en 1987 participó en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y luego fue pasado a disponibilidad por el ex Jefe de Estado Mayor José Caridi, quien lo involucró en un secuestro extorsivo. El otro corresponde al teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, señalado como uno de los partícipes en el asesinato múltiple de prisioneros en Margarita Belén. Fue procesado pero lo benefició la ley de obediencia debida.) Según Alfonso, “el cuarto triunfo será con la ofensiva de los hábeas data. Recuperaremos el protagonismo perdido, ya que con la defensiva no se logró nada”. Los resultados de la ofensiva quedaron a la vista la semana pasada. Protagonismo han recuperado, quién puede dudarlo. De tal magnitud y calidad que pone en duda la permanencia de Alfonso al frente de la secretaría política del Ejército, dado que Jaunarena no se propone relevar a Brinzoni, al menos por el momento.