CRECE LA BRECHA ENTRE LOS QUE MAS Y LOS QUE MENOS TIENEN
El salario del miedo

La banda sonora de los avisos de Cavallo incluye una puerta de rejas que se cierra sobre un hombre maniatado; la de los de Ibarra, la sirena de un patrullero. En el mercado del consenso social, la seguridad ha devenido una mercancía esencial del negocio político. La inseguridad subjetiva tiene sin embargo causas objetivas que hasta ahora sólo en forma tangencial han ingresado en la campaña: el empobrecimiento de una gran porción de los habitantes de la Ciudad mientras el ingreso se concentraba en pocas manos, los problemas de empleo y las muertes violentas en accidentes, que triplican las debidas a homicidios.

Las primeras villas, hace un siglo. En la última década se duplicó el número de sus habitantes.

Aunque la campaña electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gira en torno de la seguridad ciudadana, el debate se reduce a mensajes alarmistas dirigidos a estimular el pánico y omite profundizar en cuestiones elementales para quien se preocupe por la vida y la propiedad de los porteños. Por ejemplo, el crecimiento de los delitos contra la propiedad es directamente proporcional al de la desocupación y al ensanchamiento de la brecha entre quienes más y menos poseen, que en el último lustro se acentuó hasta extremos antes desconocidos. Además, por cada homicidio hay tres muertes violentas en accidentes de tránsito. El 65 por ciento de sus víctimas son peatones y en el 20 por ciento de los accidentes intervienen colectivos, pese a que constituyen apenas el uno por ciento del parque automotor de la Ciudad. Esto contribuye a explicar con datos objetivos la sensación subjetiva de inseguridad, en términos muy distintos a los del discurso fascistoide de la mano dura. Así lo indican investigaciones realizadas por la Consultora Equis que dirige el sociólogo Artemio López y por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. La publicidad de Domingo Cavallo repite los slogans sencillos y efectistas del gobernador bonaerense Carlos Rückauf que prometen la cárcel para los delincuentes. Una tétrica puerta de rejas retumba sobre la imagen de una persona maniatada. La de Aníbal Ibarra informa que hasta la familia y los hijos del candidato tienen miedo. Su sonido de fondo es la sirena de un patrullero. Cavallo atribuye el problema de la inseguridad urbana al Código de Convivencia cuya sanción reprocha a Ibarra, quien, a su turno, impulsa una sobreactuación policial contra putas de todos los sexos, como forma de demostrar que el Código no es un obstáculo para la represión. Ambos ejemplifican así la universalidad de la descripción que la semana pasada formuló el criminólogo italiano Massimo Pavarini sobre el estado de la cuestión en su país: “El sistema político no está en condiciones de dar una respuesta material, real, de seguridad. Sólo puede vender una imagen ficticia de seguridad. Se abre entonces un mercado de consenso social, que hace de la seguridad un bien fundamental en el negocio político”. 
El estudio aún inconcluso de la Defensoría del Pueblo menciona las placas colocadas en la Iglesia Santa María Madre del Pueblo en la villa 111-14, en recuerdo de los niños muertos en accidentes de tránsito por la ausencia en la avenida Perito Moreno de semáforos que, en cambio, se han colocado en las demás avenidas de la ciudad. El informe menciona fuentes no identificadas de la Legislatura porteña, según las cuales no se instalan allí esas señales luminosas porque “los automovilistas tienen miedo de detenerse debido a los asaltos”. Para la Defensoría este es un “típico ejemplo de políticas de seguridad pensadas desde el decimonónico paradigma del orden conservador”. Esas actitudes discriminatorias “enmarcan a los barrios humildes y necesitados en una suerte de casta de ciudadanos de segunda, quienes pueden vivir sin semáforos y sin puentes porque sus vidas tiene menos valor que las de los habitantes de los barrios de clase media y alta y menos valor que el supuesto temor de los automovilistas”. 

