LA LEY LABORAL Y EL ROL DEL FREPASO EN LA ALIANZA
Ambulancia o patrullero

La ley laboral y la esperada victoria de Ibarra en la Capital avalan la estrategia del licenciado Alvarez para fortalecer al Frepaso: candidatura de Alfonsín al Senado bonaerense en 2001 y listas paritarias entre los dos socios de la Alianza, elección del propio Alvarez como gobernador de la provincia en 2003 al mismo tiempo que la presunta reelección de De la Rúa y candidatura presidencial del fundador del Frepaso en 2007, sobre el modelo chileno, que le dio la oportunidad al socialista Ricardo Lagos luego de dos gobiernos de presidentes democristianos. Pero hay una cruda realidad social que puede interponerse en el camino de esta ensoñación.

Sin liderazgo: Si Graciela nombra al cuñado, Caputo se malquista con los científicos, Conti defiende a los militares frente a los jueces y la ley Flamarique contraría las posiciones históricas del Frepaso, el problema no está en los individuos sino en la falta de conducción política.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) El guiño de complicidad que se cruzaron al terminar la sesión del miércoles en el Senado el vicepresidente de la Nación, licenciado Carlos Alvarez, y el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, describe la difícil situación del Frepaso dentro de la Alianza gobernante. Con la bandera de la transparencia manchada y con la de la sensibilidad social hecha jirones, sólo hace flamear la de la eficiencia, para lo que el presidente Fernando De la Rúa guste mandar. El problema es la incongruencia entre tales directivas y las concepciones que el Frepaso defendió hasta su acceso al gobierno. En este caso se trató de sancionar la ley que el Fondo Monetario Internacional reclamaba para bajar los costos salariales, como con sajona precisión informó el New York Times, que no cree en discursos. El viernes, el diario consignó el júbilo en Wall Street por la demorada sanción de la ley. De la Rúa confió para ello antes en Flamarique que en gente de su propio partido, como Rodolfo Terragno y Cecilia Felgueras, que intervinieron en algunos momentos de la negociación con sindicalistas y senadores. Por si alguien lo ha olvidado, se suponía que el partido de Alvarez y Flamarique era el componente de centro-izquierda de la coalición oficial, no una fuerza de tareas para esta clase de menesteres, que el Frepaso prefería la reconstrucción del Estado social antes que la construcción del Estado represivo. Por ahora, al menos, Flamarique tiene mejor relación con los sindicalistas empresarios, que lo felicitaron por esta demostración de autoridad, que con los gremialistas obreros.

Una maquinaria electoral

En Londres, Alvarez se entrevistó con el jefe del gobierno neolaboral, Tony Blair, pionero en Europa de la desregulación laboral y la tolerancia cero contra sus consecuencias sociales. Al regresar dijo que dentro de la Alianza era legítimo el disenso pero que no debían cuestionarse las decisiones del presidente, proposición obviamente contradictoria. La novedad del enunciado no es el acatamiento a la autoridad presidencial (tal cosa ocurre sin excepciones desde el 10 de diciembre) sino la legitimación del disenso interno, cuando ya es inviable sofocarlo con gestos de verticalidad. Sin embargo, al mismo tiempo Alvarez expresó su apoyo a la decisión del presidente de condenar a Cuba en las Naciones Unidas, lo cual indica que, como con la ley de flexibilización laboral, tampoco en este caso y de su parte, hay disenso sino identificación. 
No puede decirse lo mismo de la conducción radical. El ex presidente Raúl Alfonsín no disimuló su rabia al objetar el voto en favor de una resolución de la República Checa que según los suyos “parece redactada por la CIA”, ya que no denuncia casos en los que se haya transgredido el derecho humanitario sino indefinidas “violaciones masivas”. El invocado atenuante de que, a diferencia del menemismo, ahora también se denuncia el embargo norteamericano es doblemente falaz: la resolución votada no dice una palabra del embargo (que sólo fue mencionado en los discursos) y el propio ex presidente Carlos Menem se pronunció durante su interminable gobierno en contra de esa medida anacrónica. En la nunca menos protegida intimidad del gabinete también habían cuestionado la decisión cuatro ministros radicales: Nicolás Gallo, Ricardo Gil Lavedra, Rodolfo Terragno y Federico Storani. Al revés que Alvarez, el ministro del Interior fundamentó que no podía solicitarse un disciplinado alineamiento en cuestiones de conciencia que no habían sido discutidas con anterioridad, ya que De la Rúa actuó en forma sigilosa y presentó un hecho consumado. Entre quienes objetaron esa sobreactuación argentina estuvo también Graciela Fernández Meijide, uno de los dos representantes del Frepaso en el gabinete. Alvarez abrió con sus palabras un debate interno aunque, como es usual, sin determinar ámbitos ni pautas para su desarrollo. Reducido a maquinaria electoral, hace por lo menos cinco años que el Frepaso no discute políticas sino candidaturas, algo que calza bien con la personalidad de su jefe, quien en forma sistemática rehúye todo tipo de debate, como un engorro que resta tiempo y fuerzas para la aplicación de tácticas. Por eso su relación privilegiada es con el ex guardián Flamarique, acostumbrado a ejecutar las disposiciones del jefe sin dudas ni murmuraciones.

