Por Horacio Verbitsky
 Las cifras de desocupación que se difundirán esta semana son peores de lo que se temía. La medición oficial a mayo de 2000 se acerca al 16 por ciento, lo cual quiere decir casi 2,2 millones de personas sin trabajo, al mismo tiempo que vuelve a crecer la subocupación y se precarizan aún más las tareas de quienes aún conservan el empleo. Reciclada por los jóvenes publicistas de la Juventud Antoniana como una genialidad del marketing político moderno, la única respuesta del gobierno es la antiquísima estrategia de ponerle al mal tiempo buena cara. El presidente Fernando De la Rúa y su ministro de Economía José Luis Machinea señalan que ya ha comenzado la reactivación y que con ella vendrá la mejora laboral. Como un eco de pasadas campañas repiten que su proyecto es el crecimiento con equidad. Pero nada de ello se sustenta en realidad alguna comprobable. Por el contrario, las proyecciones más cuidadosas indican que con las opciones elegidas por el gobierno de la Alianza, aun si la economía creciera según los más optimistas cálculos del ministro de Economía, al concluir el actual mandato presidencial, en 2003, la desocupación se mantendrá entre el 15,4 y el 17,1 por ciento. En términos humanos esto significa entre 2.263.067 y 2.515.490 argentinas y argentinos expulsados del mercado laboral. En el remoto 2010, esos valores estarán entre el 15,1 y el 20,7 por ciento, o traducido, entre 2,5 y 3,7 millones de personas en la calle. Estos niveles de desempleo duplican los de la década del 80, triplican los de la década del 70 y explican la intolerancia social hacia la clase política, sin distinción de partidos.
Las dos hipótesis
Ese análisis, realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos, se refleja en los cuadros que acompañan esta nota, y requiere unas pocas explicaciones técnicas. Toma como base una desocupación del 15,5 por ciento para 2000, o sea ligeramente menor que la que arroja INDEC para mayo de este año. Parte de dos supuestos fijos:
1. Que la economía crezca durante toda la década a un 5 por ciento acumulativo anual, situación excepcional que la Argentina conoció por última vez en el período 1965-1975. Esa es la cifra que dio en su último reportaje Machinea, una vez aleccionado sobre la necesidad de tirar buenas ondas. Es decir, no se trata de un cálculo pesimista sino todo lo contrario.
2. Que por cada punto de incremento del Producto Interno Bruto se creen 0,37 puestos de trabajo. Ese fue el coeficiente de elasticidad empleo/producto de la década pasada.
A partir de allí las hipótesis se bifurcan. En un cálculo optimista, se supone que cada año se sumarán al mercado laboral apenas un 1,8 por ciento de nuevos trabajadores. Este valor refleja el comportamiento histórico de crecimiento de la Población Económicamente Activa. En tal caso, la tasa de desocupación para 2003, cuando deba elegirse al sucesor de De la Rúa, sería de 15,4 por ciento, habría bajado apenas a 15,2 por ciento en 2007 y a 15,1 por ciento en 2010. Esta minúscula reducción porcentual equivaldría, de todos modos, a un aumento del número de desocupados: son 2.162.512 ahora, llegarían a 2.263.067 el año de las próximas elecciones presidenciales y a 2.515.490 en 2010.
Pero también es posible que incluso esta proyección tan sombría constituya un modo de embellecer la realidad. Si el aumento de la población que cada año se suma al mercado de trabajo no fuera del 1,8 sino del 2,5 por ciento, los índices de desocupación lejos de reducirse seguirían en ascenso. Esa hipótesis no es para nada descabellada: ese fue el porcentaje de crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) en la década del 90. Los desocupados llegarían entonces al 17,1 por ciento en 2003, con más de dos millones y medio de desempleados, y a 20,7 por ciento en 2010, con 3,7 millones de personas sin trabajo. Esto equivaldría a una catástrofe social, sobre todo si se piensa que debido a la generalización del empleo clandestino, apenas 150.000 desocupados llenan los requisitos para recibir un magro seguro por desempleo y sólo hay unos 80.000 beneficiarios de planes Trabajar. Es decir, apenas uno de cada diez expulsados del mercado reciben alguna ayuda del Estado.
