EL JUICIO DE ROMA Y SU SIGNIFICADO PARA ITALIA Y LA ARGENTINA
Jaulas vacías

La condena a Alfredo Astiz en Francia, la investigación del juez español Garzón, que solicitó la detención de medio centenar de militares argentinos, ahora el proceso de Roma donde son juzgados Riveros y Suárez Mason consagran una paradoja difícil de sostener por más tiempo: que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo argentino puedan ser castigados en cualquier lugar del mundo, menos donde se cometieron. Horacio Verbitsky viajó a Roma citado como testigo de la fiscalía y en este artículo transmite su visión del juicio y de su significado para Italia y para la Argentina.

El nazi Erich Priebke en la cárcel-búnker de Rebibbia, en Roma. Allí se realizan las audiencias por las acusaciones contra Suárez Mason.

 El juicio a Carlos Suárez Mason y Santiago Riveros no ocurre en un tribunal cualquiera. La sala-bunker de la cárcel de alta seguridad de Rebibbia, en las afueras de Roma, fue construida en la década del 70 para alojar y juzgar a los brigadistas rojos. Suprema ironía: los militares y sus intelectuales quisieron equiparar a ese terrorismo nihilista con las fuerzas revolucionarias de la Argentina. Pero fracasaron en ese intento y hoy deben rendir cuentas por sus actos nada menos que en Rebibbia, que simboliza la respuesta civilizada a cualquier desafío violento contra el estado de derecho. El debido proceso, con acusación y defensa y todas las garantías de la ley es precisamente lo que diferencia a un Estado constitucional de una dictadura que sólo se sustenta en la mera fuerza.
Luego, la fortaleza de hormigón y acero se usó para el gran proceso a la maffia, cuando el ocaso de la guerra fría permitió a la clase política desembarazarse de ese socio necesario pero incómodo. Esa forma arcaica de organización social había dejado de ser aceptable para un país miembro de la Europa de los Quince. Otra ironía: Suárez Mason es el exponente más acabado de la confusión de la dictadura argentina con el crimen organizado. En su testimonio ante el Senado de los Estados Unidos el agente de inteligencia del Ejército argentino Leandro Sánchez Reisse confesó que el ex jefe del Cuerpo I recurrió al tráfico de estupefacientes para financiar la misión que enseñó a torturar y matar a los escuadrones de la muerte de Centroamérica.
En Rebibbia también fue juzgado Erich Priebke, cuya extradición el gobierno de Menem intentó canjear con el gobierno italiano por una paralización del proceso a los ejecutores de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Buen negocio, pero aun mejor símbolo. Un nazi octogenario por dos fascistas septuagenarios. Sólo diferencias de edad entre ellos.
He visto todo
Las calles de Roma que hay que recorrer bajo un sole cane para llegar a Rebibbia están empapeladas con el rostro de un coetáneo de Priebke, Giulio Andreotti, aquel que decía que el poder desgasta a quien no lo tiene. Andreotti acaba de ser absuelto en un larguísimo juicio por asociación maffiosa, iniciado cuando un arrepentido dijo que lo había visto besarse con il capo de tutti gli capi. Las pruebas no fueron suficientes para condenarlo, pero la absolución hizo menos por rehabilitar su nombre que el aviso publicitario de Diners. “Creía haberlo visto todo. Creía”, dice su texto. La frase no se refiere a la visita de Andreotti a Buenos Aires, el 12 de octubre de 1973, cuando vio al flamante presidente Juan D. Perón inclinarse para besar la mano del granmaestre de la Logia P2, Licio Gelli, sino, apenas, a los nuevos servicios que ofrece una tarjeta de crédito con site en la world wide web. La posmodernidad suele licuar los aspectos más densos de la historia. La memoria es algo que puede confinarse a un disco rígido y medirse en gigas. Pero no siempre y no sólo.