Del dicho al hecho

Allí donde Alvarez habla de la legitimidad del disenso, sus allegados explican que por tal no debe entenderse la mera denuncia, como [des]califican la actitud de los socialistas democráticos Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas o la de los miembros del Frente Grande Alicia Castro y Enrique Martínez. Se trataría, en cambio, de afirmar un perfil propio del Frepaso dentro de la Alianza. La cuestión es el trecho que media del dicho al hecho. Lejos de contribuir a ese propósito, los pocos representantes del Frepaso en el Poder Ejecutivo han sido protagonistas de situaciones críticas, más propicias para confundir que para establecer la personalidad de su partido dentro de la Alianza:
u A los ojos del vicepresidente, Graciela Fernández Meijide no ha sabido mostrar el esperado rostro social del ajuste. De la Rúa comparte esa apreciación. Por más que los gastos operativos de los planes Prani y Asoma se hayan reducido en un 27 por ciento, de modo de atender con el mismo presupuesto a un cuarto más de personas, los fondos disponibles son escasos para socorrer a demasiadas víctimas de la hecatombe social. Con una altísima desocupación y la mitad de los asalariados en relación de dependencia que ganan menos de 400 pesos mensuales, es evidente que la marginalidad no es un problema de política social sino de política económica. Lo que el presidente y el vice estarían reclamando, entonces, es apenas un mejor aprovechamiento publicitario, para que el goteo de auxilio en situaciones extremas parezca un chorro vigoroso. Quienes creen que la realidad se puede inventar con propaganda piensan que bastaría con enfocar los reflectores sobre lo poco que se otorga, para oscurecer el páramo general. La Juventud Antoniana ha instalado la idea de que todo es cuestión de imagen. El problema no sería así la política económica, sino que la ministra no se parece a Evita. Además, las presiones de su hermano político para mejorar con fondos del PAMI los ingresos familiares también inutilizaron la divisa de la transparencia. Esto es grave, porque el Frepaso ocultaba tras de ella su falta de definiciones políticas, que ahora queda plenamente a la vista. La idea central de campaña fue que los recursos ahorrados al suprimirse la corrupción solucionarían los más graves problemas sociales. Esta prestidigitación con las cifras, al comparar magnitudes económicas tan dispares, era un modo de ignorar la inequidad esencial del modelo económico, que no hay voluntad por corregir, porque para hacerlo habría que cambiar el blanco del conflicto social, que estalla y seguirá estallando aquí y allá.
u El Secretario de Ciencia y Tecnología, Dante Caputo, ha logrado el inusual milagro de unir a la comunidad científica en el repudio a sus proyectos. Caputo pretende que fue mal interpretado y que no piensa postergar la investigación científica en favor de la denominada “sociedad de la información”, pero hasta ahora no ha conseguido convencer a nadie, ni siquiera a sus propios colaboradores, incluyendo algunos que lo acompañan desde hace décadas. 
u La Subsecretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Diana Conti, defendió con un entusiasmo sorprendente la reacción corporativa del Ejército en contra de los juicios por la verdad. Llegó incluso a cuestionar la aplicación por el tribunal federal de Córdoba de lo que denominó “figuras arcaicas” del Código Penal. Ni el menemismo había sido tan frontal en sus confrontaciones con los jueces que no se plegaban a los deseos del gobierno. El primer sorprendido fue Gil Lavedra: Conti dijo que las decisiones judiciales eran una payasada y que habría que determinar qué es la verdad, sin consultarlo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien en contactos con los enfurecidos organismos de derechos humanos hizo saber que no comparte esa posición y dispuso que la secretaria se excusara por el exabrupto. 
u El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, es el único frepasista exitoso en el gobierno, la pata peronista que la UCR necesitaba para torcerle el brazo al PJ como no pudo hacerlo hace dos décadas Antonio Mucci. Claro que Flamarique obtuvo su victoria confrontando con los sectores sociales que hasta ayer fueron aliados de la Alianza y, dentro de ella, de su partido. En canje, debió ceder a los gobernadores e intendentes justicialistas el manejo de planes de empleo precario por 160 millones de dólares. Flamarique conoce la utilidad de esos programas para beneficiar a unos candidatos sobre otros en las lides políticas. Así consta en la grabación difundida en Mendoza por el vicegobernador Juan González Gaviola, también del Frepaso. En esa cinta el delegado de Flamarique, Ricardo Díaz, explica qué funcional es para el armado político del Frepaso la distribución de esas migajas entre los excluidos. Díaz también afirma que “el proyecto político del Alberto es que Chacho sea presidente”, luego de dos períodos presidenciales de De la Rúa, “igual como pasó en Chile”. 