Esta es la dura realidad que ningún discurso puede ocultar, y que condiciona la vida política argentina. “El hecho de que la pobreza aumente al tiempo que la economía crece es alarmante”, escribió en diciembre de 1998 José Luis Machinea, cuando la Alianza se ofrecía como alternativa almodelo menemista. Todo sigue igual durante su gestión. Hace algo más de tres meses, cuando este diario reveló estimaciones preliminares del IDEF sobre la base de la información disponible al mes de marzo, el vicepresidente Alvarez envió a uno de sus más próximos colaboradores a discutirlas con el jefe del gabinete de asesores del ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, quien en los equipos electorales de la Alianza se ocupaba, precisamente, del empleo. Gerchunoff tranquilizó al enviado vicepresidencial: según sus proyecciones, en 2003 el desempleo se habrá reducido al 8 por ciento. La cuestión es central, porque cualquier especulación política está subordinada a la exactitud o el error de estos cálculos, tanto los del gobierno como los de institutos privados como el IDEF que se reproducen en esta página. El 28 de abril, el colaborador de Alvarez prometió contribuir al debate con la estimación de Gerchunoff y los supuestos en que se basa, pero todavía no lo ha hecho. Lo menos que puede decirse es que esta demora de tres meses no es una presunción a favor de las supuestas cifras oficiales. Hay silencios que atruenan.
Asimetrías
El gobierno pretende que las medidas adoptadas hasta ahora son progresistas, porque ni la reforma impositiva del verano ni la congelación salarial del invierno afectaron a los sectores de menores ingresos sino a aquellos que más ganan. Esto sólo es cierto si el universo se reduce a quienes perciben un salario, ya que las nuevas escalas impositivas no se aplican a las ganancias por transacciones financieras ni dividendos distribuidos por las empresas. Se trata de la traducción impositiva de la engañosa medición de la Encuesta Permanente de Hogares. Según el último cálculo de la consultora ultraliberal FIEL elaborado sobre datos de INDEC, los miembros del décimo más rico de la población ganan 40 veces más que los del décimo más pobre, o 48,3 por ciento contra 1,3 por ciento del ingreso total. Este cálculo es dramático, pero mucho menos que la realidad. La Encuesta incluye en el decil superior a asalariados y sectores profesionales medios, pero no a los grandes empresarios. Teóricamente, los accionistas de los mayores conglomerados económicos están comprendidos en la décima parte de la población de más altos ingresos, pero las investigaciones del propio INDEC sobre las 500 firmas que más facturan demuestran que en realidad no es así. La metáfora de la invisibilidad, que con frecuencia se ha empleado para los excluidos del mercado, también podría aplicarse a los grandes ganadores del modelo.
Los resultados impositivos que esta semana han motivado el júbilo del gobierno, ratifican que el ajuste excedió las exigencias de la ley de solvencia fiscal y las de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto se conocieron las cifras, el viceministro de Economía Mario Vicens, cuyo respaldo no proviene de Machinea ni de Storani ni de Alvarez, sino de Fernando de Santibañes, anunció que el año próximo no volvería a cobrarse el impuesto extraordinario a las altas rentas. Ese gravamen (del 20 por ciento sobre lo pagado como impuesto a las ganancias por los contribuyentes con ingresos superiores a 120.000 pesos anuales) fue presentado como un prueba de la voluntad equitativa del gobierno. Si por no perturbar el mercado de capitales, dejaba a salvo a las ganancias por dividendos o transacciones financieras, al menos impactaba sobre asalariados o profesionales de altos ingresos. Esta simetría terminará junto con el año, ya que el aumento impositivo a todos quienes ganan más de 1.200 pesos mensuales y la reducción salarial a los agentes estatales que ganan más de 1.000 seguirá en vigencia sine die, a pesar de su alegado carácter transitorio.
