Por Horacio Verbitsky

En un punto al menos es posible coincidir con los sectores del pensamiento conservador que aquí se denomina liberal: la clave del problema argentino no es la economía, sino la política. Las diferencias empiezan cuando se trata de describir en qué consiste el problema político. Como bien lo saben los organismos financieros internacionales y los gobiernos poderosos del planeta, la Argentina no es un país pobre sino rico. Pese a que su estancamiento no lleva tres años sino un cuarto de siglo (lapso en el cual el ingreso per cápita se contrajo un ocho por ciento) sigue en el tramo medio-alto de la nómina mundial. Sin embargo, la imposibilidad del Estado de hacer frente a todos sus compromisos y la catastrófica distribución de esa riqueza son los mejores testimonios del fracaso del sistema político, cuya propia sustentabilidad se coloca en duda.

Del 13 al 60

La anunciada reducción del 13 por ciento es un piso que puede ser muy pronto perforado. Un cálculo inquietante será puesto mañana a consideración del Frente Nacional contra la Pobreza por Martín Hourest y Claudio Lozano: la confiscación de salarios estatales y jubilaciones llegaría a un 40 por ciento en la hipótesis optimista de un crecimiento nulo en el último trimestre, y del 60 por ciento en la más realista de una caída del 1,5 por ciento, como ya comienzan a admitir el ministerio de Economía y los organismos financieros internacionales. Que el presidente Fernando De la Rúa no haya encontrado mejor oportunidad que el Día de la Gendarmería para jactarse de que adoptó “medidas que nadie se atrevió antes a tomar” ratifica el extravío del gobierno, como si hubiera leído allí el discurso preparado para el posterior encuentro con el viceministro de Economía estadounidense John Taylor. La respuesta del comandante Hugo Miranda hizo notar que la mitad de sus hombres viven con menos de 500 pesos mensuales, es decir “entre el nivel de pobreza y el de indigencia” y que sólo uno de cada diez gendarmes cubre los costos de la canasta familiar. En su clásica obra de 1962 “En defensa de la política”, el politólogo inglés Bernard Crick sostiene que la política “surge de la aceptación de limitaciones. El carácter de esa aceptación puede ser moral, pero más a menudo es simplemente prudente; es el reconocimiento del poder de otros grupos e intereses sociales, la consecuencia de la incapacidad de gobernar en solitario, sin mayor violencia”. Si ésa es la situación de la fuerza escogida para reprimir la protesta social, podrá ser tan difícil obtener consenso para el rumbo fijado por el gobierno como asegurarlo por la coerción. En cualquier caso merecería recordarse con Crick que el orden político no es cualquier tipo de orden y que implica “el reconocimiento de la libertad, cierta tolerancia de verdades divergentes y el reconocimiento de que la gobernabilidad no sólo es posible sino que se ejerce mejor cuando los intereses rivales se disputan en un foro abierto”. Como los piquetes, por ejemplo.

