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Por Horacio Verbitsky
 La Oficina
Anticorrupción puso la lupa sobre la relación especial entre el gobierno
del ex presidente Carlos Menem y los multimedios de comunicación más
poderosos del país, que recibieron beneficios ilegales, concedidos en
forma discrecional. También destacó “el alto grado de concentración
económica en el sector y la penetración que distintos medios
internacionales han tenido en el mercado local en los últimos años”. Un
dictamen, firmado por su director de investigaciones, Manuel Garrido, y
por el investigador José Ipohorski Lenkiewicz, denunció por administración
fraudulenta de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la
función pública a los ex interventores en el Comité Federal de
Radiodifusión (Comfer) entre 1993 y 1999, León Guinsburg, Ana Lucía Tezón
y José Carmelo Aiello. La demanda estima provisoriamente el perjuicio al
fisco en unos 200 millones de pesos. Otros cálculos lo elevan a mil
millones. Dado el “amplio espacio de negociación” entre interventores y
solicitantes no puede descartarse que hayan solicitado a distintos
empresarios del sector “algún tipo de ofrecimiento monetario u otra
ventaja a cambio de estos jugosos beneficios”. Por eso sugiere investigar
también el posible delito de exacciones ilegales. El dictamen no menciona
posibles acciones civiles contra las empresas que recibieron el beneficio
ilegal.
Inusitado
interés
Los tres interventores pusieron “inusitado
interés” en resolver las solicitudes de exención “de los principales
medios de comunicación del país” y no mostraron el mismo entusiasmo con el
resto, dice el dictamen. Agrega que esto “significó no sólo una notable
mejora de la situación financiera de esas empresas sino que muy
probablemente haya beneficiado también en forma personal a sus dueños”,
dada “la proximidad temporal entre el beneficio concedido y la venta
posterior de sus paquetes accionarios a importantes operadores extranjeros
(Cablevisión, Videocable, Telearte, Telefé), o bien a otros que vieron
facilitada la posibilidad de comprar otros medios más pequeños
(Supercanal, VCC)”. La Oficina Anticorrupción señala que en 1997 “tomando
en cuenta la ola de ventas y fusiones, el sector manejó cerca de 4.000
millones de dólares”.
La investigación sobre el otorgamiento de
exenciones al gravamen a las estaciones de radio y televisión fue iniciada
por las actuales autoridades del Comfer al concluir la larga década
menemista y había sido autorizada por el ministro de justicia Jorge De la
Rúa. Pero un funcionario que entra al despacho presidencial sin golpear ni
anunciarse ordenó paralizarla. Se reanudó en octubre del año pasado, luego
de que este diario revelara la interferencia. Guinsburg es otro de los
grandes valores de la inagotable cantera riojana que llegó a Buenos Aires
en 1989, Tezón una íntima colaboradora del ex ministro Roberto Dromi y
Aiello hermano del poderoso secretario privado del presidente Fernando De
la Rúa, Leonardo. El Estado asumió costos “que correspondía afrontar a los
empresarios del sector o a sus socios extranjeros, que contaban con medios
más que suficientes para ello”. Las exenciones “vinieron como anillo al
dedo para mejorar las condiciones financieras de las empresas, las cuales
se encontraban en condiciones de hacer frente al pago del gravamen que
pesaba sobre ellas”.
