Por Horacio Verbitsky

El fiscal Eduardo Freiler solicitará la declaración indagatoria del director general de Sanidad del Ejército, general de brigada médico Félix Juan Domínguez, en la causa por el robo de bebés de madres detenidasdesaparecidas que, según el fiscal y el ex juez federal Adolfo Bagnasco, obedeció a un plan sistemático. En ese expediente, que desde la renuncia de Bagnasco instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, están procesados y bajo arresto los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera, Benito Bignone, los miembros de la última junta militar Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Hughes y los ex jefes de las Zonas de Seguridad I y IV, generales Juan Sasiaiñ y Santiago Riveros, entre otros. Con el grado de mayor, Domínguez fue jefe del sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde eran alojadas las mujeres detenidasdesaparecidas con embarazos a término, vendadas y atadas a las camas. Debido a las estrictas condiciones de clandestinidad, todo el personal que ingresaba al sector de Domínguez donde estaban las secuestradas, debía quitarse su identificación personal, de uso obligatorio según los reglamentos. Una vez que las desdichadas daban a luz se les daba una inyección para que se les retirara la leche. Las madres eran asesinadas y sus hijos entregados a familias militares que se anotaban en una lista de espera. Al asumir como Jefe de Estado Mayor, el general Ricardo Brinzoni designó a Domínguez como director de Sanidad del Ejército, el cargo más alto de ese escalafón. Tres meses después, el 13 de marzo de 2000, Brinzoni reunió a los periodistas para informarles que “no hubo un plan sistemático” de robo de bebés.
Las constancias de dos causas instruidas en el fuero federal, por los jueces Roberto Marquevich y Adolfo Bagnasco, recogen testimonios de mucamas, parteras, enfermeras, médicos civiles y militares y de oficiales del Ejército, que coinciden en un punto clave: las mujeres detenidasdesaparecidas no eran alojadas en el sector de Obstetricia y Ginecología del Hospital Militar de Campo de Mayo sino en el de Epidemiología, donde había habitaciones especiales para ellas. Cuando las enfermeras preguntaban por qué esas mujeres estaban amarradas a las camas y vendadas o encapuchadas, se les contestaba que eran “subversivas”. En la causa de San Isidro nadie mencionó al ahora general Domínguez, y su nombre no fue incluido por el Ejército entre el personal asignado entonces al Hospital de Campo de Mayo. Pero en la respuesta a una consulta de Bagnasco sobre el personal médico militar de los servicios de Ginecología y Epidemiología del Hospital General 602 de Campo de Mayo durante la dictadura militar, el Ejército sí incluyó en la nómina al entonces Coronel médico Domínguez, Félix Juan, LE 4.363.454. El Ejército no precisó las fechas de desempeño allí de Domínguez, pero varios testimonios recibidos en las causas judiciales subsanan la omisión. Según el testimonio de la enfermera Luisa Yolanda Arroche, pasaron por Epidemiología entre 20 y 30 embarazadas. La enfermera María Estela Herrera dijo que hubo mujeres embarazadas en Epidemiología “desde 1976 hasta fines de 1978 o principios de 1979”. Agregó que Domínguez se hizo cargo en 1978. En la causa del juzgado de San Isidro está acreditado que a mediados de 1977 se produjo una modificación de la estructura administrativa del Hospital, debido al incremento del número de embarazadas que se recibían. Se creó una división Materno Infantil, a cargo del mayor Martín y desde entonces las parturientas fueron alojadas en Epidemiología. Sólo la estructura paralela conocía la identidad de las personas secuestradas. Los médicos de Ginecología elevaban las historias clínicas a la división Materno Infantil, en formularios sin membrete del Ejército y en los que el nombre de las mujeres era reemplazado por identificaciones silvestres, como rubia,morocha o petisa. En cualquier caso, esto abarca el período de Domínguez, según la especificación de la enfermera Herrera.
