Los piqueteros enmascarados de la dolarización
Crisis y oportunidad

La crisis social que esta semana se desbordó en Salta y el Chaco puede ser una oportunidad similar a la que brindaron una década atrás la hiperinflación y los saqueos. Entonces, el resultado fue la convertibilidad. Ahora, sectores del capital más concentrado presionan para que sea la dolarización. En el vano intento de desprenderse de su propia sombra, el ministro de Economía lleva las metas del ajuste más allá de lo pactado y ni aun así consigue la confianza del insaciable establishment. La versión de su reemplazo por Broda fue por ahora desmentida por De la Rúa. La visita de Lagos destaca un camino alternativo. Pero seguirlo requiere algo más que bellos discursos y preparativos para la represión.

No hacen falta informes de inteligencia para saber dónde se quemarán neumáticos y se dispararán balas, de goma o de plomo. Basta con repasar las planillas del ajuste por provincias pactado por el Gobierno. Opciones: La dolarización implicaría el fin del Mercosur. El Departamento de Estado considera posible que el Congreso conceda al próximo presidente el fast track que le negó a Clinton.

 Las grandes crisis son momentos de oportunidad para que el poder económico más concentrado imponga cambios decisivos de política económica, aquellas de efectos más profundos, duraderos y perniciosos sobre el conjunto de la sociedad. Durante la campaña electoral de 1989, Domingo Cavallo opinó que no debía obstaculizarse el avance de la bola de nieve hiperinflacionaria, porque cuando estallara en el rostro del agonizante gobierno radical, sería mucho más fácil aplicar las durísimas medidas que él preparaba para la nueva etapa. Un razonamiento similar se difunde ahora entre el establishment económico. Los cortes de rutas, los incendios de legislaturas provinciales, la represión de policías y gendarmes y los aprestos castrenses podrían conducir a un climax equivalente al de los saqueos y los brotes de hiperinflación de 1989/90 y derivar en la dolarización, con sus consecuencias obvias: nuevo agravamiento de las condiciones sociales, ruptura del Mercosur y caída en la órbita excluyente de Estados Unidos. La visita de Ricardo Lagos y los gestos ostensibles del gobierno hacia el mandatario chileno, la firma de acuerdos que señalan en la dirección contraria de aquella, exaltando el Mercosur y su dimensión social, indican que ésta es una batalla en pleno desarrollo. 

El hilo por lo más delgado

Los informes de inteligencia de Gendarmería, que el gobierno atribuye ahora a la SIDE, y los de la red de militantes radicales que el ministerio del Interior usa para cotejar con los de la Policía Federal, dibujan un mapa del conflicto social con aquellos sitios en los que podrían producirse “hechos de AOP”, que en la jerga de inteligencia significan Alteraciones del Orden Público. En realidad el gobierno no necesitaría de semejante parafernalia informativa. Para ubicar los sitios del país que serán aturdidos por el humo de cubiertas quemadas, los gases lacrimógenos y las balas de goma le bastaría revisar los acuerdos del ministerio de Economía con las provincias, según el Memorando de Política Económica elevado al FMI. Si se compara la nómina de las 15 provincias que para las fuerzas de seguridad tienen prioridad alta y media, con la de las provincias en las que se concentra el mayor esfuerzo del ajuste de 1.500 millones de dólares que este año se exige al interior, se verá que diez de ellas coinciden. 
El ajuste promedio exigido a las provincias es del 8,6 por ciento de sus recursos propios. Pero la distribución de esta carga es desigual. Entre las provincias en las que el ajuste fiscal sobre recursos propios es inferior al promedio figuran Córdoba y Santa Fe, mientras que Buenos Aires no sólo no realiza ajuste alguno, sino que incluso se le ha permitido expandir su déficit, igual que La Rioja, San Luis y La Pampa. Además, las transferencias de la Nación a la provincia de Buenos Aires aumentarán en 19 millones de dólares respecto de 1999 y a Córdoba en 31,5 millones. Esta es la cara económica del acuerdo político entre el presidente radical Fernando De la Rúa, los gobernadores justicialistas Carlos Rückauf, José De la Sota y Carlos Reutemann, el ex presidente Carlos Menem y los significativos gobernadores justicialistas Adolfo Rodríguez Saa y Rubén Marín. La otra jurisdicción importante en la que crecen los aportes nacionales es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9,3 millones. Es decir que el gobierno nacional decidió descargar el peso del ajuste sobre un grupo de estados periféricos, sin grandes centros urbanos, de escasa densidad de población, en los que no existen compromisos políticos de fondo ni se juegan grandes pulseadas electorales. El recorte del gasto percute sobre el empleo o el salario, ya que la mitad de las erogaciones de las 24 provincias consideradas en conjunto se destina al pago del personal. Pero además de despidos y reducciones salariales el ajuste implica un deterioro adicional de prestaciones básicas para la supervivencia, como la salud, la educación y la asistencia social, transferidos a las provincias durante el anterior gobierno. 