Los ex

Las respuestas políticas impulsadas por dos ex presidentes y dos ex vicepresidentes no toman en cuenta la excepcionalidad de la situación que contribuyeron a crear. El más extremo en sus definiciones es Carlos Menem, quien afirma que el país se incendia y propone sofocar el fuego con los billetes verdes que quedan de las reservas monetarias. Pero al mismo tiempo, es el de expectativas personales más módicas, porque no está seguro de poder mudarse antes de 2003 a un domicilio del que pueda salir a voluntad. El gobierno de unidad nacional imaginado por Raúl Alfonsín reedita su viejo proyecto de parcelización del poder entre los principales partidos. En su hipótesis de máxima, Alfonsín se propone elaborar unaalternativa a la coalición de gobierno con el cavallismo. Para ello desea sumar al Frepaso y el duhaldismo, esta vez también con participación de los sindicatos de trabajadores y de patrones. En la de mínima, aspira a aclarar sus sombrías perspectivas electorales. Eduardo Duhalde cuenta con el mismo libreto y los mismos actores, pero se reserva el papel central, algo más ambicioso. No desdeñaría una elección vicepresidencial en octubre, como escala hacia la Casa Rosada. Tampoco su designación como jefe de gabinete, luego de la victoria sobre Alfonsín, o su nombramiento por la Asamblea Legislativa para completar el mandato presidencial. El horizonte del otro secuaz de Menem, Carlos Rückauf, no llega hasta octubre. Sus visiones apocalíticas están teñidas por el colapso que ya ha sufrido su gobierno provincial. Además del pago de salarios en fechas inciertas y con bonos basura también está planificando despidos y no vaciló en echar su maldita policía sobre los desocupados. Rückauf cree que un desenlace se avecina y está reforzando contactos con radicales y gremialistas, entre quienes obtiene auditorios más atentos que en su partido justicialista. Por ahora Víctor Martínez y Carlos Alvarez mezquinan sus apariciones y consejos sobre cómo salir de la crisis. La dolarización completa a la que apuesta Menem preservaría el valor de los activos adquiridos por capitales extranjeros. Alfonsín, Duhalde y Rückauf basan sus especulaciones en el convencional modelo “nacional y popular”. Su remedo posible hoy incluiría la suspensión de los pagos de la deuda pública y una devaluación del peso, que valorizaría las inversiones financieras en el exterior de los autodenominados “sectores productivos”. Sólo sería satisfactorio para la transnacional italiana Techint, los grupos económicos locales que giran en su órbita y su cámara patronal cautiva, donde los Rocca le abrieron el micrófono a un ex industrial con sinceras inquietudes sociales.

