Por Horacio Verbitsky
 Un término habitual del debate académico reingresa con estrépito a la jerga política. La inquietud acerca de la gobernabilidad ya había sido un ingrediente central en el primer año del gobierno de Raúl Alfonsín, hasta que en el otoño de 1985 el ministro Juan Sourrouille clausuró con su Plan Austral el confuso intento redistribucionista de Bernardo Grinspun y se declaró la economía de guerra contra el salario. El vocablo volvió a resonar en el balbuceante comienzo del gobierno de Carlos Menem, hasta que Domingo Cavallo asumió el ministerio de Economía y lanzó la Convertibilidad. Que vuelva a hablarse de gobernabilidad en los primeros meses del gobierno de la Alianza es cualquier cosa menos casual. Una vez más la instalación de un nuevo elenco gobernante es el momento para que cada sector con alguna cuota de poder presione en favor de políticas que convengan a sus intereses. La gobernabilidad fue introducida en el discurso académico a fines de la década de 1960, por el profesor de Harvard Samuel Huntington, quien se convertiría en uno de los pensadores de cabecera de las dictaduras militares de la región. Según el también académico norteamericano Alex Wilde el concepto tiene acentos hobbesianos: la preocupación de que una sociedad no fuera políticamente “gobernable,” que sus conflictos fueran inmanejables, y la respuesta de que el orden político es el valor primordial, sin el cual nada más es posible. Por eso, escribió Wilde, este concepto es tan atractivo para las actuales elites políticas de todo el mundo, ya que transmite “fuertes mensajes realistas, de no pedir demasiado”.
El pánico ante el conflicto social y los dispositivos para reprimirlo, la discusión acerca del rol militar en el sistema político y la búsqueda de alianzas por encima de las fronteras partidarias fueron ingredientes de esos primeros meses de los anteriores gobiernos, que se reproducen ahora. Las alianzas sociales que en cada caso cerraron la discusión fueron de distinta consistencia y estabilidad. La que sustentó los pocos años de calma de Alfonsín duró hasta que la quiebra del Estado impidió seguir cumpliendo en forma simultánea con los subsidios a los grupos económicos locales y las transferencias a los acreedores externos. La que salvó de un prematuro final al mandato de Menem se basó en la liquidación de las empresas del Estado, una fiesta a la que grupos y acreedores asistieron en pareja. Pero tal equilibrio se agotó junto con las privatizaciones. Desde 1997 las asociaciones entre grupos económicos, operadores internacionales y bancos acreedores se vienen deshaciendo. Unos compraron las participaciones de otros en las empresas privatizadas. Sus intereses y sus propuestas para la nueva etapa dejaron de coincidir.
Dolarización vs. devaluación
El último informe de coyuntura del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (que integran, entre otros, los economistas Eduardo Basualdo y Claudio Lozano) menciona a los nuevos propietarios de las empresas privatizadas, a los organismos financieros internacionales y a los mayores bancos que actúan en la plaza local como partidarios de la dolarización. Los primeros garantizarían así el valor de los activos fijos que adquirieron. “Del mismo modo, esta variante resulta atractiva para garantizar el seguro cambiario y la renta financiera de instituciones que se fondean en el exterior”, sostiene. Seguramente a eso alude el ambicioso título que la Asociación de Bancos puso a su reunión anual que sesionará a fines de mes: “Consolidar la globalización”, y que traducido al castellano podría leerse como “Toma de ganancias en dólares con garantía estatal por tiempo indeterminado”.
