|
Por Horacio Verbitsky
 El presidente Fernando de la
Rúa avanza hacia un decidido aislamiento respecto del sistema político
e intenta recostarse sobre las Fuerzas Armadas. La decisión de
confirmar al ministro de Economía Domingo Cavallo y su programa
de mejoramiento del sector externo por vía de la hiperrecesión
tensa el vínculo del presidente con su partido, la Unión
Cívica Radical, y con la oposición justicialista, más
sensibles a las presiones devaluacionistas originadas en la vieja cúpula
económica liderada por el grupo italiano Techint. Las reformas
propiciadas por el Poder Ejecutivo a la ley de inteligencia nacional consagrarían
el regreso de las Fuerzas Armadas a las tareas policiales que les están
vedadas desde la sanción de las leyes de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior, que separaron en forma estricta ambos campos.
Deflación y ántrax
El economista de la CTA Claudio Lozano sostiene que la recesión
es el verdadero objetivo de la política en vigencia. De hecho,
al lanzar la convertibilidad hace una década, con un nivel del
dólar que ya entonces agredía la competitividad de la economía,
Cavallo planteó en forma explícita la deflación como
meta. Ahora, la reducción inducida de salarios del sector público
y jubilaciones durante la más prolongada depresión que se
recuerde desata un ciclo de deflación y caída salarial,
que Lozano describe como de “devaluación inversa”, en
el que precios y salarios caen respecto al dólar. Esto deprime
el consumo de bienes importados, disminuye los distintos rubros de excedentes,
como utilidades de las empresas y fuga de capitales, que en el funcionamiento
habitual se dolarizan, y produce un mayor saldo comercial. Sólo
así es posible obtener “dólares genuinos” y reducir
la necesidad de nuevo endeudamiento externo, cuyas fuentes se han secado.
Pero la sistemática rebaja del gasto público redunda en
una merma de la recaudación impositiva, de modo que se torna necesario
pasar de reducciones transitorias a transformaciones estructurales, que
se consuman de hecho.
Un ejemplo impresionante, cuando el mundo entero procura defenderse de
eventuales ataques bacteriológicos es la desfinanciación
programada del Instituto Malbrán, cuyas partidas de insumos para
lo que resta del año fueron reducidas a nada. La falta de sueros
y vacunas contra enfermedades infecciosas puede causar más daño
que todas las cartas con esporas de ántrax que Osama bin Laden
tenga a bien dirigir hacia las pampas chatas. Estas medidas de desprotección
de la sociedad no se compensan con la remilitarización de la seguridad
interior que al mismo tiempo alienta el gobierno nacional y hacen dudar
sobre sus propósitos.
El ultimátum de
Alfonsín
Luego de la dura deslegitimación de los comicios del domingo
pasado, el gobierno intenta establecer una alianza de hecho con los gobernadores
justicialistas, el único poder institucional en el que puede sostenerse,
dada la ruptura de hecho con su propio partido, la Unión Cívica
Radical. Antes que las nuevas medidas económicas le preocupa cerrar
el acuerdo político con los jefes territoriales del justicialismo.
Las declaraciones del ex presidente Raúl Alfonsín en su
columna televisiva y luego de entrevistarse con los dirigentes de la CGT
acerca del agotamiento del ciclo de Cavallo fueron apenas un anticipo.
En los próximos días, Alfonsín planea lanzar un ultimátum
formal y público al gobierno para que prescinda del superministro.
El viernes, De la Rúa envió a uno de sus hombres de mayor
confianza a desayunar con el jefe partidario y advertirle que tras ese
planteo deberá hacerse cargo de las consecuencias, porque él
no piensa prescindir de Cavallo. La ruptura explícita está
más cerca que nunca.
