Por Horacio Verbitsky

Hay niebla, cae rocío y se escuchan pájaros, animales e “insectos inimaginables”. El monte es resbaloso, cubierto de vegetación. Se trata de “una misión de riesgo”. Algo cae de una liana y el grupo se frena. “Cruje una rama a la derecha. Falsa alarma. Hay que seguir el descenso, tomándose de las ramas y evitando hundirse en el barro rojizo”. El terreno parece impenetrable y es casi imposible de controlar. El “ruido de la naturaleza” es “capaz de enloquecer a un extraño”. Deben “marchar en fila y tocar al compañero de adelante para no perderse. Y evitar el pánico”. Ocurre que “la razón ya no distingue entre un ladrido y el croar de una rana” y la imaginación da vida “a seres mitológicos”.
El relato del diario La Nación del jueves 27 no alude a una excursión infantil de boy scouts ni evoca el capítulo “Benny Hill en la selva” de una serie de televisión. Describe un operativo montado por la Gendarmería Nacional para los amigos de la prensa en la frontera con Paraguay, allí por donde “cruzan contrabandistas y narcotraficantes” y, ¿por qué no? también podría “entrar un terrorista”. Con pudor, el diario advierte que se trata sólo de un simulacro. De modo involuntario refleja la psicosis que se instiga desde las Fuerzas Armadas y las de seguridad. Cada uno procura aprovechar para sus propios fines (en general de tipo presupuestario) la angustia por los atentados del martes 11 en Nueva York. Es mucho más fácil combatir a invisibles seres mitológicos que enfrentar los reales desafíos cotidianos.

Perdidos en la niebla

El gobierno nacional no parece mejor orientado que los gendarmes, con las caras pintadas en plena noche y “aferrados a sus armas”, tal vez para no caerse, como Ramón Mestre y Enrique Mathov, de traje y corbata en la lancha de la Prefectura. La convocatoria al Consejo de Seguridad regional en Puerto Iguazú fue la última de una serie de sobreactuaciones iniciada el mismo martes 11. Abrumados por el calor, los ministros no tenían ni siquiera una agenda de los temas a tratar y su mayor preocupación era qué decir a los periodistas que aguardaban del otro lado de la puerta. El miércoles, el presidente Fernando De la Rúa dijo que no propiciaba asignar misiones de inteligencia interior a los militares pero anunció la creación de un Consejo de Seguridad y Defensa, que conduciría en persona, asistido por los ministros Mestre y Horacio Jaunarena, quienes, como es notorio, no se ponen de acuerdo en nada y que sería integrado por los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Ese superconsejo de seguridad y defensa parece calcado del que Jaunarena y el ex presidente Raúl Alfonsín crearon luego del copamiento de un cuartel militar del Gran Buenos Aires por un grupúsculo a órdenes de Enrique Gorriarán en enero de 1988, y que Carlos Menem disolvió para ratificar la separación estricta entre Defensa y Seguridad. De la Rúa agregó que su convocatoria no implicaba apartarse de lo que establecen las leyes de Defensa y de Seguridad Interior ni conferir a los militares tareas de inteligencia interior. Pero esas leyes, promulgadas en 1988 y 1992, crean dos consejos separados, uno de Defensa y otro de Seguridad, ambos presididos por el jefe del Poder Ejecutivo, y cada uno con sus funciones establecidas en la ley respectiva. Al margen de la ilegalidad que implicaría, la instauración de un superorganismo como el imaginado durante un vuelo proselitista a Corrientes sólo aumentaría la confusión y la ineficiencia generales. Darío Alessandro convocó a los restos del Frepaso para elaborar un pronunciamiento crítico, aunque algunos miembros de su partido entienden que si ambos Consejos sesionaran juntos, los jefesmilitares se verían obligados a fundamentar cada paso que propusieran, ante un auditorio de especialistas, lo cual garantizaría su inocuidad.

“Falso dilema”

Para el ex ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, Oscar Camilión, lo que se plantea es un “falso dilema” ya que “no es mucho lo que la inteligencia militar podría aportar a la Policía Federal y la Gendarmería”. La Triple Frontera es peligrosa, pero lo único razonable sería “mejorar la SIDE y la coordinación con Brasil y Paraguay, que hasta ahora han sido renuentes”, dice. Para Camilión “no parece presumible que haya hechos que se desarrollen en el país que puedan requerir un replanteo de las funciones de las Fuerzas Armadas en el aspecto de inteligencia”.
Es cierto. Cuando los estadounidenses requieren la cooperación de los países del Cono Sur de América Latina no piensan en aportes militares. Les importa en cambio que se ajusten aquí las medidas de seguridad. Por ejemplo, el ex cónsul del Paraguay en Miami, Alejandro Weiss, fue arrestado por vender más de 300 pasaportes, visas y autorizaciones para transportes de carga, por las que cobraba hasta 8.000 dólares. No menos de 16 de esos documentos fueron a parar a manos de ciudadanos sirios, egipcios y libaneses que fueron detectados con ellos en Ciudad del Este. En la Argentina, dos juzgados federales investigan una red similar, con participación de funcionarios de la dirección de Migraciones, del Registro Nacional de las Personas y de la Policía Federal, que por 10.000 dólares entregaban documentos nacionales de identidad y pasaportes que permitían ingresar sin visa a los Estados Unidos.

