Por Horacio Verbitsky
 El martes y el miércoles de esta semana se discutirán en audiencia pública los planes de inversión y los ajustes tarifarios propuestos por Aguas Argentinas S.A. para el segundo quinquenio de la concesión. Se pondrá a prueba entonces la actitud del nuevo gobierno frente a las privatizaciones celebradas por su antecesor. La enajenación de la ex Obras Sanitarias de la Nación es una de las más escandalosas, ya que no se han cumplido ninguna de las previsiones del contrato original, ni las inversiones comprometidas por el consorcio que controla y opera el grupo francés Lyonnaise des Eaux-Dumez ni las rebajas tarifarias prometidas.
El gobierno no lo ignora: el año pasado, luego de una reunión con los miembros del entre regulador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de la que participaron los ahora presidente y vice, Fernando de la Rúa y Carlos Alvarez), se emitió un comunicado sobre las “preocupantes conclusiones sobre el desarrollo de la privatización de los servicios de agua y cloacas. En primer lugar se constata una importantísima desinversión. De los 1.300 millones de dólares ofrecidos en su propuesta por Aguas Argentinas para los primeros seis años, sólo se invirtieron 550 millones. En segundo lugar, la tarifa que como oferta ganadora ofreció Aguas Argentinas, con un 27 por ciento de descuento, ya lleva un aumento acumulado del 20 por ciento, neutralizando en la práctica la disminución ofertada para ganar la licitación”. Por entonces, ocupaba la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable la ingeniera María Julia Alsogaray. De la Rúa y Alvarez la acusaron de “obstaculizar al Ente Regulador en su labor controlante”. Aquellas funciones fueron absorbidas ahora por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del ministerio de Infraestructura y Vivienda. Su titular es Víctor Pochat, pero luego de la Audiencia Pública la resolución sobre planes de inversión y tarifas la adoptará el Ente Regulador, que recuperó su carácter de autoridad de aplicación que le había sido sustraído por la ingeniera Alsogaray. En junio de 1999, cuando Alsogaray llevó a cabo la última renegociación, el Etoss acordó “evitar juicios de valor, pertinencia o control de legalidad”, lo cual hoy abre el camino para una denuncia judicial.
Cómo incidirán los distintos ministerios y sectores del gobierno nacional es una de las mayores incógnitas. En la jefatura de gabinete, por ejemplo, ha encontrado refugio como asesor en asuntos tributarios y regulatorios el principal colaborador técnico de la ingeniera Alsogaray, Gustavo R. Kippes, consultor de Fiel en privatizaciones, quien llegó a su nueva posición por recomendación de Ricardo López Murphy. Integran el Ente regulador seis directores, designados por la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En la presidencia sigue como representante de la Nación Eduardo Cevallo. Miembro de la tristemente célebre Cooperativa del peronismo de Santa Fe, Caíto Cevallo condujo la privatización y luego fue designado en el Etoss, superposición que la mejor práctica internacional desaconseja. Su permanencia allí es atribuida a lo que con algún pudor se menciona como “gobernabilidad”. El vicepresidente es el frepasista de la Capital Eduardo Epszteyn, próximo al vicepresidente Alvarez. El otro representante de la Nación es Angel Bo-
ttarini, quien reporta al ministro Nicolás Gallo y el otro de la Ciudad el radical Martín Lascano, a quien distintas fuentes señalan vinculado con Gabriela González Gass o con Enrique Nosiglia. Los delegados de la provincia de Buenos Aires son Rubén Citara, ex secretario general de la gobernación de Eduardo Duhalde, y el ex intendente del conurbano Juan Mario Pedersoli, notorio por su predilección por la críptica frase “¿dónde está la burra”? Citara, además de familiar de Duhalde, es autor de un libro de derecho administrativo. Lo prologó Juan Carlos Cassagne, el presidente de Aguas Argentinas.
