LA EXTENSION DE LAS CONCESIONES DE GAS Y PETROLEO HASTA 2027
Gases tóxicos

La Argentina no sabía que tiene en el gobernador de Neuquén al más fabuloso negociador internacional. En abril Repsol propuso invertir 4.500 millones de dólares a cambio de una prórroga de diez años en la concesión de su megayacimiento de gas en Neuquén. Dos meses después se anunció en Madrid que esa inversión sería de 8.000 millones de dólares. En realidad esa inversión era obligatoria por ley y conveniente en términos de mercado sin necesidad de prorrogar la concesión hasta el remoto año 2027, lo cual implicará ganancias adicionales para la empresa de cerca de 40.000 millones.

 El acuerdo con la petrolera Repsol lo anunció en Madrid el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, pero el mayor festejo tuvo lugar en Olivos. Se comprende: era la parte sustancial del pomposamente denominado “Plan quinquenal de inversiones” que el ministro de Economía José Luis Machinea comunicó el 29 de mayo con el propósito de amortiguar el impacto psicológico del ajuste sobre los salarios de los trabajadores. Una semana después, el jefe del gabinete de ministros, Rodolfo Terragno, dijo en el Senado que era el Poder Ejecutivo el que propiciaba “una extensión de las concesiones concertada con las provincias”. Esto forma parte de los intentos oficiales por mostrar un rostro optimista y terminar con la “mala onda”, según las palabras del presidente Fernando De la Rúa, aunque ello implique allanarse a todas las condiciones de la empresa española y enajenar recursos que pertenecen a las próximas generaciones de argentinos. 
Dentro del Poder Ejecutivo, la punta de lanza de esa estrategia es el secretario de Energía Daniel Montamat, ex presidente de YPF y ministro de Economía en el gabinete en las sombras que presentó Terragno desde la oposición. Montamat fue el hombre del lobby petrolero que gestionó la conformidad de la Unión Cívica Radical con la privatización de YPF, conducida durante el anterior gobierno por su primo y socio Luis Prol. Además, es el vendedor del software con el que las provincias deberían controlar la correcta liquidación de las regalías, cuyo monto es en la Argentina uno de los más bajos del mundo. 

Marketing

En una brillante operación de marketing, el acuerdo fue vendido como un Éxito simultáneo de la Nación, de la Provincia y de una empresa moderna y sensible al contexto social en el que opera. Repsol daría asistencia técnica y respaldo institucional para que Neuquén obtenga financiamiento por 300 millones de dólares, “en las mejores condiciones que ofrezcan los mercados internacionales”, lo cual podría implicar un negocio para el Banco Bilbao Vizcaya y La Caixa, del grupo de control de Repsol. Además, donaría a la provincia 30 millones de dólares: 20 para sanear los pasivos de las empresas de servicios constituidas por ex trabajadores de YPF al momento de la privatización y otros 10 para proveerles capital de trabajo. Esa propina tiene una contraprestación: las PYMES de servicios deberían ceder su gerencia a la empresa designada por Repsol, Sade, cuyos precios por los mismos servicios han sido hasta menos eficientes que los de los emprendimientos provinciales. Además, la empresa española colaboraría con la provincia en la convocatoria a otros inversores privados para la instalación de plantas industriales que elaboren sus productos, concedería 3.000 becas en cinco años para estudiantes de nivel medio y universitario, promovería la radicación en Neuquén del mayor número posible de sus actividades técnicas y administrativas y de su personal, y hasta participaría en “proyectos paleontológicos y espeleológicos” y de “recuperación del patrimonio histórico y cultural”. Además daría solución a los reclamos de las comunidades indígenas y se comprometería a intercambiar en forma fluida con la provincia información sobre disponibilidades de insumos, materias primas y recursos. 