La escalada

El gobierno de la Alianza ya ha apelado tres veces a la represión por tropas federales para enfrentar las manifestaciones de protesta. La primera, en Corrientes, a pocas horas de asumir, en diciembre de 1999. En febrero, se reunió con la mayor ceremonia el Consejo de Seguridad Interior. El punto 11 del temario tratado se refirió “a delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, corte de rutas y el contrabando”, que fueron puestos en un inadmisible pie de igualdad. En cuanto fue designado en la Central Nacional de Inteligencia, el general Ernesto Juan Bossi hizo circular un documento en el que se fuerza la interpretación de las leyes de defensa nacional y seguridad interior de modo de admitir la intervención militar en tareas de inteligencia vinculadas con el narcotráfico, cuando el marco legal vigente sólo permite el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Bossi fue uno de los jefes de la misión militar en Bolivia que en la década del 80 apoyó el golpe de los narcoroneles. El viernes, en una resolución dogmática y sin fundamentos, el juez federal Jorge Urso lo sobreseyó parcialmente en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en la que falsificó documentos para encubrir la maniobra. Esto, según Urso, no constituye delito. En marzo, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy, definió las “nuevas amenazas” en función de las cuales debía redefinirse el rol de los militares argentinos: narcotráfico, terrorismo, pero también pobreza extrema y migraciones masivas. Sus colaboradores explican que la reacción política y social ante ese exabrupto fue tan dura, que el ministro no volverá a pronunciar esas palabras escritas por plumíferos castrenses. En abril, la Policía Federal reprimió en forma “brutal y salvaje”, según las palabras del ministro del Interior Federico Storani una movilización sindical frente al Congreso. 
Storani dispuso el pase a retiro del comandante Ricardo Alberto Chiappe, responsable de las dos muertes de Corrientes, y la puesta endisponibilidad de los doce policías filmados mientras golpeaban y tajeaban a los camioneros a pocas cuadras del Congreso. Cuando la CGT/MTA convocó a una nueva movilización contra la ley de flexibilización laboral, Storani condujo las negociaciones con los sindicalistas, que permitieron un desarrollo pacífico del acto. Además subordinó las tropas de Gendarmería enviadas a Salta por el corte de la ruta 34 a un comité de crisis integrado por el secretario del Consejo de Seguridad Interior, el ex diputado justicialista Luis Uriondo, y por un ministro del gobierno de Salta. Por primera vez desde la sanción de la ley de Seguridad Interior, se cumplió con sus previsiones, que establecen el control político de las tropas. Además, ordenó que los gendarmes no portaran armas de fuego. El despeje de la ruta no provocó bajas entre los manifestantes (según el gobierno, hubo francotiradores que hirieron de bala a varios gendarmes) y la responsabilidad por los hechos posteriores de barbarie, con persecuciones hasta los domicilios de las personas y dentro del hospital local, correspondió a la policía provincial y no a las tropas federales.
Pero con buenos o malos modales, la respuesta más tangible siguen siendo los palos. La semana pasada, al presentar en un acto académico al sociólogo Alain Touraine, el vicepresidente Carlos Alvarez fustigó a quienes creen que se puede hacer política mediante el conflicto social, como Hugo Moyano. Touraine, que no propicia una revolución sino una coalición demócrata de centro-derecha, le respondió que cuando la economía se burla de la sociedad excluyendo a la mitad de los ciudadanos, la sociedad se venga mediante la política, y no democrática precisamente. 
En Resistencia fue evidente la actuación de pequeños grupos bien organizados, con el rostro cubierto, con morrales cargados de proyectiles contundentes, con hondas que disparaban bulones y elementos apropiados para prender fuego a la legislatura. La densidad del malestar social apaña a los pirómanos, a cuya retaguardia no faltan espontáneos que hacen llover piedras sobre las odiadas fuerzas represivas. El viernes 12, al suministrar la versión oficial de lo acontecido, Storani dijo que había en Salta “otros intereses en juego”, ya que “el narcotráfico” tiene “muchas ganas de que la Gendarmería y las fuerzas del orden estén metidas en otro tema”. El insidioso proceso de creación de un enemigo avanzó en estos días varios pasos gigantescos. La caprichosa asociación de López Murphy entre narcotráfico, terrorismo y pobreza extrema, encuentra eco en las palabras de Storani. Si en algún futuro corte de ruta la Gendarmería o alguna policía provincial vuelven grupas ante la pedrea, estarán dadas las condiciones para concretar el recurso a las Fuerzas Armadas con que el gobierno juguetea de modo irresponsable desde el mismo día en que asumió: en Corrientes el Poder Ejecutivo “consideró la posibilidad de decretar el estado de sitio y convocar al Ejército, para apagar la hoguera con nafta”. (Página/12, 26 de diciembre de 1999).