La menor tarifa
El criterio de la concesión de 1993 fue establecer un plan minucioso y compromisos estrictos de inversión para extender los servicios de aguas y cloacas a poblaciones no alcanzadas y mejorar su calidad, en la Capital Federal y catorce partidos del conurbano. Quien cotizara la menor tarifa para los usuarios recibiría gratis todos los bienes de Obras Sanitarias y su enorme mercado cautivo, con una población de ocho millones y medio de personas. Según el contrato, las tarifas ofrecidas en la licitación no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción, durante las revisiones quinquenales ordinarias. El sistema fue presentado como un avance sobre el aplicado en otras enajenaciones de activos públicos. Redundaría en más y mejores servicios, para todos, a menor precio y sin intervenciones corruptas del Estado.
Aguas de Buenos Aires ofreció una rebaja del 26,1 por ciento sobre las tarifas vigentes al momento de la licitación. Aguas Argentinas del 26,9 por ciento. Por esa uña se adjudicó la concesión. Esa rebaja ya fue absorbida por un posterior incremento del 47,5 por ciento, autorizado por la ingeniera Alsogaray en violación al pliego del concurso público y el contrato de concesión, pero el consorcio vencido no impugnó, lo cual caracteriza un modo de funcionamiento del capitalismo aborigen, donde siguen funcionando los clubes de oferentes guiados por el caritativo lema “Hoy por ti, mañana por mí”.
“En ausencia de una efectiva vocación por respetar el rol del Ente Regulatorio creado (el Etoss) ni de velar por el cumplimiento sustantivo de los documentos contractuales, este proceso ha resultado en una megaconcesión –de un tamaño sin precedentes en el mundo– que ha logrado la modificación a su favor, de facto primero y luego por normas del Poder Ejecutivo Nacional, de gran parte de sus compromisos originales”, dice un estudio realizado en 1999 por Epszteyn (el vicepresidente del Etoss) y por el consultor Jorge Gaggero. Las obras principales comprometidas eran la construcción de la Cuarta Cloaca Máxima, en Avellaneda, y una planta depuradora de líquidos cloacales, en Berazategui, para aliviar la situación del área metropolitana y descargar en el Río de la Plata líquidos tratados y no en crudo, que contaminan las costas. Ninguna de ellas se ha construido y la táctica maestra de la empresa es postergar su cumplimiento mientras sigue cobrando la tarifa incrementada. Según el estudio de Epszteyn y Gaggero, el incumplimiento de las inversiones comprometidas tuvo un “grave impacto sobre las poblaciones pobres del Gran Buenos Aires”, que cuantifican de este modo: no fueron conectados a la red cloacal el 30 por ciento de los usuarios previstos en el contrato de concesión (290.000 personas) y no reciben agua potable un tercio de las personas que por el contrato debían recibirla (490.000 usuarios).
La última de las constantes renegociaciones se prolongó por más de dos años (1997-1999) y desembocó en modificaciones de tal envergadura que suponen la celebración de un nuevo contrato. Las Resoluciones 1103/98, 601/99 y 602/99 incorporan modificaciones en la regulación tarifaria, indexan las tarifas según las variaciones en índices de precios estadounidenses, e incorporan todo tipo de reaseguros que garantizan la preservación de los muy elevados márgenes de rentabilidad de la concesionaria. Dos semanas antes de dejar el poder, el 24 de noviembre de 1999, Menem blanqueó estas anomalías (que según especialistas consultados también podrían constituir delitos) con el decreto 1369/99, que delegó en la ingeniera Alsogaray “la elaboración y aprobación del texto ordenado de las normas concesionales, marco regulatorio y contrato de concesión”. Las últimas resoluciones de Alsogaray son de junio de 1999 e indican que procuraba concluir la revisión quinquenal antes del cambio de gobierno. Pero en julio estalló el escándalo de su colaborador Mario de Marco Naón y la faena quedó inconclusa.
Algebra francesa
Una de las figuras más creativas afirmadas en aquel momento fue la denominada Exposición Financiera Neta (EFNQ). En el primer quinquenio la empresa habría tenido una Exposición Financiera Neta negativa, de 823 millones de dólares, y debía recuperarla en las dos décadas que le quedan de concesión. Traducido al álgebra francesa: Aguas Argentinas se comprometió a invertir 1.300 millones en cinco años, según De la Rúa y Alvarez sólo invirtió 550, como resultado de lo cual el país les debe 823.