La denominada ley 22.285 dictada por la dictadura
militar creó un gravamen de hasta el 8 por ciento sobre la facturación
bruta de todas las radios y televisoras que explotan ondas licenciadas por
el Estado. El órgano de aplicación sólo podía conceder exenciones a las
emisoras ubicadas en zonas de frontera o fomento. La zona de frontera es
lo que su nombre sugiere: aquel espacio adyacente al límite internacional
de la República. La zona de fomento es aquella de bajo nivel de
desarrolloeconómico o escasa ocupación territorial. Pero bajo la
apariencia de fomentar las inversiones en el sector, las autoridades del
Comfer otorgaron exenciones millonarias fuera de las zonas de frontera o
de fomento, mediante “una interpretación antojadiza y arbitraria de las
palabras de la ley, que desnaturalizó su finalidad y soslayó la voluntad
del legislador en beneficio de unos pocos y en detrimento de todos”. El
principio de legalidad indica que tanto la creación de impuestos como sus
excepciones, deben ser dispuestas por “los representantes del pueblo
reunidos en el Congreso”. Cuando alguien alcanzado por un tributo “es
eximido sin ningún motivo razonable, mientras otros en las mismas
condiciones deben comprometer su riqueza para solventar los gastos del
Estado” existe “inequidad fiscal”.
Señales de
humo
El 18 de setiembre de 1992, un incendio dañó las
instalaciones de Telefé, emisora en la que tenían participación destacada
el amigo presidencial Constancio Vigil y el abogado del entonces
presidente y de Alfredo Yabrán, Carlos Fontán Balestra. El beneficio fue
concedido en 1993, con dictamen favorable de la dirección de asuntos
jurídicos y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Pero un
dictamen de la dirección general de administración, a cargo de Osvaldo
José Cirnigliario, había afirmado que “el otorgamiento de una exención
impositiva a una empresa particular y como consecuencia de un incendio,
cuyo riesgo contaba con cobertura de seguros, que aparentemente cubría con
exceso el valor residual de los bienes afectados, puede resultar un acto
inequitativo para el resto de los administrados”. Peor aún, Telefé
adeudaba once millones de pesos de ese mismo impuesto.
Los fundamentos
del Comfer fueron notables: a través del satélite, Telefe llegaba a gran
parte del territorio nacional, incluyendo zonas de fomento y de
frontera.
Sentado ese precedente de la discrecionalidad siguieron
nuevas concesiones ilegales. El 14 de mayo de 1993 Guinsburg firmó la
Resolución 393, que declaró zona de fomento “a todo el territorio de la
Nación, con excepción de las ciudades que superen los 200.000 habitantes”.
Cuando se tratara de un operador de cable, ni siquiera se aplicaría esa
restricción demográfica. De este modo se creó lo que el Comfer llamó una
“jurisprudencia administrativa” y que la Oficina Anticorrupción prefiere
definir como un “régimen paralelo” que “carecía de sustento normativo
alguno y fue mayormente utilizado para favorecer a los principales
operadores del mercado”, sin límite de montos ni de tiempo. El
procedimiento consistía en que las solicitudes de exención “recorrieran
las manos de los funcionarios de mayor confianza del interventor de
turno”. Se otorgaron exenciones totales y hasta con carácter retroactivo,
favoreciendo a los contribuyentes que no habían cumplido con sus
obligaciones por “meros memos internos, todo ello al margen de la
ley”.
Negocios
Estos son algunos ejemplos de
aplicación de lo que el dictamen llama no sin ironía “el precedente
Telefe” y los negocios subsiguientes realizados por los
beneficiarios:
 Cablevisión. El 22 de
diciembre de 1994 el Comfer le concedió una exención parcial del 40 por
ciento del gravamen para 1995 y del 50 por ciento para 1996. El 25 de
abril de 1995 el 51 por ciento de Cablevisión fue vendido a TCI
Communications en 286 millones de dólares.
Otras empresas del
mismo grupo (titulares de las licencias del Canal 2 de televisión de La
Plata, Radio América, FM Aspen y Radio del Plata) obtuvieron exenciones
que van del 70 al 100 por ciento del gravamen, desde junio de 1994 hasta
marzo de 1999. La OA no pudo acceder al expediente deCanal 2, que “se
encontraría extraviado”. Aiello solicitó que “se imprima preferencia al
trámite” de Radio del Plata. Según la Oficina Anticorrupción esto “influyó
en el despegue que a partir de 1995 efectuó este grupo de
multimedios”.