La danza de la fortuna

Según la documentación que pudo consultar este diario, la extensión por diez años de la concesión del área Loma de la Lata-Sierra Barrosa surge de una propuesta de Repsol, presentada a Sobisch el 28 de abril. Esa área, concedida por 25 años en 1992, es el único megayacimiento de gas que posee Repsol. La propuesta incluía, una vez prorrogada la concesión, un denominado plan de desarrollo para la provincia de Neuquén durante el período 2000-2017 por “un monto total estimado” de 4.500 millones de dólares, “aplicado principalmente a actividades de exploración y desarrollo de reservas de petróleo y gas, la construcción de instalaciones de producción, acondicionamiento, separación y transporte de hidrocarburos, y a la operación y mantenimiento de dichas instalaciones”. Si se coteja este texto con el que Sobisch firmó el 27 de junio en Madrid con el presidente de Repsol, Adolfo Cortina, habrá que concluir que la capacidad de negociación del gobernador neuquino es espectacular: en apenas dos meses, la inversión prometida pasó de 4.500 a 8.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 en el primer lustro. Los negociadores argentinos ante los organismos internacionales de crédito tiemblan ante tamaño competidor.

Altas tasas de retorno

Otra interpretación menos cándida sostiene que aun la mayor de esas cifras ya formaba parte de los planes de inversión de Repsol en el período 2000-2017, para explotar su yacimiento más importante y explorar nuevos y prometedores hallazgos en el área de la concesión, ahora que el precio internacional del crudo tocó las nubes de los 30 dólares por barril. Por ejemplo, el Boletín de Informaciones Petroleras de Repsol-YPF, Nº 61, ya decía en marzo que en los próximos 36 meses privilegiaría las inversiones en las áreas y cuencas “con mayor potencial explotatorio y posibilidades de desarrollo efectivo”, de modo de “impulsar un crecimiento selectivo de aquellas actividades que garanticen los mayores índices de retorno”. Incluso anticipaba una cuantificación. En apenas tres años, Repsol-YPF planeaba invertir 10.400 millones de dólares, “más del 60 por ciento en América del Sur”. La diferencia entre los 4.500 millones de abril y los 8.000 de junio es un indicio elocuente sobre el manejo propagandístico de los números en juego. Repartida en los 17 años que aún restan de la concesión original, la pregonada inversión de 8.000 millones se explica por las necesidades y las conveniencias de la empresa para el mejor aprovechamiento de su concesión. Sobre todo ahora que tiene en prospección dentro de la misma área el yacimiento de Sierras Blancas, cuya producción sería aun mayor que la de Loma de la Lata. 

En tres años

Las tres cuartas partes de los beneficios de Repsol provienen de sus yacimientos neuquinos. La senadora nacional Silvia Sapag calcula que con esas ganancias Repsol pagó la compra de YPF en menos de tres años. En ello incidió la vertical valorización de sus yacimientos por el aumento del precio del barril de petróleo en el mercado mundial. Pero sólo una parte de ese lucro se debe a una operación normal de mercado. Según el diputado nacional por el Frepaso Alejandro Peyrou, en ese mismo lapso las empresas petroleras “extrajeron del sistema productivo nacional y del poder adquisitivo de la población una sobrerrenta oligopólica de 2.200 millones de dólares”. Este cálculo surge de multiplicar el consumo interno de combustibles por la diferencia entre el precio de importación y el precio de exportación del petróleo, ya que el oligopolio petrolero no traslada al combustible las disminuciones en los precios internacionales del crudo, pero sí los aumentos. La Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén estima que los diez años de prórroga implicarían una transferencia a la empresa española de 37 a 39.000 millones de dólares. “Si bien es necesario efectuar inversiones para incorporar reservas, las mismas ya están aseguradas ya que el riesgo minero lo corrió la YPF estatal con la exploración primaria, es decir ya las empresas no corren mayores riesgos. Es fácil incorporar reservas en Loma de la Lata, que son áreas conocidas donde existe mucha información técnica, pero las empresas no invierten enáreas como El Huecú, Las Lajas, Cordillera del Viento, en donde tienen que explorar desde cero y deben correr el riesgo minero”, sostiene la ATE.

