El regreso del doble discurso

La respuesta de la Cámara Federal de Bahía Blanca al rechazar las intimaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Casación, colocan un mínimo de racionalidad jurídica y de decoro institucional en un asunto que el Ejército y el gobierno han politizado al máximo.
Los periodistas no se enteraron en tribunales de la orden de la Corte sino por las eufóricas comunicaciones de los voceros militares y esto ya basta para caracterizar la situación.
Tanto la Corte como la Cámara de Casación han actuado de un modo arbitrario y prepotente. La Corte ordenó al tribunal de Bahía Blanca la remisión de todo el expediente (de unas 15.000 fojas) para que la Cámara de Casación entienda en el simple recurso de un coronel que considera afectados sus derechos constitucionales.
Pero la Cámara bonaerense ya había enviado al tribunal de Casación fotocopias de todo el expediente. El único propósito de la Corte ha sido entonces paralizar las audiencias del juicio por la verdad. Esto es inadmisible y escandaloso y responde a un plan que el gobierno había anunciado mediante trascendidos.
La Cámara de Casación, a la que hasta ahora nadie le ha atribuido competencia en el caso, ha dispuesto la libertad de un suboficial torturador.
Es discutible si el teniente coronel Corres, alias Laucha, debe ser obligado a declarar bajo juramento sobre hechos propios que podrían autoincriminarlo. También es legítimo opinar sobre la constitucionalidad o no del artículo del Código de Justicia Militar que para asegurar la disciplina castrense permite detener por tiempo indefinido al suboficial Cruciani, alias Tío, porque se niega a responder hasta cómo se llama.
Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es esta operación comando, impulsada por el Ejército y apañada por el gobierno, para interrumpir un juicio cuya realización es un compromiso asumido voluntariamente por el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A tal punto esto tiene más que ver con la doctrina de la Seguridad Nacional que con el estado de derecho que la resolución fue ocultada incluso a uno de los jueces de la Corte. Si la prensa supo de lo decidido a través del Ejército, el ministro de la Corte Enrique Petracchi se enteró de lo ya resuelto por sus colegas a raíz de una consulta periodística.
El Poder Ejecutivo ha asumido sin beneficio de inventario al puñado de sabandijas con que el gobierno anterior copó la Corte Suprema. El argumento era que hasta las elecciones del año próximo no tendría fuerza en el Congreso para removerlos por juicio político. Pero ahora, además de tolerarlos se sirve de ellos, y los suplementa con sus propios incondicionales. Era previsible: lo único que ha cambiado es el gobierno.
Como tratadista, Fernando de la Rúa escribió que la Cámara de Casación no era competente en los juicios por la guerra sucia, que correspondían a las Cámaras Federales. Cómo presidente avala la estrategia castrense de servirse de la Casación para frenar los juicios por la verdad. Suena familiar.
Luego de diez años de estridente sinceridad menemista está de vuelta el doble discurso que condujo a la bancarrota del anterior gobierno radical. ¿Por qué habría de resultar mejor ahora que entonces?

Opinion
Por Horacio Verbitsky

La Corte Suprema también pidió el expediente que instruía el juez Adolfo Bagnasco por el robo de bebés durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. En esa causa hay diez responsables detenidos, entre ellos el ex dictador Benito Bignone, los ex jefes del Ejército y la Armada, Cristino Nicolaides y Emilio Massera y el ex jefe de inteligencia de la ESMA, Jorge Acosta. Esos delitos no fueron incluidos en las leyes y decretos de impunidad porque hasta los indulgentes ex mandatarios Raúl Alfonsín y Carlos Menem entendieron que no había pretexto político o bélico que justificara el secuestro de chicos para repartirlos como animalitos entre familias de militares estériles. 
Igual que en el caso del juicio por la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, la Corte esperó hasta las vacaciones de invierno para aplicar, con la técnica castrense de la sorpresa y el sigilo, este golpe alevoso a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y al intento de Justicia para los más vulnerables de entre ellos. El tratamiento de la cuestión de los bebés también fue ocultado al ministro de la Corte Enrique Petracchi, quien había pedido que se cumpliera con una vieja rutina: que en ausencia de un juez no se firmaran pronunciamientos de especial trascendencia. El que debería ser superior tribunal de Justicia de la Nación volvió a actuar como fuerza de tareas de Banana Republic y requirió el envío de toda la causa, para pronunciarse en cuestiones que no lo hacían necesario. Su intención es paralizar los juicios, para “ordenarlos”, como le prometió el presidente De la Rúa a la corporación castrense, de renovada prepotencia. 
En el caso de Bahía Blanca la Corte sostuvo que intervenía en ejercicio de sus funciones disciplinarias (“de superintendencia”). En el de los bebés aduce que debe pronunciarse ante el planteo de la autodenominada justicia militar, que quiere encargarse de blanquear los crímenes de sus camaradas, como ya hizo hace 16 años cuando Alfonsín confió en que las Fuerzas Armadas se autodepurarían. También ayer se difundió una declaración del secretario de asuntos militares Angel Tello, según quien debe considerarse a un cuerpo administrativo que vela por la disciplina de los cuarteles como un tribunal facultado para juzgar delitos. La Justicia debe resolver, añade, repitiendo las mismas palabras que el presidente empleó para mandar a vía muerta las órdenes de captura del juez Baltasar Garzón. La vieja hipocresía radical campea por sus fueros, ahora ante el silencio cómplice del vicepresidente Alvarez y la ministra Fernández Meijide. Todos fingen ignorar el acuerdo de trastienda entre un estamento castrense que vuelve a probar el sabor de la intrusión política y un gobierno que renuncia a mandar. Encubrir con ropajes jurídicos este atropello a la legalidad y a los compromisos internacionales de rango constitucional es prostituir el concepto de la Justicia e invitar a la ley de la selva.