En el bando opuesto están quienes han vendido participaciones en las empresas privatizadas y realizado colocaciones financieras en dólares con las ganancias obtenidas. El IDEP/CTA adscribe a este sector a Francisco Macri y su cuestionamiento a la desindustrialización, y a Roberto Rocca, de Techint, cuando se pronunció respecto al tipo de cambio. Acaso eso explique la reconciliación entre dos enemigos históricos como el mecánico José Rodríguez y el metalúrgico Lorenzo Miguel, exhibida en el palco del miércoles. “La oposición entre lo nacional y lo extranjero” que este último sector plantea es un sofisma, porque reinstala “de manera caricaturesca viejas discusiones” y oculta que a partir del golpe de 1976 se produjo una “trasnacionalización completa de la cúpula empresarial, en particular de los grupos locales”, dice el documento. El núcleo central de la propuesta institucional de este sector es la concertación, según “el tradicional esquema de empresarios-sindicatos y Estado” y con participación eclesiástica. Su discurso carga contra “las imposiciones que efectúan los organismos internacionales” y se completa con “la propuesta de defender el trabajo y la industria y el reclamo de estrategias de subsidio que motoricen el crecimiento como modo de resolver el problema del desempleo”. Pero en la década pasada el notable crecimiento macroeconómico no impidió el también sostenido avance de la pobreza, el desempleo y la exclusión, porque tuvo “en el predominio de la valorización financiera, la desindustrialización y la fuga del excedente sus claves principales, y en los grupos económicos a uno de sus beneficiarios más importantes”.
Una hipótesis perturbadora
Al presentar el último paquete de ajuste José Luis Machinea dijo que era una alternativa tanto a la devaluación como a la dolarización. El viceministro Mario Vicens y el jefe de asesores Pablo Gerchunoff reforzaron el argumento ante diputados de la Alianza: si no se rebajaran los sueldos de 130.000 empleados públicos, habría que despedir a 30.000. Como no conciben ajustar más que sobre los asalariados, su horizonte intelectual se limita a la opción binaria entre el hambre y las ganas de comer, siempre ajenos, se entiende. El análisis cuantitativo del IDEP/CTA demuestra que la rebaja salarial no era imprescindible ni a la luz de la ley de solvencia fiscal ni de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Constituye en cambio una decisión política y la ratificación de una alianza social, exactamente opuesta a la que llevó a De la Rúa al poder:
u Según la denominada ley de convertibilidad fiscal el déficit máximo admisible en el presupuesto de 2000 era de 5.945,7 millones de pesos. Pero al reformular el Presupuesto el gobierno planteó reducirlo a 5.298 millones, lo cual implica un sobreajuste de 647 millones. Si se proyectara a todo el año la floja recaudación del primer cuatrimestre, el déficit fiscal de 2000 sería de 5.816 millones, casi 130 millones menos de lo que autorizaba la ley.
u El resultado de caja del Sector Público comprometido con el Fondo Monetario Internacional para 2000 no debía superar los 4.500 millones. La diferencia entre esa meta y la proyección a todo el año de los resultados hasta abril, era de 1.272 millones. Cada año los libramientos impagos igualan o superan ese monto, lo cual indica que esa diferencia era absolutamente manejable para asegurar el objetivo de caja. Por ejemplo, de 1998 a 1999 se pasaron gastos por 1800 millones, de 1999 a 2000 por 1.200 millones.
Surge entonces una hipótesis perturbadora, que obliga a repensar el rol de la política: que la rebaja salarial sea un objetivo en sí misma, con el propósito de inducir una deflación similar en el sector privado, único recurso para ganar competitividad internacional. El mismo propósito procura la reforma laboral. Por eso el gobierno aceptó rediscutir todo menos la posibilidad legal de bajar los salarios. Promulgada la ley que lo permite, ahora el Estado da la señal de largada, tal como hicieron Menem y Cavallo en marzo de 1995, cuando recortaron por decreto las remuneraciones del sector público superiores a 2.000 pesos mensuales. Ese aumento de la competitividad por vía de la deflación salarial se reflejaría en un aumento de las exportaciones, que representan apenas el 8 por ciento del Producto Interno Bruto y están absolutamente concentradas: apenas 300 empresas representan el 85 por ciento del total exportado. Su dinamismo no tracciona al conjunto de la economía ni tiene impacto alguno sobre el nivel de empleo. Sólo mejora la rentabilidad de un núcleo privilegiado que cada día se concentra más. Las consecuencias institucionales son evidentes. Como Menem, De la Rúa recurrió para forzar la baja salarial a un decreto de necesidad y urgencia. Una semana después consiguió que la Corte Suprema de Justicia convalidara aquel decreto de 1995, que el propio Menem había derogado en 1998. La única disidencia fue la de Enrique Petracchi. Dentro de la pesada herencia recibida nadie del gobierno menciona ya a la Corte, cuyo juicio político la Alianza promovió poco antes de llegar al poder.
