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Por Horacio Verbitsky
 “Eran todos de
la zona, nuestra gente los conoce bien. Ahí no había infiltrados ni extranjeros.
Las armas que usaron fueron las que saquearon del depósito judicial después
de la anterior pueblada, cuando la policía provincial se quedó sin municiones
y huyó. Sólo encontramos una bala de fusil, el resto era de .22”. Ese
fue el informe que uno de los máximos responsables de la Gendarmería brindó
al gobierno nacional sobre los episodios de General Mosconi. Tal moderación
no fue el rasgo predominante en las evaluaciones públicas de lo sucedido.
Todo lo contrario: dentro y fuera del gobierno, se escucharon con una
fuerza novedosa voces de orden repletas de presagios aciagos para la calidad
de la democracia. La SIDE y algunos diarios, nacionales y de provincia,
descollaron en ese empeño.
Por cierto, la ausencia en Mosconi de los componentes folklóricos al gusto de los servicios de informaciones no reduce la gravedad de los hechos, que se desencadenaron por la pretensión oficial de responder con la fuerza a los elementales reclamos originados por la crisis social. La oficina de prensa de la Gendarmería distribuyó una lista de 24 oficiales, suboficiales y soldados que habrían sido heridos de bala cuando avanzaron sobre los manifestantes que cortaban la ruta 34. A ella hay que sumar los 16 manifestantes heridos, dos de ellos de gravedad, con disparos en la columna vertebral y el estómago, y los dos civiles muertos. En el parte de la Gendarmería consta el nombre, apellido y grado de cada herido propio y una somera descripción de su estado. Por ejemplo: “Sargento Mario Aranda. Estado: moderado, herido de bala en el brazo derecho”, dice. No hubo tanto detalle en diciembre de 1999, luego de la desocupación del puente correntino, donde la tropa fue encabezada por uno de los responsables de los campos de concentración de la dictadura militar, el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe.
Según ese informe trece de los gendarmes heridos en Mosconi recibieron heridas de bala del chaleco hacia arriba o los lados: en cuello, hombros y brazos. Diez, del chaleco hacia abajo, en muslos, tobillos y pantorrillas. Esto equivale al 8 por ciento de la tropa que embistió sobre los manifestantes. Ni siquiera en los turbulentos días de las décadas de 1960 y 1970, Cordobazo incluido, una fuerza de seguridad tuvo un número tan elevado de bajas por armas de fuego en un enfrentamiento abierto. Tal desproporción comparando con los momentos más calientes de la historia argentina en una de las provincias más pobladas, obliga a la mayor prudencia en el momento de evaluar los hechos del pequeño poblado de Mosconi. La hipótesis arriesgada desde el lado de los manifestantes, de que las heridas de los gendarmes provinieran de otros uniformados que custodiaban los tanques de combustible de la refinería, no es razonable. Ninguna tropa dispara sobre sí misma. Simétricamente, es llamativo que ni la Gendarmería, ni el juez, ni los gobiernos provincial o nacional hayan buscado una capitalización política de esas alegadas bajas. Ni el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel ni el resto de los delegados que visitaron la zona, fueron conducidos a ver a los agentes de seguridad heridos. Cuando este diario solicitó la lista de esas bajas, la oficina de prensa de la Gendarmería dijo que había sido enviada a los grandes medios nacionales el martes pasado y ninguno la había publicado. Pero la presentación en el programa “Hora Clave” del gendarme que habría llevado la peor parte, robustece las dudas.
El parte dice: “Sargento ayudante Mario Bravo. Estado grave. Proyectil alojado en zona del cuello próximo a la columna cervical”. El hombre sentado en la cama que contestó sin dificultad las ¿preguntas? de Mariano Grondona y luego siguió con atención el debate en estudios no mostró herida alguna, apenas un apósito blanco en la cabeza, sobre el pelo.Cualquier investigación seria debería incluir una constatación independiente sobre el estado de los nombrados en esa lista. Las informaciones también difieren acerca del origen de los disparos que cobraron dos vidas. En todo caso, hay acuerdo en que los muertos no formaban parte del piquete, ni siquiera eran desocupados. Igual que Teresa Rodríguez en Neuquén, cayeron mientras celebraban los ritos de su vida privada, sin integrarse a la movilización colectiva. La política económica vigente se sostuvo durante los primeros años de la década pasada por el consenso. Pero desde que se hicieron evidentes sus tremendas consecuencias sociales depende de grados crecientes de coacción.
