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Por Horacio Verbitsky
 Luego de la derrota en los
comicios del 14 de octubre, el presidente Fernando de la Rúa dijo
que escucharía el mensaje de las urnas. De inmediato viajó
a España para intervenir en un congreso de la lengua. En el vuelo
de regreso, el jueves 18, recapituló con sus más íntimos
colaboradores la estrategia a seguir. Uno de ellos dijo que lo vio sereno
y que transmitía un moderado optimismo. El primer paso debía
ser un acuerdo político, sin el cual ningún paquete económico
tendría viabilidad. De ese modo podría sostenerse la promesa
de no requerir más financiamiento externo, lo cual a su vez induciría
el apoyo de los organismos internacionales y de los principales gobiernos.
Con ese respaldo, vendría luego la reestructuración de la
deuda pública, primero con los tenedores locales, por último
con los extranjeros. Ni uno solo de esos supuestos se cumplió,
por lo cual los anuncios del jueves 1º carecen de soporte político
y económico, nacional o internacional. Tampoco se adoptaron medidas
que controlen la especulación contra las reservas en divisas y
la salida de depósitos, con lo que esto no se diferencia demasiado
de una explícita declaración de default, para que el mercado
decida qué hacer. Las tibias palabras de simpatía de los
embajadores de las siete naciones más ricas y del FMI sólo
pagan el derecho a no ser culpados por el desenlace.
Súplicas atendidas
El acuerdo político al que se refería De la Rúa
consistía en reemplazar la coalición que en 1999 lo llevó
a la presidencia, por otra, integrada por representantes de los partidos
derrotados entonces. No con ministros en el gabinete, sino con apoyo legislativo
a las nuevas medidas. Apenas un semestre después de la inclusión
en el gabinete de ministros de Domingo Cavallo la Alianza para el Trabajo,
la Justicia y la Educación, más que una denominación
política es una involuntaria ironía. Sólo quedan
de ella vestigios, para cuya detección se requerirían los
precisos métodos de análisis del Instituto Malbrán.
El único punto que salió tal como De la Rúa lo imaginaba
fue la condescendencia del jefe de su partido, Raúl Alfonsín,
quien atendió la súplica presidencial de no formalizar en
un documento partidario la solicitud de renuncia de Cavallo hasta no conocer
el nuevo paquete de medidas y medir la respuesta social. El ex presidente
llegó a ponderar los anuncios como un cambio de rumbo.
Desde antes de las elecciones el jefe del gabinete de ministros Chrystian
Colombo conducía la negociación política con los
gobernadores de diversas provincias. Fuera de discusión la necesidad
de eliminar todo déficit de las cuentas públicas y la posibilidad
de distribuir las cargas de otro modo, se trataba de descargar en el interior
una parte significativa del achique. Aunque estaba por quedar en minoría
en ambas Cámaras del Congreso, el gobierno nacional estaba seguro
de que la mayoría justicialista no ignoraría las necesidades
de financiamiento de sus gobernadores, con las escasas excepciones de
pequeñas provincias superavitarias, como San Luis o Santa Cruz.
La próxima semana, le mostrará los dientes, aun antes de
que asuman los nuevos legisladores.
Operación aritmética
El buscado acuerdo político se basaba en una operación
aritmética. Las provincias cobrarían en bonos las deudas
acumuladas por la Nación y aceptarían a partir de entonces
transferencias mensuales inferiores a las prometidas por la Nación
en el último compromiso federal. El recorte sería equivalente
al 13 por ciento ya sufrido por asalariados del Estado y jubilados. A
cambio, la Nación les garantizaría una negociación
con los bancos, de modo que la reducción en los intereses que las
provincias pagan por sus deudas fuera mayor que las transferencias nacionales
queresignarían. Como era de prever, los financistas se rehusaron.
Sólo están dispuestos a capitalizar la reducción
de intereses, es decir, a convertirlos en nueva deuda que a su vez devengaría
mayores intereses futuros.
Según el plan de batalla que De la Rúa expuso en las últimas
horas de aquel vuelo, una vez sellado el acuerdo con las provincias se
obtendría el apoyo estadounidense y del FMI. Cavallo pegó
un portazo a los gobernadores, a los que amenazó con un tajante
lo toman o lo dejan, y voló a Nueva York sin aviso y sin agenda.
El Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario le dijeron con todas
las letras, subrayadas con ademanes bruscos como la negativa a recibirlo,
que no contara con ellos. En esas condiciones, el gobierno siguió
diseñando en el papel como si nada la reestructuración de
la deuda pública. El voluntarismo oficial en este rubro no tiene
nada que envidiarle al de los candidatos que hicieron su campaña
electoral con propuestas semejantes. Su rigor en los cálculos e
imprevisión de las consecuencias, tampoco. Antes de las elecciones,
el gobierno nacional había enviado al Congreso el proyecto de ley
de presupuesto para 2002. En él se estimaban los ahorros fruto
del canje de títulos en 2.700 millones de dólares. Ahora
se habla de 4.000. La danza de la fortuna, con números que giran
sin ton ni son. Sólo hace falta un lápiz bien afilado. La
deserción del gabinete del subsecretario de financiamiento Julio
Dreizzen anticipa la respuesta de los bancos locales, y el marginamiento
en la elaboración del paquete del secretario de finanzas, Daniel
Marx, la de los bancos internacionales. El gobierno simula creer que esto
se compensa con las declaraciones de simpatía de Alfonsín
y Eduardo Duhalde.
El quántum del ajuste
Del proyecto de ley de presupuesto también se desprende que el
financiamiento que requiere la Nación es de más de ocho
mil millones de dólares. A esto debe agregarse el ajuste que se
espera de las provincias: tres mil millones de transferencias que la Nación
le retacea y otros dos mil quinientos de déficit espontáneo
propio que deben reducir. Es decir que entre Nación y Provincias
el déficit cero está a unos 14.000 millones de distancia.
Este es el contexto que no puede eludirse a la hora de valorar los anuncios
presidenciales del jueves. Así los bancos nacionales y extranjeros
fueran amables ancianas que dejan sus dentaduras postizas dentro de un
vaso con agua sobre la mesita de noche y no implacables tiburones prestos
a atacar en cuanto huelen sangre, la reducción anunciada de 4.000
millones de dólares en la cuenta de intereses para 2002 dejaría
en pie casi dos tercios del ajuste necesario. Los números reales
podrían ser incluso peores, ya que, a los efectos de no incluir
el recorte salarial y jubilatorio en el presupuesto enviado al Congreso
en plena campaña electoral, el gobierno nacional incluyó
un incremento equivalente de la recaudación, que sólo sería
obtenible si la economía creciera un 6 por ciento en el año,
lo cual constituye un supuesto sin pies ni cabeza. El propio Memorando
de Política Económica elevado por Economía al FMI
confiesa que los ingresos fiscales de 2002 no superarán los de
este año y estima un crecimiento nunca superior al 2,5 por ciento.
A cada interlocutor se le dice lo que quiere escuchar en cada momento.
Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo, y la economía
es reacia a los dibujos manipulatorios.
Si todo saliera tan maravillosamente bien como anuncian De la Rúa
y Cavallo, en vez de ajustar catorce mil millones en 2002, sólo
habría que ajustar diez mil. Esto implicaría por supuesto
mantener la rebaja jubilatoria y salarial del 13 por ciento (unos tres
mil millones al año), y efectuar un ajuste adicional de más
de siete mil millones. El ministerio de Economía ya ha definido
posibles recortes por unos cinco mil millones.El cuadro reproduce algunas
de las previsiones de la Dirección de Programación Fiscal.
Hay además, un problema adicional que ni el gobierno ni la oposición
abordan. El saldo negativo en divisas en la cuenta corriente del balance
de pagos indica que no basta con suprimir el déficit fiscal. Además
es necesario que la economía genere los dólares necesarios
que, comprados con los pesos del superávit primario, permitan afrontar
los servicios de la deuda pública, que deben pagarse en dólares,
no en pesos. Esto explica el desdén de los acreedores por el ofrecimiento
de garantizar el pago con la recaudación impositiva. Es decir con
pesos, que ya están reservados para el mismo fin por la ley de
déficit cero. La idea de que habrá 4.000 millones disponibles
para oxigenar la política social, oscila entre la ingenua expresión
de deseos y el cínico engaño, según quien sea que
la difunda. Eso permite poner en duda la retórica oficial reactivadora.
Sólola deflación, por la que Cavallo clamó desde
el bautismo de la convertibilidad, en 1991, permite con el actual esquema
obtener por el saldo del comercio exterior los dólares que nadie
está dispuesto a prestarle a la Argentina.
Como el 82 y el 85
Ninguna de las medidas anunciadas tiende a contrarrestar la distribución
regresiva del ingreso que ha dejado catatónico al mercado interno
de bienes de demanda masiva, en un contexto en el que el argentino más
rico de cada diez se apropia de casi la mitad del ingreso total. Como
en 1982, cuando pasó en forma fugaz por la presidencia del Banco
Central durante la dictadura militar, o como en 1995 bajo la presidencia
de Carlos Menem, Cavallo ha puesto en marcha un mecanismo por el cual
el conjunto de la sociedad deberá sacrificarse para mejorar la
rentabilidad de las empresas. La primera vez se trató de la socialización
de la deuda privada. La segunda, de la supresión de los aportes
patronales, con el argumento de que así mejorarían la competitividad
de la economía y el empleo. Ahora el socio bobo que sigue siendo
el Estado deberá asumir los pasivos empresariales, tal como había
adelantado el vidente Franco Macri. Aún no se conoce ni la magnitud
del clavo ni los mecanismos exactos por los cuales deberá ser absorbido
por la sociedad, dada la ostensible improvisación del paquete anunciado.