Según sus expectativas y las del artífice del entendimiento
político, el jefe de gabinete Chrystian Colombo, la conformidad
de los gobernadores permitiría trasladar a las provincias una parte
sustancial del ajuste, mientras madura la renegociación escalonada
del endeudamiento público, única forma de obtener en algún
momento la reapertura del mercado internacional de crédito. Según
el plan oficial, esa reestructuración comenzaría por los
títulos en poder de los bancos locales y sus empresas administradoras
de fondos jubilatorios. Recién en una segunda etapa, y siempre
que se concrete el prometido apoyo de los organismos internacionales de
crédito, se encararía la reestructuración de los
papeles colocados más allá de las fronteras locales. Si
la viabilidad de estas previsiones es dudosa, la del retorno castrense
a tareas policiales parece nula: el viernes hasta el presidente del bloque
radical de senadores, Jorge Agundez firmó el dictamen de la ley
de inteligencia, sin las enmiendas que solicitó De la Rúa.
Los eléctricos
El ex viceministro de Defensa Vicente Massot (quien debió renunciar
en 1994 luego de defender en declaraciones públicas la aplicación
de torturas a detenidos durante la dictadura), asesora al gobernador de
Buenos Aires Carlos Rückauf, bajo cuya administración se generalizaron
los apremios a personas detenidas por la policía. En representación
de Rückauf, Massot requirió al ministro de Defensa Horacio
Jaunarena que las Fuerzas Armadas prestaran protección a una serie
de eventuales objetivos en su provincia. Jaunarena le contestó
que eso no era posible, por razones presupuestarias. Sin embargo, dispuso
la realización de ejercitaciones en protección de centrales
eléctricas, nucleares, como Atucha, e hidroeléctricas, como
El Chocón y Yacyretá, en las que intervendrán tropas
del Ejército. Invocando informes de inteligencia sobre posibles
ataques aéreos con misiles contra instalaciones vitales, también
la Fuerza Aérea realizará ejercicios de protección
del espacio aéreo.
El 22 de agosto, De la Rúa había remitido al Congreso el
proyecto de ley de inteligencia nacional, elaborado por consenso entre
el Poder Ejecutivo y los distintos bloques legislativos. Las Fuerzas Armadas
tienen su lugar en el Sistema de Inteligencia Nacional que crea, pero
subordinadas al poder político, sólo en cuestiones que hagan
a la Defensa Nacional y bajo control parlamentario. Pero el jueves De
la Rúa envió al Congreso una propuesta de enmienda que no
sólo desvirtuaría esa ley. También implicaría
la derogación de las de Defensa Nacional y Seguridad Interior.
Los cambios fueron elaborados en el ministerio de Defensa, de acuerdo
con los criterios impulsados por el Jefe de Estado Mayor del Ejército,
general Ricardo Brinzoni, y por el presidente del Foro de Generales Retirados,
Augusto Alemanzor. Pero el gobierno decidió que fueran presentados
al Congreso por el secretario de inteligencia del Estado, Carlos Becerra,
con la ilusión de que así recibieran mejor acogida.
En junio, luego de la convulsión de General Mosconi, donde se produjo
un intercambio de disparos entre francotiradores y gendarmes, Jaunarena
consultó con Brinzoni si en caso de desborde podría contar
con el Ejército para el restablecimiento de la situación.
Brinzoni respondió que lo mejor que podría ocurrirle al
gobierno sería que los militares permanecieran en sus cuarteles
porque, de salir, no estaba en condiciones de asegurar hacia qué
lado dispararían, dado que una porción apreciable del personal
padece los mismos apretones económicos que el resto de la sociedad.
Jaunarena circunscribió la solicitud a la disposición de
un par de destacamentos móviles que pudieran aerotransportarse
ante una emergencia. Brinzoni replicó que para ello debían
reformarse las leyes de Defensa y de Seguridad y blanquearse las tareas
de inteligencia interior que ya se estaban realizando. Los ataques del
11 de setiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono
abrieron esa perspectiva. Alemanzor es un ingeniero militar que durante
la presidencia de Alfonsín asesoró a Jaunarena acerca de
la reforma militar. Desde 1996 preside el Foro de Generales Retirados,
que reivindica tanto la guerra sucia como a sus actores. Hace once días,
Alemanzor firmó una declaración sobre los atentados del
mes anterior y sus consecuencias, afirmando que las Fuerzas Armadas poseían
“valiosa experiencia en este tipo de lucha y demostraron estar capacitadas
para lograr la victoria en el campo militar, por ello es necesario que
la miopía, producto del ideologismo imperante, no desvirtúe
su esencia ni tergiverse su empleo”. El único valor de esa
experiencia es la inmunización que sus espantosas consecuencias
han dejado en la sociedad, como para impedir que se repita.
