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Por Horacio
Verbitsky
 El
vocero Juan Pablo Baylac dijo que el presidente Fernando De la Rúa era
hostigado por ambos flancos. De un lado, por quienes procuran la
devaluación del peso argentino. Del otro, por aquellos que proponen la
dolarización completa de la economía. Por primera vez en un año y medio un
funcionario nacional ha identificado en su diagnóstico algunas de las
cuestiones de fondo que condicionan todos los actos de las distintas
líneas del gobierno y de la oposición. Por cierto esto no equivale a
definir la respuesta adecuada al desafío. Ni siquiera a describirla con
exactitud. Según el propio vocero, entre ambos grupos de interés
contrapuestos el gobierno habría elegido marchar por lo que Baylac llamó
“el desfiladero”, manteniendo la convertibilidad con su actual paridad
cambiaria y reactivando la economía, “mediante la expansión del mercado
interno y de las exportaciones, lo que implica generación de puestos de
trabajo y mejores salarios”. Nada de esto pasa de una expresión de
deseos.
Jinetes del
Apocalipsis
De esa definición general el gobierno bajó luego a sus expresiones
políticas. La versión del diario patronal Ambito Financiero sobre la
renuncia del presidente marcó un límite. En respuesta, por primera vez la
actual administración identificó en forma precisa a diversos sectores
desestabilizadores. La lista es incompleta, pero sustancial. Estos son los
jinetes del Apocalipsis de la biblia oficial:
 El sector
ultraliberal del Centro de Estudios Macroeconómicos, al que pertenece el
consejero presidencial Fernando de Santibañes. El impulso de esta secta a
la dolarización responde tanto a convicciones e intereses como a vendettas
personales. En primer lugar contra el propio De la Rúa (por haber eyectado
de la presidencia del Banco Central al fundador del CEMA, Pedro Pou, quien
sigue bajo investigación por el lavado de dinero, y del ministerio de
Economía al equipo de FIEL, encabezado por sus economistas jefes, Ricardo
López Murphy y Daniel Artana). Pero también contra el ministro de
Economía, Domingo Cavallo, por haber motejado como traidores a la patria a
los Cemitas que dudan sobre la aptitud del equipo económico y su programa,
y por haber zamarreado a otro sumo sacerdote del monetarismo aborigen,
Roque Fernández, como principal responsable del descontrol del gasto
público durante el último mandato presidencial de Carlos Menem.
El propio
ex presidente, quien en cuanto supo que corría el riesgo de ser detenido
como jefe de una asociación ilícita instó a todos los argentinos a comprar
dólares. Cuando Menem afirma ser víctima de una persecución política, ello
no implica negar los hechos por los que se lo investiga, en los que nadie
conoce mejor que él su responsabilidad. Lo que transmite esa frase es la
imperturbable convicción de que todas las decisiones judiciales pueden
torcerse si existe suficiente voluntad política. Menem sabe que De la Rúa
no lo persigue. Pero sí cree que bastaría una adecuada presión del Poder
Ejecutivo para que la Cámara Federal revocara el procesamiento y la
prisión preventiva dispuestos por el juez Jorge Urso. Esa óptica es
compartida por el ex presidente Raúl Alfonsín, otro veterano manipulador
de la justicia. Alfonsín es el introductor en el país de la lottizazione a
la italiana (el reparto de parcelas de poder entre los principales
partidos para que ninguno quede a la intemperie), que tuvo en el Pacto de
Olivos su máxima expresión. Pero también sabe que en Italia tal práctica
provocó las investigaciones judiciales de mani pulite y en Venezuela trajo
las boinas rojas del chavismo que, en ambos casos, acabaron con toda una
clase política. Con toda razón, teme que la causa contra Menem sea apenas
el disparador de un proceso similar aquí. Más allá de la caricaturesca
prosa decimonónica de su resolución, el juez Urso ha respondido con
precisión que no investiga cuestiones políticas, sino delitos tipificados
en el Código Penal. Eso es, precisamente, lo que inquieta al más lúcido
exponente de la vieja política.