Usos de la deuda

El más somero análisis del presupuesto llama la atención sobre el desproporcionado peso de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otro rubro. Sin él, no habría déficit sino superávit. Lo cual ha llevado desde un extremo hasta otro del arco ideológico a propiciar el repudio o la reprogramación de esos pagos. Esto no excluye ni siquiera al gobierno nacional, que cuestiona esas propuestas cuando las hacen otros pero igual las practica, a su manera. No otra cosa fue el escandaloso megacanje, que a cambio de un estiramiento del cronograma ha incrementado la deuda en no menos de 20 mil millones de dólares, además del despilfarro de comisiones por unos 150 millones, en beneficio de personas e instituciones asociadas en forma tan directa al ministro de Economía Domingo Cavallo que su documentación en alguna instancia gubernativa podría producirle un vuelco estrepitoso.
Si bien el presupuesto suministra una rápida instantánea de las prioridades de gasto, mucho más elocuente resulta la balanza de pagos. Entre 1992 y 2000, registra una salida de algo más de 41 mil millones de dólares en pago de intereses de la deuda pública y unos 55 mil millones por amortizaciones. En total, 97 mil millones. Pero en el mismo lapso ingresaron préstamos por casi 137 mil millones. Esto significa un saldo positivo de casi 40 mil millones. Lo primero que puede decirse, entonces, es que ninguno de los problemas que agobian al país puede atribuirse al pago de intereses de la deuda, ni a la amortización de su capital. Para descubrir detalles más significativos es imprescindible un lente que diferencie el flujo neto de capitales del sector público y del sector privado. Siempre en el mismo lapso el sector privado ingresó casi 47 mil millones de dólares (61 mil por inversiones directas, menos 14 mil en remesas de utilidades y dividendos). El endeudamiento externo del sector privado dejó un saldo favorable de 19 mil millones (préstamos del exteriorpor 130 mil millones, menos amortizaciones e intereses por 111 mil). Pero el sector privado fugó del país casi 68 mil millones y no repatrió ni una moneda, con lo cual su saldo neto fue deficitario en 1.600 millones de dólares. Que su fuga de capitales sea casi idéntica al ingreso por inversiones directas y endeudamiento constituye un dato central para comprender los hábitos predatorios de la burguesía nacional (por usar con propiedad un término de la mitología política). Si se integran en un mismo cuadro los flujos netos de capital del sector público y del privado, los ingresos totales son de 329 mil millones y los egresos de 291 mil, con un saldo positivo de 38 mil millones. Una mitad corresponde a reservas. La otra se explica por el déficit del sector privado en otros rubros: balanza comercial, servicios reales, viajes al exterior. El comportamiento de este sector no varió desde la dictadura militar hasta ahora. El endeudamiento que tomó no fue para invertir en la economía real, en empresas nuevas o en las ya instaladas, ya que no se registra ningún shock de inversión equivalente. Esos recursos sirvieron para obtener beneficios exorbitantes con la tasa diferencial de interés en el mercado interno, la posterior toma de ganancias y su resguardo en el exterior. Pero como no produce dólares, el sector privado se los compra al Estado que, para obtenerlos, debe endeudarse. Este proceso se exacerbó en la década del 90 con las ganancias patrimoniales extraordinarias por las privatizaciones, cosa que se verifica por el pico de fuga coincidente con las ventas de participaciones en empresas privatizadas, entre 1995 y 1997.
En 1999 la Auditoría General de la Nación formuló una observación al respecto que adquiere especial pertinencia en estos días de retórica sobre disminución del gasto público. Además de financiar el desequilibrio fiscal la deuda pública cumple el papel menos evidente de “proveer divisas a la economía nacional, requeridas para la acumulación de reservas y para el financiamiento de los déficit en divisas de los restantes sectores económicos”, dice. Si mediante los sacrificios impuestos se lograra el equilibrio fiscal y no hubiera nuevo endeudamiento, el sector público contaría con los recursos para hacer frente a los intereses de la deuda preexistente, una vez que los convirtiera en moneda extranjera para transferirlos al exterior, donde nunca creyeron que un peso fuera igual a un dólar. Para que ello fuera posible debería haber dentro del país un sector privado que generara esos recursos en divisas y se los vendiera. Es decir que “la deuda externa privada tendría que pasar a ocupar un papel importante en la contribución a la acumulación de reservas”, agrega la Auditoría, dependiente del mismo Congreso que votó la ley del déficit cero sin la menor reflexión sobre su significado. Como el sector privado también ha llegado al tope de su capacidad de endeudamiento esto “sugiere la existencia de una potencial inconsistencia macroeconómica, asociada a un eventual ajuste fiscal”, concluye la AGN. Este es un esbozo del intrincado mecanismo por el cual el endeudamiento público terminó financiando la fuga de capitales, y del que no da cuenta la entusiasta consigna del “No pago”.

