CARRIO PEDIRA LA REMOCION DEL JEFE DE GABINETE COLOMBO
El engañoso

Por Horacio Verbitsky

Las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña presentarán en la sesión del martes de la Comisión Investigadora sobre Lavado de Dinero una moción de censura contra el jefe del gabinete de ministros, Chrystian Colombo, “por engañar al Congreso de la Nación”. Si la comisión y la Cámara de Diputados la aprueban Colombo será interpelado y podrá ser removido “por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”, según el artículo 101 de la Constitución Nacional. Es difícil que Colombo pueda alegar legítima defensa: la información que habría ocultado al Congreso se referiría a su propio desempeño como presidente del Banco Nación, en beneficio del Grupo Yoma y en desmedro del erario público. El engaño adquiere una gravedad adicional desde que Colombo es el funcionario encargado de mantener informado al Congreso acerca del uso que el Poder Ejecutivo haga de las facultades que el Legislativo le delegó en marzo de este año. El preinforme de la Comisión Carrió dedica todo un capítulo al Banco Macro, de una de cuyas empresas vinculadas fue máximo directivo Colombo. Ese capítulo alude a las relaciones con Emir Yoma y el menemismo.

La escondida

El Informe Nº 48 de la jefatura, del 23 de noviembre del año pasado, documentaría el engaño. En respuesta a un cuestionario presentado por Ocaña acerca de los créditos concedidos por el Banco Nación al Grupo Yoma, Colombo entregó un informe de la Auditoría del Banco Nación en cuyo encabezamiento reza: “Borrador preliminar, sin conclusiones”. Sin embargo, Carrió y Ocaña obtuvieron un ejemplar de la misma auditoría, concluida cuatro meses antes del informe de Colombo al Congreso, donde figura un capítulo de Conclusiones. Al presentar en público el primer trabajo de la Comisión, Carrió elogió al actual presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, por su colaboración con las investigaciones.
La presidenta de la Comisión, que ha reconstruido su relación con los demás miembros, les anticipó en el encuentro del jueves que estaba preparando el proyecto de moción de censura contra Colombo y que esperaba completarlo, con la documentación respaldatoria, para la reunión de pasado mañana. Ningún legislador formuló objeciones. No estaba presente el presidente del bloque de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti.
El ocultamiento de las conclusiones de la Auditoría no habría sido ingenuo. Según ese texto “la atención crediticia brindada al Grupo Yoma excede con amplitud el riesgo a asumir con un cliente, teniendo en cuenta su responsabilidad patrimonial, y en modo especial su capacidad operativa para generar ingresos y utilidades reales que le permitan atender normalmente los servicios de amortización de capital y/o intereses de todos sus pasivos”. Las deudas del Grupo Yoma superan los 150 millones de dólares y el principal acreedor es el Banco Nación, con 90. Los auditores consideran “excesiva la cuantía del apoyo en función de las reales necesidades que derivan de la actividad productiva a la que se asiste, en directa relación con los bienes afectados a la misma”, lo cual sugiere que esos fondos se destinaban a otros fines. También dijeron que las garantías de las deudas de Yoma eran insuficientes y sólo cubrían el 41,8 por ciento de los créditos. Peor aún, casi la mitad de ese total “corresponde a prendas flotantes sobre cueros, las que teniendo en cuenta sus características legales no ofrecen un sólido respaldo a nuestra acreencia”.
Las garantías solidarias que el Banco había exigido a los hermanos Emir Fuad y Alfredo Carim Yoma “se consideran nulas, dado que en sus manifestaciones de bienes los obligados únicamente denuncian acciones en otras sociedades, no habiéndose solicitado la documentación respaldatoriade bienes muebles o inmuebles registrables que afiancen los derechos del Banco”. A la luz de esta información, los auditores consideraron “dudosa la recuperación integral de nuestras acreencias, teniendo en cuenta el elevado endeudamiento que registran las firmas del Grupo Yoma frente a su capacidad de pago, el decreciente valor de tasación de sus bienes y la cantidad y calidad de las garantías recibidas en resguardo de nuestros créditos”.

