Por Horacio Verbitsky
 La diputada nacional por el Frepaso Alicia Castro, quien al mismo tiempo es secretaria general de la Asociación de Aeronavegantes, presentará mañana al Fiscal de Control Administrativo de la Corrupción José Massoni una denuncia contra los funcionarios que intervinieron en el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral, desde los ex ministros Roberto Dromi y Domingo Cavallo hasta los oscuros ejecutores que a lo largo de una década fueron cediendo derechos y recursos nacionales en las sucesivas renegociaciones del contrato inicial. El expediente podrá ser la cabeza del mayor proceso contra la corrupción de la década menemista. Obrará al mismo tiempo como una advertencia para las actuales autoridades, que deben responder al ultimátum de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el ente autárquico del Estado español que controla ambas líneas aéreas.
Quiebra fraudulenta
Para el 24 de julio está convocada la asamblea de accionistas de Aerolíneas y el segundo punto del Orden del Día contempla la quiebra por insuficiencia del capital social. Situaciones equivalentes de quiebra se produjeron en 1992, 1994 y 1997 y cada una fue aprovechada por los accionistas españoles para obtener nuevas concesiones del gobierno nacional, mediante ampliaciones o reducciones de capital y reconocimiento de deudas inexistentes. En febrero de este año, la SEPI anunció un denominado Plan de Rescate para capitalizar en unos 600 millones de dólares a Aerolíneas y en mayo presentó un denominado “Plan Director” que no pasa de ser una apurada colección de diapositivas con generalidades del tipo “sanear las compañías haciéndolas rentables”, a menudo incongruentes entre sí y sin la información básica que permita analizar su viabilidad. Esas hojitas carecen de cualquier detalle sobre la flota que se empleará, las operaciones que se planean, la recuperación de destinos rentables que se abandonaron en la última década, el marketing a aplicar o los aspectos financieros. Sobre bases tan endebles, los españoles emplazan la aprobación del gobierno nacional y de los gremios aeronáuticos, que deberían consentir anulación de convenios, despidos, retiros voluntarios y reducciones salariales. Tanto el presidente Fernando de la Rúa como el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro de Infraestructura Nicolás Gallo adelantaron que es inaceptable la propuesta de la SEPI. El gobierno no aprobará despidos, pero nada dijo sobre los retiros voluntarios. En cuanto a las rebajas salariales, no formaban parte de la propuesta inicial de los españoles. Al justificar su posterior inclusión en el plan, el nuevo presidente de Aerolíneas, Patricio Zavalía Lagos, dijo: “Esa es la política del gobierno argentino”. La denuncia de la diputada Castro levanta la apuesta: si los españoles llevan la empresa de bandera argentina a la quiebra, la Justicia podrá declarar que se trata de una quiebra fraudulenta, que involucraría tanto a funcionarios argentinos como españoles.
El lastre de la deuda
A siete meses de iniciada su gestión, el gobierno de la Alianza enfrenta una disyuntiva similar a la que debió decidir Cavallo en 1992: denunciar o convalidar lo actuado por su antecesor, con las consecuencias imaginables en cada caso. Incluso la clave económica es la misma: ahora, como entonces, el lastre que impide despegar a Aerolíneas es su pasivo financiero, vicio de origen que la tornó inviable desde el primer día. “El año pasado, Aerolíneas Argentinas perdió 240 millones de dólares. De ellos, 77 millones fueron por intereses de la deuda, lo cual equivale a un 8 por ciento de su facturación total. Con una carga financiera superior al 6 por ciento no hay línea aérea que pueda subsistir. Los estándares internacionales oscilan alrededor del 2 por ciento”, dice el secretario adjunto de Castro en Aeronavegantes, Gabriel Mocho.