Pero es ostensible que hacia allí se canalizará cualquier
merma que se consiga en la factura financiera. La incoherencia entre ambas
medidas sugiere que el conflicto entre dolarizadores y devaluadores dista
de haber sido resuelto y que la débil capacidad de arbitraje del
Estado es una invitación para que sean las diferencias de poder
en el mercado las que, una vez más, tengan la última palabra,
siempre a expensas del salario.
El palacio de la risa
Las denominadas medidas distributivas y reactivadoras son risibles. El
incremento salarial indirecto por la reducción de aportes previsionales
sólo comprende a los asalariados que tienen un empleo fomal, que
apenas son el 30 por ciento de la Población Económicamente
Activa. Para ellos y sólo para ellos, la medida consiste en una
renuncia a una parte del futuro ingreso jubilatorio, a cambio de mayor
consumo presente, sin sacrificio alguno por parte de las administradoras
de esos fondos de la desproporcionada comisión que cobran. Desde
el punto de vista de la demanda global, en la mejor de las hipótesis
esto volcaría al consumo 2.400 millones de pesos al año,
es decir 500 menos de los que sustrae el 13 por ciento de reducción
salarial y jubilatoria, que se mantendrá el año próximo.
Es también dudoso que la disminución del IVA para las compras
realizadas con tarjeta tenga algún efecto reactivador perceptible.
De hecho, hace por lo menos dos años que los precios están
constreñidos por la deflación y el consumo sigue cayendo.
El objetivo complementario es detener la caída en la recaudación
por el blanqueo que implican las compras con tarjeta y su resultado tampoco
es seguro. Ni el 3 ni el 5 por ciento de esa rebaja, que se aplicará
en el limitado circuito plástico parecen demasiado atractivos frente
a las reducciones de hasta el 10 por ciento que en aplicación de
la ley de la calle premian el desinterés por la factura.
La asignación universal de 30 pesos por hijo menor de 14 años,
parece inspirada a primera vista en el salario de ciudadanía que
el Frente Nacional contra la Pobreza someterá a consulta popular
en diciembre. Sólo a primera vista. El golpe de efecto de la supérstite
Patricia Bullrich encubre un pase de manos que apenas producirá
un mínimo goteo desde las capas medias hacia las más pobres,
como de costumbre sin tocar a la cúpula. La alquimia oficial conseguirá
de este modo reducir en unos 600millones anuales el gasto social, sin
mejoras para ningún sector. Los trabajadores con empleo formal
verán reducida su asignación por hijo, de 40 a 30 pesos
mensuales, y aquellos en los que el grupo familiar tenga un ingreso superior
a 1.000 pesos mensuales, directamente la perderán. Los más
postergados recibirán un ingreso que hoy no tienen, pero que de
todos modos no les permitirá emerger ni siquiera por encima de
la línea estadística de indigencia. Muchos de ellos perderán
a cambio otros programas con que se ayudan a subsistir. El promedio de
hijos de ese sector es de tres y medio por familia, es decir 105 pesos
mensuales según la nueva asignación, cuando el más
modesto de los planes de empleo que ahora se eliminan era de 120 pesos.
La prometida asignación de 150 pesos mensuales a cada anciano a
partir de los 75 años es, lisa y llanamente, humor negro: la expectativa
de vida en la Argentina es de 72 años.
No
mentirás
Por H.V.
La semana pasada, María
Hebe Pastor de Bonafini dijo en un reportaje que “además de
ser judío, Verbitsky es totalmente pronorteamericano”. Esa
misma noche, denunció “la burda maniobra de hacernos aparecer
como antisemitas”. Según ese texto, no me criticó por
ser judío sino “agente norteamericano”. También
dijo que su declaración había sido falsificada y que la
revista 3puntos publicó algo que ella no había dicho. En
mi columna del domingo 28 de octubre ofrecí a quien tuviera interés
la grabación de la entrevista, que demuestra la fidelidad de lo
publicado y la falsedad de la desmentida.
El lunes 29 advirtió que no podía seguir negando sus palabras
y trató de explicarlas. “Yo dije que él es una persona
que como judío aprobaba las matanzas de Palestina”, dijo,
en una entrevista radial con el periodista Nelson Castro.