Preguntas y respuestas

La senadora Sapag agrega que “en el primer trimestre de este año, Repsol ya invirtió en Loma de la Lata nada menos que 844 millones de dólares, antes de que nadie le regalara prórroga alguna”. Aparte de las conveniencias de la empresa, esto surge de una obligación legal. La ley de hidrocarburos vigente dice en su artículo 31 que el concesionario de una explotación debe “efectuar dentro de plazos razonables las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la magnitud y característica de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos”. Dentro de las presuntas nuevas inversiones anunciadas figuran hasta los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones preexistentes, en cumplimiento de aquella obligación.
Un punto de la propuesta de abril que subsiste en el anuncio de junio dice que la empresa “ha dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. Se explica: el artículo 35 de la ley de hidrocarburos condiciona precisamente la posibilidad de prorrogar por diez años una concesión a que el concesionario haya dado buen cumplimiento a sus obligaciones. En Buenos Aires fue imposible obtener una versión oficial de Repsol sobre estos puntos, ya que hasta mañana estará en Madrid el director de Relaciones Institucionales Hugo Martini, quien es la única persona autorizada a dialogar con la prensa. Bajo condición de anonimato, uno de los directivos que intervinieron en la elaboración de la propuesta aceptó responder preguntas al respecto. Sus respuestas no despejan ninguna duda:
Pregunta: La ley de hidrocarburos dice que el concesionario está obligado a invertir de modo de asegurar la máxima producción en el área concedida. Esto sugiere que todo lo que ahora se presenta como nueva inversión ya formaba parte del compromiso contraído al asumir la concesión.
Respuesta: Usted tiene un plan de desarrollo a futuro. A ese plan normal corresponde la primera cifra que se manejó, los 4.500 millones, en los plazos vigentes. Cuando se habla de producción máxima hay que tener en cuenta las expectativas de venta en el mercado. Todo depende también de la capacidad de transporte para sacar la producción. ¿Qué sentido tendría incrementar la producción si está saturada la capacidad del gasoducto para transportar el gas? Por eso ahora el compromiso nuevo es de invertir tres mil millones en el primer quinquenio.
(No es eso lo que dice la propuesta del 28 de abril, que ya presentaba las inversiones por 4.500 millones como un compromiso nuevo, a cambio de la prórroga.)
Pregunta: El acuerdo dice que Repsol “ha dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”, cuando recién han transcurrido ocho de sus 25 años. ¿No habría que esperar a su conclusión para evaluar ese cumplimiento?
Respuesta: No, la ley no prevé ningún plazo. Esa calificación se refiere a la fecha de hoy. Hay que tener en cuenta que casi no ha habido experiencia de prórrogas, salvo en dos concesiones en Salta. Una, de Panamerican, se otorgó directamente por 35 años. Otra, de Pluspetrol, se extendió a raíz de las inversiones necesarias para abastecer de gas a una planta térmica de Tucumán. Piense que cuando se vende gas como insumo petroquímico o para producir energía, los contratos son por 20 o 25 años. Lo mismo si exporta a Brasil, donde tenemos la competencia de Bolivia. En Loma de la Lata nos quedan 17 años. Si no podemos asegurar un contrato de veinte años, perdemos el negocio.
(Con tal razonamiento, las concesiones deberían incluir una cláusula de renovación automática perpetua con el único requisito de mostrar una carta de intención de algún cliente nacional o extranjero.)
La imprecisión de estas respuestas no es casual. Según la ley, las empresas están obligadas a presentar sus planes de inversión. Durante una audiencia en la Comisión de Combustibles del Senado, ante una pregunta sobre la periodicidad y el modo de cumplimiento de esa obligación, los representantes de las empresas dijeron que presentaban esos planes en forma anual y que podían consultarse en internet. Lo que se llama una poética respuesta virtual, incomprobable en el prosaico mundo de los átomos. Las audiencias con superficiarios, gobernadores y minoristas fueron públicas. Cuando acudieron las empresas, el miércoles anterior, se cerraron las puertas, no sólo a la prensa sino incluso a los asesores del cuerpo.