Seis sobre nueve
Unos pocos días no alcanzan para percibir si los italianos advierten cuánto les concierne el juicio de Rebibbia, por el secuestro y asesinato de Mario Marras, Martino Mastinu, Laura Estela Carlotto, su bebé Guido, Roberto Julio Morresi, Pedro Luis Mazzochi, Luis Alberto Fabri y Daniel Jesús Ciuffo, apenas ocho de los 500 desaparecidos en la Argentina que tenían pasaporte italiano. Han oído que grandes empresas italianas abastecían de armas a los militares de la dictadura. Se sorprenden al saber que de las tres primeras juntas militares seis de sus nueve integrantes también eran de origen italiano: Massera, Agosti, Lambruschini, Graffigna, Viola y Galtieri. Escuchan con algún sobresalto el testimonio del periodista Italo Moretti, cuando menciona a la Logia P2, enlace por la doctrina y los negocios entre personajes tan diversos como López Rega, Suárez Mason y Massera. Es una incógnita abierta si fiscales y jueces seguirán también la pista italiana o se limitarán a la conexión argentina. Si, por ejemplo, vincularán la Operación Cóndor con el atentado de Piazza Fontana en Milán y la estación de Bologna; con la organización secreta Gladio, formada con el beneplácito del Departamento de Estado estadounidense para impedir que una votación democrática pudiera depositar al comunismo en el gobierno; con los planes golpistas del príncipe Junio Borghese, a cuyo fracaso huyeron a la Argentina pistoleros como Stefano Delle Chiae y Pierluiggi Paglai, garras italianas del Cóndor. La causa del Cóndor se instruye de modo paralelo y hay todavía una tercera, por los crímenes de la ESMA. Otra incógnita es si esa instrucción, y la consiguiente elevación a juicio, concluirá antes de que el empresario Silvio Berlusconi (en el puesto 23 de los hombres más ricos del mundo de Forbes), vuelva al gobierno y pueda paralizar las actuaciones. Su victoria en las próximas elecciones es un dato que nadie discute, a lo sumo se duda sobre la fecha en que ocurrirá, dentro de un lapso que no pasará de un año. Menos claro es qué hará con el presente griego de los juicios argentinos. En la comisión de derechos humanos del Congreso italiano hay un miembro de su partido Forza Italia, el onorevole Nicolini, que se declara tan comprometido con el juicio como sus colegas del centro-izquierda, pero es dudoso que Berlusconi adopte su posición. Es el fracaso de la coalición de centro-izquierda el fundamento del nuevo ascenso del cualunquismo berlusconiano, asociado con los neofascistas de Alianza Nacional, un resto democristiano y los segregacionistas de la Liga Lombarda. El ex Partido Comunista llegó al gobierno convertido en Parti-
do Democrático de la Izquierda (PDS). Después de prestar la base de Aviano para los bombardeos de la OTAN a Kosovo se quitó la P y se llama a secas Democráticos de Izquierda, y ya habla de arrojar también la S de sinistra, para completar un strip tease ideológico que suena tan familiar. Massimo D’Alema no omitió una sola de las políticas de ajuste que requiere el pensamiento único, y embistió contra derechos sociales y sindicales que se conquistaron al ritmo de La Internacional, porque quería demostrar que de verdad había dejado de ser comunista, que se podía confiar en él. Ya quedó como una muletilla que retrata esta época de transitorios éxitos electorales y definitivas bancarrotas morales, la frase de Nanni Moretti en “Aprile” cuando frente al televisor implora/exige al entonces primer ministro: “Decí algo de izquierda. Aunque sea algo, pero de izquierda”. No lo dijo, condujo el ajuste, terminó por perder elecciones y gobierno y, lo que es peor, el respeto, sin el cual es imposible reconstruir una opción política. Un caso ejemplar.
Cuento de hadas
El juicio a Suárez Mason y Riveros parece un cuerpo extraño, injertado en un cuadro general italiano que apunta en otra dirección. Esta semana las audiencias de Rebibbia fueron desplazadas de las páginas de los principales diarios por el indulto presidencial a Alí Agca tramitado por el Vaticano. Así culminó el cuento de hadas y pastorcitos de Fátima, ese insulto a la inteligencia que las personas más inteligentes acogen con asombrosa naturalidad. El turco que hace dos décadas atentó contra Karol Wojtyla es apenas el pretexto para revivir el proyecto de amnistía a los políticos caídos en desgracia por tangentopoli y mani pulite. Esta semana, por primera vez en ocho años, pisó la casa de gobierno Giani De Michelis, el ex ministro del gobierno socialista de Craxi, amigo de francachelas de José Luis Manzano y Cristiano Rattazzi, hijo de la ex canciller Suzanna Agnelli y cabeza del lobby italiano en la Argentina. En los primeros tiempos del menemismo De Michelis viajaba a Buenos Aires para presionar por las empresas italianas en las privatizaciones y después seguía hacia Punta del Este, con un séquito de mujeres comandado por una pornostar. Fue recibido nada menos que por el primer ministro Giuliano Amato, su ex compañero en el Partido Socialista, y hablaron de su reorganización. Los viejos partidos se desperezan, justo ahora que avanza hacia el poder el antipolítico Berlusconi. A una audiencia del juicio asistió el viceministro de relaciones exteriores Franco Danieli, que pasó de la izquierda pura y ultradura a la Democracia Cristiana y ahora al Partido Popular, una de sus escisiones que se sumó a la coalición gobernante. En realidad, Danieli sólo pasó por la sala de prensa, para dejarse fotografiar mientras declaraba el apoyo oficial al proceso y relativizaba las críticas del ex cónsul Enrico Calamai a la diplomacia italiana de aquella época. Calamai es un héroe que salvó a decenas de italianos, italoargentinos y argentinos a secas, mientras el embajador Enrico Carrara les cerraba las puertas y confraternizaba con los gobernantes que los perseguían. Como el embajador vaticano Pio Laghi, Carrara también tenía pasión por los deportes. Lo suyo no era el tenis sino la equitación, pero tampoco era exigente con sus compañeros de juego. Con una modestia indebida Calamai declaró en el juicio que sólo había cumplido con su deber como cónsul, que era emitir pasaportes a quienes los necesitaban. Pero aún tan sobria descripción hizo volar plumas en el gallinero diplomático y gubernamental. Aquellos que no cumplieron con su deber habrán sido casos aislados, dijo Danielli. La vieja doctrina de los excesos y los errores, en traducción libre a la lengua de Primo Levi.