Potenciales amenazas
El proyecto original definía la Inteligencia Estratégica
Militar como aquella orientada a conocer el potencial militar de otros
países y los eventuales teatros de operaciones, para el planeamiento
y conducción de operaciones militares. Esto se corresponde con
las funciones que la ley de defensa atribuye a las Fuerzas Armadas. La
enmienda la redefine como aquella parte de la inteligencia “referida
a la información y análisis de las potenciales amenazas”.
Esta definición de amplitud cósmica puede comprender desde
el dengue hasta el alcoholismo juvenil o la hinchada de Chacarita.
El artículo 14 del proyecto original creaba un Consejo interministerial
de Inteligencia, que asesoraría al presidente sobre los lineamientos
estratégicos y los objetivos generales de la política de
inteligencia nacional. Añadía que el presidente podría
convocar a representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad “con
carácter consultivo”. Es decir, podían participar pero
no conducir como anhelan. La enmienda reemplaza este organismo por un
superconsejo de Defensa, Seguridad e Inteligencia, integrado por la SIDE
y los ministerios de Defensa, de Interior y de Relaciones Exteriores.
Su secretaría ejecutiva correspondería al secretario de
inteligencia del Estado. Por esta vía, las Fuerzas Armadas volverían
a participar en “la formulación, diseño, implementación
y control” de las políticas de seguridad, que no les competen.
También desaparecerían los consejos de Seguridad y de Defensa,
creados por las leyes respectivas, y con ellos la delimitación
entre ambos campos de actividad. La de Seguridad es una ley convenio a
la que las provincias fueron adhiriendo en forma voluntaria, ya que nunca
delegaron su seguridad en la Nación. En el Consejo de Seguridad
participan los gobernadores y sus jefes de policía. Como la Defensa
sí es una función federal, en el Consejo de Defensa deben
sentarse la primera y la segunda minoría de las comisiones de Defensa
de ambas cámaras del Congreso. El modelo de referencia que sigue
Jaunarena es el de Chile, donde la influencia pinochetista también
resiste el proyecto de ley de inteligencia elaborado por el gobierno de
la Concertación. En su edición del 5 de octubre el diario
“El Mercurio” informó que las Fuerzas Armadas se oponían
al “poder incontrarrestable” que tendrá el director de
la Agencia Nacional de Inteligencia.
En la enmienda que propicia el gobierno también se retoca con sutileza
el artículo 27, que encargaba a la Escuela Nacional de Inteligencia
la formación del personal de la SIDE. La nueva redacción
la ha convertido en “el organismo único de selección”,
asesorado por un consejo en el que estarían representadas las Fuerzas
Armadas, que de este modo definirían quiénes pueden integrar
la SIDE y quiénes no. También en Chile, las Fuerzas Armadas
se atribuyen en exclusividad “el conocimiento necesario para una
misión tan seria”.
Luego de escuchar los argumentos de Becerra, los senadores decidieron
no modificar el dictamen en circulación y diferir eventuales modificaciones
a su tratamiento en el recinto. El gobierno perdió su único
aliado cuando el diputado justicialista Miguel Toma recordó que
las Fuerzas Armadas pueden hacer sus aportes al Consejo de Seguridad Interior
a través del Estado Mayor Conjunto, que lo integra. Esto vuelve
a desnudar que no quieren ser parte, sino el todo.
El acuerdo suprapartidario consta de tres puntos:
Rechazo a las “potenciales amenazas” como objeto de la Inteligencia
Estratégica Militar.
