Por Horacio Verbitsky

La creciente inhabilidad del sistema político para mediar entre sectores económicos y sociales con reclamos antagónicos, la parálisis o la deserción de algunas de las piezas fundamentales de ese sistema y la ansiedad de otras cuyos plazos se agotan, abre espacio para las peores aventuras, sustentadas en la profundidad y extensión de la crisis social. Nada más elocuente en ese sentido que la ofensiva rucufista con el propósito de adelantar las elecciones de renovación presidencial que recién deberían producirse en octubre de 2003 y que sólo ha encontrado una respuesta retórica del gobierno nacional.

Sin mediaciones

Las responsabilidades por este estado de cosas son varias pero por encima de ellas y dándoles su ominoso significado está la obturación persistente de cualquier contacto entre las representaciones políticas principales y las necesidades de los presuntos representados. Sin la mediación del sistema político que procure armonizar intereses e integrar sectores, cada uno de ellos se expresa en forma tan frontal como directa, lo cual coloca a toda la instalación en emergencia. Mientras el sector financiero se apresta a obtener otra tajada por el canje de bonos de la deuda pública, a cambio de un alivio mínimo en los compromisos inminentes del Estado, los prestadores privados de servicios esenciales consiguen nuevos incrementos de precios, a expensas de la producción y el consumo. Y las clases medias en descenso vocean su desapego al conjunto de derechos y garantías propios de una convivencia civilizada y se ofrecen como masa de maniobra para el proyecto autoritario que se está incubando en la provincia de Buenos Aires. En la Italia del siglo pasado esto se llamó qualunquismo y fue el sustrato ciudadano del fascismo.
El ministro de Economía Domingo Cavallo sólo procura conciliar los intereses contrapuestos de los sectores más concentrados del capital, ignorando tanto las necesidades como los reclamos de los trabajadores que, entre desocupados, subocupados o sobreocupados, ya superan la mitad de la población activa. Hasta ahora, el accionista republicano no ha encontrado una alternativa a los proyectos de devaluación (que impulsan los grupos locales con inversiones financieras en el exterior y productivas en el sector primario exportador, que de ese modo las valorizarían) o de dolarización (que las empresas trasnacionales propician con tal de preservar el valor de los activos que compraron en el desguace del Estado). El hallazgo de tal punto de equilibrio sería el único modo de alejar el fantasma de la cesación de pagos y reabrir el acceso argentino al financiamiento externo a tasas compatibles con el crecimiento de la actividad económica. Pero incluso así, no se modificaría la situación insostenible en que vive el grueso de la población, cuyo empobrecimiento se independizó de los ciclos de auge o declinación macroeconómica. Una investigación reciente del sociólogo Artemio López, de la consultora Equis, indica que entre 1995 y 2000 el número de chicos indigentes menores de 15 años aumentó un 35 por ciento. Aunque 7 por ciento del total de hogares está por debajo de la línea de indigencia los chicos en esa condición duplican tal porcentaje. Y cuatro de cada diez indigentes tienen menos de 15 años. Esto significa que la vida de 3,8 millones de argentinos está en peligro si no reciben ayuda alimentaria de emergencia y de ellos 1,6 millón son chicos menores de 15 años. A ellos se refiere, como el enemigo a combatir, el nuevo jefe elegido por Rückauf para conducir a la mejor maldita policía del mundo, el comisario Amadeo D’Angelo, quien señaló a los menores y a los habitantes en villas miseria como delincuentes. Frente a tal contundencia, empalidece el Pacto por la Niñezque lanzó el nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, cuyos escasos recursos deben provenir del reordenamiento de otros programas, siempre que De la Rúa cumpla su promesa de restituirle el 12 por ciento que Cavallo ya le rebanó para cumplir con otros pactos menos altruistas.

