Rückauf echó al funcionario que constatO el maltrato a menores en la Comunidad de OgñEnovich
El hilo por lo más delgado

El subsecretario del Consejo del Menor Miguel Saredi, quien había constatado el maltrato a menores en la Comunidad de Mercedes del arzobispo Ogñénovich, fue separado de su cargo por el gobierno de Rückauf. El funcionario también había denunciado el tráfico de drogas en dependencias del Consejo, por lo que se abrió una causa penal en la justicia federal de La Plata. La investigación, que inició a raíz de la nota “Amados Niños” publicada en este diario, confirmó además la aplicación de torturas a chicos en comisarías de la provincia de Buenos Aires.

Carlos Rückauf: El castigo no alcanzó a los responsables de las vejaciones, sino al funcionario que ordenó investigarlas.	Ogñénovich: Según sus colaboradores tiene poder de veto sobre las designaciones en la Justicia de menores de Mercedes.

 El gobierno de Carlos Rückauf solicitó la renuncia del Subsecretario del Consejo Provincial del Menor Roberto Miguel Saredi, quien había enviado una inspección al hogar terapéutico Jesús de Nazareth y, al conocer sus escalofriantes resultados, resuelto que cesaran de derivarse chicos a ese “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La suspensión de internaciones allí fue dispuesta el 9 de mayo por Saredi, quien era Subsecretario de Asistencia y Tutela del Menor. El 15 de mayo, el presidente del Consejo, Daniel Bolinaga, le solicitó la renuncia. El texto firmado por Saredi menciona diferencias ideológicas sobre si en el contacto con las instituciones asistenciales “deben privilegiarse o no relaciones con determinados sectores de la sociedad”. Saredi también había formulado una denuncia penal por tráfico de drogas contra el sector Enfermería del Departamento de Ubicación de Causas Penales de la Dirección de Registro, Evaluación y Ubicación del Consejo Provincial. Al día siguiente de su alejamiento, el obispo Emilio Ogñénovich visitó a Bolinaga, en compañía del director de Jesús de Nazareth, Edgardo Abrey, y del secretario del juzgado de menores de Mercedes, Horacio Chiminelli, para solicitar que se levantara la veda a su Comunidad. Por cada chico internado en condiciones infrahumanas, la Comunidad Terapéutica percibe hasta 1500 pesos mensuales, aparte de los subsidios extraordinarios que también le paga el gobierno bonaerense. El 3 de febrero de este año, Abrey y Chiminelli, habían interrumpido en forma arbitraria la visita de inspección del Consejo del Menor, que constató las condiciones inaceptables de alojamiento de los chicos. El gobernador Carlos Rückauf, quien desde que asumió no responde a las intimaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo de las torturas a niños en comisarías e institutos asistenciales de la provincia, ya había protestado por la inspección a Jesús de Nazareth, donde un niño fue violado ante las burlas de sus autoridades. Ogñénovich fue protagonista de un corto publicitario en favor de Rückauf durante la campaña proselitista de 1999, por su presunta “defensa de la vida”. Ogñénovich también pretende el apartamiento de la Secretaria de Patronato de la Suprema Corte provincial, Estela Testoni, y del Asesor de Menores de San Isidro, Carlos Bigalli, y la promoción de Chiminelli, de secretario a juez de menores. Bigalli es el funcionario que recogió las denuncias de los chicos maltratados, Testoni quien refrendó el pedido de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo provincial de que tomara medidas para hacer cesar esa situación y Chiminelli quien trató de impedir la inspección.