Un triste récord

Esto no significa desconocer la relación entre pobreza y delincuencia, sino objetar una respuesta que se limite a condenar a los chicos que padecen una y otra. Por el contrario, las investigaciones realizadas por Equis indican una correlación directa entre criminalidad y privaciones socioeconómicas y distribución regresiva del ingreso. Entre 1991 y 2000 se duplicó el número de personas que viven en las 18 villas de emergencia de la Capital: de 52.472 (que rondaba el promedio histórico del siglo XX), a 100.000. Durante la convertibilidad también se duplicó el porcentaje de personas que viven en villas sobre el total de habitantes de la Ciudad: del 1,7 al 3,3 por ciento. Mientras la población de las villas se incrementaba en 47.528 personas, la del total de la Ciudad Autónoma sólo crecía en 37.471, lo cual indica una migración interna de casi once mil porteños de otros sitios de la Ciudad a las villas, lo que implica un deterioro en la calidad de vida del conjunto urbano. 
Salvo la Villa 31 de Retiro, todas las demás están asentadas en el cordón sur de la Ciudad, que recorre desde San Telmo hasta Mataderos. En ese enclave de pobreza estructural residen 600.000 porteños y de ellos el 17,4 por ciento tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, contra apenas un 7,4 por ciento en el promedio de la Ciudad. En ese sector reside la mitad de todos los pobres estructurales del distrito. La proporción de habitantes originarios de países limítrofes en las villas casi sextuplica la del promedio de la Ciudad: (23 contra 4 por ciento) y la desocupación la duplica: 18,1 en las villas contra 9,2 por ciento en el promedio de la Ciudad. Pero la desocupación en las villas llega al 32,7 por ciento entre los menores de 19 años y 22,8 por ciento entre los 20 y los 24. Además, la cantidad de jefes de familias residentes en villas de emergencia porteñas sin ningún ingreso triplica a la de jefes de hogar no pobres. El 15,7 por ciento del total de jefes de hogar residentes en villas de emergencia, lo que es decir uno de cada seis, no perciben ingreso alguno. Dos de cada tres de los habitantes de las villas sobreviven con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza y aquellos que tienen trabajo perciben ingresos sensiblemente inferiores a los de los pobres que no viven en villas: en promedio reciben 2,6 pesos por hora, contra 4,2 de los no pobres residentes en otros sitios de la ciudad. Esto se agrava entre los menores de 24 años de las villas, que ganan hasta un peso ochenta por hora, contra dos con noventa en el promedio de la Ciudad. El impacto se potencia cuando se sabe que la mitad de los habitantes en esas villas tienen menos de 29 años. No por azar, esa es la franja de edad que según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se destaca entre los autores de delitos violentos contra la propiedad. Todos los indicadores coinciden. Siete de cada diez pobladores de las villas de emergencia porteñas no superó el ciclo primario completo, porcentaje que baja a cuatro de cada diez entre la población no pobre. A la inversa, mientras no llegan a tres de cada diez los residentes en villas de emergencia que por lo menos han iniciado estudios secundarios, entre la población no pobre son el doble. 
La responsabilidad primaria del gobierno nacional de la época es un obvio cavallito de batalla de Ibarra. Pero también es cierto que este proceso no se detuvo con la elección de Fernando De la Rúa como primer jefe de gobierno autónomo de la Ciudad. En octubre de 1998 el decil más postergado de la población, es decir los 304.000 porteños más pobres, tenían una disponibilidad de ingresos de $ 3,3 diarios cada uno, que se había reducido a $2,7 en octubre de 1999 (el mes en que el jefe de gobierno fue elegido presidente de la Nación), con una caída de disponibilidad del 18 por ciento en sólo un año. La línea de pobreza está en los $ 4 diarios per cápita promedio y la canasta básica de consumo es de $ 8,5 diarios. En ese mismo lapso se produjo en la Ciudad un marcado incremento de la desocupación abierta, que pasó del 8,6 al 10,3 por ciento, con un total de 158.931 personas, de las cuales el 34 por ciento pasó sin trabajo más de seis meses. El mismo cuadro se verifica entre los subempleados, que también han crecido en el último año. En 1999 un 22 por ciento de la población económicamente activa del distrito tenía problemas de empleo, entre desocupados y subocupados. Una constatación muy significativa es que el mayor impacto del desempleo se da entre quienes tienen estudios secundarios completos o terciarios incompletos. Que el nivel de escolarización no sea una garantía contra el desempleo, en una Ciudad donde al mismo tiempo se produce una enorme concentración de riqueza, constituye una poderosa inducción hacia los atajos delictivos. 