Las dos puntas
Marquevich y Bagnasco empezaron por extremos opuestos de la cadena de mandos en la atribución de responsabilidades. El juez de San Isidro investigó durante varios años a los autores materiales de la sustracción de menores y a sus esposas en cuatro casos: el del agente de la SIDE Miguel Angel Furci, el oficial de la Armada Carlos De Luccía y los del Ejército Norberto Bianco y Hernán Tetzlaff. Bianco era una de las piezas clave en la estructura paralela, con independencia de su grado y especialidad: era apenas un capitán y se desempeñaba en traumatología. Pero como colaborador directo del jefe del Hospital era quien tenía libre acceso a Epidemiología. De los autores materiales, Marquevich saltó a Videla, como jefe del Ejército y autor mediato de delitos cometidos según una pauta común. En cambio, Bagnasco partió de la investigación del plan criminal (denunciado por los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún como representantes de seis abuelas) y de Videla como jefe supremo. Marquevich imputó a los ejecutores inmediatos, Bagnasco usó sus testimonios para incriminar a los superiores, aunque también procesó y encarceló a un par de aquellos, como el capitán de fragata Jorge Acosta y el prefecto Héctor Febres, quienes dirigían la maternidad de la ESMA. No obstante, las conclusiones de uno y otro magistrado fueron similares. Al dictar la prisión preventiva de Videla, en julio de 1998, Marquevich consideró acreditado que “en el servicio de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo se alojaban mujeres detenidas en estado de gravidez, con los ojos vendados o encapuchadas y maniatadas. Obedeciendo a expresas directivas, ni el parto ni la existencia de las criaturas era motivo de registro, es decir, ocurrían en la clandestinidad más absoluta. Después del parto ninguna versión sólida sostiene que madre y bebé continuaran unidos: por el contrario todo indica que sus destinos se bifurcaban (...) La única conclusión posible es que todo lo relativo a los alumbramientos y destino de las criaturas estaba rigurosamente preordenado y sometido a reglas de carácter general. Como consecuencia de ello, fueron práctica reiterada y metódica”. El teniente de fragata Jorge Eduardo Noguer, padre de una desaparecida embarazada, testimonió en la causa que cuando intercedió por ella ante el jefe de Campo de Mayo, el general Riveros admitió que existían normas explícitas para que “los hijos de los zurdos caigan en hogares bien constituidos ideológicamente”. El ministro del Interior Albano Harguindeguy consultó una lista y le confirmó la desaparición de su hija y de su nieta.
Listas y cuentas
Una fuente militar que aportó información para esta investigación bajo condición de anonimato dijo que el general Domínguez conserva una lista de los niños nacidos allí, con el detalle de a quiénes fueron entregados. Algunos fueron dados a amigos y otros vendidos, dijo. También sugirió cotejar los ingresos oficiales del general Domínguez con sus bienes y cuentas bancarias. Añadió que algunos de los empleados civiles y suboficiales tienen ganas de declarar sobre esos hechos, pero temen represalias. Canicoba Corral tendrá ocasión de verificar la exactitud o no de estas afirmaciones.
La Cámara Federal de San Martín desdobló luego la causa. Mientras Marquevich quedó a cargo de la investigación de la responsabilidad de los médicos militares, la parte relativa a Videla como autor mediato de los hechos pasó al juzgado federal de la Capital a cargo de Bagnasco. En una de las causas que siguieron en San Isidro, Marquevich condenó poralteración de estado civil, retención y ocultación de menores y falsedad de documentos a 12 años de prisión al mayor médico Norberto Atilio Bianco, quien conducía a las embarazadas desde Epidemiología hasta Obstetricia, donde daban a luz y luego se encargaba de su traslado. Bianco inscribió como propios a dos hijos de esas mujeres. La Cámara Federal de San Martín redujo la condena a 10 años y dispuso su excarcelación, computando como parte de la pena los años que Bianco estuvo en Paraguay resistiendo su extradición. Tanto Bianco como las Abuelas de Plaza de Mayo apelaron el fallo, que está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. En otra causa del mismo juzgado de San Isidro estaba bajo proceso el director de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Campo de Mayo, el entonces mayor Julio César Caserotto. La causa se cerró por prescripción el año pasado, a raíz de la muerte de Caserotto, a los 60 años.