Según el esquema original de la concesión las tarifas se podían reducir pero no aumentar, de modo que el beneficio del operador estaba asociado a mejoras de eficiencia. Debía correr con el riesgo de no conseguirlas, en cuyo caso no tendría ganancias, que el Estado nunca prometió garantizarle. La renegociación de junio de 1999 adoptó el mecanismo inverso: en vez de garantizarle al usuario la disminución de las tarifas, le aseguró a la empresa su aumento, trasladando los aumentos de costos a las tarifas. Además, la introducción de revisiones anuales, quinquenales, extraordinarias y por fuerza mayor o caso fortuito suprime todo riesgo empresario y garantiza la obtención de rentas monopólicas, por ineficiente que sea la empresa prestadora.
Si el álgebra francesa se combina con índices de precios estadounidenses, los resultados son asombrosos. Las tarifas debían ajustarse según la fórmula IPC-X (IPC es el incremento del índice de precios y X el coeficiente de eficiencia de la empresa). Este mecanismo promovía la disminución real de las tarifas en beneficio de los usuarios al transferirles, al menos parcialmente, los aumentos de productividad de la empresa. Pero el índice de precios seleccionado para aplicar la fórmula fue el promedio simple entre el Indice de Precios Mayoristas Industriales y el Indice de Precios al Consumidor de Aguas y Servicios Sanitarios, ambos de los Estados Unidos, que en los últimos años ha aumentado mucho más que los precios argentinos. Además, el llamado factor de eficiencia global (X) fue establecido de forma arbitraria en apenas un 0,5 por ciento. Es decir, se supone qué ese es el porcentaje en que mejora cada año la eficiencia de la empresa. Como la inflación de los Estados Unidos ha tendido a ser en los últimos años muy superior al 0,5 por ciento anual, la aplicación de este particular esquema de IPC-X daría lugar a un ajuste ascendente de los precios (por ejemplo, 2 por ciento de variación IPC de Estados Unidos - 0,5 por ciento del coeficiente X 1,5 por ciento), y no descendente, que es lo que en teoría buscaba este tipo de mecanismos de ajuste. El Etoss determinó que el índice de precios elegido es el que mayor aumento sufrió entre agosto de 1992 y diciembre de 1998: 26,6 por ciento, contra 18 por ciento del Indice de Precios al Consumidor del INDEC; 16 por ciento del Indice de Precios al Consumidor en Estados Unidos; 15,9 por ciento del Indice del Costo de la Construcción del INDEC; 8,2 por ciento del índice combinado que se emplea para la regulación de la energía eléctrica; 4,2 por ciento del Indice de Precios de Commodities Industriales de Estados Unidos y 3,4 por ciento del Indice de Precios Mayoristas del INDEC.
Tal como ocurre en otros contratos de monopolios privados de servicios públicos, también en este caso se han previsto los mecanismos de “indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios” que la Ley de Convertibilidad prohíbe. La Resolución Nº 1103/98, de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable indexa las tarifas a partir del febrero de este año, según las variaciones que registren los mencionados índices de precios estadounidenses, pero además dolariza los ingresos de la concesionaria (“en caso de alteración de la paridad $/U$S la misma se trasladará a la tarifa”, dice), ofreciéndole un gratuito seguro de cambio. Con clara previsión de futuro, la ingeniera Alsogaray estableció que cualquier modificación a los informes periódicos que la empresa debe presentar al Etoss requerirían la aprobación del Concesionario, lo cual equivale a la subordinación del regulador al regulado.
A pesar que la Resolución 601 estableció que el nuevo régimen tarifario debería ser neutro para el concesionario, las propuestas tarifarias de Aguas Argentinas a debatir en la Audiencia, incrementarían sus beneficios de distintos modos:
 Las tarifas aumentarían casi el 9 por ciento.
Se modificarían los denominados coeficientes zonales, lo cual implicaría para los usuarios afectados un incremento adicional de las tarifas de alrededor del 25 por ciento. Vale la pena describir el mecanismo, por lo ingenioso. De acuerdo al contrato se cobran tarifas diferentes según las condiciones urbanísticas de cada barrio. Cuando se conecta el servicio a un barrio a una tarifa determinada, mejoran sus condiciones. En consecuencia, se le aumenta la tarifa.
