Por Horacio Verbitsky
Las compañías
telefónicas habrían obtenido ganancias extraordinarias e
ilegales por 28.000 millones de pesos a expensas de los usuarios, gracias
al rebalanceo tarifario aprobado en 1997 por el gobierno del ex presidente
Carlos Menem, pese a que el decreto que lo dispuso establecía que
el resultado debía ser neutro. Así lo afirma una denuncia
presentada por la Oficina Anticorrupción, que por sorteo recayó
en uno de los tres juzgados federales a cargo del doctor Gabriel Cavallo.
El escrito, firmado por el director de investigaciones de la OA, Carlos
Manuel Garrido, identificó como responsable al ex secretario de
Comunicaciones Germán Kammerath, cuya citación pidió
antes de que prescriba la acción penal, algo que ocurriría
esta semana, el jueves 5 de julio. Aunque no exista riesgo de que los
teléfonos dejen de volar, la privatización de la ex ENTel
y las disposiciones desregulatorias posteriores, no fueron menos escandalosas
que las de Aerolíneas Argentinas. Ante una consulta para esta nota,
el gerente de comunicaciones corporativas deTelefónica, Andrés
Alcaraz y la encargada del área de prensa de Telecom, Sabrina Romero,
prefirieron guardar silencio. Las compañías no están
imputadas en la denuncia y prefieren no perturbar las negociaciones que
en este momento avanzan con el ministerio de Economía para obtener
una rebaja de tasas e impuestos, luego de la reimplantación de
los aportes patronales. En otros sectores a los que se concedió
los denominados Planes de Competitividad, las empresas asumieron compromisos
a cambio de no producir despidos de sus trabajadores o de rebajar los
precios de sus productos. Nada de esto ha trascendido hasta ahora en el
caso de las telefónicas. El razonamiento de las empresas es que
la recesión, las altas tasas de interés y la caída
de las tarifas debido a la competencia han reducido sus beneficios. Ni
Telefónica ni Telecom se quejan de pérdidas, a diferencia
de las compañías de ingreso posterior al mercado. Les inquieta
además un proyecto por el que deberían pagar, además,
tasas municipales en el Gran Buenos Aires. Ese tipo de iniciativas son
habituales en vísperas de elecciones, pero las compañías
suelen persuadir a sus impulsores para que desistan. Tampoco Kammerath
aceptó formular comentarios, ante una consulta efectuada a su secretario
Juan Martín. En apariencia, las tres partes han acordado la estrategia
del silencio, por considerar bajas las posibilidades de que la causa progrese,
dado que fue presentada días antes de la prescripción. Fuentes
judiciales dijeron que una resolución de la Corte Suprema en una
causa contra José Alfredo Martínez de Hoz descarta como
inconstitucionales las decisiones adoptadas al solo efecto de impedir
la prescripción. Aunque éste no sería necesariamente
el caso, si Cavallo resolviera citar a Kammerath, en una causa que acaba
de recibir. De hecho, ningún diario del país informó
sobre su existencia. Las telefónicas están entre los mayores
avisadores del país.
Coto de caza
Durante la década pasada sólo se permitió el ingreso
al coto de caza de las telecomunicaciones a funcionarios de extrema confianza
personal de Menem, tanto durante la privatización como al comenzar
la etapa de las regulaciones:
el ex ministro de Economía
Erman González, importado de La Rioja por Menem, quien dijo que
era para él como un hermano;
el ex ministro de Obras y Servicios
Públicos, Roberto Dromi, quien ingresó al círculo
áulico de la mano del Hermano Eduardo. Menem escribió con
él un libro defendiendo su política privatizadora. Dromi
es quien justificó todas las concesiones formuladas durante ese
proceso alegando durante una sesión secreta del Congreso que la
Argentina estaba de rodillas ante sus acreedores.
la ex interventora liquidadora
de la compañía que había llegado a convertirse en
símbolo de la ineficiencia estatal, María Julia Alsogaray.
Hace dos semanas el juez federal Jorge Urso le tomó declaración
indagatoria por una de las irregularidades cometidas entonces en el pago
a proveedores.
ex presidente del bloque de
diputados menemistas, José Manzano, autor de la frase célebre
robo para la corona.
el joven militante de la UCeDé,
Germán Kammerath. Cuando Menem lo designó secretario de
Comunicaciones era tan desconocido a escala nacional que hasta hubo quienes
pensaron que se trataba de un personaje compuesto por el cómico
Alfredo Casero. En cambio era muy conocido por los militantes estudiantiles
riojanos, quienes lo acusaron de haber colaborado con la represión
durante la dictadura militar. Kammerath fue electo vicegobernador de Córdoba,
pero renunció para postularse a la intendencia de la capital provincial,
cargo que hoy ocupa. En ambos casos el despliegue publicitario de su campaña
excedió cualquier antecedente en todo el país. Es proverbial
la generosidad de las empresas a las que debía controlar. Durante
sus primeros años como abogado Menem trabajó en el estudio
del padre de Kammerath y desde entonces ha habido relaciones cuasi familiares
entre los señores K y los señores M.