Tortura y violación

La suspensión de la internación de niños y adolescentes con causa asistencial en la Comunidad regida por Ogñénovich, fue dispuesta por el Subsecretario de Asistencia y Tutela Saredi el 9 de mayo, en el expediente 2146-2.888/00, caratulado “E/Información del diario Página/12 por presuntas torturas, apremios ilegales y otros delitos a menores alojados en comisarías y en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth”. Causa asistencial es el eufemismo que se utiliza para referirse a los chicos cuya internación es ordenada por un juez con el presunto propósito de protegerlos de una situación de “peligro material o moral”, pero que no han sido autores de ningún delito. Las anacrónicas leyes de menores, de 1919 y de 1980, permiten a los jueces disponer la privación de la libertad de los chicos con la más absoluta discrecionalidad. Por ejemplo, no es ilegal recluir en un instituto durante diez años a un chico que ha sido víctima de una violación, ni devolver a sus padres a otro que la ha cometido. El obispado de Luján-Mercedes depende de modo directo del Papa, por gestión del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, a quien Rückauf designó secretario general de la gobernación. Antes del despido, Caselli citó en la gobernación a Saredi, le recordó que la Iglesia tenía 2000 años de antigüedad y lo instó a colaborar con Bolinaga. Ninguna de las disposiciones del funcionario cesante hacía referencia alguna a la Iglesia, y se limitaba a constatar las atrocidades ocurridas en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth, de las que ni siquiera responsabilizaba al Arzobispo. Saredi presidió el Partido Justicialista de Trenque Lauquen de 1995 a 1999. En 1997 Duhalde lo designó Director Provincial del Consejo del Menor. Luego de ganar las elecciones internas de su partido en Trenque Lauquen, ocupó el vigésimo puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales. No resultó electo y el 14 de enero asumió como Subsecretario del Consejo del Menor. Apenas cuatro meses después fue separado del cargo.
La Comunidad Terapéutica dependía del arzobispado de Luján-Mercedes, que hasta el mes pasado estuvo a cargo de Ogñénovich, pero al aproximarse su jubilación quedó a cargo de una flamante Asociación Civil “Arzobispo Monseñor Ogñénovich”, que preside Julio Forastieri. Los medios de prensa de la zona del arzobispado sostienen que Forastieri apareció al frente de la Asociación Civil recién luego de las denuncias. Hace dos años Ogñénovich desmintió en conferencia de prensa que Forastieri fuera su testaferro o socio en líneas de colectivos, como afirmaban diversas fuentes de Luján y Mercedes. El semanario XXII informó el 4 de mayo que según los registros del Banco Central Forastieri estaba inhabilitado hasta abril de 2002, por haber librado cheques sin fondos y que sus créditos habían sido calificados por el Banco Provincia en situación 3, o con problemas.
En la publicación de este diario que cita el expediente, se reprodujo el estremecedor relato de un chico internado allí. El testimonio, del que se omitieron los nombres de la víctima y de sus victimarios, fue tomado de un expediente judicial iniciado por Bigalli. “Al llegar el empleado Equis me golpeó y me insultó. Me agarró de los pelos, me dijo: ‘Acá te van a romper el culo’ y me dejó en una celda. A los diez minutos hizo entrar a un menor que en la Comunidad es conocido como ‘violeta’, porque viola a algunos de los chicos que ingresan, con el conocimiento de los empleados. Es de gran físico y al que se resiste lo golpea. Como yo no me dejé empezamos a pelearnos. Equis miraba y se cagaba de risa. Es el que siempre me dice: ‘Vos acá no tenés derechos’. También hay un psicólogo, de apellido Zeta, que me dijo: ‘Acá nadie te da bola. Vos sos enfermo y yo psicólogo y es tu palabra contra la mía’. También me pegó porque no me quise dejar inyectar. Me inyectaron por la fuerza y me encerraron dos días en el ‘buzón’, totalmente desnudo, cagado de frío y sin colchón.” El testigo añadió que “desde que me internaron en la Comunidad sufrí maltratos, insultos y golpes por parte del personal. Me encerraron en el ‘buzón’ sin haber cometido ninguna falta. Para ir al baño tenía que golpear varios minutos antes de que me abrieran la celda. Varias veces tuve que orinar en la celda porque nadie me abrió. Después me castigaron por ello, llevándome a una celda individual”. A raíz de las reiteradas denuncias de Bigalli, la Suprema Corte de Justicia de la provincia solicitó al Consejo del Menor que inspeccionara la Comunidad Jesús de Nazareth. En cumplimiento de esa decisión del órgano que encabeza el Poder Judicial de la provincia, Saredi envió la inspección que le costó el cargo. 