De la ruta a la plaza
No obstante, la denuncia de una represión feroz, reminiscente del terrorismo de Estado, altera los ánimos oficiales. Dice un funcionario: “Que me den un ejemplo, en cualquier lugar del mundo, de una fuerza de seguridad que soporte 24 heridos de bala y no desencadene una masacre. Basta con un oficial que se descontrole y dispare con su FAL para dejar cincuenta muertos”. No pone el mismo entusiasmo para defender la forma en que la tropa practicó los allanamientos ordenados por el juez federal de Salta, Abel Cornejo. Hubo allí actos de prepotencia, tan brutales como gratuitos, dado que en ningún domicilio encontraron resistencia. Entre los detenidos figuraron el jefe del cuerpo de bomberos de Mosconi, Félix Mercado, y los camilleros del hospital local que recogían a los heridos. Entre los golpeados hubo periodistas y aborígenes cuyas misiones flanquean la ruta. La brusquedad del desalojo y de los allanamientos posteriores produjo un efecto paradojal. La movilización se desplazó desde la ruta hasta la plaza central de la ciudad e involucró al conjunto de la población, cosa que no había ocurrido nunca antes. En el corte de la ruta nunca hubo más de 150 personas, los reclamos eran muy puntuales y la conducción se circunscribía a Pepino Fernández y Piquete Ruiz. Después del desalojo se involucró todo el pueblo, la incidencia de las orgas ideológicas se redujo y surgieron nuevos actores, como el bombero que avisó del avance de la Gendarmería y la madre del chico asesinado. El reclamo unificador fue: “Que se vaya la Gendarmería asesina de nuestros hijos”. También se abrió paso una reflexión política más de fondo, que incluyó el modo en que se privatizó YPF, el despilfarro de las regalías petroleras por el gobierno provincial y el contraste entre la riqueza que se extrae de la zona y lo poco que regresa a ella.
El gobierno nacional se mostró errático y confuso. Sus escasas iniciativas, antes y después del estallido, provinieron de los restos del Frepaso. Doce días antes, el viceministro de Trabajo Horacio Viqueira había advertido al gabinete nacional que la situación en Salta explotaría en cualquier momento. El ministro del interior Ramón Mestre mandó mil gendarmes. El secretario de PYMES, Enrique Martínez concibió un plan de forestación que debería crear algún empleo. Y el ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Juan Pablo Cafiero fue el primer funcionario nacional en asomarse por el lugar, para “reconocer los derechos que tiene la gente postergada”, luego de una conversación con el obispo de Orán, Jorge Lugones. Por ahora sólo ofreció palabras, pero de un tono que hacía mucho no se escuchaba en esas esferas. “Si hay quienes se reúnen con los piqueteros de guante blanco, ¿cómo no me voy a reunir con la gente que quiere trabajar y así construir una Autoridad Social? Esta cruda realidad es el producto de la imprevisión de los que apostaron a un país casino, de la insensibilidad de una oligarquía petrolera y de las privatizaciones sin red social ni productivas para esta zona”, agregó.
Juez y parte
La explicación de Mestre, quien descargó toda la responsabilidad en el juez, es inadmisible. Tanto como la superposición de roles en el mismo funcionario judicial. Como plantearon el Comité de Acción Jurídica (CAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si la autoridad que ordena la represión es la misma que luego debe encarar la investigación sobre los hechos, “su imparcialidad se encuentra comprometida. Esta mecánica ha permitido la impunidad de los responsables” de casos anteriores. Ya son 2800 las personas procesadas por participar en protestas sociales durante los últimos años. En ese campo, como en la política económica, nada ha cambiado con el cambio de gobierno en 1999. El análisis jurídico que esos organismos presentaron durante una audiencia especial concedida por la CIDH antes del episodio de Mosconi sostiene que la represión y criminalización de la protesta social “constituye una desviación de poder tendiente a inhibir la libertad de expresión de los manifestantes” y sus derechos de reunión, manifestación y petición. Esta “lógica represiva” crea una ficción en la que esos derechos son sólo teóricos. La aplicación a estos casos del delito de sedición fuerza en forma arbitraria la norma penal, dirigida a reprimir “diversas formas de sublevación, que sin llegar a ser un golpe de estado, importen un cuestionamiento real al poder constituido”. La presentación incluye una cita del constitucionalista Roberto Gargarella: “Es preocupante que un sistema democrático conviva con situaciones de miseria, pero es catastrófico que tales situaciones no puedan traducirse en demandas directas sobre el poder público”.