Diez millones más

Según la diputada Ocaña, Colombo le había anunciado que iba a denunciar a Yoma ante la Justicia por la irregularidad en la constitución de las garantías, pero no lo hizo. “Por el contrario, le dio otros diez millones de dólares en garantías, con fondos que salieron de la AFIP”. La pregunta 294 presentada por la Cámara de Diputados a Colombo inquiría qué garantías había emitido el Banco Nación a favor del Grupo Yoma “desde el 1º de agosto de 2000”, es decir después de la auditoría que en forma tan categórica lo desaconsejaba. La respuesta de Colombo confirmó que se habían emitido garantías por casi 6 millones de dólares por pagos en concepto de Promoción Industrial y por otros 3 millones por reintegros de IVA por exportaciones. Según Ocaña, al concluir 2000 el Banco Nación había emitido garantías a Yoma por otro millón, completando un cupo anual de diez millones. La diputada electa en las listas del Frepaso, se ha convertido en una de las principales colaboradoras de Carrió. “En octubre de 2000 recibí la auditoría del Banco Nación. Por eso, en noviembre elevé al jefe de gabinete la pregunta 295. Quería saber, como consta en el Informe de la propia jefatura, si el Banco Nación había finalizado la Auditoría ordenada por el directorio sobre los créditos asignados al Grupo Yoma”. Ocaña también preguntó entonces si “las conclusiones” del informe preliminar determinaban que “si se liquidaran las garantías en poder del Banco, éste sólo podría recuperar menos del 20 por ciento de los créditos”. Al recibir la respuesta de Colombo no advirtió la importancia de la omisión. “Me la hicieron notar los asesores cuando preparábamos el preinforme de la Comisión”, uno de cuyos capítulos se refiere a los nexos entre los grupos Yoma y Macro (ver “El banco de la Coordinadora”).
Durante la gestión de Carlos Silvani, la AFIP había incluido a las empresas de los cuñados de Menem en un régimen de cobro inmediato sin garantía, reservado a grandes empresas y de solvencia incuestionable. Por ese mecanismo, la DGI paga la promoción industrial y el reintegro del IVA contra la declaración de cada exportación realizada. Cuando Rodolfo Terragno y Carlos Alvarez hicieron derrapar a Silvani, su reemplazante, Héctor Rodríguez, analizó los balances del Grupo Yoma, que ya estaba en convocatoria de acreedores, y concluyó que, como no tenía activos suficientes, para adelantarle el dinero era necesaria una garantía. De ese modo, si luego se comprobara que la exportación no se efectuó según lo declarado, la DGI podría recuperar lo pagado. Pero la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, La Rioja, ordenó seguir pagando según el régimen anterior y su presidente, Daniel Flores, embargó fondos de la AFIP en su provincia e impuso multas progresivas al Banco Nación por cada día que pasara sin cumplir esa orden. El argumento invocado es el mismo que los Yoma oponen cada vez que alguna autoridad pública les reclama el cumplimiento de sus obligaciones: el mantenimiento de la fuente de trabajo. Un subsidio vitalicio a todos los trabajadores de la curtiembre sería más económico para el fisco que la prolongación del estado de cosas iniciado en 1989.
En abril de este año, el Banco Nación denunció al juez riojano Flores por prevaricato, al haber ordenado un embargo por trece millones y una intimación de pago por otros siete, con lo cual el Grupo Yoma en vez de pagar sus deudas seguiría recibiendo transfusiones del Estado nacionalpara las que no rige el déficit cero. La denuncia se acumuló a la causa por el fraude en los créditos del Banco Nación al Grupo Yoma, que se inició en 1994 a raíz de las primeras investigaciones de este diario. Pero el juez federal Claudio Bonadío se declaró incompetente y remitió la denuncia contra el juez civil riojano a su colega federal también de La Rioja Enrique Chumbita. La Cámara Federal de la Capital recibió la apelación del Banco.