La confirmación

Saredi también pidió informes a otras dependencias del Consejo Provincial del Menor sobre los demás puntos de la nota de este diario citada, que refería maltratos y torturas a niños en los institutos Almafuerte, Santa María Pelletier, Leopoldo Lugones, Aráoz Alfaro, Manuel Roca y Agote, en la Dirección de Registro, Movimiento y Ubicación de Menores, y en las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Tigre; 1ª, 2ª y 3ª de San Fernando; 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Pilar; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª de San Isidro; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Vicente López; Ciclistas de San Isidro; Morón 1º; Comando de San Isidro; Oficina de Coordinación de San Isidro; Destacamento Villa Rosa; Comando de San Fernando; Oficina de Coordinación Tigre y Brigada de Tigre.
Las respuestas recibidas hasta el momento de la remoción de Saredi confirmaron las denuncias. Dos días después de la publicación del artículo “Amados Niños”, la Dirección Provincial de Coordinación de Consejos Departamentales dijo que las circunstancias de “lesiones sufridas por los menores han sido comunicadas a los departamentos pertinentes articulándose acciones para su derivación”. Esa Dirección “trabaja en forma coordinada con los 34 juzgados de menores de la provincia, procurando evitar la permanencia de menores en comisarías”. Ante las denuncias efectuadas contra las comisarías de General Pacheco, de Tigre, y Balneario, de Vicente López, “los menores son alojados en la Comisaría de Barracas, Martínez”. No obstante, consignó que ambas comisarías habían sido refaccionadas y contaban con sanitarios en cada calabozo, agua caliente e instalaciones eléctricas monofásicas para evitar accidentes. Otro informe, fechado el 26 de abril por el Consejo Departamental San Isidro confirmó que el 11 de abril “tomamos conocimiento de una situación irregular del personal policial de la comisaría de Boulogne, en relación a apremios ilegales en el momento de la detención de menores”, que fue informada a la Dirección Provincial de Coordinación de Consejos Departamentales. Contradictoriamente, el mismo informe dijo que desde enero el trato policial a los chicos alojados en comisarías “no evidenció irregularidades, ni se constataron situaciones de malos tratos”.
En su respuesta sobre la comunidad Jesús de Nazareth, la Dirección de Control de Gestión sostuvo que los libros y registros de causas asistenciales y penales estaban actualizados pero que no se pudo constatar toda la documentación por ausencia del secretario de la Comunidad; que la prestación de psiquiatría infantil era “de calidad regular con escasa organización y carente de sistematización” y que algunos informes de ingresos, de evolución semanal y mensual estaban incompletos y no consignaban “los registros por los profesionales de las distintas áreas”. También consignó que como forma de castigo se suprimen la actividad terapéutica y los talleres; los chicos se declaran disconformes por la comida, la distancia que los separa de sus familias y el baño diario sin agua caliente. En la Comunidad regida por Ogñénovich tampoco había un profesor de gimnasia ni constaba “la planificación terapéutica con objetivos, metodología y estrategias a seguir”, no había registro de entrevistas con familiares de los chicos. Según la auditoría médica la evaluación de ingreso, controles periódicos e interconsultas también “es de regular calidad, carente de toda sistematización u organización”. Además “se ha constatado que las condiciones de higiene y limpieza de la cocina no son las mínimas exigibles, debiendo realizarse urgentes cambios en esta área, los cuales ya fueron señalados en dos auditorías previas”. El estado edilicio de la Comunidad Cerrada fue considerado “bastante deficitario para la función de albergar menores bajo tratamiento terapéutico”. Con un hermético eufemismo que impide entender a qué se refiere, la respuesta a la consulta de Saredi afirma que “debe reverse la particular situación de convivencia de estos menores en proceso de reintegración social”.

