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Por Horacio Verbitsky
 El gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf postula la mano dura, pero tiene las uñas largas. Así se desprende de la causa que instruye el fiscal federal Gerardo Di Masi, en la que se investiga su gestión como ministro del Interior del ex presidente Carlos Menem. Su sucesor en ese cargo, Carlos Corach, lo cubrió durante los casi cinco años de la segunda presidencia de Menem, pero Federico Storani ordenó una auditoría, que puso en evidencia que al asumir la vicepresidencia Rückauf dejó sin rendir los gastos de administración de la cuenta 746/03. Los auditores también detectaron que faltaba la mayoría de los documentos que respaldaran los gastos y que los que existían eran meras fotocopias simples sin certificar en las que no se identificaba la razón del gasto, quién lo realizó y para pagar qué bienes o servicios. Esa auditoría dio lugar a un sumario interno y éste a una denuncia penal, porque además de las irregularidades administrativas se detectó la comisión de delitos. Por sorteo, la denuncia recayó en la secretaría 10 del juzgado federal 5, a cargo de Gabriel Cavallo, quien delegó su instrucción en el fiscal Di Masi. Su última actuación consistió en remitir el expediente a la Sindicatura General de la Nación para que determinara si se produjo algún perjuicio fiscal. La SIGEN respondió que sí, estimó que ese perjuicio era “de significativa importancia económica” y que alcanzaría a los 6,2 millones de dólares, incluyendo intereses. Rückauf considera que solicitarle la rendición de cuentas del dinero que gastó constituye un acto de hostilidad. Por eso, en sus diatribas contra el gobierno nacional, reservó los peores epítetos para Storani y para su sucesor, Ramón Mestre, quien alegó que la denuncia ya estaba hecha y no podía frenar la investigación.
Pobres y jóvenes
El flamante jefe de la policía de Buenos Aires, comisario Amadeo D’Angelo anunció al asumir que había ordenado una serie de operativos sobre las villas miseria, “de donde sabemos que salen los delincuentes”. También estigmatizó a los menores como responsables de los índices de criminalidad. “El hecho de que los menores de edad que delinquen sean entregados a sus padres, hace que se vaya reciclando el delito, inclusive en las mismas zonas. Hemos comprobado que, muchas veces, los jóvenes vuelven a delinquir en los mismos lugares en donde fueron detenidos”, dijo. Rückauf y su ministro de Justicia, Jorge Casanovas, impulsan ahora el descenso en la edad de imputabilidad de los menores, pero sin contemplar las garantías requeridas por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que desde 1994 tiene rango constitucional. Entre esas garantías, el asesor de Unicef Emilio García Méndez menciona el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal juvenil no discrecional y de un proceso en el que participen, en plano de igualdad, el fiscal y el acusado con su defensor (sea público o privado), mientras el juez adopta la posición de un tercero imparcial. Además de ese proceso acusatorio deben existir formas anticipadas de terminación del proceso, en las que la víctima tiene un rol central (conciliación, remisión del caso a programas comunitarios, etc.); una cantidad de sanciones diferenciadas; y, fundamentalmente, la excepcionalidad de la privación de la libertad, que sólo debe funcionar como una sanción de último recurso para delitos muy graves, que impliquen grave violencia contra las personas.
La Convención también plantea una separación neta entre conflictos penales, en los que interviene la justicia, y problemas sociales, que deben resolver el gobierno y la sociedad. García Méndez recuerda que ya en la Inglaterra de fines del siglo XIX, el irlandés Thomas John Barnardo creó colonias en el Canadá formadas por los niños de la calle de Londres. Ese programa que llamó de “secuestro filantrópico” procuraba arrancar a estos niños de sus familias “inadecuadas”. Ningún otro verbo da mejor cuenta de estas prácticas, dice García Méndez. El propio Barnardo decidía el carácter inadecuado o no de cada familia. A él se deben los conceptos recogidos en la ley de patronato de menores o Ley Agote, de 1919, cuya declaración de abandono por pobreza no desaparece de los proyectos que en estos días intentará tratar el Congreso a instancias de Rückauf. La historia que sigue esboza uno de los nexos entre la corrupción en las altas esferas estatales y la represión que luego se desata sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Años de transición
La denuncia penal que afecta a Rückauf fue presentada por la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, Norma Vicente de Soutullo, una funcionaria designada por Corach en 1998. La documentación sobre los ilícitos cometidos fue secuestrada el 23 de febrero de 2000 y depositada en la Cámara del Tesoro de la Escribanía General del Gobierno. Cada año debe realizarse un informe de cierre de ejercicio. Durante la gestión de Corach aparecían tres millones a rendir, de la Cuenta 746 correspondiente a 1994 y 1995, que se salvaban con un denominado “descargo transitorio”, figura que no existe en ninguna ley ni reglamento pero que con el paso del tiempo podía encubrir la desaparición de los documentos que deben respaldar los actos administrativos. Este descargo transitorio fue ordenado por la disposición 1917, del 16 de diciembre de 1997 de la Subsecretaría de Administración, que también debía crear un equipo de trabajo que estudiara la documentación y determinara las responsabilidades administrativas. Por supuesto nada se avanzó desde entonces en ese sentido. Ante distintos reclamos, Corach respondía: “Yo no tengo responsabilidad. Ese bolonqui es de Rückauf”. Por su parte, el vicepresidente presionaba para que el Ministerio del Interior resolviera la inquietante cuestión. En 1999, ante la inminencia del abandono del gobierno, la Tesorería del Ministerio dio por descargados todos los asuntos pendientes, entre ellos 28 millones de dólares en Fondos de Desarrollo Regional, que se libraron durante la gestión del ex ministro José Manzano, para el pago de obras públicas que quedaron inconclusas por la hiperinflación. Pero ni siquiera entonces se presentó la rendición por los fondos de Rückauf.