Los mapuches y el software

El acuerdo dedica apenas unas líneas a “los reclamos de las comunidades indígenas”. Se refiere a las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ, que tienen una disputa legal con Repsol por contaminación del agua que utilizan con gasoil. “Queremos que haya una reparación de los daños ambientales que han provocado. Se tiene que evaluar el daño y repararlo”, dice el representante de ambas comunidades, Gabriel Cherqui. En realidad, la evaluación ya fue realizada, en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que consideró el daño provocado por las explotaciones de hidrocarburos en la cubierta vegetal, los pozos abandonados, la elevación de las napas, las aguas superficiales y la degradación del suelo. Según los expertos, este pasivo ambiental ronda los mil millones de dólares, sin calcular aún el valor que implica la recuperación de los cursos de agua contaminados. La mayor parte corresponde a Repsol, aunque también hay denuncias por contaminación contra Pluspetrol y Total Austral. Como las empresas se negaron a negociar estos reclamos, el anterior gobierno provincial redactó con asistencia de Naciones Unidas una demanda judicial, que nunca fue presentada. Ahora Sobisch puso la cuestión en manos del ministro de Planificación, José Brillo, precisamente uno de los negociadores por la provincia del acuerdo con Repsol. En vez de presentar la demanda aceptó en el Acta que Repsol “ha dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”, lo cual la releva de responsabilidad por el daño pasado y futuro. 
Una de las cláusulas del convenio de asistencia financiera del ministerio del Interior a los municipios neuquinos, sostiene que la provincia instalará un sistema informático de control de detección de errores y/o análisis de desvíos en la liquidación de regalías de petróleo, gas y electricidad. El accionista mayoritario de la única empresa que provee el software, Montamat & Asociados, es el secretario de Energía de la Nación, Daniel Gustavo Montamat, quien al asumir delegó la gerencia general en su hermana Berta Silvia. Cuando se divulgaron en Neuquén los términos del convenio, el ministro Federico Storani negó haber impuesto esa cláusula y dijo que era el gobierno neuquino el que había solicitado que no objetara la contratación. Ya en 1992, durante la anterior gestión de Sobisch, Montamat había ofrecido el software a la provincia asociado con Rodial, una empresa neuquina que pertenecía a la familia del actual secretario de energía de Neuquén, Ricardo Rodríguez. El mes pasado, en un reportaje Rodríguez defendió elípticamente su sistema en comparación con el de control pozo por pozo, que Neuquén trató de implementar entre las dos gestiones de Sobisch: “Las petroleras no mienten en cuanto a las producciones”, dijo Rodríguez. A su juicio los controles no deben ser operativos sino administrativos. Montamat ya logró vender su software a Río Negro. En un caso similar, el 29 de marzo, el Fiscal de Control Administrativo de la Corrupción, José Massoni, dictaminó que Montamat debía abstenerse de intervenir en todo lo relativo al contrato de auditoría de su empresa con la Cámara de Empresas de Gas Licuado.

El marco legal

El acuerdo con Repsol afirma que durante 2000 Neuquén prestará su conformidad para que la empresa obtenga la prórroga “bajo la legislación vigente” o directamente la otorgará, “en caso de modificación de la actual legislación”. Estas alternativas aluden a un intríngulis jurídico entre leyes y constituciones. La Constitución de Neuquén establece que la explotación de los recursos del subsuelo sólo podrá concederse a “organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales o municipales o a consorcios de tipo cooperativo regidos por el Estado”, y afirma que la participación provincial en su producido debe ser equitativa y aprobada por los dos tercios de votos del total de miembros de la legislatura. Pero de acuerdo con la ley de hidrocarburos vigente desde 1967, la Nación otorgó la concesión a YPF cuando aún caía dentro de la descripción constitucional de organismo fiscal. En 1994 el artículo 124 de la reformada Constitución Nacional estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Desde entonces se analizan en el Congreso distintos proyectos de ley que reglamentan esa transferencia a las provincias. En el mismo curso autoritario del gobierno nacional, Sobisch se niega a someter la prórroga a la legislatura. Al asumir firmó un convenio de refinanciación de la deuda provincial (de 600 millones de dólares, que crece a un ritmo de 20 millones mensuales), y como la Legislatura no lo aprobó, lo hizo él por decreto de necesidad y urgencia, que fue avalado por De la Rúa. Lo mismo se propone hacer ahora. Según el bloque de diputados provinciales de la Alianza, durante su anterior gobierno Sobisch ya había dispuesto de 700 millones de dólares en pago por diferencias acumuladas en la liquidación de regalías petroleras, “que fueron dilapidados sin producir ningún tipo de cambio estructural” que tornara menos vulnerable a su provincia. 
Durante años, las compañías petroleras resistieron cualquier modificación de la ley de hidrocarburos, posición que acaba de sufrir un súbito cambio. La Comisión de Combustibles del Senado ya fijó fecha para la emisión de dictamen (el 11 de julio) y para su tratamiento en el recinto, a fin de mes. Hasta se formó una comisión bicameral, para que no sea necesario introducir en la Cámara de Diputados ninguna modificación que retrase el vertiginoso proceso. Es posible que este apuro obedezca a la posición anunciada por los gobernadores de Salta, Mendoza y Santa Cruz, de que no firmarán prórrogas antes de la reforma de la ley. El salteño Juan Carlos Romero, que preside la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas, discutió el punto con Sobisch durante una sugestiva visita a Neuquén, hace tres meses. El gran tema pendiente es el porcentaje de las regalías que cobrarán las provincias. Aunque la ley vigente fija el 12 por ciento, resoluciones de la Secretaría de Energía permitieron bajarlas hasta el 5 por ciento. 
El objetivo constante de las petroleras es reducir el porcentaje, aduciendo que de otro modo no están en condiciones de invertir. Sin embargo, las mismas empresas pagan hasta tres veces más en otros países. Por ejemplo, Repsol liquida regalías del 18 por ciento en Bolivia (igual que Pérez Companc) y del 35 por ciento en el Perú. La primera edición de este año de la revista especializada “Petroquímica, Petróleo, Gas & Química” informa que Pluspetrol, asociada con Hunt Oil y S.K.Corp. resultó adjudicataria del área Camisea en Perú, ofreciendo regalías del 37,24 por ciento. 
El proyecto de ley del presidente de la Comisión de Combustibles del Senado, el salteño Emilio Cantarero, mantiene la banda del 5 al 12 por ciento pero establece que al llamar a concurso se “podrá establecer un porcentaje distinto”, lo cual suprime toda restricción a la baja. El acuerdo entre Repsol (que factura 27 mil millones de dólares al año, es decir más de la mitad del presupuesto nacional) y Neuquén (cuyo presupuesto es de mil millones anuales) ayuda a imaginar las igualitarias condiciones en que se negociará cada futura licitación.