El gobernador de
Buenos Aires, Carlos Rückauf, cuya provincia requiere del constante
auxilio del gobierno central. En marzo, suspendió el pago a proveedores;
en abril dejó de ingresar los aportes sindicales descontados a los
empleados públicos (algo que a un empleador privado puede llevarlo a la
cárcel) y de liquidar horas extras. Rückauf recibió una provincia
endeudada hasta límites inexplicables por su predecesor, Eduardo Duhalde,
y no ha tenido las agallas personales como para blanquear esa situación,
que su calamitosa administración ha agravado. El año pasado, esa deuda se
incrementó en un 120 por ciento. El conurbano, Bahía Blanca, La Plata y
Mar del Plata tienen índices de desocupación bien por encima del nacional.
Ahora que el índice nacional llega al 16 por ciento, el del conurbano pasa
del 18 por ciento y el de Mar del Plata supera el 20 por ciento. Los
indicadores de criminalidad también siguen en aumento, a pesar de la luz
verde ofrecida a los procedimientos de la policía irrespetuosos de los
derechos y garantías constitucionales. En el número de este mes de la
revista Mercado, el creador del Instituto de Estudios Económicos y
Fiscales, José Sbatella, describe una carrera contra reloj entre la
provincia y la Nación, “para ver quién cae antes”. Sbatella no es un
adversario político. Por el contrario, también milita en el justicialismo
y cuando Rodolfo Frigeri fue secretario de Hacienda del anterior gobierno,
lo acompañó al frente de la Dirección General Impositiva. Su vaticinio es
que “la provincia cae antes”. Un estudio publicado el mes pasado por el
mismo IEFE indica que en el primer año del gobierno de Rückauf se
incrementó en un tercio la masa salarial de funcionarios políticos,
asesores y secretarios privados de la provincia: de 282 a 383 millones
anuales, mientras se reducían las erogaciones en obras públicas, bienes y
servicios y fondos remitidos a los municipios. Un pedido de informes
presentado el 12 de junio por diputados radicales sostiene que la
provincia no está cumpliendo con el saneamiento progresivo de sus cuentas
que prometió al firmar el Compromiso Federal, como condición para recibir
la asistencia de la Nación. De hecho, Rückauf acaba de presentar como
nuevos ajustes, los recortes a los que ya se había obligado entonces y que
no cumplió. Sólo en publicidad la provincia gasta 30 millones de pesos al
año. ¿Figurará también el rostro y la firma de Rückauf en los bonos basura
con que pagará salarios y aguinaldos, plata de segunda que evidencia la
bancarrota de su gobierno? “En un marco en el que deben darse ejemplos de
austeridad y ahorro, Rückauf malgasta los dineros públicos en órganos con
funciones y atribuciones superpuestas, con evidente clientelismo
político”, dicen los legisladores. Ponen como ejemplo el Organo Regulador
de Aguas, que paga sueldos del personal político a un promedio de 3.200
pesos mensuales. Cuando el presidente del bloque de diputados de la
Alianza, Darío Alessandro, dijo que el Banco de la Provincia de Buenos
Aires “no da más”, sabía a qué se refería. La última Memoria y Balance del
Bapro incluida en la página en Internet corresponde a 1999. No se trata
sólo de desconsideración con el público. Tampoco el Banco Central tiene
acceso a sus números: el último balance que el Bapro le remitió es el del
tercer trimestre de 2000. La pobre calidad de su cartera sigue empeorando.
Luego de la asunción de Rückauf, los créditos incobrables pasados a
pérdida crecieron casi un 50 por ciento. Los créditos del conjunto de los
bancos privados del país superan seis veces los del Banco Provincia, pero
sus previsiones por incobrables no alcanzan a tres veces las del Bapro. Lo
que sí aumentó allí fue la incidencia de los gastos de administración
sobre los activos y la de los honorarios a directores y síndicos sobre los
gastos administrativos. El patrimonio neto mejoró en el último trimestre
del año, sólo debido a la capitalización de 500 millones de dólares a
integrar en nueve años, dispuesta por la Legislatura en octubre pasado.