Altibajos
Dada la vigencia de una caja de conversión con tipo de cambio fijo, la opción por el ajuste deflacionario es como en tiempos del patrón oro la contracara inevitable de restricciones objetivas y de decisiones políticas. Algunas restricciones son externas, como los servicios de la deuda y la tasa de interés internacional. (Esta es una desgracia que persigue a los gobiernos radicales. Esas tasas, que fueron las más altas de la historia durante la presidencia de Alfonsín y las más bajas durante la de Menem, retomaron su impulso ascendente poco antes del cambio de gobierno, por razones propias de la economía estadounidense que no está al alcance de la Argentina modificar.) Otras restricciones son internas, como la imposibilidad de reducir el gasto social. Pero sólo a una opción política obedece que se haya dispuesto evitar cualquier roce con los grandes ganadores del modelo, mantener los subsidios que cobran, extender el plazo de las concesiones aunque no rebajen sus precios y tarifas, a cambio de etéreas promesas de eventuales inversiones en un futuro indeterminado. Al referirse a ellas, el Informe de Coyuntura del Banco Provincia, a cargo del economista Jorge Gaggero, señala que sólo “una parte de lo anunciado terminará siendo inversión adicional, vale decir atribuible a los nuevos instrumentos de política pública anticipados (leasing, canon garantizado u otros)”. Gaggero añade que en realidad no son nuevos, y que si hasta ahora no se han utilizado en forma masiva, se debe a dificultades que no desaparecerán por decreto: “los costos financieros implicados; la necesidad de concursar de modo transparente las obras; las dificultades de asegurar un eficaz control de las contraprestaciones privadas; y la necesidad de evitar que los intereses públicos sean afectados al modo de la antigua patria contratista”. Todo ello implica tiempo, estudios financieros e institucionales; complejas tratativas antes de la firma de los contratos y su ejecución; mecanismos de seguimiento, control y responsabilidad “que en el caso de los servicios privatizados, aseguren el efectivo cumplimiento de lo pactado, que ha sido muy bajo en el pasado inmediato”.
El informe desmenuza el anuncio de Machinea de que antes de fin de año se iniciarán proyectos por un valor no inferior a los 10.000 millones:
u Esto incluye inversiones por 7.500 millones en hidrocarburos “en los próximos tres años” a cambio de prorrogar por una década concesiones que están a casi 20 años de su expiración. “No resulta claro, por un lado, por qué se suscitarían tales inversiones y, por otro, cómo se asegurarían concursos transparentes que habiliten la participación de terceros distintos de los actuales concesionarios, siendo que el sector petrolero está claramente oligopolizado y los usuarios locales están pagando las duras consecuencias de este hecho”.
u Se aspira a lograr el adelantamiento de inversiones en telecomunicaciones por 4.000 millones, de terceras empresas que ingresarían a competir con las dos grandes concesionarias a partir del 9 de noviembre, cuando expira el período de exclusividad. Ese lapso es insuficiente para definir y aprobar los complejos marcos regulatorios necesarios “que la opinión pública espera que sean esta vez mejor diseñados que a principios de la década del 90”. Es decir que “si se hacen las cosas bien” nada de lo anunciado ocurriría este año.
u No se brinda ninguna precisión sobre el cronograma y el carácter de las inversiones externas por 3.000 millones esperadas en minería.
u Se acordó con Paraguay el aumento de la capacidad de generación de Yacyretá, pero no está resuelto su financiamiento, por 800 millones.
u Las inversiones consignadas para aeropuertos (725 millones en cinco años) “están sujetas al incierto fin del conflicto con un concesionario que no paga su canon”.
u Los 900 millones previstos en viviendas populares dependen de un acuerdo con las provincias, que deberían asignarles recursos del FONAVI. Pero hace apenas cinco meses el “Compromiso Federal” las autorizó a usar la mitad de esos recursos “para financiar gastos corrientes burocráticos”.
u La mayor parte de los 7.400 millones que invertirían las empresas de servicios públicos privatizados ya estaba prevista. En algunos casos están sujetos a arduas negociaciones en las cuales el declarado objetivo de maximizar inversiones “puede chocar con la previa promesa de lograr reducciones tarifarias y mejoras en la prestación que alienten la competitividad de la producción nacional y protejan el presupuesto de las familias”.