“Un problema de eficacia”

El ex jefe de gabinete de ministros, Rodolfo Terragno, advierte sobre el riesgo de un “deterioro del poder civil y del orden jurídico” que al mismo tiempo implicaría una “degradación de las Fuerzas Armadas”. Como Camilión, Terragno también detecta “un problema de eficacia. La inteligencia antiterrorista nada tiene que ver con la lógica de fuerzas que dominan territorios y confrontan en número de efectivos y poder de fuego”. Por el contrario, añade, “los países que enfrentan al terrorismo, como Israel o los propios Estados Unidos, no dejan la inteligencia en manos de las Fuerzas Armadas”. El candidato a Senador por la Alianza gobernante discrepa con la creación de nuevos organismos “que llamen la atención”, cuando lo que se impone es “muy bajo perfil” e “ir ajustando clavijas” en sitios clave como los organismos de control de migraciones y fronteras y combatir la corrupción y los lobbies por los cuales todavía hoy no hay “ni radares para el control del narcotráfico sudamericano y el terrorismo del Medio Oriente”, ni seguridad en los pasaportes. A su juicio las presiones que se observan en la Argentina para replantear el rol castrense están “entroncadas con la doctrina de la Seguridad Nacional, para la que ahora se busca un enemigo sustitutivo”. En una línea similar de razonamiento, el senador justicialista Augusto Alasino presentó el viernes un proyecto de declaración en el que el cuerpo declara su preocupación ante cualquier iniciativa que promueva “la participación de la inteligencia de las Fuerzas Armadas en el sistema de seguridad interior”. En sus considerandos, Alasino recuerda que con las leyes de defensa y de seguridad interior “dejamos atrás los postulados ideológicos de la doctrina de la Seguridad Nacional que permitió la represión ilegal y la persecución ideológica” y cuya aplicación aquí y en el resto del continente condujo a la sanción de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, con rango constitucional desde 1997. “Plantear nuevas hipótesis de participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de política interna, implica un retroceso inconcebible para la Nación,incompatibles con el estado de derecho que tanto esfuerzo implicó a nuestra sociedad”.

Remilitarización

Luego de su visita al Congreso, Jaunarena había declarado que la Defensa comprendía todas las acciones necesarias para brindar seguridad, una confusión grosera en alguien con tantos años de experiencia en el área. El jueves, en otra demostración de la deficiente lectura oficial de las leyes vigentes, De la Rúa sostuvo que “el carácter externo de una eventual agresión exige la participación de las Fuerzas Armadas”. Es obvio que el origen geográfico de una agresión real o potencial no puede constituir el único parámetro para designar los recursos del Estado a cargo de la respuesta. También debe tomarse en cuenta el carácter de la amenaza. Como dijo en un reportaje publicado aquí el asesor de la comisión de Defensa del Senado y profesor de la Escuela de Defensa Nacional, Luis Tibiletti, el agujero en la capa de ozono es una amenaza exterior, pero a nadie se le ocurriría enfrentarla a cañonazos. Tampoco las redes financieras o los agentes químicos o bacteriológicos pueden ser batidos con medios militares, salvo que se pretenda convertir a la sociedad en un campamento castrense, tal como ocurrió durante la década de 1970, cuando los militares controlaban desde la radiodifusión hasta los programas de estudios en los colegios, la salud pública, las fuerzas de seguridad y las relaciones exteriores. En Estados Unidos, el presidente –George W. Bush– creó luego de los atentados una secretaría de seguridad interior, encargada de coordinar los esfuerzos de 46 agencias dependientes de los ministerios de Economía, Salud, Defensa, Agricultura, incluyendo al FBI y al organismo de prevención de emergencias federales. Pero a nadie se le ha ocurrido que esa sea una responsabilidad militar.