Los consumos libres de los usuarios con servicio medido se reducen en forma paulatina, hasta su completa eliminación.
Se establecen cargos adicionales por mora, por mantenimiento y renovación de conexiones y medidores.
Si un usuario decide alquilar su casa, debe pagarle a Aguas Argentinas seis meses de servicio por adelantado.
Se violaría la cláusula de neutralidad tributaria establecida en el punto 8.2 del contrato de concesión, según el cual podrían trasladarse a las tarifas los cambios de alícuotas impositivas, salvo IVA y Ganancias, que no podían considerarse como costos. La ingeniera Alsogaray suprimió ganancias de esa cláusula en 1998 y el “Plan de Mejoras y Expansión del Servicio”, presentado en marzo de 2000 por la empresa en vistas a la audiencia pública reclama que se le deberá compensar “la suba de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 30 por ciento al 35 por ciento ocurridas en 1996 y 1998”.
Una vez obtenida la alteración de la fórmula inicial y garantizada la rentabilidad, la inflación de los costos sobre los que se efectúa el cálculo pasa a ser estratégica. Entre 1994 y 1999 los gastos de explotación, aquéllos fáciles de medir, se contrajeron un 2 por ciento. En cambio se duplicaron los gastos de comercialización, se triplicaron los de administración y se octuplicaron los financieros, es decir aquellos más difíciles de controlar. Por ejemplo, el plan de la empresa contempla costos de computación por 65 millones de dólares, básicamente en algo tan intangible como el software. Cualquier coincidencia con la informatización del Banco Nación por IBM no es casual. Esos costos intangibles apenas superaban el 30 por ciento del total al comenzar la concesión, llegan ahora al 60 por ciento, y fundamentan los aumentos tarifarios. El Ente Regulador detectó en los balances de la empresa por lo menos 120 millones de dólares de intangibles inadmisibles. Entre ellos, 63,5 millones pagados en retiros voluntarios, 23 millones en “honorarios y gastos relacionados con la privatización, toma de posesión y organización de la sociedad” (un rubro casi idéntico atrae la atención de quienes ahora están investigando los actos de corrupción en la venta de Aerolíneas Argentinas). Incluso Aguas pretende computar como costos el pago del canón, los gastos organizativos y el software por la concesión que obtuvo en Quilmes, que no formaba parte del área licitada, y que rondan los 30 millones.
Campeones
No es que la rentabilidad de la concesionaria fuera baja hasta ahora. Por el contrario, ya superaba la de las empresas que prestan servicios similares en países vecinos como Chile, en el país de origen del operador, Francia, o en Estados Unidos. Según un estudio de Flacso, en 1999 la utilidad neta de Aguas Argentinas antes de impuestos fue del 27,6 por ciento de su patrimonio y del 18 por ciento de sus ventas. “En el caso de Chile, la relación Utilidad Neta/Patrimonio Neto presenta, como promedio ponderado, valores de 6,5 por ciento, en 1998, y de 8,1 por ciento en 1997, con niveles extremos que varían, en el primer caso, entre 15,7 por ciento (Maipú) y 6,9 por ciento (ESVAL), ambas empresas medianas. Por su parte, en 1997, tales valores extremos fluctuaron entre 12,3 por ciento (ESSAN) y 0,7 por ciento (Aguas Cordillera). En Estados Unidos esa rentabilidad fluctúa entre 6,5 y el 12,5 por ciento; en Francia la rentabilidad se ubica en torno al 6 por ciento, y en Inglaterra se considera aceptable un retorno del 6 por ciento sobre el patrimonio neto”, dice. Pero además, los niveles de retorno de Aguas Argentinas casi cuadruplican las utilidades sobre ventas de las 200 mayores empresas en la Argentina, que en 1997 fueron de 4,8 por ciento y casi duplican las de las firmas líderes vinculadas a los procesos de privatización, del 10,8 por ciento sobre sus ventas. Ahora van por más.