Déficit de conducción

Pese a las ostensibles diferencias, los cuatro casos tienen algo en común. La falta de líneas básicas de acción y de instancias organizativas de discusión deja a cada funcionario del Frepaso librado a su espontaneidad, a su círculo de parientes o amigos, a las imposiciones del socio radical en la Alianza o a sus ambiciones personales. También pone en evidencia la dificultad del Frepaso para crecer en las áreas que Alvarez había elegido como prioritarias: la creación de empleo, la asistencia social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los derechos humanos. Es claro, entonces, que además de las falencias de los respectivos funcionarios designados en esos sectores, hay un déficit político e ideológico. Si Graciela nombra al cuñado, Caputo desilusiona y enoja a los científicos, Conti opta por los militares y contra los jueces, la ley Flamarique contraría las posiciones históricas del Frepaso y la Juventud Antoniana corta el discurso de Aníbal sobre el molde familiar para que parezca otro nene de papá, el problema no es de individuos sino de falta de conducción política. La responsabilidad es de cada uno de ellos, pero también de Alvarez quien espera un cambio de clima a partir de los resultados del próximo domingo.
Si Aníbal Ibarra es electo gobernador de la Ciudad, el Frepaso recobrará dentro de la Alianza la fuerza que perdió con la desgracia de Fernández Meijide, calcula. Alvarez observa con recelo las reiteradas manifestaciones de Cecilia Felgueras acerca de su voluntad de compartir no sólo la campaña sino también el gobierno y se propone fortalecer con aporte de cuadros e ideas la futura gestión de Ibarra. El paso siguiente que concibe es defender la integración paritaria de las listas de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para el año próximo. Esa es la razón que llevó al vicepresidente a proponer al ex presidente Alfonsín que encabezara la boleta común. Alvarez sabe que es difícil que alguien se oponga en el radicalismo a esta candidatura y que Alfonsín será más generoso que cualquier otro radical en la cesión de lugares al socio menor. Por su idea de sí mismo, Alfonsín no está dispuesto a someter su candidatura a una elección interna, ni de su partido ni de la coalición. Y ese es precisamente el peor fantasma que Alvarez quiere alejar. Si en 1998 De la Rúa venció en Buenos Aires a Fernández Meijide por 18 puntos porcentuales de diferencia, una confrontación en las actuales circunstancias podría duplicar esa ventaja y colocar al Frepaso al borde de la extinción. Si, en cambio, fuera posible acordar una lista en la que las candidaturas volvieran a dividirse en partes iguales, el Frepaso estabilizaría una representación institucional significativa. Esta serviría como aval para la candidatura de Alvarez a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2003, al mismo tiempo que De la Rúa intentaría ser reelecto presidente. En el 2007, finalmente, el licenciado Alvarez podría llegar a la presidencia como candidato de la Alianza, “igual como pasó en Chile”. Difícil, pero no imposible. La pregunta es para aplicar qué política.