La decisión no es sencilla. La exigencia de la SEPI es tan burda que hay motivos para preguntarse si no fue concebida en forma intencional, de modo que su rechazo por el gobierno y los gremios sirva de pretexto para el abandono de la empresa creada hace medio siglo durante el primer gobierno peronista. Afirma un abogado que asesoró al Estado en algunas de las negociaciones pasadas y que pidió no ser identificado: “El gobierno español dejó en la SEPI a las empresas inviables. Todas las exitosas las privatizaron los respectivos ministerios. El problema actual en España es que la Unión Europea le prestó 1.200 millones de dólares para salvar a Iberia, con la condición de abandonar la aventura sudamericana”. Gabriel Mocho compiló un dossier con las informaciones de la prensa caraqueña que precedieron a la liquidación de Viasa, la línea de bandera venezolana que, como Aerolíneas, fue vendida a Iberia. El paralelismo entre lo que ocurrió en el Caribe y lo que está pasando ahora en el Río de la Plata es llamativo, y avala la hipótesis de que sea deliberada la falta de un plan y la presentación del ultimátum sin una fundamentación económica que permita una decisión racional. Viasa y Aerolíneas fueron las primeras empresas privatizadas en los respectivos países y ello se usó como elemento de presión, advirtiendo sobre las consecuencias que un mal final de la relación pudiera tener sobre los programas nacionales de reformas económicas. Las dos líneas aéreas estaban técnicamente quebradas, es decir con menos activos que pasivos. En ambos casos se planteó una negociación entre los accionistas españoles y los gobiernos nacionales sobre la base de un plan de emergencia que contemplara reestructuración de rutas y revisión de contratos colectivos de trabajo. “No vamos a poner una peseta más. O negociamos un plan de reestructuración serio o la compañía cierra”, advirtió a los venezolanos el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, el 24 de diciembre de 1996. “Si hay un rechazo por parte de los trabajadores no hay plan y quiebra la compañía” repitió el mismo Ferreras en Buenos Aires el 15 de junio de este año. Al agitar el fantasma de Viasa, Ferreras dijo que la empresa venezolana había quebrado porque el plan de Iberia no logró el acuerdo oficial y sindical. Una causa judicial iniciada el año pasado en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral sugiere una interpretación para el interés del anterior gobierno español en Aerolíneas Argentinas. En la Asamblea General de Aerolíneas Argentinas del 28 de mayo de 1997 el mandatario de uno de los accionistas minoritarios dijo que los directivos Manuel Morán y Eduardo Mateos “eran los encargados del manejo de fondos políticos” de las empresas que ahora administra la SEPI, “lo que motivaba aportes o accionamientos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”. Citó como fuente al propio Mateos y a no identificados auditores de Aerolíneas que luego de descubrir estas transferencias habrían sido despedidos. Añadió que “esos giros habrían sido efectuados a cuentas personales en el exterior a nombre de varios miembros del directorio, entre ellos el representante del Estado nacional que es primo del presidente de la Nación [se refiere a Abdo Menehem] y fue colocado allí por éste”. Luego eran “trianguladas a cuentas en España para el manejo de voluntades políticas”. Agregó que “la impunidad era tal que los giros electrónicos constan en los libros de Aerolíneas Argentinas, como si estas cuentas fueran un proveedor más de la compañía”. La denuncia también afirma que a raíz de presiones ejercidas por el propio Manuel Morán, el accionista Bernardo Galante le escribió una carta “dejando sin efecto” las afirmaciones de su mandatario en la asamblea. La ciénaga del juzgado federal 10 se tragó el expediente.
Una alternativa notable
La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados convocó
a una comisión asesora de nota-bles, presidida por el ex presidente de Aerolíneas, comodoro Juan José Güiraldes, retirado de la Fuerza Aérea en 1950 y hoy de 84 años. En una nota dirigida el jueves a la Comisión, Güiraldes sostuvo que se avizora “un inevitable y triste desenlace que ha de avergonzarnos. Aerolíneas Argentinas de tal sólo tiene el nombre, pues es hoy una empresa española, que abusa de nuestro nombre y de nuestra bandera y explota nuestras rutas, incluso las de cabotaje”. Añadió que una vez que los españoles lleven a Aerolíneas y Austral a la quiebra, “de ellos será el quebranto, que deberán afrontar por su sola cuenta y devolver al mismo tiempo las rutas recibidas, de propiedad inalienable del Estado argentino”. Güiraldes afirma que hay empresarios interesados en ellas y sugiere explorar la posibilidad de fusiones o alianzas que confluyan en una megatransportadora del Mercosur.