Tener o no tener

No todo ha sido empobrecimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También ha habido en estos años quienes acumularon riquezas como nunca antes. La simultaneidad de ambos procesos redunda en un crítico aumento de la inequidad, según los datos oficiales y públicos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El indicador usado para medir la distribución del ingreso es el coeficiente Gini, que fluctúa entre 0 y 1. Si el coeficiente es cero, todas las personas obtienen el mismo ingreso; si es igual a uno el ingreso está concentrado en una sola persona y la desigualdad es absoluta. Los países más desarrollados tienen coeficientes menores a 0,30, que tienden a una distribución equitativa; los países en vías de desarrollo hasta 0,60, todo lo contrario. En la Ciudad de Buenos Aires era de 0,43 en 1974 y de 0,63 en 1999, lo que mide el deterioro de la equidad distributiva en ese cuarto de siglo. El actual coeficiente es equivalente al de 1989, en el pico hiperinflacionario, y peor que el de los países subdesarrollados. Si se compara la porción del ingreso que reciben el 10 por ciento más pobre y el 10 por ciento más rico de la población, se advierte la brecha entre ambos extremos de la pirámide social. En el último cuarto de siglo el ingreso del 10 por ciento más pobre no cesó de caer y el del 10 por ciento más rico de aumentar, de modo que la brecha que era de ocho veces y media en 1974 se ensanchó a más de veinte veces ahora. Ricos más ricos, que acrecentaron en un 38 por ciento su participación en el ingreso, y pobres más pobres, que en el mismo lapso perdieron un 57 por ciento de su participación, coexisten en el mismo territorio. La brecha entre ambos, que creció un 140 por ciento, define una combinación explosiva.
Estos datos explican por qué la Capital Federal es el distrito más inseguro o con mayor incidencia de delitos declarados por número de habitantes de la Argentina, con una tasa de 62,2 delitos cada mil habitantes, cuando la media nacional fue de 27,8. La evolución de la tasa de delincuencia porteña muestra que en los últimos quince años se produjo un incremento constante, sólo interrumpido en el trienio 1991-1993, al frenarse con la convertibilidad las ondas hiperinflacionarias de 1989 y 1990. “El ciclo delictivo recomienza con sostenido ascenso a partir de 1994, en particular en el segundo semestre, hasta casi duplicarse en 1995, crecimiento notablemente asociado con el aumento del desempleo abierto y la pobreza por ingresos en la zona metropolitana”, afirma el estudio. Más del 70 por ciento de esos delitos se cometen contra la propiedad.

Verón vuelve

Ambos candidatos observan con atención los sucesos de la provincia de Buenos Aires, que condicionan sus planteos sobre seguridad. La agitada saga de Aldo Rico y su negociada eyección complican los planes de Rückauf, quien planeaba intervenir en forma activa junto a Cavallo y Beliz, quienes por ahora han debido tomar distancia de su mentor. Entre Rückauf y Rico lograron el milagro de revivir la causa por la venta de los votos del Modín para permitir la reelección de Duhalde, iniciada a raíz del libro “El Otro”, de Hernán López Echagüe y anestesiada por el juez Emir Caputo Tártara. A Rückauf se le atragantó el agradecimiento al “compañero Aldo Rico”, que no tuvo más remedio que pronunciar para que no trascendieran más detalles de aquel escándalo. 
La designación del comisario general retirado Ramón Oreste Verón parece confirmar la fragilidad de la conducción política bonarense, que se hizo evidente en la última crisis. Si la policía es conducida por un uniformado y el ministerio por un civil, hay dos fusibles antes del gobernador. Si el ministro es un comisario, la conducción recae en forma directa en el gobernador y no hay fusibles que lo protejan. La operación es de alto riesgo, y los antecedentes de Verón no son tranquilizadores. Experto en Narcotráfico (el área privilegiada de recaudación policial con protección política), ex socio nada menos que de Mario Naldi en una consultora de seguridad desde la cual policías desplazados y personal de la SIDE conspiraron para desestabilizar al ex ministro Carlos Arslanian, la foja de Verón tiene puntos oscuros. El grupo antisecuestros que integró con Naldi y el comisario Oscar Rossi tenía asiento en la Brigada de Investigaciones de Banfield. La historia oficial dice que luego del golpe de 1976 el coronel Ramón Camps los desplazó y ocupó esa sede para montar en ella el campo clandestino de concentración “Pozo de Banfield”. Sin embargo, las investigaciones que al momento de su muerte continuaba el periodista Carlos Dutil, luego de publicar su nota “Maldita policía” en el semanario “Noticias” y su libro “La bonaerense”, asociaron los nombres de Verón, Naldi, Rossi y Mario Rodríguez con ese centro de torturas. Un oficial pasado a retiro por el ex jefe Pedro Klodczyk le contó que había intervenido con ellos en las operaciones del Pozo de Banfield. Para aportar pruebas solicitó una compensación económica, que Dutil se negó a pagar. No es improbable que el hombre reaparezca ahora. Tampoco que los sobrevivientes de ese centro clandestino tengan algo que decir, luego de haber visto el rostro del nuevo ministro.