Los boludos
Por H.V.
El artículo 42 de la Constitución Nacional prevé la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control de “los servicios públicos de competencia nacional”. Desde diciembre de 1999 el Ente Regulador de los servicios de obras sanitarias fue el primero en cumplir con tal mandato, aunque el Congreso aún no sancionó la ley especial reglamentaria. La Comisión de Usuarios de Aguas Argentinas, formada por ocho entidades, ocupa una oficina en la gerencia de relaciones institucionales del Etoss. Al anunciarse la audiencia pública, esta Comisión de Usuarios solicitó una asesoría a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el ente académico que con más rigor ha estudiado las privatizaciones de la década pasada y sus consecuencias económicas. El Area de Economía y Tecnología de Flacso hizo llegar su propuesta a los usuarios, que el 27 de abril la elevaron para su aprobación al Etoss. “Quieren politizar la audiencia”, protestó el presidente del Ente, Eduardo Cevallo.
Como ya es costumbre, lo que se sabe en el Ente Regulador se sabe de inmediato en la empresa a la que, teóricamente, controla. El 11 de mayo Juan Blas De Angelis solicitó a Flacso telefónicamente un trabajo de consultoría para Aguas Argentinas con vistas a la misma audiencia pública. Flacso es una institución académica que no suele efectuar actividades de consultoría para empresas. Si bien su Area de Economía y Tecnología ha realizado múltiples investigaciones referidas a la privatización y regulación de diversos servicios públicos, entre ellas ninguna sobre los servicios de provisión y saneamiento de agua potable, lo cual torna notable el pedido.
Una vez repuesto de la sorpresa, el investigador principal Daniel Azpiazu pidió a la empresa que repitiera el pedido por escrito. Siete minutos después, un e-mail cumplió con ese requisito. Decía que el objetivo de la consultoría solicitada era “calcular la incidencia en la economía del país de los beneficios asociados a la implementación del plan de inversiones de Aguas Argentinas”. Para que los economistas y técnicos de Flacso no debieran esforzarse, la empresa les comunicaba “una lista no exhaustiva de los beneficios del plan”, que según el e-mail, incluirían la siguientes obviedades:
Generación de puestos de trabajo
Efecto multiplicador sobre la economía
Generación de ingresos para los municipios (vía tasas municipales, ingresos brutos, etc.)
Generación de ingresos para el estado (impuesto a las ganancias, IVA, etc.)
Añadía que “esta lista deberá ser ampliada por la consultora, quien en su propuesta podrá incluir todo otro beneficio que le parezca relevante”. El trabajo debía estar finalizado para el día 1 de junio. El 15 de mayo el Coordinador del Area de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, respondió que “razones elementales de ética profesional”, lo obligaban a “declinar el ofrecimiento de su empresa para presupuestar una eventual contratación”. La nota de Basualdo recordó “el compromiso asumido de prestar asistencia técnica a la Comisión de Usuarios del Etoss en las actividades preparatorias de la posición que fijará tal Comisión en, precisamente, la Revisión Quinquenal de dicho contrato” y dejó constancia de que ese compromiso “fue formalmente presentado ante dicho organismo regulatorio pocas días antes de recibir su oferta”. Copia de la respuesta fue enviada a la Comisión de Usuarios y al Ente Regulador. “Qué boludos, se perdieron 200 lucas”, fue el escueto comentario de un director del Etoss.
Pero una vez que los investigadores de Flacso rechazaron el anzuelo tendido por la empresa, el Ente Regulador guardó en lo más profundo de sus cajones el presupuesto (por apenas 6.000 pesos) sometido a su consideración por los usuarios. Recién el jueves 22, el Directorio aprobó la propuesta y el presupuesto de Flacso. Pero el 12 de junio, Basualdo hizo saber que “transcurrido más de un mes y medio desde dicha remisión, y a pocos días de la celebración de dicha audiencia pública, no hemos tenido respuesta alguna”, por lo que “nos vemos obligados a declinar del ofrecimiento y presupuesto oportunamente efectuado”. En tan igualitarias condiciones comenzará, pasado mañana, la confrontación entre el león suelto y el mono atado.
|