Unipersonal

Pese a que Yoma es el principal acreedor privado del Banco Nación y sin considerar las conclusiones de la Auditoría, el 10 de agosto de 2000 Colombo aceptó otorgar las nuevas garantías. Esa escandalosa decisión fue revocada por el actual presidente del Banco, Enrique Olivera. Lo sucedido parece un unipersonal en el que un solo actor desempeña todos los papeles. Al explicar al Congreso por qué el ex presidente del Banco Nación Chrystian Colombo había dispuesto otorgar los avales, el jefe de gabinete Chrystian Colombo dijo que impedir el cierre de la curtiembre era “la mejor garantía de repago de los pasivos asumidos”, razonamiento contradictorio con las conclusiones de la Auditoría ocultada a los legisladores. Agregó que en el otorgamiento de los avales también había participado el Banco Macro, de una de cuyas empresas, Macro Valores, fue directivo Chrystian Colombo antes de ser designado en el Nación. Al justificar su decisión, Colombo dijo que en el pasado no se habían descubierto rechazos o impugnaciones significativos de la AFIP a los reembolsos por exportaciones de los Yoma “según los antecedentes proporcionados por la empresa”. También aceptó “manifestaciones de la empresa” según las cuales existiría “un control en tiempo real por parte de la Aduana respecto de los volúmenes físicos que la empresa exporta”. Que la calidad del control de la Aduana se determine por la evaluación de los controlados explica por qué la evasión ronda los 30.000 millones anuales y el ajuste se hace sobre las jubilaciones.
Los avales ya habían dado lugar a una denuncia penal que involucraba a Colombo. En 1998, aún bajo el menemismo, el Banco Nación concedió nuevos créditos al grupo Yoma, que los garantizó cediendo sus derechos sobre los reintegros por el IVA a las exportaciones. Sólo que antes ya había entregado esos derechos al Banco Macro, mientras Colombo era el principal ejecutivo de Macro Valores. Bajo juramento Yoma había declarado “que los créditos no han sido cedidos en forma total o parcial con anterioridad al presente acto ni gravados con prenda”. Cuando la AFIP empezó a pagar los reintegros la mayor parte de ese dinero no fue al Banco Nación, sino al Macro, que tenía precedencia. En junio de 2000, la Comisión de Riesgo Crediticio del Nación presentó un informe al directorio presidido por Colombo, en el que afirmó que para la Asesoría Legal se había cometido el delito de estafa. “De haber tenido conocimiento el banco de la existencia de la anterior cesión no habría acordado los créditos en cuestión”. Por ello, “el banco estaría en condiciones de formular la pertinente denuncia”.
No obstante, el directorio dilató la decisión y prefirió ordenar un nuevo “dictamen legal ampliatorio”. El 12 de julio, la Asesoría Jurídica elevó su dictamen definitivo, en el que sostuvo que “corresponde formular la denuncia penal”. Las diputadas Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer dieron intervención a la Oficina Anticorrupción que, luego de varias intimaciones, dio plazo al Banco Nación hasta octubre pasado para formular la denuncia. Colombo dejó el Banco Nación en octubre sin haber cumplido con esa recomendación, para asumir la jefatura de gabinete. El 27 de diciembre el nuevo directorio del Nación, encabezado por Olivera, formuló la denuncia. Bonadío desglosó este episodio y dio vista a los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita, quienes impulsaron la acción por eldelito de estafa en contra de la administración pública. Los imputados son “los integrantes de la firma Yoma SA y/o quienes por comisión u omisión hubieren contribuido” a concretar los delitos. Una de sus penas es la inhabilitación de por vida. Según los fiscales, recién cuando el Banco Nación quiso hacer efectivas sus garantías supo por la AFIP “de la existencia de cesiones anteriores a favor del Banco Macro Misiones”, por un monto total de 12,5 millones de dólares. En mayo de este año, Olivera entregó al juez Bonadío la auditoría de julio de 2000, con las conclusiones que Colombo prefirió ocultarle al Congreso. Pese a todo ello, Bonadío aún no resolvió que correspondiera citar a nadie a declaración indagatoria. “No es extraño, dada su frecuentación de Emir Yoma, documentada en las agendas de Lourdes di Natale”, concluye Graciela Ocaña, rebautizada por Carrió como “La hormiguita viajera”.

El Banco de la Coordinadora

Por H.V.