Mirando al sur

Mientras Cavallo anuncia la eliminación de impuestos para la zona sur, Ibarra promete su desarrollo. Su rehabilitación “no significa solamente saldar una deuda histórica con sus habitantes: es pensar esta parte de la Ciudad como un área estratégica para el desarrollo económico de la Ciudad en su totalidad”, dice el documento base sobre el que trabaja el equipo de campaña conducido por Ariel Schiffrin. ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora?, preguntan los cavallistas. Entre las potencialidades del sur el documento menciona la existencia de grandes terrenos e inmuebles privados a valores relativamente bajos, un valioso stock edilicio industrial recuperable y grandes predios de propiedad pública a reurbanizar, muy buena accesibilidad a través de vías rápidas y autopistas, proximidad al centro, y una práctica histórica como centro de producción, almacenaje y distribución de la que queda memoria y que puede ser recuperada. La propuesta incluye desarrollar lo que llama un circuito gastronómico, museístico y patrimonial; un polo logístico-empresarial y una ciudad de la ciencia y de la industria. El plan de acción contempla:
  Un polo informático y de servicios avanzados, en el área adyacente a la cabecera sur de Puerto Madero. Inversión pública estimada: 10 millones de pesos.
  Viviendas para sectores sociales de ingresos medios, por 25 millones.
  Urbanización de las villas 21 y 24, donde se construirían 7.000 viviendas de interés social. Inversión estimada: 170 millones.
  Ciudad de la Moda y el Diseño en el antiguo mercado del pescado. Inversión: 20 millones.
  Revitalización y recuperación del espacio público en las calles California, Suárez, Vieytes y las avenidas Iriarte, Patricios, Montes de Oca, Sáenz, Alcorta, Perito Moreno, Roca, Chiclana y Almafuerte. Inversión: 10 millones.
  Parque deportivo en la playa ferroviaria Sáenz. Inversión estimada: 5 millones.
  Redesarrollo urbano en Nueva Pompeya, Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, mediante un reordenamiento de los usos del suelo. Incluiría emprendimientos residenciales privados a gran escala sobre tierras de propiedad municipal, orientados a sectores sociales medios y medio-bajos (viviendas unifamiliares, condominios, barrios parque, viviendas en bloque, torres con infraestructura); delimitación de zonas de actividad económica mixta (industria, servicios a la producción, grandes equipamientos comerciales, actividades logísticas); promoción de grandes equipamientos recreativos y deportivos y parques temáticos; promoción de centros empresariales y comerciales y revitalización de arterias y subcentros comerciales. Inversión pública: 200 millones.
  Ciudad de la Ciencia y de la Industria en el área del antiguo Mercado de Hacienda de Liniers; promoción de un Centro Empresarial que actuaría como “incubadora” de nuevas empresas; recuperación y jerarquización del espacio público comercial de las avenidas Eva Perón y Lisandro de la Torre. Inversión: 100 millones.
  Reurbanización de la villa Ciudad Oculta, con una inversión pública estimada de 150 millones.