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Por Horacio Verbitsky
Señales El nuevo gobierno no cesa de enviar señales que los militares interpretan como invitaciones a un nuevo protagonismo político. Entre los pliegos de ascensos que el ex presidente Carlos Menem remitió al Senado había media docena de involucrados en gravísimos delitos: masacres de personas previamente detenidas, saqueo de bienes en ocasión de procedimientos de seguridad interior durante la guerra sucia, relaciones especiales con organizaciones internacionales vinculadas con el tráfico de armas y de estupefacientes como la Logia P2. Los organismos de derechos humanos habían impugnado esos pliegos y ofrecido al Senado abundantes pruebas sobre las acusaciones. El bloque justicialista sugirió que el cambio de gobierno era una inmejorable oportunidad para enmendar la cuestión del modo más natural, tal como hizo el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini al retirar los pliegos de ascensos diplomáticos firmados por Guido Di Tella. En cambio el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, insistió con la nómina elevada por su antecesor, alegando que de lo contrario estaría desautorizando a la Junta de Calificaciones que los consideró aptos para el grado superior. Los juicios de la verdad El Ejército cruzó el Rubicón en las causas por la averiguación de la verdad. Iniciadas en 1995 por el ex presidente del CELS, Emilio Fermín Mignone, se basan en el primer fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1988, el caso Velázquez Rodríguez sobre desaparición forzada de personas. El tribunal estableció que aun cuando leyes internas no permitieran castigar “a quienes sean individualmente responsables” el Estado debería satisfacer el derecho de los familiares de la víctima “a conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”. La Cámara Federal de la Capital reconoció a pedido de Mignone el derecho a la verdad y al duelo e inició las investigaciones sobre la desaparición de su hija, en la causa 450 que se había cerrado a raíz de la ley de obediencia debida. Actuaciones similares comenzaron en las Cámaras Federales de Bahía Blanca y La Plata, que las instruyeron en plenario, y de Córdoba, que las delegó en los juzgados de primera instancia. En 1998, la Corte Suprema de Justicia declaró en la causa iniciada por Carmen Lapacó por la desaparición de su hija Alejandra, que los expedientes penales no podían reabrirse. En la que iniciaron los familiares de Benito Urteaga agregó que para determinar lo sucedido podían iniciarse acciones administrativas, recursos de hábeas data o juicios civiles. Todos los jueces supremos reconocieron que los familiares tenían un derecho y el Estado un deber relacionado con la información objetiva. Más que en cualquier caso anterior, la Corte decidió en base a los tratados internacionales de derechos humanos, que son de aplicación por encima de la ley o en ausencia de ella. De ese modo quedó establecida la obligación de todos los que fueran citados a contribuir al conocimiento de los hechos. Pero como las decisiones de la Corte sólo se aplican al caso en que son pronunciadas, las distintas Cámaras continuaron con las investigaciones penales ya iniciadas. Además, Carmen Lapacó denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para impedir que el caso fuera remitido a la Corte Interamericana, el Estado Nacional firmó en 1999 un compromiso en el cual reconoció el derecho a la verdad y también la idoneidad de los juicios penales para establecerla. Lauchas Durante las audiencias impulsadas por el fiscal general Hugo Cañón en Bahía Blanca, una docena de sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita indicaron que habían sido torturados por un oficial del Ejército que respondía al alias de Laucha, a quien identificaron en un álbum con las fotos de todo el personal militar que prestó servicios en aquella época en el Comando del Cuerpo V. Citado a declarar sin juramento de decir verdad, el teniente coronel Julián Corres dijo que era conocido como Laucha. Esos antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular, Ricardo Gil Lavedra, dijo al fiscal Cañón que el torturador sería pasado a retiro. Ese es el procedimiento que corresponde según recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero Brinzoni se opuso. “No condenemos a nadie antes de tiempo. Hasta tanto no se pronuncie la