Santa María

El documento del Frenapo considera falaz la distinción entre sector productivo y sector financiero, ya que el conjunto del bloque dominante participa de este régimen especulativo de valorización financiera, aunque alguna fracción lo haga de manera subordinada. Por eso, las formulaciones “industrialistas” adversas a la apertura comercial no son acompañadas por un planteo similar respecto del modelo de apertura financiera y nada dicen sobre el tratamiento a aplicar a la masa de capitales especulativos o rentistas. Es ostensible que ese sector que ahora adopta un lenguaje nacionalista y productivista es el mayor responsable de la fuga de capitales. La fracción del bloque dominante hegemonizada por los bancos, los operadores financieros y las AFJP insisten en la profundización del ajuste para volverlo estructural, es decir irreversible. Esto incluye desde reformas institucionales (como la desaparición de provincias que se fundirían en regiones y la reducción de los poderes legislativos nacional y provinciales) hasta negocios como la mercantilización absoluta de la seguridad social, la salud, la universidad y el sector científico y tecnológico. Este sector retiene una alta capacidad de chantaje sobre el gobierno y la sociedad por vía de lo que Hourest y Lozano llaman “terrorismo cultural”, pero carece de toda legitimación social y no parece en condiciones de disciplinar una vez más a los otros integrantes del bloque dominante en una salida expansiva.
La otra fracción del bloque dominante, que incluye a buena parte de los grandes grupos económicos busca construir su capacidad de liderazgo sobre éste y no sobre otro bloque dominante. Su herramienta preferida es la devaluación acompañada por un shock capitalista, que habrá que ver si “no es lo mismo que un golpe capitalista”, dice el documento. Dada la resistencia oligopólica a la modificación de los márgenes de rentabilidad, tal devaluación incrementaría el proceso de concentración y cargaría el costo de la reformulación capitalista sobre las espaldas de los trabajadores. Junto con la moneda se devaluaría la sociedad. Esta fracción exhorta a detener el flujo de capital destinado a honrar los compromisos externos del sector público. Pero nada dice sobre la deuda del sector privado, cuya tasa de crecimiento supera a la del sector público, en paralelo al incremento de la fuga de divisas. Con toda probabilidad, si esta fracción lograra el control de la política económica reanudaría los pagos de intereses de la deuda, una vez redistribuidos sus costos. Tampoco se marginaría de participar como socio abrepuertas en el desguace de la seguridad social, la salud o la educación, cuyos beneficios volvería a valorizar en colocaciones financieras, como hizo con los de las privatizaciones del menemismo.
Desde hace varias décadas, los mayores grupos económicos que operan en el país (la italiana Techint, Pérez Companc y Macri) mantienen relaciones especiales con las fuerzas principales del sistema político tradicional. El 21 de marzo de 1993 este diario publicó el primer documento que se haya conocido acerca de esos negocios, a propósito del gasoducto Loma de la Lata, entre Neuquén y Buenos Aires, construido por los tres. La financiera cautiva de Techint, Santa María, recaudaba los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en el consorcio, y pagaba las “Prestaciones de sede” a funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y a competidores excluidos del negocio, para que no protestaran. Sólo en el año 1987 se pagaron en tangenti por esa obra 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María: 11.527 US$ x10 a la tercera. El más alto porcentaje de las contribuciones, casi 3 millones de dólares, se pagó el mes previo a las elecciones del 6 de septiembre, en el que se adelantaron parte de las cuotas de los meses siguientes. Esto explica la mayor facilidad de este sector para tratar con duhaldes, rucucus y alfonsines y también su posibilidad de apelar a las clases subalternas en castellano o pasable cocoliche.
“Las dos fracciones se demuestran inoperantes para formular propuestas sociales capaces de hacer que la economía y la sociedad argentinas con este régimen social de acumulación dejen de comprar al mundo más de lo que le venden, pagarle más de lo que reciben, girar más utilidades que las conseguidas en terceros mercados y fugar más de lo que invierten”, sostiene el documento. Lo más grave de esta prolongada crisis interna del bloque dominante es la “inmoral dilapidación de reservas”: entre marzo y julio se perdieron 12 mil millones de dólares, cifra similar a lanecesaria para financiar un shock distributivo que frene la flexibilización de las condiciones de ciudadanía.