Un memorándum reservado que circula entre los miembros de la Comisión de Transportes, redactado por otro de los miembros de la comisión asesora, el ex comandante de Aerolíneas Julio Semería, establece los requisitos mínimos para que ello sea posible. El primero es que Aerolíneas Argentinas quede libre de pasivos, tal como fue entregada en 1990, lo cual supone que debería absorberlos el Estado español. Este es el nudo del actual debate. En Madrid y en Buenos Aires, los respectivos gobiernos mencionan la magnitud de los intereses españoles en la Argentina como argumento en favor de su posición. La frase del flamante embajador en España, Ricardo Lafferrière (“Un árbol de 250 millones de dólares no puede tapar un bosque de 30.000 millones”) es perfectamente reversible. “Propiciamos una negociación inteligente, un acuerdo en el que España se retire con altura, sin dejar un problema insalvable a la Argentina”, dijo bajo condición de anonimato otro de los notables asesores.
Según el memorándum de Semería la empresa resultante luego de la absorción del pasivo “debe tener participación mayoritaria de capitales privados, el control efectivo debe ser ejercido por un grupo nacional y la gestión debe ser independiente de cualquier línea aérea extranjera”. Una expresión de deseos similar alentó Cavallo, cuyas gestiones ante Francisco Macri, Santiago Soldati y Gregorio Pérez Companc no dieron resultado. Otro punto clave en el memorándum es la recuperación por el Estado del poder de veto “en aquellas decisiones que afecten el cumplimiento de los servicios concesionados y/o la política aérea”, que Cavallo y Menem cedieron en 1994. Esa capacidad de veto no tiene sólo valor económico, sino también jurídico: la invocó en 1990 la Corte Suprema en su per saltum, al autorizar al gobierno nacional a seguir adelante con la privatización pese a las objeciones del entonces Grupo de los Ocho diputados peronistas, que integraba el actual vicepresidente Alvarez.
Antes de llegar a esas conclusiones, Semería analiza el fracaso de tres planes operativos anteriores y sostiene que “Aerolíneas Argentinas se convirtió en una empresa inviable desde el mismo momento en que el Estado permitió que el precio ofrecido y las inversiones comprometidas se pagaran endeudando a la empresa”. Esa “deuda financiera original se fue agravando con las pérdidas que produjo la administración del grupo español. La gestión de American Airlines en el último ejercicio profundizó aún más la crisis, con medidas tan perjudiciales para los intereses de Aerolíneas, que cuesta creer que hayan sido involuntarias”. El supuesto implícito en esta frase es que la desaparición de Aerolíneas permitiría a las compañías norteamericanas apoderarse de su mercado, como ya ocurrió en Venezuela luego del eclipse de Viasa. El análisis detecta contradicciones que comprometen la factibilidad del plan de negocios presentado, de modo que “no pasará más de un año antes de que la empresa vuelva a encontrarse en una situación tan comprometida como la actual” y concluye que “en caso de ser aprobado por el actual gobierno lo haría partícipe necesario de la futura quiebra de la empresa y de las consecuencias que surjan de la evaluación de sus causas”.
Por ahora no
Por H.V.
“En esto quiero ser claro. El Gobierno no pensó, ni consideró, ni resolvió ni está considerando que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el narcotráfico de otra manera que no sea la de brindar apoyo logístico.” Esta vez la definición del presidente Fernando de la Rúa no se escuchó a puertas cerradas y entre políticos. La pronunció de viva voz en el mensaje que dirigió a las Fuerzas Armadas en su comida anual de camaradería. La máxima autoridad consagró de este modo la marcha atrás que ya había emprendido el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, en respuesta a un cuestionario que le hizo llegar el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Antes de ser designado Defensor del Pueblo, Mondino fue diputado justicialista por Córdoba y su escrito reflejó el malestar que provocaron en el Congreso las afirmaciones del ministro.
El 16 de marzo, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, López Murphy enumeró las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad. Entre ellas “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional”. Añadió que los militares debían “comprender los cambios de la naturaleza del conflicto” y “la forma integral en que el instrumento militar contribuirá a apoyar la decisión política”. El Defensor del Pueblo inquirió a López Murphy si realmente había pronunciado tan inquietantes palabras, si se habían modificado los roles de las Fuerzas Armadas y si ello no entraba en contradicción con normas legales y constitucionales vigentes, como las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.