Justicia no existen motivos para pasarlo a retiro”, declaró al diario La Nueva Provincia. Esa frase es una meditada falacia: en ese expediente por averiguación de la verdad Corres está a salvo de cualquier castigo judicial. La semana pasada este diario verificó que esa Laucha sigue en actividad, en el Comando de Institutos Militares del Ejército. Comprensible y natural Comprensible y natural es que López Murphy avale estas excursiones castrenses fuera de sus competencias, ya que su ignorancia en materia de Defensa ha sido suplida por el generoso asesoramiento del Ejército, en sintonía con las pretensiones del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Eso explica el tremendo mensaje que el ministro dirigió en marzo en la iniciación del Curso Superior de las Fuerzas Armadas. Allí definió las “nuevas amenazas” en función de las cuales debía redefinirse el rol de los militares argentinos. Entre ellas mencionó al narcotráfico y el terrorismo, pero también a la pobreza extrema y las migraciones masivas. La nueva participación militar en cuestiones de seguridad interior comenzaría por el narcotráfico pero se extendería luego a las demás áreas. Por más desmentidas que emita el Ministerio de Defensa, esto es coherente con las definiciones de De la Rúa. Como vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado, el ahora jefe del Ejecutivo dijo ante una audiencia militar que propiciaba la reforma de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para borrar las fronteras que separan a ambos conceptos. En setiembre del año pasado el diario .Clarín consultó a todos los candidatos presidenciales acerca de la posible sanción de una ley que permitiera a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia contra los narcotraficantes internacionales. De la Rúa respondió que la Ley 24.059 de seguridad interior “regula la función de las Fuerzas Armadas, que es la de dar apoyo logístico y acumular datos de inteligencia”. La acción de inteligencia en esta materia no surge ni del texto ni del espíritu de la ley. Esta declaración es el antecedente inmediato del actual rebrote del tema, impulsado por Santibañes y Nosiglia, de quienes depende el clandestino general Ernesto Juan Bossi, el doctrinario de la “Lucha contra las Narcoacciones”. En el mismo sentido que De la Rúa respondió a la encuesta el hoy candidato a jefe de gobierno de la Capital y entonces aspirante presidencial Domingo Cavallo: “La lucha contra el narcoterrorismo debe constituirse en una hipótesis de conflicto central para las Fuerzas Armadas argentinas”, dijo. Cavallo consideraba posible enmendar las leyes que se oponen a ese propósito. Más sutil, De la Rúa se proponía forzar su interpretación, atribuyéndoles lo que no dicen. Esa es la clave de las contradicciones de estos días. Sugerencias internacionales Un sector mayoritario del radicalismo, que incluye al ministro del Interior Federico Storani, insiste en la preservación de la diferenciación nítida entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. El Secretario de prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, lo dijo hace un mes, al exponer ante la XVIII Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que sesionó en Buenos Aires: “Asoma en la superficie de la consideración institucional y de la opinión pública la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. No pueden disimularse sugerencias internacionales al respecto”. El “rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico se sostiene en la normativa vigente y en nuestras propias convicciones políticas”. La ley de Seguridad Interior, de 1991, “prohíbe el desempeño de las Fuerzas Armadas para combatir directamente en la lucha contra el narcotráfico”. Esa ley “no fue fruto de la improvisación sino de un prolongado, serio e intenso debate. Por lo tanto, el combate de esta ilicitud es responsabilidad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y de las policías provinciales. Añadió que las Fuerzas Armadas sólo podrían ser empleadas para restablecer la seguridad interior en el caso excepcional de que las fuerzas de seguridad resultaran insuficientes”. Pero “nuestra propia realidad interna, con procedimientos exitosos, legislación apta y voluntad política de confrontación contra la ilicitud y el crimen organizado descarta en el ámbito interno el desborde en el accionar de las fuerzas de seguridad”. También dijo que