El preinforme de la Comisión Investigadora sobre Lavado de Dinero confirmó la relación entre el Banco Macro y el Grupo Yoma que se investigó en estas páginas. También se explayó acerca del carácter de banca política del grupo en el que trabajó Chrystian Colombo antes de su ingreso al gobierno de Fernando De la Rúa.
Macro es el acrónimo de Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo, por el Ministro de Economía que en 1975 licuó la moneda y permitió despegar con una significativa diferencia a los propietarios de la entonces financiera Macro y de la consultora Econométrica: José María Dagnino Pastore, Mario Brodersohn, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción. El texto dice que en 1987, bajo la presidencia de José Luis Machinea, el Banco Central lo autorizó a operar como banco y que durante el gobierno de Raúl Alfonsín el Macro “había comprado unos 3 millones de dólares justo antes del disparo de la divisa. El Fiscal Ricardo Molinas investigó el caso, pero nunca pudo probar que la entidad hubiese recibido información privilegiada de sus contactos en el Gobierno. Cabe recordar que en aquellos días se conocía al Banco Macro como El Banco de la Coordinadora”.
Ante las publicaciones de este diario, la Comisión interrogó a los directivos del Banco Macro sobre los créditos otorgados al Grupo Yoma. Su vicepresidente, Delfín Ezequiel Carballo, admitió la veracidad de lo informado aquí. En el informe de la Comisión se lee que durante el gobierno de Carlos Menem, el Banco Macro “fue uno de los conductos por los cuales fluyeron fondos oficiales hacia las empresas del ex cuñado presidencial Emir Yoma. Por ejemplo, durante la crisis del Tequila en 1995 el Macro recibió redescuentos por 29 millones de pesos y otros 20 millones de una línea de crédito de Comercio Exterior, que casi en su totalidad fue otorgada a la Curtiembre de Emir Yoma, que para entonces ya debía más de cien millones a los bancos oficiales. De los acreedores de Yoma, el único que tuvo la suerte de cobrar su deuda es Banco Macro”.
El preinforme atribuye estos vínculos a “la estrecha relación entre el Presidente de la entidad bancaria, Jorge Brito, y Emir Yoma. Esta relación comienza cuando un Director del Banco Central llamado Saúl Martínez le abre las puertas a Brito al entorno presidencial. Del análisis de las agendas de la Secretaria de Emir Yoma, Lourdes Di Natale, se observa claramente el fluido contacto que ambos mantenían. En estas mismas agendas se observan los preparativos para un viaje de ambos en agosto de 1996, y las citas con altos funcionarios para ambos. También es representativo de esta relación el hecho que en las oficinas de Emir se guardara un currículum personal de Jorge Brito”. Esa amistad habría sido decisiva para que el Banco Central aprobara la compra de varios bancos provinciales por el Macro, pese a que en 1994 estaba “al borde del cierre”. Este diario puede agregar que Brito no es un operador menemista que hizo lugar en sus directorios a Colombo y Roberto Eilbaum, dos meros alfiles de la eminencia gris oscuro del radicalismo, Enrique Nosiglia, sino a la inversa. Brito trabajó con el financista de la UCR, Mario Brodersohn, desde los tiempos en que el Macro era apenas una cueva de dinero. Desde esa identidad expandió luego sus contactos al menemismo.
“Además de ser el único acreedor de los Yoma que cobra sus deudas, el Macro recibió el último cuatrimestre de 1995 y el primer semestre de 1996 diversas transferencias de fondos provenientes del MTB Bank a favor de Yoma S.A. por cuenta de Elthan Trading en concepto de aporte de capital, que corresponden a parte de los 36 millones que Emir no puede explicar por qué recibió y que se sospecha serían coimas por distintos negocios como la venta ilegal de armas, el contrabando de oro, etc”, sostiene elpreinforme. Yoma usaba una cuenta del Macro para realizar operaciones con el Citi de Nueva York, según reconocieron los directivos del Macro.
“También es importante resaltar que en un expediente que elaboró un equipo del Banco Central sobre el Banco República, se detalla cómo el Macro y el banco de Moneta se prestaron asistencia recíproca por 8.5 millones de dólares, con lo que habrían intentado evadir las regulaciones que prohíben préstamos elevados a empresas vinculadas. Otro dato para destacar es el hecho de que Laith Pharaon reconoció en la declaración testimonial que es cliente del Banco Macro”, agrega el preinforme. Para la Comisión el fulminante proceso por el cual en un par de años el Macro pasó de sostenerse mediante las ventas de cartera activa y los redescuentos otorgados por el Banco Central a convertirse “en un importante banco del norte del país es, al menos, sospechoso. La caída de depósitos lo había desahuciado, pero con la compra de los bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy se recuperó rápidamente”. La expansión del banco radical en esas tres provincias justicialistas es una acabada muestra de la transversalidad de ciertas prácticas, cuyo conocimiento ha modelado la imagen pública de la clase política.
El preinforme de la comisión también detectó que la especialidad del Banco Macro es el otorgamiento de créditos a empresas de transportes. “Muchas de ellas son actualmente investigadas por la Justicia Argentina por supuestas maniobras de lavado de dinero”, dice. También describe el caso de Transportes Automotores 12 de Octubre S.A. en cuyo concurso preventivo se presentó el Macro reclamando por deudas que no documentó. La investigación judicial en un juzgado Civil y Comercial de Lomas de Zamora estableció la inexistencia del crédito reclamado y la utilización por el Banco Macro Misiones de “sistemas informativos clandestinos no autorizados por el órgano de control”. El resultado fue una denuncia penal por defraudación contra el Macro y sus directivos, cuya detención solicitó el fiscal Domingo Ferrari.