Rückauf advierte que sus aspiraciones políticas se degradan a un ritmo que
no le permitiría llegar a la fecha de las próximas elecciones
presidenciales, en octubre de 2003. Su plan de forzar el alejamiento de De
la Rúa y la convocatoria a elecciones anticipadas no es más que un calco
del que Duhalde concibió en 1996, en cuanto entendió que el deterioro del
gobierno de Menem también arrastraría su candidatura presidencial.
Falta el cuarto jinete, porque la enumeración no incluye a los sectores
que según Baylac presionan por la devaluación. Esto es comprensible,
porque entre ellos debería mencionar al denominado Grupo Productivo, que
cuenta con la adhesión de Duhalde, pero también de Alfonsín. Aunque
incluyera estos matices, a la lista oficial le seguiría faltando otra
dimensión de la política nacional. Esta segunda nómina, que el gobierno
prefiere ignorar, debería incluir las decisiones del ex ministro de
Economía José Machinea que abortaron el atisbo de reactivación que
acompañó al cambio de gobierno; la renuncia del vicepresidente, Carlos
Alvarez como secuela de la sospecha del pago de sobornos en el Senado y la
consiguiente disipación del Frepaso; la confirmación presidencial de López
Murphy como ministro de Economía una tarde, en Santiago de Chile, y su
reemplazo por Cavallo, en Buenos Aires, esa misma noche; la afirmación del
ministro de Salud, Héctor Lombardo, quien según insistentes versiones
sería médico, acerca de una grave enfermedad invalidante que padecería el
presidente; el sermón sobre ética periodística a cargo del profesor
español de la facultad de Periodismo de la Universidad Austral, controlada
por el Opus Dei, Carlos Alvarez Teijeiro, que el gobierno obligó a
escuchar a los propietarios de medios nacionales; la visita presidencial a
un programa de televisión sin mínimos recaudos de seguridad, de modo que
el Oso Arturo debió rescatarlo del manoseo de un hombre que lo tomó de la
solapa; la identificación del conductor de ese programa como adversario
político por un burdo sketch humorístico; la afirmación del propio De la
Rúa de que su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes; la del
gobernador chaqueño Angel Rozas de que De la Rúa está superado por los
acontecimientos. Ninguna de ellas se debió a los especuladores financieros
ni a la oposición justicialista.
120 vs 120
En su trabajo aún inédito “Modelo de acumulación de capital y sistema
político en la Argentina”, al que también llama “Notas sobre las formas de
dominación durante la valorización financiera (1976-2001)”, el economista
Eduardo Basualdo describe la relación del sistema político con las
distintas fracciones de los sectores dominantes. Sostiene que el sistema
político privilegió como interlocutor a aquella fracción constituida por
los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros de
origen europeo instalados en el país, como Techint, que se expresa a
través de su sello cautivo, la UIA. Además de la devaluación que
valorizaría sus cuantiosos activos financieros depositados en el exterior,
reclaman el subsidio fiscal y crediticio a las producciones locales que
conservan, por lo general exportables, y el control aduanero. Cavallo ha
dado algunos pasos en esa dirección, con la devaluación fiscal que
denominó factor de empalme y con los programas de competitividad
sectorial, que han puesto en riesgo la relación estratégica con Brasil.
Esto explica el malhumor de la otra fracción, aquella que apuesta a la
dolarización como salida y que ha contraatacado reclamando un nuevo ajuste
en los gastos del sector público, vía Anses, Pami y provincias, a lo que
Cavallo también ha accedido. Su presunta heterodoxia no va más allá del
tironeo entre ambas fracciones, siempre a expensas de los sectores más
vulnerables. Nada sería más nefasto que la combinación de ambas
propuestas. El rol de Cavallo es el de intermediario entre estas
exigencias y el resto del gobierno nacional, que no atina a formular
alternativas.