Una campaña política 

En una declaración al diario El Nuevo Cronista, de Luján, el director de la Comunidad Terapéutica, Edgardo Abrey, sostuvo que las investigaciones judiciales y periodísticas formaban parte de “una campaña política contra la figura de Emilio Ogñénovich. Esta campaña se debe a que monseñor Emilio hizo denuncias sobre gente de minoridad y contra gente que hoy ocupa la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, que no podían ocupar cargos porque tenían antecedentes penales”. Según el periodista Mariano Pérez, Abrey se refería al Secretario de Adicciones Alberto Yaría, designado por el ex gobernador Eduardo Duhalde y confirmado por Rückauf, “quien también posee una clínica de recuperación de adictos que estaría siendo investigada por la Justicia ante la denuncia de detección de malos tratos contra los internos”. La nota de El Nuevo Cronista también revela la injerencia de Ogñénovich en la Justicia provincial: “‘En esas denuncias que se hicieron fue tocado alguien que iba a venir como juez de menores a Mercedes. Estaba primero en la lista de candidatos, lugar que había conseguido por contactos políticos, pero Emilio dijo que no a ese nombramiento’, continuó diciendo Abrey. Con una simple postura el arzobispo Ogñénovich pido revocar el nombramiento de un juez”. El diario informa que Chiminelli es el candidato de Ogñénovich, quien lo invitó a participar en la fiesta de asunción de su sucesor en el arzobispado, Rubén Di Monte.

Suministro de drogas

De las denuncias de los chicos recogidas por el Asesor Bigalli se desprende que la práctica habitual en los institutos de menores es drogar a los chicos para que no molesten. Por ejemplo, uno de los testimonios dice: “Como no me sentía bien pedí atención médica gritando y golpeando la puerta. Entonces me sacaron el colchón. Cuando lo pedí de nuevo porque no me sentía bien me inyectaron y a los pocos minutos me quedé dormido. Todas las mañanas, tardes y noches nos dan un polvo blanco para dormir y si nos negamos nos ponen pichicatas”. Otro testimonio sostiene que los guardias “nos vendían drogas a cambio del dinero que nos dejaban nuestros familiares o de ropa”. El 30 de marzo el Subsecretario Saredi solicitó una auditoría integral de la Dirección de Registro, Evaluación y Ubicación de menores. Al auditar el sector de Enfermería, las funcionarias María Cecilia López, Marta Solsona, María Laura Olgado y Marcela Agusti comprobaron que en los primeros cien días del gobierno de Rückauf, había notables diferencias entre la cantidad de drogas estupefacientes o psicotrópicas adquiridas a los proveedores registrados y el stock inventariado. Tampoco existía un libro de control de existencias y en el libro médico no se anotaban los medicamentos suministrados a los chicos los fines de semana. También verificaron la existencia de partidas vencidas de medicamentos psicoactivos como Valium, Akineton y Gardenal. El 14 de abril el Director de Asuntos Legales, Carlos Zorraindo, dictaminó que correspondía instruir un sumario administrativo y, por tratarse de drogas que pueden “producir dependencia física o psíquica en los términos del artículo 77 del Código Penal” [sobre estupefacientes], formular denuncia penal por los delitos tipificados en los artículos 5 inciso e) y 11, inciso d) de la ley 23.737, en concurso material con el artículo 248 del Código Penal. El 19 de abril, Saredi presentó la denuncia en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, por los delitos mencionados en el dictamen, es decir suministro de drogas, reprimido con prisión de 4 a 15 años, que se incrementa de 4 a 20 si el autor fuera un funcionario público encargado de la guarda de presos, lo cual además constituiría un abuso de autoridad. Es decir, delitos no excarcelables. Un mes después el denunciante fue eyectado de su cargo.