Bancarrota

Tal vez por ello, la ofensiva de Jaunarena para devolver a las Fuerzas Armadas algunas de las misiones que ejercieron durante la dictadura militar, sólo ha obtenido la adhesión del presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el justicialista Miguel Toma, quien de este modo reniega del único aporte del que podía jactarse en dos décadas de vida parlamentaria, se declara en bancarrota política y se aísla de su propio partido. Ya al presentar su plan de absorción de la Prefectura por la Armada, Jaunarena había afirmado que contaba con el visto bueno de Toma. La reacción del justicialismo fue tan firme que Toma se desdijo de lo acordado con el ministro. Pero la semana pasada su defensa de la remilitarización provocó un fuerte choque con su compañero de bancada y ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, un ex preso político bajo la dictadura militar.
Las biografías de Jaunarena y Toma reflejan esa confusión. El radical fue ministro de Defensa y presidente de la comisión de seguridad interior de la Cámara de Diputados; el justicialista, a la inversa, secretario de seguridad interior y presidente de la comisión de defensa, como si se tratara de especialidades intercambiables.
Indiferente a los devaneos de Jaunarena y Toma, y a pesar de las abiertas presiones militares, la comisión de Defensa del Senado prosiguió elaborando esta semana el dictamen para la ley de inteligencia nacional, que ratifica la separación entre ambas áreas. Ese texto, elaborado por consenso entre el Poder Ejecutivo y los bloques de diputados y senadores de la UCR, el PJ, el Frepaso y Acción por la República, con participación de delegados de la SIDE y del Estado Mayor Conjunto, y remitido al Senado por De la Rúa tres semanas antes de los atentados en Nueva York, contempla la participación militar en el Sistema de Inteligencia nacional, sólo en cuestiones que hagan a la Defensa Nacional, bajo la conducción de la SIDEy bajo estricto control parlamentario. La Secretaría de Inteligencia, dependiente de la presidencia y con rango ministerial, será el órgano superior del sistema y producirá la inteligencia nacional y la contrainteligencia necesarias. La inteligencia nacional abarca “las amenazas, riesgos, conflictos y situaciones que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”, lo cual indica que el proyecto contempla la necesaria coordinación entre ambos aspectos. Lo que sucede es que los militares desearían ubicar la inteligencia nacional en su órbita y no en la de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Además, la ley crea un Consejo Interministerial asesor en materia de inteligencia nacional. El presidente podrá convocar en él como consultores a representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Las Fuerzas Armadas tendrán así amplia posibilidad de contribuir al sistema y el Estado no se privará de sus aportes, pero lo que no quedará en sus manos es la conducción ni la decisión final, como les gustaría.

Los cambios

Los cambios introducidos en comisión han sido mínimos, y ninguno desvirtúa la nítida separación entre Defensa y Seguridad. Los agregados se reproducen en negrita:
La Contrainteligencia, definida como “la parte de la inteligencia nacional que se realiza con el propósito de conjurar operaciones de inteligencia, llevadas a cabo por actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad de la Nación, mediante la planificación y/o ejecución de actividades de espionaje, sabotaje y/o terrorismo”, será función de la SIDE y no de las Fuerzas Armadas.
La SIDE conducirá el Sistema de Inteligencia Nacional para “contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación”.
La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, de la que dependerán los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, producirán la inteligencia estratégica operacional y táctica “necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica”, es decir sobre sistemas de armas. Corresponde a las funciones que la ley de defensa atribuye a las Fuerzas Armadas y está nítidamente separada de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Esta dependerá de la secretaría de Seguridad Interior y producirá inteligencia criminal, es decir acerca de las actividades criminales que “afecten la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”.
Será también función de la SIDE, y no de las Fuerzas Armadas “producir y proporcionar al ministerio de Defensa la información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacional de la defensa”.
El control parlamentario de la comisión bicameral se amplía, ya que también tendrá facultades para “controlar e investigar de oficio” a los órganos y organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, incluidos por cierto los de las Fuerzas Armadas.
La intercepción de todo tipo de comunicaciones se restringirá a 60 días, por supuesto sólo con orden de un juez, que sólo podrá ampliar ese plazo “por otros 60 días como máximo, cuando ello fuera imprescindible para completar la investigación en curso”.
La sanción de esta ley implicará la desaparición de la actual Central Nacional de Inteligencia y de la Dirección de Inteligencia para la Defensa, desde dónde las Fuerzas Armadas han ido avanzando sobre competencias de los órganos y organismos civiles.

Yo, alemán

La nítida oposición del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini al involucramiento argentino en cualquier campaña militar no difiere de la que el ministro alemán de Defensa sostuvo en la última reunión de la OTAN. Ninguna de esas posiciones es incompatible con la decisión que ambos gobiernos sostienen, de no permanecer neutrales en el enfrentamiento contra el terrorismo. Por el contrario, la semana que comienza mañana podrá ver un modo de participación coherente con ambos postulados. Según una fuente diplomática, Estados Unidos solicitará a la Argentina el envío de un contingente del Ejército a Bosnia. Allí los bandos que se enfrentaron en una cruel guerra civil sobre líneas étnicas, se mantienen separados por fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Estados Unidos ofrecerá pagar los gastos que erogue el contingente argentino para las fuerzas de paz, en una zona en la que han actuado desde hace años. Esto permitiría a Washington liberar a las tropas norteamericanas asignadas a Bosnia y derivarlas a un teatro de operaciones bélicas en Medio Oriente o Asia. “La disponibilidad argentina para las misiones de paz es amplia y se podría enviar un alto número de efectivos”, sostuvo un funcionario del gobierno. Un diplomático europeo enterado de esta posición contó un chiste que fue muy popular en la década de 1960. “Un viejito toma el fresco a la puerta de su casa en Praga. Un chico pasa corriendo y anuncia a los gritos: ‘Los rusos van a la Luna’. El viejito pregunta, ilusionado: ‘¿Todos?’.”

Errata: En la edición del domingo pasado se mencionó al jefe de gabinete de la Cancillería, Pedro Villagra, como justicialista. Villagra es radical.

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