Una carpeta
En sus declaraciones de 1985 ante la justicia militar y de 1998 ante Marquevich, Caserotto narró que una mañana encontró alborotado su servicio por la presencia de un soldado armado, como custodia de una mujer puérpera internada. Cuando pidió explicaciones al entonces director del Hospital, coronel Víctor Posse, este lo recibió en compañía de Bianco y le dijo que a partir de entonces todas las detenidas embarazadas serían internadas en Epidemiología. En Obstetricia y Ginecología no se registrarían los ingresos de esas mujeres ni los nacimientos que se produjeran. El sucesor de Posse, general Agatino Di Benedetto, ratificó esas órdenes, que según Caserotto no eran secretas. “Se trataba de una carpeta que cualquiera podía ver, hasta la mucama cuando limpiaba”, declaró. Di Benedetto fue uno de los testigos que identificaron al actual director de Sanidad del Ejército como el jefe de Epidemiología a cargo de aquella siniestra maternidad paralela. En su declaración ante Bagnasco del 29 de mayo de 1998, día del Ejército, Di Benedetto admitió el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el Penal Militar de Campo de Mayo, desde donde se enviaban las parturientas, pese a que oficialmente estaba destinado sólo a hombres. “¡Cómo lo vamos a negar, después de todo lo trascendido respecto de este tipo de hechos!”, declaró Di Benedetto, quien está por cumplir 78 años. Al declarar como testigo en la causa, el entonces Jefe de Estado Mayor Martín Balza dijo en enero de 1999 que en la guarnición de Campo de Mayo había existido un lugar de reunión de detenidos civiles, al que sólo tenían acceso Riveros y unos pocos oficiales escogidos, a unos 1.500 metros del Hospital Militar. Pese a haber sido subdirector y director de ese Hospital, Di Benedetto fue citado sólo como testigo. La fiscalía a cargo de Freiler no compartía ese criterio y entendía que los médicos militares debían ser llamados a indagatoria como imputados. Esa disidencia entre juez y fiscal es una de las razones por las que Domínguez aún no fue citado. El paso del tiempo no inhibe la investigación ni el castigo, ya que la sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani declaró los delitos cometidos como de lesa humanidad, y en consecuencia imprescriptibles.

“Lo que lamenta es que lo descubrieron”

Por H. V.

El Centro Simón Wiesenthal solicitó al ministro de Defensa Horacio Jaunarena “una investigación inmediata” para establecer cómo llegó el Ejército a designar al abogado Juan Enrique Torres Bande y el alcance de los vínculos entre las Fuerzas Armadas y los grupos neonazis. También le pidió que una vez establecidas las responsabilidades se adopten sanciones. La nota, firmada por el director de relaciones internacionales Shimon Samuels y el representante para América Latina Sergio Widder, afirma que “la salud del estado de derecho demanda una acción enérgica para evitar cualquier intento de promover valores autoritarios antidemocráticos y xenófobos en las Fuerzas Armadas”. La organización internacional propuso a Jaunarena un programa de educación para la tolerancia en institutos militares de formación. En abril del año pasado Shimon Samuels había pronunciado una conferencia para oficiales del Estado Mayor Conjunto sobre “Racismo en Internet”. El viernes, Brinzoni dijo que había identificado y sancionado a dos oficiales responsables, pero se negó a revelar su identidad y la sanción impuesta invocando una supuesta confidencialidad, inaceptable en un caso que involucra a funcionarios públicos en un caso de interés público y trascendencia institucional.
Un informe del episodio de los hábeas data y el abogado nazi, fue remitido a la sede en Nueva York de la Liga Antidifamatoria de la B’nai B’rith (ADL), por Héctor Timerman. “Lo que empeora las cosas es que un manto de silencio cubrió el hecho. Aunque el general Brinzoni nombró a un nuevo abogado, ni el gobierno, ni los partidos de oposición, ni la Iglesia ni ninguna otra institución levantó el tema. Hasta la DAIA se dio por satisfecha sólo por reunirse con el general en un encuentro privado, en el que Brinzoni dijo que lamentaba todo lo sucedido. Lo que lamenta es haber sido descubierto. Cualquier persona democrática debería tener en claro que Brinzoni no es la persona adecuada para conducir el Ejército”.