Aceptación de un Consejo permanente de Inteligencia, pero sin mezclar
en sus funciones la Seguridad ni la Defensa. El Poder Ejecutivo puede
formar por decreto un organismo de asesoramiento, pero sin arrasar con
la distinción legal entre seguridad y defensa.
No convertir a la Escuela de Inteligencia en el filtro del personal de
la SIDE.
La sanción de la ley de inteligencia nacional también significará
la remoción de la órbita del Estado Mayor Conjunto de la
Dirección de Inteligencia para la Defensa. El año pasado
el ex ministro Ricardo López Murphy encomendó a ese organismo
obtener información y producir inteligencia estratégica
para “las misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas”,
un alambicado modo de permitirles la inteligencia sobre Seguridad Interior.
Sólo en apariencia estaba cumpliendo con el artículo 15
de la ley de Defensa Nacional, según el cual ese organismo dependerá
“en forma directa e inmediata” del ministro de Defensa y no
del Estado Mayor Conjunto. Hace ahora un año la Comisión
de Defensa del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de resolución
solicitando al ministerio de Defensa que esa Dirección de Inteligencia
para la Defensa dependiera en forma directa e inmediata del ministro,
y que la inteligencia sobre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas
se limitara a las de paz de las Naciones Unidas y no incluyera la Seguridad
Interior. Cuando el Senado iba a aprobar la resolución también
por unanimidad, Defensa pidió que se postergara su tratamiento
y prometió efectuar la enmienda en forma espontánea. Los
senadores cumplieron lo acordado, pero el Poder Ejecutivo no.
Más allá de las restricciones que fijan las leyes, la idea
de que las Fuerzas Armadas constituyen una reserva de modernidad y eficiencia,
en condiciones de responder a nuevas amenazas para las que no estarían
capacitados otros segmentos del Estado es una falacia insostenible. Durante
la década de 1970, con la suma del poder público, la inteligencia
militar no se caracterizó por su capacidad de prevenir ataques
armados. Con pocas excepciones, sólo actuó ex post facto,
secuestrando, torturando y asesinando a una docena de personas ajenas
por cada involucrado. Su experiencia es la de una “metodología
criminal y casi mafiosa”, como la califica en sus “Memorias”
el ex Jefe de Estado Mayor –Martín Balza–. Los partes
de esa Dirección de Inteligencia para la Defensa son patéticos.
El Jefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, sigue desde allí
las alternativas del Plan Colombia, las actividades de los Sin Tierra
brasileños, la inmigración en la Argentina, el movimiento
de los piqueteros y el lavado de dinero, sobre mapas en los que la frontera
internacional se identifica como “international boundary”, las
vías férreas como “railroad”, las carreteras como
“road” y Brasil se escribe con Z. Por otra parte, la incoherencia
oficial determina que mientras un ministerio postula nuevos roles y responsabilidades
para las Fuerzas Armadas y sus servicios de inteligencia, otro recorta
sus fondos. Los borradores de la Dirección de Programación
Fiscal del ministerio deEconomía, donde se persigue el siempre
evanescente déficit cero, contemplan la supresión del 30
por ciento del personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas para obtener
un ahorro de 19 millones; la reducción de la mitad de los agregados
militares, por valor de 14 millones; suspender el ingreso de cadetes a
las Fuerzas Armadas, lo que significaría 21 millones menos, y eliminar
2743 soldados voluntarios del Ejército, con lo que se liberarían
otros 10 millones. Al mismo tiempo que se intenta entregar a las Fuerzas
Armadas la pistola lanzagases de la seguridad interior se debilita su
capacidad disuasiva para la defensa nacional.