Los borbones
Machinea debió dejar el gabinete de Alfonsín en plena hiperinflación, en 1989. La carta de despedida que él y Sourrouille le enviaron admite que subordinaron todo al objetivo político de consolidar la transición democrática, “sin fracturas ni conflictos que detuvieran su marcha. Frente a las dificultades que enfrentamos, rehuimos siempre las fórmulas drásticas que, justificadas quizás por la envergadura de los problemas, podrían sin embargo comprometer la convivencia social”. La obsesión por evitar el conflicto con los sectores dominantes, la búsqueda de rodeos y compromisos, determina la forma más reaccionaria de resolución para las tensiones que de todos modos se producen en la sociedad, cortando el hilo siempre por lo más delgado. Lo mismo sucede ahora, cuando se considera privilegiado a un trabajador que gana mil pesos mensuales pero no a una empresa como Repsol-YPF que obtiene ese mismo ingreso en 26 segundos.
El vizconde de Chateaubriand escribió que los borbones restaurados en el reino de Francia, de quienes fue ministro, no habían aprendido ni olvidado nada después de la revolución republicana. Machinea, tampoco, como dejó en claro sin proponérselo Guillermo Calvo. Pese a la sobreactuación del equipo económico, el economista norteamericano de origen argentino dijo que nada que hiciera sería suficiente, que debía asumir Ricardo López Murphy y disponerse la dolarización de la economía. “Mi impresión es que los que asumieron son buena gente, eso los hace poco creíbles”, profundizó Calvo en una impresionante declaración a la revista 3puntos, en la que también dijo que “hay gente en el mundo que se muere de hambre y es terrible. Pero se muere de hambre, punto. La cuestión es manejar la situación para no empeorar”. Tal vez Machinea y sus principales colaboradores, Vicens y Gerchunoff (que ocupan ahora los mismos lugares que con Juan Carlos Pugliese durante la primera hiperinflación), no adviertan que sus últimas decisiones lejos de constituir una alternativa a la dolarización, son su prerrequisito: deflacionar el costo salarial antes de que sus valores sean congelados con el temible rayo verde.
Con o sin dolarización, es ostensible que el curso elegido vuelve a colocar a la gobernabilidad en un lugar central de la agenda política. País por país de Sudamérica, la reiteración de las fórmulas del pensamiento único deslegitima la representación política y la coloca en un alarmante plano de antagonismo con la sociedad. Que dentro del último paquete y con el pretexto del déficit fiscal se haya incluido la apertura del mercado de la salud a las empresas transnacionales, cuyas prácticas abusivas son motivo de denuncias cotidianas en Estados Unidos, es una demostración adicional de la orientación adoptada, probable preludio de una nueva oleada represiva. Que ese coto de caza se haya abierto por decreto de necesidad y urgencia, pese a la molestia expresada ante esa posibilidad por el Congreso, que ese decreto haya sido firmado el viernes por el vicepresidente Carlos Alvarez, quien presentó ese asalto a la salud popular como un triunfo de la libertad de elección, indica la falta de límites éticos que el sostenimiento de este modelo exige de la clase política. Una de las últimas escalas en ese itinerario sin regreso es el fraude electoral al que apeló Fujimori. De la Rúa está en Alemania para hablar con Bill Clinton y Gerhard
Schroeder acerca de gobernabilidad y globalización. Más le aprovecharía interiorizarse de los acontecimientos en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, o Venezuela, el vecindario con el que la Argentina comparte tensiones y riesgos.