Los rebeldes
La ley de seguridad interior prevé el establecimiento para casos como el de Salta de un Comité de Crisis. Copresidido por el ministro del Interior y por el gobernador de la provincia afectada e integrado por los titulares de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, ese comité debe funcionar dentro del Consejo de Seguridad Interior. Durante varios días el gobierno de la Nación y el de Salta sólo se comunicaron a través de los diarios, cada uno deslindando su responsabilidad. La ley añade que, además de las disposiciones que adopten los jueces, esas fuerzas se emplean cuando están en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos o gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales y la plena vigencia de las instituciones. Añade que al Comité de Crisis le corresponde la conducción política y la supervisión operacional de las tropas federales, con facultades que puede delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial para ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y graduar la intensidad de su uso. Nada de eso ocurrió en Salta. El Comité de Crisis no se constituyó ni se delegó la conducción política, que directamente no existió. Tampoco hubo ningún funcionario nacional ni provincial sobre el terreno. Como dijo a una radio de la Capital una peluquera salteña de 58 años, mientras cocinaba un locro para 800 personas: “Los gobernantes se han puesto rebeldes, no nos escuchan”. El Consejo de Seguridad Interior sólo se reunió en Buenos Aires para brindar una caja de resonancia a las propuestas fascistoides del gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf sobre cómo tratar con quienes cometen delitos en las ciudades.
Motivaciones
Las motivaciones de quienes acampan en las rutas no son discutibles; es el único modo a su alcance para atraer la atención hacia lo que les ocurre. Las armas cortas forman parte de la vida cotidiana en los barrios y no están ausentes tampoco del piquete, entre otras cosas porque la genteque se desplaza a la ruta durante días no deja en sus casas nada de valor que pueda ser saqueado. Es cierto que en torno de cada piquete comienzan a jugar distintos actores políticos. Para algunos partidos y grupos, ése es el nuevo escenario de la lucha de clases y esta vez no piensan estar ausentes. Ni siquiera faltan quienes reivindican el empleo de la violencia como partera revolucionaria, lo cual sin embargo no quiere decir que la practiquen. Y quienes sí lo hacen pueden ser más peligrosos para sí mismos que para terceros. En abril, dos jóvenes fueron detenidos luego del estallido accidental de un explosivo dentro de un automóvil. Los mensajes de solidaridad con ellos emitidos desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dijeron que el adolescente Diego Quintero, quien perdió un brazo por la explosión, era “asiduo participante de todas las marchas de las Madres de Plaza de Mayo”, línea Bonafini. En el allanamiento a uno de los domicilios se encontró un gorro idéntico al que cubría el rostro de una de las personas filmadas por las cámaras de seguridad de cajeros bancarios atacados en los meses previos. Cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral autorizó el primer encuentro de Quintero con su familia, el chico, de 21 años, se abrazó a su madre. “Que no te vean flaquear, los revolucionarios no lloran”, le respondió la mujer.