La trampa de la flexibilidad

La posibilidad de despedir a un trabajador durante seis meses en todas las empresas y durante un año en las PYMES sin pagar indemnización ni preaviso reimplanta los contratos basura de la primera reforma menemista, enmendada luego durante la gestión de Erman González. La derogación del histórico principio de que siempre rige la norma más favorable al trabajador (por lo cual todas las cláusulas de un convenio colectivo conservaban vigencia hasta que no se negociara otro) marca un punto de inflexión en el encuadre jurídico de la relación entre el capital y el trabajo. No en la relación misma, que ya fue flexibilizada en los hechos, sino en su encuadre jurídico. En ese sentido, la ley Flamarique apenas blanquea una situación de hecho. La alegada prohibición de rebaja de salarios “es sólo un recurso discursivo para la prensa”, explica el abogado laboralista Héctor Pedro Recalde, asesor de la CGT/MTA. De hecho, la nueva legislación permitirá disminuir salarios, otros beneficios de valor monetario (como vales de comida y servicios médicos) y condiciones laborales (licencias, vacaciones, higiene, seguridad), añade. Con toda razón, Flamarique se jactó de que el gobierno no había hecho concesión alguna en el núcleo duro de la ley.
El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, IDEP, recuerda que la Ley Flamarique fue incluida por el gobierno en el memorándum de política económica elevado al FMI, para reducir costos y mejorar la competitividad de la economía. El debate a favor o en contra de la flexibilización le parece falaz, ya que “el mercado de trabajo argentino no sólo es flexible sino que ya es de goma”. El propio INDEC ha reflejado, de manera impecable, la lógica de la economía local, recuerda el IDEP/CTA. “Entre 1993 y 1997 para las primeras 500 firmas de la economía argentina la productividad creció un 53 por ciento, el valor agregado un 37 por ciento, los beneficios empresarios se incrementaron en un 69 por ciento y la masa salarial apenas aumentó un 6 por ciento. Comportamiento este, que se asentó en la expulsión de 63.000 trabajadores y en el alargamiento de la jornada laboral”. En “este contexto de desocupación generalizada, el trabajador se transforma en un rehén que acepta la degradación de sus condiciones salariales y ocupacionales con el objeto de preservar su puesto de trabajo y la desocupación es la mejor ley de flexibilización laboral”. La propaganda oficial “suele defender la relevancia de esta propuesta desde la idea de combatir la precariedad y garantizar el empleo estable. En este intento se suele confundir y asociar indebidamente la condición de empleo en blanco con la estabilidad en el empleo. Confusión que descansa en la no especificación de lo que se entiende por precariedad”. La combinación de extensión del período de prueba, ingreso a planta formal con menores aportes y bajas indemnizaciones para los trabajadores nuevos, “define un nuevo modo de ingreso y egreso más flexible a la planta formal que contribuye al blanqueo de la precariedad por vía de la rotación”, tal como reclamaban los sectores dominantes. La reforma laboral “también impacta negativamente sobre la demanda agregada. Impacto que en este caso adopta un carácter estructural en tanto sitúa al salario exclusivamente como costo y elimina todo tipo de consideración respecto a su papel como fuente de demanda”.
Aunque más no sea por pragmatismo, Alvarez no ignora que si los actuales niveles de desocupación se mantienen, ni la reelección de De la Rúa ni su voluntad de sucederlo tendrán viabilidad. Por eso envió a uno de sus más íntimos colaboradores a discutir las proyecciones de crecimiento de la economía y del empleo elaboradas por el IDEP y reproducidas aquí hace tres semanas. Según esos cálculos, con un crecimiento del 1,6 por ciento, el desempleo se elevaría del 13,8 por ciento de 1999 al 14,2 en 2000; con 3,72 por ciento, disminuiría a 13,6 por ciento. En una tercera hipótesis, más optimista que las propias previsiones oficiales, con un crecimiento del 5 por ciento, apenas se reduciría al 13 por ciento. No es más alentadora la perspectiva para el resto de la década. Si la hipótesis más optimista se mantuviera en forma sostenida y la economía creciera un 5 por ciento anual acumulativo, sin tropezones como el tequila o la actual recesión extraordinaria de un año y medio de duración, el desempleo no se reduciría más que en la tercera parte de un uno por ciento cada año, y sería del 12 por ciento al concluir el mandato presidencial de De la Rúa en 2003. El jefe del gabinete de asesores del ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, lo tranquilizó: según sus proyecciones, en 2003 el desempleo se habrá reducido al 8 por ciento. Los colaboradores de Alvarez prometieron enviar esa estimación y los supuestos en que se basa, pero hasta el cierre de esta nota, a última hora del viernes, no lo habían hecho. De la exactitud de tales cálculos depende que el vehículo metafórico de estos tiempos sea la ambulancia o el patrullero.