Mariposas nocturnas
La exhortación del licenciado Alvarez a los legisladores de la Alianza para que reduzcan sus propios salarios es una patética constancia de la desorientación de estas mariposas nocturnas, que chocan contra los reflectores a tontas y a locas. Su resistencia a admitir que el repudio social que padecen y que les impide caminar tranquilos por la calle es producto de las políticas antipopulares que aplican en cuanto llegan al gobierno, abandonando todas las afirmaciones que les permitieron derrotar al elenco saliente, los lleva a esos gestos ridículos, de los que la meneada venta del avión presidencial es otro ejemplo. Si ésta es la política, no se salvarán de la abominación pública, así se reduzcan los sueldos a cero o paguen para ocupar sus cargos. A nadie le molestaría que cobraran retribuciones que los pusieran a salvo de presiones y seducciones de los poderosos si la defensa del interés popular y la coherencia a lo largo del tiempo fueran la norma y no la excepción. Otras caras de este minué siniestro se vieron en el palco del Cabildo, donde un buen número de responsables de la crisis se treparon para despotricar por sus consecuencias, como si todo fuera reversible y nadie fuera responsable de sus actos. Al MTA y sus dirigentes se le pueden objetar muchas cosas, menos incongruencia. En diciembre de 1990 le hicieron el primer paro a Menem y, aunque gobernaba el PJ, fue el comité Capital de la UCR, presidido por Marcelo Stubrin, el que reclamó que se reglamentara el derecho de huelga. En una desvalorización de las luchas sociales como agente de cambio, de la que su partido no se ha apartado ni en el gobierno ni en la oposición, añadió que “es en el Congreso y con los partidos políticos donde se puede juntar fuerza para enfrentar a los sectores que abusaron y abusan de la crisis”. Seguramente todavía no han juntado suficiente, y como no pueden derrotarlos, se unen a ellos.
Público y privado
Por H.V.
De la Rúa citó en Berlín a su hijo Antonio, el autor de los avisos de campaña según los cuales el ahora presidente iba a
 “terminar con esta fiesta para unos pocos”,
empujar “a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto”,
bajar los impuestos, y
terminar con una situación en la que “nosotros no tenemos para la leche. A ellos les sobra champagne”.
Fotografías que le tomaron varias revistas sin su autorización, atrajeron sobre De la Rúa (h) la atención general y abrieron numerosos interrogantes sobre el entrecruzamiento entre lo público y lo privado. Por ejemplo, tanto el presidente como su vocero Darío Lopérfido explicaron sin que se lo preguntaran que Antonio De la Rúa no tenía cargo oficial ni cobraba retribución del Estado. Sin embargo, el mismo gobierno hizo saber que por su desempeño como jefe de campaña de la Alianza en las elecciones de la Capital cobró 2.000 pesos en enero y febrero, 3.200 en marzo y abril y le quedan por cobrar 4.000 por mayo. En total 14.4000, “en blanco, con factura y pagado con fondos partidarios”. Según el artículo 38 de la Constitución Nacional los partidos políticos no son entes privados sino “instituciones fundamentales del sistema democrático” y por ello “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades”. Es decir que una porción de los ingresos de De la Rúa (h) sí proviene de fondos públicos. Por ahora es imposible decir qué proporción, ya que a pesar del compromiso público asumido, y de que el mismo artículo constitucional indica que “los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”, la Alianza hizo saber a la ONG “Poder Ciudadano” que no le revelaría su cuenta de ingresos y egresos por la campaña de la Ciudad. Lopérfido también dijo a este diario que De la Rúa (h) participaba en lo que llamó “tormenta de ideas” para la comunicación de los actos de gobierno de su padre pero luego no intervenía en su realización, que quedaba a cargo de agencias contratadas por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la presidencia.
–¿Las mismas que hacen las campañas proselitistas de la Alianza?
–En algún caso sí –dijo, sin entrar en más detalles sobre esta llamativa superposición.
Las explicaciones sobre las diferencias entre Antonio De la Rúa y Zulema Menem no alcanzan a disipar la incomodidad de estas comprobaciones, que muestran una mezcla promiscua entre la actividad privada de quien con amor ayuda a su padre y la pública de quien interviene en reuniones con ministros y funcionarios en las que se deciden asuntos de gobierno y comanda profesionalmente las campañas de la Alianza, por lo que percibe una remuneración pagada con fondos públicos. Tonietto ya no debe sentirse tan solo.
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