El salario de ciudadanía

El Frente Nacional contra la Pobreza plantea un salario de ciudadanía, constituido por un seguro de desempleo de 380 pesos mensuales y una asignación universal por hijo de 60, con el cual ninguna familia quedaría por debajo de la línea de pobreza, de 500 pesos. Esta propuesta será sometida a consulta popular el 10 de diciembre. Ante la agudización de la crisis, el Frenapo analizará un programa de emergencia de tres puntos.
1 Fijar un nuevo piso distributivo
No hay mayor problema que la distribución del ingreso, que se manifiesta en la extrema pobreza, simultánea con la extrema riqueza y el estancamiento estructural. Sólo sobre un nuevo piso distributivo que implique inclusión social y fortalecimiento del mercado interno es posible asentar un proceso sostenido de crecimiento de la oferta de bienes y servicios. Los criterios de reparto o capitalización cederían paso a un sistema mixto de contribuciones e impuestos para financiar un ingreso solidario universal, con cargo a rentas generales. Las AFJP podrían recibir los aportes voluntarios de los sectores de mayores ingresos, pero el Estado recuperaría los aportes que les cedió en la Segunda Aparición de Cavallo. Además de la reorientación de la política fiscal que tendería a capturar los 34 mil millones de dólares anuales de evasión aduanera y fiscal se propicia un compromiso federal entre la Nación y las provincias, con una política coordinada de eliminación de exenciones y una base común recaudatoria. También se debería replantear la política social, con un sistema único nacional que erradique la aberrante dispersión y anarquía de programas.
2 Evitar el despilfarro
Una estrategia colectiva de austeridad para salir de la crisis presupone:
Optimizar el rendimiento social de las reservas monetarias, que constituyen la contrapartida del esfuerzo nacional en vez de malgastarlas financiando el negocio de especuladores financieros.
Substituir los actuales planes de competitividad, que financian negocios privados por un sistema de incentivos que premien los incrementos de cantidad y calidad de bienes y servicios.
Establecer diferente trato cambiario y fiscal para cada tipo de actividad económica.
Gravar las ganancias distribuidas y eliminar el régimen de exenciones al impuesto a las ganancias.
Retirar al sector público del mercado de crédito de corto plazo definiendo un programa crediticio anual.
Desamarrar el peso de los vaivenes de la economía estadounidense, mediante una canasta específica de monedas para las respectivas transacciones, en coordinación con el Mercosur.
En ese contexto sí, reestructurar en forma ordenada los pagos de la deuda pública, mediante un compromiso de crecimiento que permita a la Argentina recuperar solvencia externa y fiscal. La reprogramación comenzaría por los tenedores locales de los títulos.
3 Gobernar los mercados
Los mercados sólo admiten clientes con demanda solvente y las sociedades se construyen con ciudadanos, de expectativas siempre insatisfechas. Gobernar los mercados implica:
Reformular la apertura financiera, desincentivando la entrada de capitales de corto plazo e incentivando la radicación de emprendimientos productivos, en coordinación con el Mercosur. Negociar y condicionar la remisión de utilidades al exterior.
Regular las tarifas en los mercados donde se han producido privatizaciones, crear redes de productores locales con financiamiento externo para sus compras en el exterior.
Cuestionar las graves tendencias a la oligopolización que presenta la economía argentina.
Muchas de estas herramientas y políticas contradicen el sentido común que el bloque dominante mediante diversos tipos de violencia ha implantado en la Argentina. La profundidad de la crisis social y política, que ha convertido a los partidos mayoritarios en simples operadores electorales de las estrategias de dominación, reclama un nuevo sentido para pensar la patria. “No hay nación sin pueblo. Para salvaguardar la nación ofrecemos ideas que unen a los sectores medios empobrecidos, a los piqueteros, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas”.
En su libro “En busca de la política” el sociólogo Zygmunt Bauman fundamenta su idea de un ingreso básico parafraseando la frase escrita por Marx “‘en la época de emergencia del capitalismo salvaje’ según la cual ‘los trabajadores no pueden liberarse sin liberar al resto de la sociedad’. En la época del capitalismo triunfante, podría decirse que .el resto de la sociedad humana no puede liberarse de su miedo ambiente ni de su impotencia si su parte más pobre no es liberada de sus penurias. Sacar a los pobres de su pobreza no es tan sólo un asunto de caridad, conciencia y deber ético, sino una condición indispensable (aunque meramente preliminar) para reconstruir una república de ciudadanos libres a partir de la tierra baldía del mercado global”. Como bien ha advertido la ministra de Trabajo Patricia Bullrich, a partir del congreso piquetero de La Matanza, cuyas resoluciones volverán a llevarse a la calle pasado mañana, la mera reivindicación ha dejado lugar a la planificación política. Ahora el gobierno conoce también los rudimentos de su programa.