Telefé pidió otra exención
para invertir en inmuebles y equipamiento tecnológico en enero de 1997. La
dirección general de administración estimó el pedido en 38 millones. El 23
de mayo se le concedió una exención del 35 por ciento hasta marzo de 1999,
y del 45 hasta marzo del 2001. Telefé se comprometió a presentar un
informe semestral sobre la inversión que justificaba el pedido. Pero un
informe de auditoría de la SIGEN destaca que el Comfer no verificó el
cumplimiento de las condiciones impuestas ni los informes que debió haber
presentado. Según la Inspección General de Justicia, la exención a Telefé
en 1997 y 1998 ascendió a 12,5 millones. “Hacia marzo de 1998 se concretó
la incorporación indirecta del CEI Citicorp y Telefónica Internacional SA
(TISA) a Telefé SA. Es posible que la exención otorgada haya beneficiado a
alguna de las partes negociantes, toda vez que acarreó una mejora
financiera para Telefé SA”, sostiene el dictamen.
Video Cable
Comunicación (VCC) recibió distintas exenciones desde 1993 hasta 1997. La
SIGEN detectó que las facturas presentadas para justificar una presunta
modernización del servicio eran “por compras de elementos de consumo y no
de nueva tecnología”. También faltaba el informe técnico sobre las
inversiones y equipos. Según la Inspección General de Justicia, durante
1996 VCC compró más de treinta empresas de cable más pequeñas. El 30 de
junio de 1998, Multicanal SA y Cablevisión compraron Fintelco SA, la
sociedad controlante de VCC. Las exenciones “debieron de haber sido de
importante utilidad a la hora de consolidar su posición en el mercado
interno”.
Telearte solicitó y obtuvo, en 1995 y 1996, exenciones desde el
50 hasta el 75 por ciento, que la beneficiaron hasta mediados de 2000. En
1997 ingresó a la sociedad como socio controlante Prime Televisión Ltd. de
Australia. La exención “tuvo una gran importancia a la hora de que las
partes alcanzaran un acuerdo para vender la empresa”, dice la Oficina
Anticorrupción.
Supercanal obtuvo en 1995 una
exención del 100 por ciento del gravamen, desde julio de 1989 hasta agosto
de 1994. La exención “pudo haber facilitado la estrategia desplegada por
esta empresa para consolidarse en el mercado”. En 1999, ING Baring
Securities le otorgó un crédito de 90 millones para comprar cables del
interior. Otra empresa del mismo grupo, licenciataria de Radio Rivadavia,
recibió en julio de 1997 una exención del 70 por ciento para el periodo
1990 a 1994, y del 100 por ciento hasta diciembre de 1997. La SIGEN le
recordó que la licenciataria debía 1,8 millones de pesos y estaba siendo
ejecutada en sede judicial. La exención excedía los montos adeudados. En
julio de 1998 el Grupo Vila adquirió Radio Rivadavia. La exención de
Aiello “tuvo que haber facilitado las negociaciones que se venían
desarrollando”, concluye la Oficina Anticorrupción. La mitad del monto
acordado “correspondía a la asunción de deudas con el Estado”.
Multicanal
y Artear, ambas del grupo Clarín, obtuvieron exenciones del 40 al 50 por
ciento, entre agosto de 1998 y el mismo mes del 2000, por 38 millones
entre ambas. Aiello pidió “preferente despacho” para las solicitudes, que
fueron concedidas de inmediato. Esto “vino a compensar la situación de
esas empresas en relación a sus competidoras”, dice la Oficina
Anticorrupción.
Igualdad ante la
ley
El dictamen menciona la auditoría realizada por la
SIGEN a principios de 1999. Ya entonces se precisó que el trámite de las
exenciones “carece denormas de procedimiento y de control interno que
resguarden adecuadamente los intereses de la hacienda pública y garanticen
la licitud y transparencia de los actos”. También sostuvo que se lesionaba
el “principio de generalidad de tributos” cuando se excluye “en forma
particularizada a quienes detenten capacidad contributiva, motivo por el
cual el Comfer no puede establecer privilegios individuales”. Así se
menoscabó el principio de igualdad ante la ley, se vulneró el principio de
legalidad y se afectó “la recaudación del Comfer por varios presupuestos
futuros”. Se trata de “irregularidades que superan lo meramente opinable
en materia de interpretación de la ley”.