Basualdo incluye un cálculo que ayuda a entender lo que
está en juego. Los activos propiedad de capitales extranjeros radicados
aquí alcanzan a unos 120 mil millones de dólares. El mismo monto tienen
los capitales de origen local fugados del país. Esto implica que
cualquiera sea el porcentaje de una eventual devaluación, implicaría una
transferencia directa de recursos del primer al segundo sector. Una
devaluación del 10 por ciento, por ejemplo, se acercaría al precio que
Repsol pagó por YPF, unos 13 mil millones de dólares.
Aparte de la
modificación de la paridad cambiaria, la pugna entre ambas fracciones de
los sectores dominantes se expresa también en diferentes visiones sobre el
sistema político. Los organismos internacionales de crédito, que
representan a los intereses extranjeros y en especial estadounidenses,
proponen una reformulación del sistema político, como forma de neutralizar
su subordinación a la otra fracción y de subordinarlo a sus propios
intereses. Impulsan en ese sentido propuestas de democratización y combate
a la pobreza, que no atribuyen a las políticas de ajuste sino a la
corrupción del sistema político. Sus posiciones pueden confundirse en
algún momento con las de los sectores sociales populares, interesados en
una verdadera democratización. Claro que las políticas de lucha contra la
pobreza originadas en los organismos internacionales son siempre
intervenciones focalizadas, sobre las manifestaciones de pobreza extrema y
nunca generalizadas, porque eso se considera un vicio populista. Si el
bando dolarizador bastardea el reclamo popular de democratización y lucha
contra la pobreza, el devaluacionista hace otro tanto con la defensa de
los intereses nacionales. Si se atiende a su discurso, los grupos locales
y los conglomerados europeos encarnan la mítica burguesía nacional de los
tiempos del primer peronismo, agredida por los capitales foráneos y los
organismos internacionales. De este modo ocultan que luego de la dictadura
militar a la que sostuvieron, se expandieron y lo siguen haciendo sobre la
base de la valorización financiera de los capitales que sacaron del país,
la desindustrialización y la concentración del ingreso. La salida
exportadora de bienes con ventajas comparativas naturales que este sector
propone como motor del crecimiento económico, y el desconocimiento de la
denominada deuda externa que también postula, le permitiría lo que
Basualdo llama “un nuevo salto en su acumulación de capital”. La
desocupación y la pobreza no se modificarían, porque sus productos
exportables tienen poco impacto sobre la ocupación de mano de obra. Por el
contrario, tendería a consolidar los bajos salarios, que ya no actúan como
componente de la demanda y sólo como costo a reducir.
Lucha por la
hegemonía
Si los dolarizadores postulan la inserción internacional del país a
través del ALCA, los devaluacionistas miran hacia el Mercosur, por la
incidencia de Brasil como destino de la producción primaria local. Esto
les permitiría quebrar el frente adversario e incorporar a su propuesta a
algunos de los consorcios privatizados que quedaron en manos europeas,
cuyas producciones de gas, petróleo o electricidad son potencialmente
exportables a países limítrofes. Según Basualdo, se trata de un “pseudo
proyecto nacional” detrás del cual se nuclea un amplio espectro de
“instituciones tradicionales” entre las que menciona a “sectores de la
burocracia sindical, organizaciones empresarias y los sectores más
tradicionales de la Iglesia Católica”. Basualdo concluye que ninguna de
las propuestas enfrentadas se agota en la reivindicación de intereses
inmediatos, “sino que tienen un carácter estratégico que, mediante la
constitución de una alianza social, busca detentar la hegemonía en la
sociedad. Para lograrlo, cada una de ellas integra alguna de las
reivindicaciones que sostienen los sectores populares, pero las mismas son
vaciadas y reprocesadas en función de los intereses de la respectiva
fracción dominante que la impulsa. Este proceso de apropiación y
reprocesamiento de las reivindicaciones populares introduce un alto grado
de complejidad y confusión, que tiene como objetivo oscurecer el hecho de
que ninguna de las propuestas dominantes incorpora, ni siquiera insinúa,
algún elemento que indique la voluntad de profundizar el proceso
democrático mediante la participación popular y la redistribución
progresiva de los ingresos, elementos que constituyen ejes centrales de
una genuina propuesta popular”. Este otro desfiladero es el que deben
recorrer los sectores populares que no tienen nada para ganar en el
desenlace de la puja entre devaluacionistas y dolarizadores que, en
cualquier hipótesis, incluye dosis crecientes de represión. Así se
advierte en los fallos judiciales de primera y segunda instancia de Salta,
que aplicaron las figuras de sedición y de asociación ilícita a los
trabajadores que cortaron las rutas en Tartagal y Mosconi.