Todo piquete también está condicionado por la conflictiva relación entre el poder central y las provincias, cuando las administraciones locales dependen del auxilio financiero de la Nación. Esto es ostensible en Buenos Aires. Con una administración desprolija y deficitaria, el precandidato presidencial justicialista ha logrado convertir su fragilidad en fortaleza, desde que el Poder Ejecutivo advirtió que un incendio en el distrito más poblado del país acabaría tanto con Rückauf como con el presidente Fernando De la Rúa. El guiño rucufista a los piquetes va acompañado por diatribas cada vez más estentóreas contra el gobierno nacional. Hasta que consigue una inyección financiera, y entonces desempolva el discurso de la convivencia civilizada con el poder central. La dosis más reciente, de 120 millones, lo ha sosegado. Pero antes de fin de año necesita por lo menos otros 300, sólo para pagar salarios. Algo similar ocurrió con el gobernador de Salta. Durante una negociación con el gobierno nacional, que le ofrecía una ayuda menor a la que había solicitado, Juan Carlos Romero decidió rebajar a menos de dos pesos la hora el pago a los obreros de la construcción que trabajaban en la erección de un nuevo hospital. Así se disparó el conflicto. La insignificancia económica del reclamo, que hubiera podido satisfacerse sin dificultad, torna sospechosa la actitud de Romero, quien en todo momento se negó a cualquier negociación, con argumentos macartistas. Lo que ningún funcionario explica es por qué De la Rúa se sometió a ese planteo y desairó a Mestre, que ya había anunciado el envío de una delegación y la apertura del diálogo.
Un Frente Nacional
Más allá de estas meras descripciones, hay algunas circunstancias llamativas. Como advirtió el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, los peores episodios represivos de este tipo, en los que murieron Teresa Rodríguez, Víctor Choque y ahora los dos chicos de Mosconi, se produjeron durante fines de semana largos, lo cual obstaculiza cualquier reacción colectiva en el resto del país. Además, tanto en noviembre pasado como ahora, la represión y los asesinatos se produjeron pocos días después de cortes exitosos en La Matanza. Estas dos observaciones definen un eje interpretativo. Lo intolerable es la organización popular, que moviliza al mayor número posible de gente en respaldo de los reclamos. La respuesta consiste en atemorizar, para desmovilizar, y la violencia es el modo más eficaz de conseguirlo, la practique quien la practique. El jueves por la noche, durante la marcha hacia la Plaza de Mayo en repudio por larepresión a los trabajadores y desocupados salteños, diez encapuchados aprovecharon para destrozar cabinas telefónicas y vidrieras de bancos y arrojar bombas molotov. Se desplegaron y se replegaron en una forma muy similar a la que se observó el mes pasado, frente al hotel Sheraton, durante la reunión del ALCA. Aquella vez, la policía no persiguió a los atacantes y prefirió entretenerse rociando gases lacrimógenos sobre los manifestantes pacíficos. El jueves, miró para otro lado y en ningún caso se interesó por detener e identificar a uno solo de los provocadores. Acaso porque son funcionales a los intereses de quienes se proponen descargar sobre el sistema político el peso de la crisis social engendrada por la política económica. Como afirma Eduardo Basualdo en un trabajo aún inédito sobre “El transformismo argentino”, la corrupción ha estrechado la autonomía relativa de la instancia política respecto de los sectores dominantes. Esto “genera una falta crónica de alternativas para plantear rumbos alternativos que integren, mínimamente, las necesidades y las aspiraciones de los sectores populares” y “desencadena, como proceso de largo plazo, una creciente ilegitimidad del sistema político en su conjunto”.
Esta conjunción de factores plantea un desafío adicional a quienes impugnan el estado de cosas vigente y al mismo tiempo procuran ampliar los jaqueados espacios democráticos. Con setecientas mil firmas reunidas (el doble del requisito constitucional) el Movimiento por la Consulta Popular aguarda el pronunciamiento de la jueza electoral, María Servini, quien una vez comprobada la autenticidad de las rúbricas debe enviarlas al Congreso. Junto con ellas irá el proyecto de ley de creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos mensuales para cada jefe/a de familia desocupado/a y de una asignación de 60 pesos por hijo menor de 18 años. La constitucionalidad de su texto ya fue supervisada por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. En todo el país se han ido constituyendo juntas promotoras provinciales, que dentro de tres semanas celebrarán una reunión nacional. En ella se considerará una propuesta para substituir la denominación interminable del Movimiento, por un más concreto Frente Nacional contra la Pobreza y se insistirá en la otra solicitud pendiente de resolución: la colocación de una urna en cada lugar de votación, de modo que junto con las elecciones legislativas de octubre, en todo el país se pueda votar por la ley con la cual ninguna familia tipo quedaría por debajo de la línea de pobreza, que el INDEC fija en 500 pesos mensuales. Si las respuestas no llegaran a tiempo o fueran negativas, la decisión podría ser la de celebrar de todos modos una consulta no oficial.
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