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Un amigo de
peso
Sueldos en patacones, pagos a los
amigos en pesos. |
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Por H.V.
Mientras liquida
salarios en patacones el gobierno bonaerense de Carlos Rückauf paga en
pesos a Victorio Américo Gualtieri, el constructor cuyos créditos impagos
casi llevan a la quiebra al Banco Provincia. La escandalosa decisión fue
cuestionada en un pedido de informes presentado a última hora del viernes
por el senador por el Frepaso Marcelo Leonidas Di Pietro. Gualtieri fue el
empresario privilegiado en las contrataciones de obra pública por el ex
gobernador Eduardo Duhalde y siguió gozando del trato de proveedor más
favorecido a partir de la asunción de Rückauf. En esta página se reproduce
uno de los cheques en favor de Gualtieri, por 766.385,33 pesos. Di Pietro
también acompañó a su presentación copia de otros dos cheques en favor de
Gualtieri. Entre todos, suman 3.238.364,78 pesos.
Este año,
Gualtieri se presentó en convocatoria de acreedores. El Banco Provincia
tenía créditos en su contra por 155 millones de pesos, de los cuales sólo
la mitad estaban garantizados. Unos 70 millones de pesos le fueron
prestados entre el último año de la gestión de Duhalde y el primero de la
de Rückauf, pese a la política restrictiva de desembolsos que siguió el
Banco en ese periodo. Las tasas fueron las más bajas, porque la
calificación crediticia era la más alta, cosa que pronto se demostraría
injustificada. En julio, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a adquirir
la cartera de clavos del Banco Provincia, de más de 2.200 millones de
pesos, con la emisión de un bono por 1.100 millones. La misma ley 12.729
dispuso la creación de una comisión bicameral que deberá analizar uno por
uno los créditos incobrables que pesarán sobre todos los habitantes de la
provincia. Rückauf está demorando su constitución hasta que pasen los
comicios del mes próximo. Los créditos de pésima calidad que absorbió la
provincia equivalen a un tercio de la masa prestable total, lo cual
califica la administración del banco durante las inolvidales gestiones de
Eduardo Amadeo, Rodolfo Frigeri, Carlos Sánchez y Ricardo Gutiérrez. Entre
quienes no devolvieron créditos millonarios Gualtieri figura en lugar de
honor junto con otros próceres del autodenominado empresariado nacional,
siempre generoso a la hora de ofrecer al país programas de salvación
nacional, como Yoma, Gatic, de la familia Bakchelián, Sasetru, Alpargatas,
de la familia Gotelli,Massuhy Tren de la Costa, de los Soldati. El juez de
garantías de La Plata César Melazo dispuso investigar el otorgamiento
irregular de esos créditos.
En marzo de este año, luego del concurso de
acreedores de Gualtieri, la justicia autorizó la continuación del contrato
por 75 millones de dólares entre la Unión Transitoria de Empresas
constituida por Gualtieri y Necon SA y la Unidad de Coordinación del
Proyecto Río Reconquista (UNIREC), bajo vigilancia de la sindicatura. En
julio, luego de enviar el proyecto de ley de creación de los patacones y
de los bonos de cancelación de obligaciones, la provincia de Buenos Aires
cesó sus pagos a proveedores y contratistas, a la espera de su aprobación
por la Legislatura. Pero el 25 de julio, cuando Rückauf ya había
promulgado la ley 12.727 y sólo faltaban seis días para que se volviera
obligatoria, la UNIREC entregó a Gualtieri el cheque 24353902 del Banco
Provincia por 1.235.679,52 pesos y no patacones. El 30 de julio, un día
antes de la obligatoriedad de la ley, le entregó otro cheque, número
24353909, por 1.336.399,89 pesos y no patacones. El 22 de agosto, cuando
ya la ley del patacón estaba en plenavigencia, la UNIREC pagó a Gualtieri
un tercer cheque del Banco Provincia, número 24353933, por 766.385,33
pesos. Como se ve, Don Victorio es un amigo de peso.