Papeles sueltos
Al producirse el cambio de gobierno, Storani ordenó auditar todas las cuentas. La documentación de la cuenta 746/03 sólo constaba de fotocopias simples sin certificar y de papeles sueltos y no había elementos para reconstruir ninguno de los actos administrativos en los que se gastó el dinero. Esa documentación “no reúne mínimamente los requisitos y características establecidas en la ley de procedimientos administrativos”, sostuvo la auditoría interna. Estos fueron sus principales hallazgos:
1. Sin documentación. Por falencias en la documentación respaldatoria, la salida de fondos de la Cuenta 746/03 “no pudo ser descargada”.
2. Descontrol. El procedimiento para obtener los fondos eludió lo dispuesto por la ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público. Según la ley, por cada salida de fondos debía emitirse una orden de pago a favor de la Tesorería General de la Nación o la Tesorería del Servicio Administrativo Financiero. En la práctica de la gestión Rückauf, la entrega del dinero se autorizaba mediante un memorándum, sin explicaciones sobre el uso que se le daría. La plata se retiraba mediante cheques y se utilizaba como un Fondo Rotativo, con el que se cancelaban diversos gastos. Bajo este procedimiento irregular salieron algo más de cuatro millones de pesos, de los cuales tres millones continúan pendientesde rendición. De este modo, el dinero gastado no tiene reflejo presupuestario en la ejecución del Servicio Administrativo.
3. Autorización. Los fondos se adelantaban contra memorandums, en su mayoría firmados por el hombre de confianza de Rückauf, el ex Secretario de Coordinación Fernando Maurette, como el que se reproduce en esta página. Esto viola todas las normas en materia de aprobación de gastos y pagos, contenidas en el decreto 2662, de 1992 y las resoluciones complementarias de la secretaría de Hacienda. Las normas que se pasaron por alto obligaban a describir el bien o servicio para cuya adquisición se solicitaba autorización; la justificación de su necesidad; la cantidad y especificaciones técnicas, el costo estimado y el lugar y plazo de entrega o la prestación. El documento de aprobación del gasto debía incluir el informe técnico sobre los bienes o servicios ofertados; la comparación entre distintas ofertas presentadas; el informe de la Comisión de Preadjudicación o la oficina de personal. Estos, y otros pasos que no se describen por compasión hacia el lector, se reemplazaban por el memorándum, con lo cual se eliminaban los controles previos a la realización del gasto. Para colmo, el mismo Maurette recibía el dinero y firmaba el recibo correspondiente. Los auditores brindan unos pocos ejemplos, de fondos retirados de ese modo para pagar viáticos, horas cátedra, caja chica, proveedores o gastos varios. También se detectaron gastos realizados sin siquiera esa forma primitiva de registro, que permitirá a la justicia identificar a quiénes pedir explicaciones y otros en los que no coinciden el memo de autorización y los recibos de gastos. También hay memos de autorización que luego no calzan con gasto alguno, como ocurre con 385.000 pesos pedidos en julio, noviembre y diciembre de 1994.
4. Comisiones. Una parte considerable de los gastos corresponden a comisiones de servicio y pagos por “Desarraigo”, que incluyen tanto pasajes como viáticos. Ambos rubros continúan sin rendir, al cabo de seis años.
5. Contratos. Muchos pagos corresponden a contratos de locación de servicios. La única documentación que se encontró consistía en el memorándum de autorización del pago y el recibo de quien debía prestar el servicio. En cambio faltan los contratos de locación de servicios que obligaban al pago; la certificación de los servicios por parte de la autoridad competente y la factura presentada por el contratado. Según la auditoría la ausencia de estas constancias pudo dar lugar “al pago indebido” e impide determinar “la validez y exactitud de las erogaciones”.