Ceros
El ex secretario de Comunicaciones y actual intendente de
Córdoba, Germán Kammerath, descalificó como “disparatada” la denuncia de
la Oficina Anticorrupción por omitir evaluaciones y ajustes luego del
rebalanceo telefónico de 1997 y le atribuyó la “finalidad política de
desacreditarme”. El decreto que aprobó aquel cuadro tarifario estableció
que su efecto debía ser neutro sobre las ganancias de las licenciatarias y
que Kammerath era responsable de comprobarlo, efectuando mediciones
trimestrales y evaluaciones semestrales durante los dos años posteriores a
su entrada en vigencia. Pero según el cálculo de la Oficina Anticorrupción
las empresas obtuvieron ganancias extraordinarias por 28.000.000 dólares,
por defectos en la metodología empleada para realizar las mediciones. En
una presentación espontánea ante el juez federal Gabriel Cavallo, que
instruye la causa, el ex secretario de Comunicaciones dijo que la OA
debería exigir a las actuales autoridades la aplicación de las rebajas
tarifarias determinadas por su sucesor, Alejandro Cima, diez días antes de
la asunción de Fernando De la Rúa. Esto beneficiaría en 18.073.242 de
pesos a los usuarios de Telefónica y en 9.487.256 a los de
Telecom.
Según Kammerath lo asistieron en la elaboración del método
para calcular las eventuales ganancias o pérdidas de las empresas el
consultor del Banco Mundial Doyle Gallegos y el especialista de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones Ramón Frediani, y la Sindicatura
General de la Nación manifestó su conformidad en mayo de 1997. El INDEC
auditó los datos entregados por las empresas y la Comisión Nacional de
Comunicaciones no objetó la información económica. Si bien el
procesamiento y análisis de esa información originó una resolución
provisoria, la 18.968 del 5 de julio de 1999, Kammerath explica que “para
verificar” los resultados “estimé conveniente” solicitar a la CNC que
contrate a la facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que realice
una nueva medición. Con la nueva base de datos se obtuvieron los
resultados definitivos, que calcularon el perjuicio para los usuarios en
casi 28.000.000 de pesos. El intendente de Córdoba señala que la OA “omite
maliciosamente” las reducciones tarifarias que él aplicó al dictar los
price cap (precios topes) mediante las resoluciones 3115 y 3118 de 1997, y
2465 y 2466 de 1998. Agrega que las licenciatarias le solicitaron “que le
reconozca las pérdidas en sus ingresos” pero que las rechazó porque no
habían efectuado la publicidad ordenada por el decreto de rebalanceo y
porque por entonces existían “distintos fallos judiciales
contradictorios”, que hacían que “la elasticidad producida en la demanda”
fuese “sensiblemente menor a la esperable”.
La nota del domingo pasado
que informó sobre la denuncia contra Kammerath incluyó un grueso error:
multiplicó por mil el beneficio extraordinario de las empresas, que la
Oficina Anticorrupción estimó en 28.000.000 de pesos. Junto con el pedido
de disculpas a los lectores, vale la pena destacar la facilidad con que el
error fue aceptado. Sólo lo hicieron notar la propia Oficina
Anticorrupción, que reiteró el dato original, y el diputado
socialdemocrático Héctor Polino, cuya estimación preliminar cifra esa
ganancia extraordinaria en 1.000.000.000 de pesos. Es como para pensar que
hasta la afirmación más extravagante parece verosímil cuando se trata de
las ganancias de las empresas de servicios cedidas a la gestión privada en
la década de 1990.
Informe: Diego Martínez |