Efectos neutros
El decreto 2585/91 que reguló la primera reestructuración
posterior a la privatización de ENTel estableció que toda
revisión tarifaria tendría efectos neutros sobre los
ingresos de las compañías licenciatarias. El rebalanceo,
aprobado por decreto 92/97, aumentó el abono, eliminó los
pulsos libres y creó la banda de hora pico entre las
10 y las 13, a cambio de rebajar el costo de las llamadas internacionales
y de media distancia, con al argumento de promover la integración
y desarrollo de las economías regionales. Su aplicación
se demoró durante un año y medio por recursos judiciales
de legisladores, consumidores, el Defensor del Pueblo de la Nación
y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que un fallo de la Corte
Suprema de Justicia del 7 de mayo de 1998 convalidó finalmente
la modificación de las tarifas. Los jueces Julio Nazareno, Eduardo
Moliné, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Guillermo López
rechazaron el recurso de amparo que había paralizado los aumentos
y dijeron que la ley de convertibilidad prohibía aplicar fórmulas
de indexación o actualización monetaria, pero no cualquier
aumento tarifario por otro concepto. La decisión estaba en el ámbito
de discrecionalidad privativo del poder administrador, dijeron. Buen ejemplo
de la ética imperante en la década menemista: el decreto
así convalidado había salido de la pluma de Diego Nazareno,
Director de Asuntos Legales de la Secretaría de Comunicaciones
e hijo del presidente de la Corte quien, pese a ello, no se excusó
de opinar. Los jueces Carlos Fayt, Gustavo Bossert, Augusto Belluscio
y Enrique Petracchi sostuvieron que faltaban elementos para decidir el
fondo de la cuestión y que ello sólo sería posible
en un juicio ordinario y no en el procedimiento sumario que es el amparo.
Medir y evaluar
En cumplimiento del principio del efecto neutro sobre los ingresos de
las compañías del rebalanceo, el decreto de 1997 dispuso
que durante los dos años posteriores a la entrada en vigencia de
las nuevas tarifas se realizaran mediciones trimestrales y evaluaciones
semestrales. Los usuarios y los políticos de la oposición
aducían que las empresas obtendrían beneficios extraordinarios.
Los licenciatarios afirmaban que, por el contrario, mermarían sus
ingresos. El Estado Nacional debía velar por que nada de ello ocurriera.
Según el artículo 5 del decreto, si se verificara
que los ingresos generados por el incremento de la demanda producto de
la elasticidad son superiores a los previstos, la Secretaría
de Comunicaciones autorizará que los mayores ingresos sean
utilizados para realizar bajas adicionales en las tarifas. Si en
cambio los ingresos fuesen menores a los previstos, autorizaría
incrementos en las cuotas de abono mensual hasta un monto equivalente
a los 35 pulsos telefónicos, a partir del primer año de
aplicación.
La neutralidad estatal brilló por su ausencia. En febrero de 1998,
el día en que la Corte Suprema de Justicia tenía previsto
resolver en Acuerdo varias causas originadas en la aplicación de
los distintos artículos del decreto 92/97, que además de
las tarifas regulaba las relaciones entre los distintos prestadores de
servicios de telefonía y transmisión de datos, entraron
por Mesa de Entradas dos presentaciones idénticas, una firmada
por el abogado de Telefónica, Pablo Hernán Miguens y otra
por el de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Francisco Arancedo,
en la que solicitaban la suspensión de los plazos por tres semanas.
Los dos escritos fueron hechos con la misma máquina de escribir,
repitieron idénticas palabras y hasta compartían un error,
corregido luego a mano. En una presentación televisiva en defensa
de su gestión, Kammerath habló en nombre de las empresas
prestadoras en primera persona del plural, al referirse a la cantidad
de líneas domiciliarias y de aparatos públicos que instalamos.