Argentino ad honorem
El proceso de Roma es el más antiguo de todos los que se instruyen fuera de la Argentina. Lo iniciaron, durante la propia dictadura, dos exiliadas en Italia. Angela Boitano había perdido a sus dos hijos, secuestrados en su adolescencia, cuyas fotos exhibe con ternura. La nena tenía 18 años y sonríe para siempre con la misma expresión de Lita. Dora Salas Romero, a su compañero, el periodista Luis Guagnini. Pero al concluir la dictadura regresaron a la Argentina, donde por unos años pareció que todos eran iguales ante la ley y que la justicia no era un sueño imposible. Recién después de que el presidente Alfonsín borrara con los codos del punto final y la obediencia debida sus promesas de acabar con medio siglo de ajuricidad en la Argentina, las actuaciones romanas se reiniciaron. Fue el ex partigiano y ya nonagenario presidente Sandro Pertini el primero que ofreció simbólico apoyo a los familiares de las víctimas. Una década después ratificó ese compromiso el premier del Olivo, Romano Prodi, a quien aquí llaman El Profesor o La Mortadela de Acero. El ex nazi juvenil y luego juez de negocios Rodolfo Barra no consiguió cerrar este capítulo, porque hubo jueces en Italia que rehusaron poner su firma en una transacción tan mezquina. Pero el resultado de tanta tortuosidad fue que sólo se están juzgando ocho del medio centenar de casos y no necesariamente aquellos con más y mejores pruebas, deficiencia que trata de salvar con un esfuerzo digno de gratitud el fiscal Francesco Caporale, quien se ha ganado un diploma de argentino ad honorem como el de Baltasar Garzón. Ni los jueces chilenos ni los argentinos hubieran desempolvado los expedientes sin el poderoso impulso que recibieron de sus colegas europeos. A su vez, nada hubieran podido hacer éstos sin la infatigable lucha de los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales, como la CTA de Víctor De Gennaro, que en marzo de 1996 organizó el mayor acto de afirmación democrática y repudio a la dictadura que se recuerde. De Gennaro contó a los jueces italianos que las empresas preparaban las listas de trabajadores que después los militares secuestraban y asesinaban. Otros testimonios en el juicio mencionaron a un personaje que en Roma nadie conoce, pero cuyo nombre sobresaltó a los argentinos mejor enterados. Se llama Jorge Rampoldi y como militante de la CNU formó parte de la oficina de personal de Astarsa, donde trabajaban los secuestrados cuñados Marra y Mastinu. Ahora Rampoldi es el viceministro de trabajo de Carlos Rückauf en Buenos Aires. En el insondable movimiento peronista (que los italianos hacen conmovedores esfuerzos por definir y entender) nada se pierde, todo se recicla.
En el estrado se sientan dos jueces togados y seis jurados populares, elegidos por sorteo entre los ciudadanos. Ataviados de domingo, les cruza el pecho la banda tricolor de la enseña italiana. ¿Cómo afecta a unos y otros lo que ocurre en la sala de audiencias? Cuando De Gennaro contó las represalias contra los abogados que presentaban hábeas corpus y habló de la noche de las corbatas, uno de los togados se llevó la mano al cuello y se acomodó la suya. En cambio los jurados populares siguieron con especial atención el video en el que se escuchó a Scilingo repetir su tremenda confesión.
La sala de audiencias es poco común. Sus dos paredes laterales son de rejas. Detrás de ellas están las jaulas desde las cuales los presos de las Brigadas Rojas insultaban a los jueces y negaban la legitimidad de los juicios, y los jefes de la maffia reían burlones. Aunque ahora no estén en uso, siguen allí como prueba de que en ese aula-bunker es donde se realizan los grandes procesos de posguerra en la Italiana Republicana. 
Este es el primero que sucede con los acusados ausentes. Nadie sabe si una eventual condena, no por todos sino por muy pocos casos de la tragedia argentina, no contra todos sino contra poquísimos de sus perpetradores, alguna vez tendrá cumplimiento efectivo. Los familiares confían en que la Cancillería argentina no se opondría a la extradición y, sobre todo, se ilusionan por las actitudes de la secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien desde siempre colaboró con ellos. Pero aunque así no fuera, esas jaulas vacías son un símbolo poderoso. Le dicen a la Argentina y al mundo que en un país civilizado, en una democracia que se respete a sí misma, son inadmisibles los métodos que los militares argentinos emplearon para aniquilar cualquier oposición a su dictadura. Los jueces argentinos deberán decidir ahora si están dispuestos a convivir con la vergüenza de que estos crímenes puedan ser castigados en cualquier lugar del mundo, menos donde se cometieron. Si eligen limpiar su rostro, y el de la Argentina, volverán a encontrarse con Italia: fue al conceder a Roma la extradición de Priebke que la Corte Suprema de Justicia fundamentó que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles e inamnistiables. Aunque la jaula de Rebibbia permanezca vacía, el castigo es jurídicamente posible, políticamente viable y éticamente necesario, no en Madrid, Roma o París, sino en la propia Argentina.