Otra ventana
En marzo de 2000, Brinzoni postuló en una declaración pública
integrar todos los sistemas de inteligencia y reglamentar la ley de defensa
para “precisar las zonas grises y eliminar algún tipo de cuestionamiento
que está mucho más basado en las rémoras del pasado
que en las necesidades del presente y, lo que más importa, de las
necesidades del futuro”. Para Brinzoni “la seguridad es una
sola” y el país necesita las herramientas para combatir “el
contrabando, el narcotráfico o el terrorismo”. El inminente
nuevo fracaso con la ley de inteligencia en el Congreso remite todas las
presiones hacia la reglamentación de la ley de Defensa, que el
Poder Ejecutivo debe desde hace nueve años. En ese texto, que Jaunarena
está elaborando, se definirán las funciones del Estado Mayor
Conjunto, los mecanismos de planeamiento, el funcionamiento del Consejo
de Defensa Nacional y las requisas en caso de guerra. Esa es la nueva
ventana por la tratará de colarse aquello que hasta ahora no ha
podido entrar por la puerta.
Peor
que Illia
Por H. V.
El ex vicepresidente Eduardo
Duhalde, presunto gran vencedor de los comicios del domingo pasado, obtuvo
el voto de uno de cada cinco empadronados en la provincia de Buenos Aires.
José Manuel De la Sota, la gran esperanza blanca del establishment
para la candidatura presidencial del justicialismo, sólo consiguió
que uno de cada seis cordobeses empadronados en Córdoba votaran
por sus candidatos. Idéntica proporción de sufragios en
su favor obtuvieron en Santa Fe los candidatos de otra de las figuras
presidenciables del justicialismo, Carlos Reutemann. Rodolfo Terragno
y Vilma Ibarra, quienes entienden que la voluntad popular se pronunció
por la continuidad de la llamada Alianza original, atrajeron la simpatía
de uno de cada diez empadronados en la Ciudad Autómoma de Buenos
Aires. Como consuelo, Duhalde y De la Sota pueden mostrar una votación
ligeramente superior a la de los votos nulos o en blanco que, en cambio,
casi duplicaron las cosechas respectivas de Terragno y Reutemann.
Estas cifras no están calculadas sobre el universo de quienes acudieron
a las urnas, sino sobre el de aquellos que estaban habilitados para hacerlo.
Podían votar casi 25 millones de ciudadanos, pero seis millones
y medio se abstuvieron de hacerlo. En 1999, cuando Fernando De la Rúa
obtuvo la presidencia había votado el 80,5 por ciento del padrón,
es decir 5 por ciento más que ahora.
Tan odiosa forma de cálculo aplica un escéptico desagio
a la euforia de los candidatos. Duhalde obtuvo menos votos, absolutos
y en porcentaje, que los candidatos de su partido en el mismo distrito
en las dos elecciones anteriores, las perdidas de 1997 y las ganadas de
1999. Este fenómeno se reproduce a escala nacional. Pese a su victoria
en quince provincias, que le permitirá controlar las dos cámaras
del Congreso, el justicialismo perdió 1,1 millones de votos respecto
de 1999, de 6,8 a 5,7 millones. “Si en el año 1983, el 14
por ciento de los electores se ausentaba, en este comicio el 25 por ciento
no concurrió a las urnas, en tanto el voto en blanco duplicó
sus valores históricos hasta alcanzar el 8 por ciento y el voto
anulado pasó de representar el 0,5 por ciento del padrón
efectivo a más del 15 por ciento. Así las cosas, los niveles
de representatividad de los dirigentes electos ha caído drásticamente
a punto tal que en la media nacional, con poco mas del 20 por ciento del
padrón efectivo, se obtiene la primera minoría, señal
inequívoca del abismo que separa política y vida cotidiana”,
dice el sociólogo Artemio López, uno de los consultores
que había vaticinado el crecimiento significativo de ese fenómeno.
De los nueve millones de votos que llevaron a De la Rúa a la presidencia
hace dos años, sólo 3,3 millones fueron fieles ahora a las
candidaturas de la Alianza, es decir algo más de un tercio. Aun
así el mayor derrotado fue Cavallo. Con 1,8 millón de votos
en 1999 obtuvo seis veces menos ahora. Para mayor crueldad, López
calculó la merma en fracciones menores. Así, Cavallo perdió
780.000 votos por año, 65.000 por mes o uno y medio por minuto.
|