Informe preliminar
Según la Oficina Anticorrupción, Kammerath omitió
durante dos años pronunciarse acerca de los ingresos de las
licenciatarias con motivo del rebalanceo, en perjuicio de los usuarios,
que no se vieron beneficiados con las rebajas en las tarifas que hubieran
correspondido. El 5 de julio de 1999 Kammerath aprobó provisoriamente
los resultados de un informe preliminar sujeto a verificación
y dos días después renunció, para lanzarse a la política
con inmejorables protectores. La denuncia de la OA, basada en un informe
del ingeniero Jorge Virinni, objeta que la metodología empleada
para realizar las mediciones no refleja en forma adecuada los ingresos
de las compañías, destaca la total ausencia de evaluaciones
y, en consecuencia, también de ajustes. El método establecido
consistía en calcular la diferencia entre los ingresos previos
y posteriores al rebalanceo. La OA cuestiona el concepto de duración
media de las llamadasempleado, que nada tiene que ver con
la realidad de la facturación. En todos los servicios medidos
se determinan redondeos a favor de las licenciatarias, señala
la presentación, que remite a una denuncia de los diputados del
Frepaso Graciela Ocaña, Atilio Tazzioli e Irma Parentella. Pese
a que el rebalanceo se justificó alegando que incrementaría
el consumo, los usuarios disminuyeron el uso del teléfono. Sin
embargo esto produjo un beneficio para las licenciatarias.
La OA también objeta que el factor de ajuste volumen
se calcule sobre las líneas facturadas y no las líneas
en servicio, que es el que realmente incide. Lo que ocurre es que
se siguen facturando las líneas incomunicadas por falta de pago.
Según el diputado socialdemocrático Héctor Polino
cientos de miles de líneas fueron bloqueadas, incomunicadas o dadas
de baja luego del rebalanceo. Pero no se las dio de baja para el cálculo.
El decreto 92/97 establecía evaluaciones semestrales y mediciones
de tráfico trimestrales (auditadas por la SIGEN) con desagregación
mensual (auditada por el INDEC) durante los dos años siguientes
a la entrada en vigencia de las nuevas tarifas. Sin embargo, hasta julio
de 1999 no existió ninguna resolución de Kammerath que evaluara
los resultados y dispusiera reajustes. En mayo de 1998 hubo un informe
preliminar sujeto a verificación del licenciado Hugo Zothner,
vicepresidente segundo de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
que analizó la variación de ingresos entre febrero y junio
de 1997. Según Garrido esto no puede considerarse una evaluación
por su carácter provisional y por la falta de competencia del funcionario.
Dos días antes de renunciar, el 5 de julio de 1999, Kammerath aprobó
en forma provisoria los resultados de las mediciones e impidió
de esa forma la rebaja de las tarifas que hubiera correspondido. El
perjuicio causado por las omisiones de Kammerath es innegable: en atención
a los resultados que iban dando las mediciones, las evaluaciones tenían
que dar lugar a rebajas adicionales en beneficio de los usuarios. Estas
rebajas nunca han tenido lugar, señala la Oficina Anticorrupción,
que estima las ganancias de las telefónicas como consecuencia del
rebalanceo en 28.000 millones de pesos. El texto no explica cómo
se llegó a tal cifra. Durante los dos años siguientes
al rebalanceo la inactividad de la Secretaría de Comunicaciones
fue absoluta. Su papel se limitó a recibir información (muchas
veces incompleta) por parte de las licenciatarias. Si durante 1998 existieron
numerosas denuncias periodísticas referidas específicamente
a la ausencia de evaluaciones y de otros controles en esta materia, cabe
inferir que las omisiones que se denuncian fueron consecuencia de una
deliberada decisión de no actuar.
La única evaluación definitiva sobre el ingreso
de las licenciatarias la suscribió el 1º de diciembre de 1999
el sucesor de Kammerath en la Secretaría de Comunicaciones, Alejandro
Cima.
Tampoco las autoridades designadas por el nuevo gobierno al menos
hasta octubre de 2000, han adoptado ajustes tarifarios a los que obligaban
los resultados aprobados, dice la denuncia.
Kammerath fue secretario entre el 7 de julio de 1996 y la misma fecha
de 1999, período durante el cual se elaboraron las evaluaciones,
se decidió el rebalanceo y (no) se implementó la metodología
de medición de ingresos. Su conocimiento acerca de los actos
que debía cumplir se halla probado por la repercusión periodística
que tuvieron las omisiones que aquí se le cuestionan, afirma
la OA.
Tiempo de explicar
La resolución por la que aprobaron provisoriamente todos los resultados
de las mediciones, dos días antes de cesar en sus funciones, no
lo exime de explicar por qué dejó pasar más de dos
años para elaborar las evaluaciones a las que se hallaba obligado.
Durante ese tiempo habría retardado un acto de su oficio,
en los términos del artículo 249 del Código Penal.
Su texto integra el título XI del Código Penal, Delitos
Contra la Administración Pública, Capítulo IV, Abuso
de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.
Castiga con multa de hasta 12.500 pesos e inhabilitación especial
de hasta un año, al funcionario público que ilegalmente
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Ese sería el máximo castigo posible dentro del ordenamiento
jurídico vigente, si se comprobara que el funcionario permitió
la transferencia de 28.000 millones de los bolsillos de los usuarios a
la cuenta de resultados de las empresas. Un megacanje entero.
Informe: Diego Martínez.
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