Malos, afuera

La visita del nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, dio lugar a una retahila de lamentaciones apocalípticas. El ex presidente Raúl Alfonsín declaró que el FMI había conducido al país al desastre. La CGT Azopardo reclamó a Köhler una reprogramación de los pagos al Fondo. Los manifestantes de la paleoizquierda congregados para presionar al presidente de Chile propusieron suspender los pagos de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. También la Iglesia Católica ve con simpatía estos planteos. Es obvio el carácter negativo de los condicionamientos que los organismos internacionales imponen a los países que, como la Argentina, requieren del aporte de capitales externos para equilibrar sus cuentas. En la edición del mes pasado de “The New Republic” fueron cuestionados nada menos que por Joseph Stiglitz, asesor económico de Bill Clinton hasta 1997 y desde entonces y hasta este añovicepresidente del Banco Mundial. Stiglitz recuerda que el Tesoro norteamericano y el FMI presionaron para que en el sudeste asiático y Rusia se redujera el gasto gubernamental y se eliminaran “subsidios para necesidades básicas como alimentos y combustible, al mismo tiempo que políticas contractivas los hacían más necesarios que nunca”. También sospecha que esas políticas, que hicieron que la recesión asiática fuera “más profunda, más extensa y más dura”, fueron impulsadas en beneficio de los intereses financieros en Estados Unidos y los países avanzados. Pero de ahí a ubicar todos los males fuera del país y propiciar algún fantástico acuerdo nacional de los 35 millones de patriotas que habitan estas pampas para enfrentar a los sotretas foráneos, hay una distancia que no se debería recorrer con liviandad. Es probable que quienes se confortan con tales ensoñaciones ignoren que la deuda con el Fondo Monetario Internacional apenas asciende al 3,66 por ciento del endeudamiento total. Por otra parte, como lo demostró la investigación de Eduardo Basualdo publicada aquí, en los años de la convertibilidad, de 1991 a 1997, los pagos de intereses más las amortizaciones de capital de la deuda ascendieron a 59.700 millones de dólares. Pero en el mismo lapso se contrajeron nuevas deudas por 63.500 millones. Es decir que el país recibió una transfusión de casi 4.000 millones de dólares, aun sin considerar la Inversión Extranjera Directa. En el mismo periodo, salieron del país capitales por 37.900 millones de dólares, producto de las superganancias realizadas por las empresas estatales privatizadas, con mercados cautivos y sin regulación, más otros 5.500 millones declarados como remisión de utilidades. La identificación errónea del problema es la manera más insidiosa de favorecer a quienes desde hace dos décadas se han enriquecido sin límites gracias a la gestión del Estado de Bienestar para Pocos, y que no están fuera sino dentro del país. Con demasiada frecuencia y aun con la mejor intención, los políticos locales imaginan que la luz verde de los organismos internacionales permitiría solucionar los conflictos sociales sin cambios profundos en las relaciones internas de poder. En estos días el licenciado Alvarez lanzó la idea de solicitar a esas fuentes de financiamiento créditos especiales para planes sociales y la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide solicitó al Banco Mundial que dejara de exigir el aporte simétrico nacional como condición para liberar los préstamos ya acordados para planes de empleo y asistencia social. Mejor harían en preguntarse por qué el ministro de Economía José Luis Machinea incluyó en el acuerdo con el FMI una meta de ajuste casi mil millones de dólares más severa que lo establecido por la ley de solvencia fiscal: 4.700 millones de dólares de déficit máximo, contra 5.650 que permitía aquella ley. Además de errar en su hipótesis de reactivación Machinea necesita dar pruebas de su conversión a la ortodoxia. Para ello ha llegado a eliminar de la lista de invitados a los encuentros periódicos de explicación de la coyuntura a sus ex amigos Adolfo Canitrot y Mario Brodersohn. En poco tiempo ha logrado un auténtico milagro: no es respetado ni a derecha ni a izquierda. Esto lo torna cada día menos viable, pese a la ratificación presidencial. El viernes, De la Rúa desmintió las interesadas versiones sobre el relevo de Machinea por Miguel Angel Broda, que no surgieron por casualidad: el jueves por la noche Santibáñes había torpedeado al ministro en una de sus raras declaraciones públicas. La versión del recambio ubicaba a Santibáñes, quien se declara harto de la SIDE, al frente del Banco Central.