–Alusiones a la calidad de judío, en un país que tiene
la historia que tiene –objetó Castro.
–Yo lo que hablé es que como judío, él aprobaba
la matanza de Palestina –insistió.
–Sabe que no es así –insistió Castro.
–A mí me pueden decir gallega y saben que no me voy a ofender
-concluyó ella.
Yo tampoco estoy ofendido. Estoy indignado y entristecido, por esta alevosa
segunda mentira a la que acudió cuando no pudo seguir sosteniendo
la primera. Otro periodista, Adrián Paenza, me preguntó
cuál era mi posición ante el conflicto de Medio Oriente.
Le sugerí que dirigiera la pregunta al embajador de Palestina en
nuestro país, Suhail Hani Daher Akel, cuya respuesta se reproduce
con membrete y sello en esta página. “Guardamos por el señor
Verbitsky el mayor de los respetos y rescatamos de él su permanente
solidaridad hacia nuestro pueblo de Palestina y su derecho a la autodeterminación”,
dice Akel, quien nació en Jerusalén y fue expulsado con
su familia por el terror israelí. Antonio Gramsci escribió
que la verdad es revolucionaria. Los respectivos antónimos también
van de la mano.
El mismo lunes 29, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
fijaron sus diferencias con el grupo Bonafini-Shocklender. Reivindicaron
“la militancia, ideales y solidaridad de nuestros hijos detenidosdesaparecidos”
y dijeron que “nuestra exigencia es la justicia, no la venganza,
no la guerra, no el terrorismo”. La declaración condena “el
ataque terrorista del que fueron víctimas ciudadanos estadounidenses
y de otros países el 11 de septiembre” pero también
“la política del gobierno de Estados Unidos, que inicia una
guerra contra Afganistán involucrando a los países occidentales
contra un pueblo inerme, hambriento y castigado desde hace años”.
Las Madres de Plaza de Mayo también rechazaron “enérgicamente
la expresión de alegría de Hebe de Bonafini, ante el ataque
a las Torres Gemelas de Nueva York” y sus expresiones “para
con periodistas, políticos, gobernantes, miembros de distintas
iglesias y aún de integrantes de organismos de derechos humanos,
que siguen en la lucha por la verdad y la justicia”, con métodos
distintos a los de ella. Agregaron que el pueblo “sufre una exclusión
social indescriptible, que sólo será saldada con la vigencia
plena de los derechos humanos, civiles, sociales, económicos, culturales
y de los pueblos” y consideraron “profundamente dolorosa la
expresión antisemita, judío, usada por Bonafini”. Por
último rechazaron “con todas nuestras fuerzas que se identifique
a quienes ejecutaron el demencial acto terrorista con la lucha y objetivos
por los que ofrendaron su vida nuestros hijos detenidosdesaparecidos”
y postularon que “sea la justicia internacional la que actúe
en ese crucial momento en que peligra la paz mundial”.
También respondió uno de muchos docentes que renunciaron
a raíz de los festejos por los atentados, el director de la revista
“Debate marxista”, Rolando Astarita. La señora Pastor
de Bonafini había minimizado el impacto de las renuncias aduciendo
que se trataba de “cobardes que trabajan para la Universidad Nacional
de Buenos Aires” y “sirvientes de los radicales”. Astarita
sostiene que ante el trato dispensado a quienes “hasta hace horas
éramos considerados valiosos colaboradores, cualquier persona con
un mínimo de lógica se preguntará: ¿qué
hará esta gente si llega al gobierno? ¿qué tipo de
sociedad, de cultura, de régimen político está dispuesta
a establecer?”. Añade que “la cuestión adquiere,
sin embargo, una gravedad inusitada ante el también inusitado calificativo
en boca de alguien que se reclama de izquierda de ‘judío’
a un adversario. No hay posibilidad ni siquiera de establecer un diálogo
mínimamente civilizado cuando las cosas se ponen en este plano.
Más aún, hay que preguntarse ¿cómo puede organizarse
una carrera de Derechos Humanos cuando aparece la más retrógrada
de las expresiones discriminatorias, como es el antisemitismo, en boca
de la más alta autoridad de la Universidad? Es necesario responder
a esta cuestión. Es necesario extirpar todo vestigio de la lacra
del antisemitismo que dicho sea de paso, también fue utilizado
en los períodos más negros del régimen stalinista.
Dejo apuntado, además, que a partir de estas afirmaciones adquiere
una nueva significación la caracterización de las autoridades
de la UPMPM de ‘revolucionario’ a Bin Laden, sin importarles
el régimen político que defiende. Expresa, por lo menos,
un profundo menosprecio por todo lo atinente al proyecto de sociedad que
postulamos los socialistas frente a la barbarie del capitalismo globalizado”.
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