6. Adelantos. Con el mismo recurso del memorándum y los recibos se pagaron adelantos de sueldos y de horas cátedra del Instituto Federal de Asuntos Municipales, que debían cubrirse con la nómina mensual de gastos en personal. Ninguna constancia indica si tales adelantos se recuperaron, en el momento de pagarse los sueldos y horas cátedra a los beneficiarios. No se trata de sumas menores. Por ejemplo, el día de los Inocentes de 1994 Gabriela Haddad cobró 6.012 pesos en adelantos por horas cátedra de dos meses, remuneración que envidiarán todos los profesores de universidades y colegios, estatales y privados.
7. Protocolo. Para la cancelación de los gastos protocolares el mismo funcionario firmaba el memorándum autorizando el adelanto de fondos y el recibo por el importe cobrado. Quien firmaba era Maurette, pero los gastos protocolares correspondían al ministro Rückauf, a los secretarios, subsecretarios y a los titulares de organismos descentralizados del ministerio. Cada mes se retiraban en ese concepto 104.000 pesos. No se encontraron recibos firmados por las autoridades superiores a las que se supone que estaban destinados esos recursos. La auditoría dejó constancia de “la gravedad en la ausencia de la documentación, que certifique la integridad, validez y exactitud del pago de las remuneracionespercibidas”. También hay memoranda que autorizan el pago de 150 mil pesos por “adelantos varios” (sic), o de 100 mil en adelanto de no identificados “Contratos de Locación” (sic) cuya rendición nunca se produjo. En otros casos, los memoranda en los que se autorizaban los gastos, estaban firmados por funcionarios que carecían de legitimidad para ello, como asesores de gabinete o el director de Programación y Control Presupuestario.
8. Caja chica. Otro rubro en el que no quedaron constancias de la rendición de los fondos corresponde a los adelantos de caja chica. Sólo hay recibos firmados por su responsable.
9. Proveedores. Los pagos a terceros no incluyen constancia del pedido de compra de bienes o contratación del servicio ni, por supuesto, de la fundamentación de su necesidad. Tampoco constan los actos administrativos de autorización y aprobación del gasto, ni las órdenes de compra, contratos o convenios que obligaran al ministerio a pagar en contraprestación de la entrega de bienes o servicios. Entre la documentación que falta está la certificación de que se recibieron los bienes o se prestaron los servicios por los que se pagó y la factura del proveedor. Las facturas de los proveedores no especifican en qué concepto se produjeron los gastos. No se halló tampoco constancia de liquidación y depósito de las retenciones impositivas al valor agregado y las ganancias. Esto “no permite mínimamente tener elementos de juicio a fin de comprobar la integridad, validez y exactitud de los pagos efectuados”.
10. Subsidios. Luego del atentado contra la AMIA, sucedido cuando Rückauf era ministro del Interior, su cartera pagó algunos subsidios imputados a ese rubro. Pero la tramitación de esos subsidios sólo consta en fotocopias simples, que incluyen un borrador de dictamen, sin firma.
Inhabilitación perpetua
Además de Rückauf y Maurette los otros funcionarios investigados son el ex Director de Programación y Control Presupuestario, Carlos María Llaurado, y el ex Subdirector General de Administración, Roberto Srour. Al cumplir con el decreto 1162/00, que reglamenta la obligación de denunciar delitos en perjuicio del Estado Nacional, el interventor en la Dirección de Sumarios del Ministerio del Interior, Torcuato Alfredo Sozio, comunicó lo actuado al Fiscal de Control Administrativo de la Corrupción, José Massoni, el 7 de abril pasado. El informe de Sozio a la Oficina Anticorrupción dice que los hechos investigados en el expediente 479.624/00 podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales y falsificación de documentos y menciona los artículos 173, 174, 261 y 292 del Código Penal. Sozio no tiene prevenciones hacia el justicialismo. Todo lo contrario: hace una década ocupó la subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la administración justicialista de Antonio Cafiero.
Los artículos 173 y 174 del Código Penal tipifican casos especiales de defraudación y el fraude contra alguna administración pública. El 292 castiga la falsificación o adulteración de documentos. El 261 pena con reclusión o prisión de 2 a 10 años al funcionario que sustrajere caudales o efectos confiados a su administración, percepción o custodia. Tanto o más significativa que la reclusión o prisión es la “inhabilitación absoluta perpetua” contemplada para el autor de ese delito. El artículo 101 de la Ley de Administración Financiera atribuye la responsabilidad del control interno, previo y posterior a los actos administrativos a la autoridad superior de cada jurisdicción del Poder Ejecutivo. En este caso, a Carlos Rückauf.
Sucesores de Rückauf: Corach no investigó, Storani hizo la auditoría, Mestre "no puede pararla".
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