Héctor Timerman es hijo del desaparecido ex director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, quien fue secuestrado, torturado, despojado de su propiedad y de su ciudadanía argentina y expulsado del país por la dictadura militar. En su informe a la ADL recordó que mientras su padre estuvo detenido en un campo de concentración dirigido por el Ejército, vio a un adolescente al que los guardias obligaban todos los días a caminar en cuatro patas, a ladrar, a dormir sobre un felpudo mugriento, a comer del piso sin usar las manos y a gritar “Soy un sucio perro judío”. Esa, agrega Timerman, “fue la vida y probablemente la muerte de un chico judío a manos del Ejército Argentino”. Su informe también recordó que los únicos sospechosos en el atentado a la AMIA son miembros de las fuerzas de seguridad. Timerman escribió que el “continuo nexo entre antisemitismo y Ejército” debería ser “un escándalo nacional”, pero que “el silencio de las fuerzas democráticas me retrograda a los tiempos en que las fuerzas sociales de la Argentina no comprendieron la necesidad de erradicar el antisemitismo y todas las formas de racismo antes que la tragedia se precipitase sobre la vida de todos los argentinos”. Uno de los destinatarios de la carta, el rabino Morton Rosenthal, declaró en Madrid ante el juez español Baltasar Garzón acerca del diferencial de crueldad padecido durante la dictadura por las víctimas judías. Rosenthal remitió copias del informe a la Comisión del Parlamento Israelí que estudia la desaparición de judíos durante la dictadura y al investigador de la Universidad Hebrea, Edy Kaufman.
“Nosotros no ponemos ni sacamos funcionarios, pero tampoco emitimos certificados de buena conducta”, se defiende el presidente de la DAIA, José Hercman. La reunión mencionada por Timerman fue solicitada por Brinzoni, quien invitó a los dirigentes judíos a reunirse en el Estado Mayor. Pero la DAIA prefirió recibirlos en la sede comunitaria de la calle Pasteur, reconstruida luego del atentado de 1994. Antes de atender a Brinzoni y al secretario general del Ejército Eduardo Alfonso, la DAIA decidió que no se emitiría un comunicado conjunto. Brinzoni repitió su inverosímil explicación sobre cómo llegó Torres Bande a convertirse en su abogado de confianza. Los dirigentes judíos respondieron con su preocupación por las persistentes vinculaciones entre el Ejército y gruposnazis y mencionaron las humillaciones adicionales que los prisioneros judíos sufrieron en los campos de concentración durante la última dictadura militar. “Había svásticas pintadas en las paredes o se las escribían en el cuerpo, los obligaban a escuchar marchas alemanas y discursos de Hitler”, dijo Hercman. El presidente de la DAIA añadió que los judíos son el 0,5 por ciento de la población argentina, pero ascendieron al 7 por ciento de los detenidos-desaparecidos. Brinzoni y Alfonso escucharon en silencio. Hercman dijo que judíos y musulmanes no pueden seguir la carrera militar, aunque en el pasado hubo judíos que participaron en lo que Hercman llamó “las luchas por la liberación nacional”. Uno de ellos fundó la sinagoga de la calle Libertad, dijo. Brinzoni replicó que la fe de bautismo católico dejó de exigirse en la década de 1960, pero admitió que el espíritu de la veda no se ha levantado.
Durante la reunión se analizó la posibilidad de que representantes de la DAIA dicten cursos para oficiales del Ejército, dirigidos a contrarrestar el antisemitismo existente y la infiltración por el nazismo. Esas actividades versarían sobre temas generales como el Holocausto y el racismo, pero también acerca de lo sucedido en la Argentina durante la última dictadura militar. Los dirigentes judíos solicitaron que tal como ocurre en las instituciones educativas civiles, cada 19 de abril, cuando se conmemora el levantamiento de ghetto de Varsovia, se declare día de la convivencia y se dicte una clase alusiva al Holocausto. Brinzoni y Alfonso ofrecieron someter a consideración de la DAIA la bibliografía en uso en los institutos de formación castrense y expurgarla de cualquier pasaje objetable. También dijeron que harían notas y entrevistas alusivas en la revista El Soldado, de la que se editan 60.000 ejemplares. Este enfoque pedagógico pasa por alto que ni el antisemitismo ni las técnicas bárbaras que se aplicaron en la guerra sucia fueron inculcados por medio de los programas de formación castrense. Como cuenta el general Adel Vilas en un libro de memorias que el Ejército no le autorizó a publicar, la doctrina de la contrainsurgencia francesa fue aprendida al margen de las estructuras formales del Ejército, mediante traducciones de obras de los coroneles de la guerra de Argelia que realizaron editoriales subvencionadas en forma indirecta por la inteligencia castrense, tal como hoy ocurre con Torres Bande y su partido neonazi. Los generales Brinzoni y Alfonso, principales responsables de la supuesta infiltración que se pretende combatir no parecen las personas más indicadas para dirigir el proceso de reeducación.