Todo se recicla

Por H.V.

En la nota sobre el juicio a Suárez Mason en Italia se consignaron testimonios sobre “un personaje que en Roma nadie conoce, pero cuyo nombre sobresaltó a los argentinos mejor enterados. Se llama Jorge Rampoldi y como militante de la CNU formó parte de la oficina de personal de Astarsa, donde trabajaban los secuestrados cuñados Marra y Mastinu. Ahora Rampoldi es el viceministro de trabajo de Carlos Rückauf en Buenos Aires. En el insondable movimiento peronista (que los italianos hacen conmovedores esfuerzos por definir y entender) “nada se pierde, todo se recicla”. Rampoldi envió una carta al diario según la cual “mi primera sensación fue de sorpresa, inmediatamente bronca, y luego me invadió el agobio, la frustración de pensar que nada se había aprendido en todos los años de horror y estos 17 de hermosa vida democrática. Nuevamente la mentira, la falsedad, el uso vicioso y artero del poder, la utilización del dolor y la miseria para provecho personal aparecían como preanunciando la reinstalación en mi querida Argentina de esas reglas de juego que tanto nos han costado y cuestan cambiar”. En concreto dijo que “jamás milité en CNU y nunca trabajé en Astarsa”. 
Quien mencionó a Rampoldi en su testimonio en Roma fue Luis Francisco Benencio, ex obrero naval y delegado de Salud y Condiciones de Trabajo en Astarsa en el período 1973/76 y compañero de trabajo de Mastinu. Consultado ante la desmentida de Rampoldi, respondió que había narrado a los jueces italianos “el hostigamiento permanente que realizó la empresa contra los trabajadores” y relatado “el caso de la intervención del Sindicato Obrero Naval de Zona Norte. Dije que muy poco tiempo después, la oficina de personal de Astarsa había cambiado a sus responsables por gente totalmente ligada al mismo grupo político de derecha. La estrategia de la patronal fue justamente incluir a todo un grupo de derecha en los dos lugares en donde teníamos fuerza para seguir luchando por nuestras reivindicaciones: el sindicato y la oficina de personal de Astarsa. Cuando me pidieron nombres recordé a Infante López y a Jorge Rampoldi. Me pidieron precisión sobre el grupo al cual pertenecían y respondí que en ese momento había en la Argentina varios grupos, como CNU, Comando Evita, CdeO y otras siglas. Me avalan en estas afirmaciones ex compañeros navales de esos años, organismos de derechos humanos de Zona Norte y familiares de compañeros desaparecidos, que están dispuestos a dar su testimonio sobre los hechos relatados”.