López Murphy reconoció “que los conceptos contenidos en la pregunta, han sido efectivamente utilizados en el discurso en cuestión”, pero “en un ámbito académico, como reflexión y con el fin de invitar al debate”. Apenas se trataría de un “descripción de las probables fuentes de violencia a las que los estados modernos podrán verse expuestos en la actualidad y en el futuro”. Serían meros “ejemplos”, como “producto de las preguntas que el mundo académico se debió hacer ante la sorpresa del fin de la guerra fría. La enunciación no es completa ni exhaustiva sino que es un listado sobre el cual, en general, existe consenso”. Para terminar de diluir el impacto, dijo que el anterior gobierno ya había considerado esa hipótesis, para lo que envió como prueba El Libro Blanco de la Defensa Nacional. Su conclusión fue que no se estudiaban modificaciones a la ley y que la “prioridad fundamental” de su ministerio era “el irrestricto cumplimiento de la legislación vigente, en especial la específica, como lo es la Ley de Defensa, la Ley de Reestructuración Militar y la Ley de Seguridad Interior”. Aun así, no cerró por completo la puerta, ya que, añadió que en forma permanente se estudiaban “las posibles respuestas que el Estado debe dar a las nuevas maneras en que se manifiestan las amenazas y cuáles de ellas, de acuerdo a la racionalidad del Estado y la legislación vigente, requieren la intervención militar”. Es decir, por ahora no, aunque el general clandestino de la SIDE, Ernesto Bossi, interpreta caprichosamente que la referencia al apoyo logístico cubriría también algunas actividades de inteligencia.
Mientras López Murphy y De la Rúa analizan cuál debe ser el rol de los militares en el futuro, los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Ricardo Brinzoni escenifican cuál fue en el pasado. Como presidente del Círculo Militar, el procesado por secuestros, torturas y asesinatos Díaz Bessone, quien quedó en libertad por las leyes de impunidad del ex presidente Raúl Alfonsín, promovió la expulsión de Antonio Balza. La decisión fue en represalia por el reconocimiento que el ex Jefe de Estado Mayor hizo a partir de 1995 sobre las atrocidades cometidas durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. La cuestión figuraba en el orden del día del Círculo con el eufemismo castrense “exclusión por tiempo definitivo”, y en razón de un problema mutual: Balza era al mismo tiempo socio del Círculo y presidente de una fundación competidora. El Jefe de Estado Mayor Brinzoni (ex secretario general de la intervención militar en el Chaco en 1976) envió un mensaje a los socios del Círculo. En una vibrante apelación corporativa al “espíritu de cuerpo” les advertía en contra de “la discusión pública” de lo que él considera “temas internos”. Como demostración de aprecio por el debate de ideas, Díaz Bessone se negó a la lectura del mensaje “para evitar que influya en la decisión”. Brinzoni respondió en el mismo lenguaje gutural: le impuso cinco días de arresto, suficientes para que el ex ministro de la dictadura no pudiera asistir a la comida militar con el presidente De la Rúa. Un diálogo ejemplar entre dos demócratas.
Salud y pesetas
Por H.V.
Los despidos de personal, las reducciones salariales de un 6 a un 20 por ciento y la degradación de las condiciones laborales son los puntos más concretos de la propuesta presentada por el holding estatal español. Amplía las horas de vuelo mensuales, de 75 a 85 horas en los aviones de fuselaje angosto y de 80 a 90 en los de fuselaje ancho; permite programar vuelos en cualquier día del mes; flexibiliza el tipo de tareas obligatorias a realizar; carga a los tripulantes el costo de la habilitación psicofisiológica; suprime días libres; limita los reintegros de gastos; fracciona las vacaciones, etc. Tanta estrictez contrasta con las generosas remuneraciones que durante una década se pagaron a los gerentes españoles, de más de 15 mil dólares mensuales. Sumando los costos adicionales esto podía llegar a más de 20.000 dólares por gerente y por mes.
El cuadro que acompaña estas líneas refleja tal situación al 31 de marzo de 1995. Luego del interregno de American Airlines, la armada española se volvió a sus casas, y desde la asunción de Zavalía Lagos esas mismas posiciones son ocupadas por aborígenes. Pero lo que se mantiene es el número global: la gerencia sigue costando 2,6 millones de dólares mensuales:
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