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En deuda
Alfonsín: palabras, palabras,
palabras. |
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Por H.V.
Durante la campaña
electoral de 1983, Raúl Alfonsín dijo que sólo debía pagarse la parte
“legítima” de la deuda externa. En cambio prometió desconocer aquella que
llamó “ficticia”, tanto de personas como de empresas que, “al mismo tiempo
que se endeudaron realizaron transferencias no especificadas, con
complicidad del acreedor”. Domingo Cavallo había estatizado una y otra en
los últimos días de la dictadura militar. La investigación judicial sobre
el endeudamiento externo concluida este año por el juez federal Jorge
Ballestero también menciona el perverso mecanismo del back–to–back, que
explica por qué la relación entre deuda pública y depósitos de argentinos
en el exterior es casi de uno a uno. Entre aquella precisa afirmación de
Alfonsín y la constatación judicial pasaron 18 años y cambió la naturaleza
del problema.
Al mes de asumir la presidencia, Alfonsín propuso que
América Latina concertara su acción internacional en un club de deudores y
sumara a la negociación con los bancos a los gobiernos de los países
acreedores, a los que consideraba corresponsables. Henry Kissinger apoyaba
ese planteo, declaraba que la deuda era un problema político y que era
preciso brindar un alivio en los pagos para permitir la recuperación
económica. Alfonsín confiaba en sus contactos con la socialdemocracia
europea y advertía que de otro modo el panorama para “las aspiraciones al
desarrollo y las tendencias democráticas en el continente sería sombrío”.
Sólo su diagnóstico se demostró acertado.
El fantasma de una
moratoria colectiva escalofriaba a los bancos acreedores, cuyos créditos
latinoamericanos no previsionados podían desatar una epidemia de quiebras.
La fecha clave era el 31 de marzo de 1984. La Argentina debía enfrentar un
pesado vencimiento de intereses para el cual no disponía de recursos
porque en su retirada los militares habían limpiado hasta el fondo de la
lata. En vez de anunciar la moratoria, o, como se dice hoy, el default,
Alfonsín comunicó que Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Colombia
le habían adelantado los fondos para que pagara su factura. Por supuesto,
presentó el acuerdo con acentos sanmartinianos y bolivarianos. Cuando aún
podía presionar blandiendo la espada de la moratoria, su gobierno perdió
meses preciosos elaborando propuestas que los gobiernos de Estados Unidos
y Europa desdeñaron con un gruñido. Así permitió que los grandes bancos
aprovecharan ese tiempo para pasar a pérdida en sus balances los créditos
latinoamericanos y dejaran de ser vulnerables ante sus accionistas. La
posibilidad de imponerles condiciones se evaporó como rocío al sol.
Jaqueado por la inflación y el malestar militar ante los juicios, Alfonsín
terminó pactando con los que entonces se llamaban capitanes de la
industria la economía de guerra contra el salario, y con los acreedores
externos el Plan Baker, de capitalización de deuda externa, precursor del
plan Brady y el desguace del Estado del menemismo. El trato que celebró
Alfonsín santificó con el peso de su legitimidad constitucional tanto la
deuda legítima como la ficticia. En 1987, además, puso en práctica su
concepción de la unidad nacional, incorporando al gabinete al sindicalista
del PJ Carlos Alderete, al tiempo que anunciaba un nuevo acuerdo con el
Banco Mundial, de reconocimiento y reestructuración de la deuda externa.
Aquello que había sido una concreta posibilidad, hoy es pura retórica,
ingenua en algunos labios, obscena en otros. El discurso es sólo una parte
de la política y no la que más interesa a la historia.
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