Un dólar, un dólar

Broda es uno de los partidarios más persistentes de la dolarización y ya colocó a un hombre de su íntima confianza, Luis Secco, como responsable de la Inteligencia Económica de la SIDE. Dentro de la misma lógica se interpreta la reunión con Rückauf y otros gobernadores justicialistas, ala que De la Rúa no invitó a ningún miembro del Frepaso ni del ala radical que cuestiona el ajuste perpetuo. En lugar de Fernández Meijide llevó a su segunda, Cecilia Felgueras; la eminencia gris oscura del gobierno Enrique Nosiglia, estuvo representado por Carlos Becerra y Christian Colombo, y al ministerio de Trabajo ni le avisaron de la reunión, organizada por el hombre más silencioso y activo del gabinete, el Hermano Jorge. Fernández Meijide había firmado convenios con una docena y media de provincias por los cuales la ayuda alimentaria ya no podrá ser usada por los gobernadores para hacer política: por primera vez se controla el destino real de las entregas, que son ejectutadas por los intendentes de distinto signo partidario. Esto ha provocado la furia de Rückauf & Cia, que procuran puentear a la ministra, por lo visto con éxito. 
La presión para que el malestar social derive de modo casi natural en la dolarización de la economía, se expresó esta semana en las andanadas del ex viceministro de Economía de Menem, Carlos Rodríguez, del economista estadounidense de origen argentino Guillermo Calvo y de Jorge Avila, del Centro de Estudios Monetarios. Avila recordó que Machinea era uno de los responsables de la hiperinflación y postuló “el ingreso argentino al NAFTA”. Calvo afirmó que Machinea “tiene un pasado oscuro en el manejo financiero y todos los inversores están mirando cómo se comporta”. Rodríguez sostuvo que la política actual es “avanzar en la relación con Brasil a través de un Maastricht del Mercosur que quizás apunte a la creación de una moneda regional centrada en el real, lo que implicaría abandonar el dólar”. A su juicio, habría que hacer todo lo contrario: negociar un acuerdo monetario con Estados Unidos. Una fuente del Departamento de Estado norteamericano dijo a este diario que ello sería posible el año próximo, con un nuevo presidente y un nuevo Congreso, que le concedería la vía rápida de negociación (fast track) que le negó a Clinton. “Hay dos escenarios posibles. Una sola América, reunida en el Area de Libre Comercio (ALCA), o dos Américas, repartida entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Mercosur. Nosotros creemos que para Estados Unidos y América Latina, la primera es la mejor solución”, dijo el funcionario estadounidense. Lagos, De la Rúa y Alvarez se han pronunciado con toda claridad por la segunda. “La jornada es larga, comencemos a caminar, pongámonos de pie”, dijo el chileno en su admirable discurso en el Congreso. Queda por ver si, además de firmar documentos y pronunciar discursos sobre la distribución de los frutos del crecimiento, los políticos argentinos son capaces de remover los obstáculos internos a la competitividad y aplicar, al menos, algún punto del programa electoral de la Alianza: reducir el costo privado argentino revisando el cumplimiento de los contratos de los servicios privatizados; regular la prestación que brindan en forma rigurosa; adoptar medidas en defensa de la competencia que pongan algún límite al precio de los combustibles; con una reforma tributaria equitativa y procompetitiva; con una política exterior y una estrategia regional activas. “No pueden exigirnos que superemos en cinco meses el desastre de una década menemista” repite el vicepresidente Alvarez. Es un argumento cierto, pero de corto alcance, porque no se han tomado medidas importantes en la dirección correcta. La renegociación de concesiones no difiere de la del menemismo: perdón de incumplimientos y mayores plazos a cambio de meras promesas de nuevas inversiones. Cuando el subsecretario de política tributaria Juan Carlos Gómez Sabaíni anunció el gravamen a los plazos fijos empresarios, que no era un proyecto personal sino un acuerdo del equipo económico, Machinea lo dejó solo con una rastrera desmentida. La propuesta ley de emergencia económica servirá para violar la seguridad jurídica de los contratos laborales, pero respetará la de los contratos de privatización. A cargo de la política energética está Daniel Montamat, quien fue el lobbista ante la UCR de la privatización deYPF conducida por su primo y socio Luis Prol. Si no se comienza a caminar, habrá más jornadas como las de Mosconi y Resistencia.