Política y ajuste

El entusiasmo general por el ajuste de la política, según el último slogan en boga al que adhieren Nación y provincias, oficialismo y oposición, derechas e izquierdas, sólo podrá demorar pero no eludir el reconocimiento de un hecho central: la inviabilidad de la política de ajuste permanente en democracia. Sobre todo, luego de una década de crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia y al cabo de tres años de recesión. Los privilegios de que goza la clase política y la irritada percepción colectiva sobre ella son apenas una consecuencia. Aun cuando renunciaran a cualquier remuneración, los representantes del pueblo seguirían concitando el repudio social si no cambian las condiciones que imponen al conjunto. No es en absoluto casual que la ratificación del rumbo económico coincida con la degradación de la política, constreñida a hacer viables en la sociedad los intereses hegemónicos.
La estimación pública por el presidente Fernando de la Rúa ha caído más que la de cualquiera de sus predecesores, en el lapso más breve. En parte, ello se debe a la ruptura del pacto social implícito en la Carta a los Argentinos. Pero también Carlos Menem se apartó de sus promesas electorales y ello no le impidió mantener niveles de aprobación elevados durante una década. Aun hoy, a punto de ser indagado en una causa judicial escandalosa, está mejor colocado en ese ranking que De la Rúa y Carlos Alvarez. Los sucesivos gestos con que el entourage delarruista intentó reforzar el poder presidencial, no hicieron más que menguarlo. La interminable ronda de juramentos ministeriales, y la eyección precoz de los designados, son el mejor símbolo de la inconsistencia en que deambula el gobierno. Del mismo modo, mientras la ministra de Trabajo Patricia Bullrich postulaba una actitud de espera hasta el supuesto desgaste de la protesta en las rutas, el secretario presidencial Leonardo Aiello reanudaba las negociaciones con los mismos dirigentes a los que Bullrich denigró y denunció. Que el líder de la Juventud Antoniana y el Infante Aíto se preocupen por la imagen de autoridad de su padre parece guardar más relación con la intimidad familiar que con la política: dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Hasta el hipotético consuegro presidencial opinó sobre las decisiones del gobierno, en favor de la incorporación de Cavallo al gabinete. También el padre de Shakira tiene ambiciones políticas y con el nomme de plume de Karabem (que es su apellido invertido) publicó un libro titulado “Si yo fuera presidente”. Habrá sushi para todos o no habrá sushi para nadie.

Monsergas autistas

Tampoco es menor la responsabilidad del ex vicepresidente Carlos Alvarez, cuyas sucesivas renuncias han ido desarbolando a la Alianza. Aunque no lo admita, dos de los tres ministros de Economía del último año y medio fueron designados por su consejo. Sus monsergas sobre la necesidad de un apoyo crítico a la coalición no se compadecen con su conducta personal de diez meses, cuando fue el más verticalista defensor de las políticas que luego cuestionó. Su presunta cruzada contra la corrupción se redujo a una seguidilla de insinuaciones sobre un episodio menor, basadas en rumores de pasillo de los que no entregó una sola prueba cuando fue citado por la justicia. En el camino, hasta llegó a defender al impresentable ex juez Carlos Liporaci, pese a la mansión que acababa de adquirir. La pirotecnia verbal de Alvarez no soporta el cotejo con el trabajo riguroso y documentado que desde hace dos años llevan adelante los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez para determinar los mecanismos estructurales por los cuales se recicló en la economía blanca el dinero negro de los sobornos pagados por las privatizaciones del menemismo. Por eso el ex vicepresidente no consiguió ni siquiera el alejamiento del único coimero confeso y dinamitó todo diálogo con la oposición justicialista, lo cual frustró su anhelado regreso como jefe de gabinete junto a Cavallo. A su vez, esta imposibilidad derivó en su segunda renuncia.
Carrió y Gutiérrez, en cambio, ya forzaron el alejamiento del todopoderoso ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, y los demás sectores políticos ni intentaron discutir que a ellos les correspondía encabezar la comisión investigadora parlamentaria del lavado de dinero, lo cual inquieta al gobierno por el futuro de su jefe de gabinete, el financista Chrystian Colombo. Cuando Alvarez renunció a la vicepresidencia, pidió a sus compañeros del Frepaso que no siguieran su ejemplo. Cafiero se animó a expresar el temor de todos: “Nosotros apoyando las medidas más antipáticas del gobierno y vos protestando en la calle”, le dijo. Esa pesadilla se ha hecho realidad. La diferencia es el minúsculo eco que hoy produce el monólogo autista de Alvarez, que podría compilar en un volumen titulado “Monólogos del ombligo”. Si todos los adversarios fueran tan banales como Alvarez, los corruptos podrían dormir tranquilos. Mientras el fundador del Frepaso se preocupó siempre por ofrecer garantías al establishment económico, Carrió planteó el jueves en el lanzamiento de su agrupación Argentinos por una República de Iguales la necesidad de un shock redistributivo, como el que reclama el Movimiento por la Consulta Popular en torno del Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos y la asignación por hijo de 60 pesos. También explicó con términos de la economía clásica, la relación entre “la riqueza de las naciones” y la “teoría de los sentimientos morales”, que son los títulos de dos obras de Adam Smith. El modelo económico vigente no se basa en la generación de riqueza sino en las transferencias de la riqueza existente. “En especial, en las transferencias del patrimonio público a manos particulares y en las transferencias desde los que menos tienen hacia los que más tienen. Esto es éticamente reprochable y económicamente ineficiente”, dijo.