“Un sitio de reclusión y de castigo”

Por H.V.

“El sector supervisado no responde al perfil de un establecimiento destinado al diagnóstico, deshabituación, rehabilitación y reinserción de pacientes drogadependientes, impresionando como un sitio de reclusión y castigo.” La categórica frase encabeza el capítulo de Conclusiones del Informe de Supervisión sobre la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth, firmado el 4 de febrero de este año por la médica psiquiatra Pilar Ciglia y la psicóloga María Del Pedro. Ambas, junto con el asistente social Angel Pineda, visitaron el instituto de la calle 144, entre 6 bis y 77 de Mercedes, el 3 de febrero. Fue en base a sus conclusiones que el 9 de mayo el Subsecretario de Asistencia y Tutela del Menor, Roberto Miguel Saredi decidió “suspender en forma preventiva la internación de niños y adolescentes con causa asistencial” en el tétrico instituto dependiente de la Asociación Civil Arzobispo Monseñor Ogñénovich. Esa decisión a todas luces prudente, le costó el cargo. Menos de una semana después había dejado de formar parte del gobierno de Carlos Rückauf y Esteban Caselli.
La supervisión comenzó por el sector denominado Comunidad Cerrada, donde se alojaban seis menores con causa asistencial. Los seis chicos estaban “encerrados en las habitaciones cumpliendo una sanción disciplinaria”. No podían salir ni siquiera para hacer sus necesidades, tal como habían denunciado varios de los prisioneros. Dentro de las habitaciones se encontraron baldes de plástico con materia fecal y orina. Los talleres de catequesis y carpintería, que las publicaciones del Arzobispado presentan bajo las luces más atractivas, habían sido suspendidos. No se realizaba tampoco actividad terapéutica alguna. Cuando no estaban castigados, los chicos no realizaban otra actividad que limpiar la Comunidad y jugar al fútbol. En cada habitación había cuatro tarimas de cemento, con angostos colchones, pero sin ropa de cama. Además se constató la existencia de celdas individuales, donde se cumplían castigos por períodos indeterminados. Los únicos elementos de aseo personal los aportaban los familiares. Ni siquiera había agua caliente.
La inspección fue interrumpida “en forma arbitraria” por el director del instituto, Edgardo Abrey, y por el secretario del juzgado de menores de Mercedes, Horacio Chiminelli. Hasta ese momento los supervisores del Consejo Provincial del Menor habían constatado violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, el convenio entre el Consejo Provincial y la Comunidad Jesús de Nazareth, la ley provincial 10.067 y la resolución 630/99 de la Subsecretaría de Tutela y Asistencia del Menor. Las dos Convenciones citadas tienen jerarquía superior a la de las leyes, según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional reformada en 1994. En consecuencia, las supervisoras recomendaron la “inmediata abstención de derivación de jóvenes con causa asistencial” a ese instituto, y la solicitud a los respectivos tribunales de reubicación en lugares adecuados de los chicos ya alojados en Jesús de Nazareth. También consideraron “necesaria la intervención de la Dirección de Asuntos Legales y Despacho”, ya que la situación descripta no sólo era inaceptable desde un punto de vista médico y moral, sino también podía constituir un delito de acción pública. El artículo 1º de la disposición 000016 firmada por Saredi suspendió en forma preventiva las internaciones. El artículo 2º estableció que la medida sólo se revocaría cuando se modificara la situación denunciada. El artículo 3º dispuso los mecanismos de supervisión “a los fines de garantizar el resguardo de los niños y adolescentes con causa penal”, que seguirían alojados allí. Es probable que cuando esta nota llegue a los lectores, ya se haya reiniciado en ese sitio de reclusión y castigo la internación de chicos autores o víctimas de delitos.