el gobierno “respeta y hará respetar la legislación vigente” porque está convencido de “la inconveniencia de incorporar a las Fuerzas Armadas en esta tarea”, porque deben especializarse para “enfrentar agresiones de origen externo”. Recordó, además, que la ley de Defensa Nacional “estipula que las cuestiones de política interna del país, no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”. Lesa humanidad Mientras se discutía ese eventual regreso militar a la actuación policial, ahora con el pretexto del narcotráfico, las Cámaras Federales de la Capital y de La Plata tomaron decisiones de fondo sobre las consecuencias que las Fuerzas Armadas y el país padecieron la última vez que esto ocurrió, en las décadas de 1950 a 1970, cuando el enemigo a reprimir era político. Ambas Cámaras habilitaron la reapertura de las causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. En setiembre del año pasado lo mismo había dispuesto la Sala I de la Cámara Federal de la Capital, integrada por María Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani en la causa Videla por sustracción de bebés. Aquella sentencia, igual que las que acaban de firmar la Sala II del mismo tribunal y el pleno de la Cámara platense, invocan el principio de justicia universal contemplado en el artículo 118 de la Constitución, sobre el derecho de gentes, y la primacía del derecho internacional público sobre el derecho interno. De este modo, los delitos contra la humanidad, cualquiera sea la fecha de su comisión, se consideran imprescriptibles. Esto implica dejar sin efecto las leyes de punto final y de obediencia debida y rehabilitar la posibilidad del castigo en todos los casos en que los familiares de las víctimas lo reclamen. La impugnación política y jurídica de esas resoluciones es compleja, tanto para el gobierno ahora como para la Corte Suprema cuando alguno de esos casos llegue a su consideración: las dos Cámaras Federales citaron entre sus fundamentos precisamente las sentencias de la Corte Suprema de Justicia al conceder la extradición de los criminales de guerra nazis Franz Schwammberger, concedida durante el anterior gobierno radical, y Erich Priebke, bajo el menemismo. Esos fueron también los argumentos del proyecto de nulidad de la obediencia debida que, hace dos años, firmó junto a otros legisladores la actual subsecretaria de Derechos Humanos.
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En apenas cinco meses, el gobierno nacional ha conseguido que la cuestión militar volviera a la escena política como nunca antes desde 1990. Como si la década menemista no hubiera ocurrido, reaparecen las mismas actitudes ambivalentes que caracterizaron al anterior gobierno radical, que terminó atrapado en las consecuencias de su doble discurso. Ya se trate de juicios por los viejos crímenes de la guerra sucia o de los nuevos roles para las Fuerzas Armadas en el futuro, los funcionarios dicen una cosa en las reuniones privadas y otra contraria en público, como si esas líneas paralelas sólo fueran a cortarse en un infinito sin vencimiento cronológico. Peor aún, el reabierto debate acerca del empleo del instrumento militar en tareas policiales con el alegado propósito de combatir al narcotráfico, coloca la cuestión en zona roja: con los sueldos de subsistencia que percibe el personal armado, el contacto con organizaciones clandestinas que manejan centenares de miles de millones de dólares garantiza que la corrupción hará estragos en sus filas y que la playa de estacionamiento del edificio Libertador deberá ser ampliada para recibir a las 4x4 de los altos mandos. Esa es la lección de todos los países vecinos que cometieron el mismo error, de México a Perú, de Colombia a Bolivia. La segunda desmentida del ministro de Defensa en apenas dos meses, emitida el jueves a raíz de publicaciones del matutino La Nación, no alcanza para obviar la inquietud que este desatino provoca. El propio ministro Ricardo López Murphy definió ante un auditorio castrense las nuevas tareas que se propone asignar a sus ¿subordinados?; quien en forma pública se pronunció por permitir a las Fuerzas Armadas “hacer inteligencia contra los narcotraficantes internacionales” fue el presidente Fernando de la Rúa; y el responsable de las informaciones publicadas la semana pasada por La Nación es el Jefe de la denominada “Casa Militar” de la Presidencia, general Julio Alberto Conrado Hang.