Desagio

La estrategia rucufista de forzar una elección anticipada obedece tanto a su percepción sobre el desvanecimiento del gobierno como al deterioro en su propio índice de popularidad. Cavallo y Carrió le impusieron un desagio que Rückauf no imaginaba y además teme que su administración concluya como la de Carlos Juárez en Santiago del Estero, según el insidioso recuerdo que esta semana atizó el ministro del Interior Ramón Mestre, principal partidario de la confrontación golpe por golpe con él. Entretenido con sus penurias judiciales, Menem parece hoy un adversario menos temible. El desarrollo de la causa de las armas ha puesto otra vez en evidencia la inescrupulosidad que durante una década se apoderó del funcionamiento institucional y que el actual gobierno no es capaz de capitalizar. Es de todos modos asombroso que algunos detalles no hayan salido a luz o no hayan tenido la repercusión debida. La denuncia del procesado ex director de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga sobre el ofrecimiento económico que en nombre de Mariano Cúneo Libarona le presentó el abogado Claudio Fernando López Mestre para que se retractara de su declaración incriminatoria del ex presidente y familia no es un hecho trivial, ni aislado. Aunque Cúneo es el defensor de Emir Yoma, no ha dado un paso que no fuera coordinado con el propio Menem. Cúneo Libarona ha negado cualquier relación con López Mestre, pero la más superficial de las indagaciones basta para desmentirlo. En 1997, López Mestre atendía a Natalia Denegri, cuyo testimonio había sido central para el procesamientoy detención de otro allegado al Polideportivo de Olivos, Guillermo Cóppola, cuyo defensor era Cúneo. En diciembre de 1996, Denegri denunció que López Mestre le había ofrecido hasta un millón de dólares de parte de Cúneo Libarona si declaraba que ella había colocado la cocaína secuestrada en el domicilio de Cóppola. El juez correccional Raúl García no puso en duda la propuesta de López Mestre, pero sostuvo que no constituía el delito de prevaricato ya que, al revelarle el entendimiento con Cúneo Libarona, el abogado no había sido infiel a su clienta. Tampoco el de encubrimiento, porque Denegri no aceptó la propuesta con lo que sólo hubo actos preparatorios del delito, y además, frustrados.

No toca botón

Que por ahora Menem no pueda pensar en candidaturas no favorece la posición de Rückauf, ya que el ex presidente podría volcar su apoyo al gobernador cordobés José De la Sota, quien no provoca en el interior el mismo recelo que el porteño. La postergación de esas elecciones internas conviene por ahora a todos los interesados, pero Rückauf es el único con un Plan B. La rama sindical del rucufismo dijo en público lo que el gobernador repite en privado: que De la Rúa y el gobierno no existen y que no hay otra salida que su relevo. Pero ni Hugo Moyano adoptó la caracterización del presidente como “inimputable”, que Rückauf le prodiga en sus gracias de sobremesa. El gobierno se indigna con cada constancia de este plan, pero no hace demasiado por contrarrestarlo. Por ejemplo, no presta atención a los comicios de octubre. La propuesta de Rafael Pascual recogida por De la Rúa, de integrar listas conjuntas con los accionistas republicanos, ha sido desactivada por la oposición radical que vociferó Raúl Alfonsín. Pero la hipótesis paralela, de acercamiento de Cavallo a Rückauf y a Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, provoca una exasperación equivalente. El resultado es un letargo que impide tomar cualquier decisión, como si esas elecciones no fueran a ser decisivas para el gobierno, que no sobreviviría a una derrota.
La movilización convocada por Moyano para dentro de diez días es uno de los brazos de la pinza rucufista. Otra salió a la calle esta semana, con el reclamo por seguridad de los vecinos de Palermo y Belgrano. Aunque la comisión interbarrial organizadora haya dispuesto que los manifestantes no exhibieran consignas partidarias, y su discurso es antipolítico, uno de sus impulsores es el coronel (R) Miguel García Moreno, un puntero rucufista de la Capital. Condecorado por su participación en la guerra sucia en Bahía Blanca y retirado del Ejército hace veinte años, García Moreno ingresó al justicialismo de la mano de Carlos Grosso, con quien trabajó en el Grupo Macri. De ese modo llegó a ser diputado nacional y secretario de la comisión de Defensa. Luego se pasó a las filas de Cavallo y Gustavo Beliz y desde el año pasado a las de Rückauf. Vive en pleno ghetto militar, en Dorrego y Luis M. Campos, y tiene alguna inserción en el justicialismo de las circunscripciones 16 y 17. Durante la pueblada de Plaza Italia encomió a la policía y fustigó a los políticos, que serían permisivos con los delincuentes. Otros manifestantes llegaron a pedir las renuncias de Mestre, Enrique Mathov y Aníbal Ibarra. Entre ellos circulaba otro coronel retirado, Emilio Nani.