 


 

La ley de la cashe

Por H.V.

El esquema es el mismo de la campaña presidencial: un mensaje en el texto y otro en la imagen. De la Rúa anunciaba que enviaría a la cárcel a los corruptos y a los delincuentes, mientras caminaba vestido de negro al frente de un comando de irregulares armados con fusiles, escopetas y ametralladoras. Esta contradicción entre lo que se dice y lo que se ve no era casual: “Si Duhalde hace lo mismo todo el mundo piensa que va a asaltar un banco”, se jactaban por entonces los asesores delarruistas. La idea era usar la buena imagen de que gozaba el candidato, con un texto formalmente impecable, para transmitir un mensaje subliminal perverso.
Con un fondo sonoro de sirenas, y el chirrido de una frenada sobre el pavimento mojado, Ibarra, de estudiada desprolijidad, camisa blanca, botón desabrochado y corbata floja, baja de un auto. Otro frena detrás. Lleva balizas giratorias encendidas y se escucha una sirena. Pero no es un patrullero policial, sino un Peugeot 505 de civil. El chofer y otros dos hombres de civil, con el aire de los canas temibles de Robos y Hurtos, escoltan al héroe. No se ven uniformados ni patrulleros. Ibarra encara decidido, levanta la cinta blanca y roja de seguridad mientras habla a cámara, sin pestañear. Señoras y niños de clase media observan confiados la llegada del salvador. Hay otro auto estacionado, con una luz giratoria naranja como los de seguridad privada. Aníbal se saca el saco y estira el brazo para que un asistente que no aparece en escena lo mande a la tintorería, mientras el reflector de una autobomba encandila al camarógrafo. Del humo de hielo seco surgen bomberos que corren, mientras dos enfermeros atienden a un herido sobre una ambulancia. Por un segundo se ve el resplandor de una fogata, aunque no queda claro si se trata de incendio, atentado o tiroteo. El candidato camina de prisa, pero no tanto como los bomberos, que tienen que esquivarlo. No les da órdenes, sino que recita: “Un jefe de gobierno tiene que conocer las cashes de la ciudad. Y yo las conozco desde muy chico. Jugué y crecí en estas cashes. Como fiscal trabajé, investigué y conduje a la policía en la cashe. Conozco sus hospitales, sus escuelas y sus comisarías. Y aprendí que los problemas de la gente están en la cashe. Por eso yo no voy a gobernar esta ciudad sentado en un lujoso sillón engordando mi trasero. Créame, voy a gobernar esta ciudad con las mangas arremangadas, porque en las cashes también aprendí algo que algunos políticos no terminan de entender: cuanto más cerca estás de los problemas, más rápido llegan las soluciones”. Se queda a mitad de camino: en inglés y con subtítulos tal vez hubiera parecido un duro de Dashiell Hammett; en un Congreso de Ciencias Políticas su texto no sortearía el derecho de admisión. Cualquiera diría que sólo busca votos. Y no con armas nobles.