Otra lógica

Un primer paso para cambiar la lógica del modelo económico y también la de la esporádica, dispersa y violenta contestación que genera, es el proyecto de declaración de la emergencia social, que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se propone presentar al Congreso mediante el mecanismo constitucional de la iniciativa popular. El proyecto, dirigido a “garantizar que ningún hogar quede por debajo de la línea de pobreza que establece el INDEC”, fue presentado el lunes al Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene diez días para dictaminar si no hay objeciones constitucionales. Luego comenzará un proceso de recolección de firmas. La CTA confía en obtener un millón (como ya ocurrió en contra de la privatización del sistema jubilatorio). A partir de entonces el Congreso tendrá un año para tratar el proyecto, que crea un seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados, sean hombres o mujeres, y una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años de edad. El seguro, descripto en el proyecto como “un derecho humano fundamental”, sería de 380 pesos mensuales, y la asignación de 60 pesos por hijo. Un proyecto similar fue presentado hace tres años por las diputadas radicales Elisa Carrió y Elisa Carca, con una conferencia de prensa en el Congreso a la que asistió el entonces presidente del bloque, Federico Storani.
En apoyo del proyecto, la CTA comenzó a editar este jueves el semanario “El ojo en la tormenta”, del que se distribuyeron cien mil ejemplares sin cargo. En la edición del próximo jueves se publicará el proyecto de ley y la ubicación de las mesas en las que se registrarán las firmas. También se harán convocatorias a sectores eclesiásticos; a otras organizaciones sociales; a los organismos de derechos humanos; a intelectuales y al espectro partidario. El 23 de junio se realizará el Congreso de la CTA. En ese momento se imprimirá un millón de ejemplares del periódico. A principios de agosto de distintos lugares del país partirán columnas en una Marcha por el Trabajo, que confluirán frente al Congreso, donde se entregarán las firmas. “El ojo en la tormenta” arriesga un cálculo sobre el financiamiento del seguro y la asignación, que implicaría redistribuir un 3 por ciento del PBI argentino. Su viabilidad económica y política requiere discusiones a fondo. De la envergadura de la movilización dependerá que tengan lugar o no, que el proyecto pueda ser perfeccionado y se convierta en un polo de aglutinación de la resistencia a la otra lógica, esa que conduce a la militarización y la dolarización. No sólo para el sector financiero, la crisis puede ser una oportunidad.