Alianza de clases

En la provincia de Buenos Aires la criminalidad sigue en ascenso y la policía vive un desenfreno de brutalidad y corrupción. Rückauf encubre ese fracaso con consignas de mano dura, que no tendrían importancia ni eficiencia, si no cayeran en terreno fértil. El incremento vertical del número de presos y la simultánea suspensión del programa de construcción de nuevas cárceles se yuxtaponen para transmitir un mensaje siniestro, que la policía ha comenzado a ejecutar con entusiasmo. Si los escuadrones de la muerte se generalizan, la responsabilidad de Rückauf y de su ministro Jorge Casanovas será directa. Nadie ha estudiado mejor que el sociólogo francés Loic Wacquant las políticas de “Tolerancia Cero” tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. Durante su última visita a la Argentina este discípulo de Pierre Bourdieu reflexionó sobre la paradojal alianza de clases que esas propuestas efectistas suelen producir. “Los pobres piden represión porque no se les ocurre otra cosa, ya que perder lo poco que tienen es para ellos una catástrofe. Los ricos no sienten que les concierna y miran lo que sucede como quien ve una serie por televisión. Y la clase media desea que el Estado refuerce la frontera simbólica que la separa de los pobres para reasegurarse de que ella no se va a caer”. Wacquant describió un mecanismo que llamó de “desplazamiento freudiano” y dijo que la clase media es liberal en el auge y represiva en la caída. Esas palabras, pronunciadas hace un mes en la presentación de su libro Parias urbanos, tuvieron involuntario eco en el cacerolazo organizado esta semana por un centenar de vecinos de Caballito, que cortaron la avenida Rivadavia en protesta por la falta de seguridad. “La clase media es una especie en extinción”, dijo una de las vecinas. “No podemos pagar ni las expensas y encima, para que no nos roben todos los días, tenemos que contratar seguridad privada”, agregó, inadvertida de la obra del estudioso francés.
En Bahía Blanca, la Cámara del Comercio llegó a proponer reintroducir al Ejército en la seguridad interior. El clima de estos días evoca el de 1975, cuando intentaba gobernar Isabel Martínez de Perón y los mismos sectores que hoy claman por seguridad pedían su remoción como fuera. El razonamiento de los comerciantes bahienses es bien curioso. Comienza informando que Brasil movilizó a sus Fuerzas Armadas para la custodia de la frontera pero de allí pasa a postular la conformación de una fuerza conjunta entre el Ejército y las fuerzas de seguridad para “buscar a los delincuentes, sacarles las armas, las drogas, los vehículos robados y cualquier otro elemento del delito. No estamos haciendo la apología ni pretendiendo que haya tanques, morteros ni bazookas en las calles, simplemente con la sola presencia de los efectivos lograríamos disuadir a los que delinquen, para que tomen conciencia de la firmeza del accionar preventivo”. El diario La Nueva Provincia encomió la iniciativa, porque “la paciencia pública está a punto de desbordarse” y “la autoridad se muestra impotente”. En un tono que hace muchos años no se escuchaba concluye que aunque no sea “la figura vacilante del presidente de la República el más apto para desandar el camino, es preciso y urgente reimplantar el rigor de la ley y de la autoridad”. El fiscal de Cámara Hugo Cañón solicitó copia del comunicado de los comerciantes y lo remitió al Procurador General Nicolás Becerra, para que analice si se requiere una respuesta institucional. En reportajes a medios locales, advirtió sobre la escalada que desataría la propuesta y evocó la situación de Colombia. “Se habla de poner militares en puntos fijos. Es un primer paso. Pero ¿qué pasaría si llegaran a atentar contra uno de ellos?”, se preguntó Cañón. También recordó la separación absoluta que las leyes trazaron entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, y recordó que la intervención castrense en asuntos de seguridad en las décadas de 1960 y 1970 condujo a desvirtuar sus roles con las trágicas consecuencias conocidas. Ese no parece el riesgo central de hoy. Pero tampoco es aconsejable olvidarlo, ahora que uno de los firmantes del decreto de aniquilamiento de 1975 se propone llegar a los empujones hasta Balcarce 50.