Otra consideración
“Los empresarios tienen que tener otra consideración con el país que los ha recibido, donde vienen ganando tanto”, exhortó De la Rúa. Similares invocaciones a la compasión lanzó Raúl Alfonsín a los acreedores externos al comenzar el anterior gobierno radical y Juan Carlos Pugliese a los especuladores financieros al concluir, cuando acuñó su inolvidable frase “les habló con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. El presidente agregó que el gobierno se oponía a los aumentos del precio del gas, sobre todo ahora que hace tanto frío, pero que las empresas “ invocan las condiciones en que se dio la concesión”. A un lenguaje tan suave, la otra parte respondió con una declaración extorsiva de la compañía calificadora de riesgos Standard & Poor’s. La influencia de estas consultoras sobre las decisiones de política económica han estado implícitas en la última década, pero nunca había sido tan evidente la confusión entre evaluación de riesgos y gestión de negocios. “Si bien Standard & Poor’s no espera que el gobierno tome una medida compulsiva, una intervención directa del gobierno orientada a modificar un marco regulatorio establecido legalmente afectará negativamente la opinión de Standard & Poor’s acerca de la estabilidad del sistema regulatorio argentino. Asimismo, Standard & Poor’s podría llegar a modificar las calificaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos si considerara que la acción del gobierno podría afectar negativamente la performance financiera de las estas compañías”, sostuvo la declaración, publicada en el site de la calificadora: argentina ARROBA standardandpoors.com.
Aparte de la inaudita intromisión que implica, ese texto contiene afirmaciones inexactas, como aquella sobre el “marco regulatorio establecido legalmente”. Es cierto que la privatización del gas fue una de las pocas decididas por ley, la número 24076. Pero la indexación que ahora reclaman las compañías no figura en esa ley sino en el Anexo B del Decreto 2255/92, que en su punto 9.2. establece que las tarifas se fijan en dólares y serán ajustadas semestralmente de acuerdo con un índice de precios de los Estados Unidos (el Producer Price Index o PPI). Otro tanto ocurre con la indexación de las tarifas eléctricas. La privatización fue dispuesta por la ley 24065, pero su dolarización y su ajuste por una combinación de distintos índices estadounidenses surge de los decretos que protocolizaron las concesiones.
Prohibido indexar
Un grupo de diputados del Frepaso, como Rubén Giustiniani y Alejandro Peyrou, sostienen que esos decretos no pueden derogar la Ley 23.928, de Convertibilidad, cuyo artículo 7º prohibió en 1991 todo tipo de “indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios”. El mismo artículo hizo explícita la derogación de todas las leyes y reglamentos en contrario y la inaplicabilidad de “las disposiciones contractuales o convencionales que contravienen lo dispuesto”. El artículo 13º estableció que sus disposiciones eran “de orden público”, lo cual implica su obligatoriedad, y que nadie podría alegar derechos adquiridos en contra de la ley. Es cierto que los decretos de las concesiones gasíferas fueron posteriores, pero también que un decreto no puede derogar disposiciones de orden público de una ley. En todo caso, ni siquiera esa discusión se sostiene para el resto de las privatizaciones, anteriores a la ley y dispuestas por decreto.
Esos legisladores presentaron un proyecto de ley que ratifica las disposiciones de la de Convertibilidad. Sus considerandos afirman que entre enero de 1995 y abril de 2000, el Indice de Precios al Consumidor argentino registró una disminución acumulada de 0,2 por ciento mientras elde Estados Unidos tuvo un incremento acumulado de 35,2 por ciento. De este modo, añaden, los regímenes de indexación que trasladan a los precios locales la inflación externa, desincentivan la búsqueda de una mayor eficiencia a través de la inversión y en su lugar conceden “indebidos ingresos rentísticos”. En una de las pausas de la negociación, Machinea dijo que le parecía “un despropósito” mantener la indexación estadounidense “en una economía en deflación”, pero hasta ahora el gobierno no ha hecho gestos públicos de respaldo al proyecto de Giustiniani y Peyrou. Aun antes de su eventual sanción, el Dictamen Nro. 153 de la Procuración del Tesoro, de hace dos meses, afirma que las cláusulas de ajuste por variaciones de precios estadounidenses contenidas en los contratos de concesión de las redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires “devienen inaplicables frente a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 23.928”. El informe de “Coyuntura Económica” del Banco de la Provincia de Buenos Aires de junio sostiene que las indexaciones en los contratos de empresas privatizadas son ilegales y les han producido “ganancias extraordinarias”, por lo cual objeta la negociación que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo “al menos, en los casos de peajes, gas y agua”. Además del impacto social del aumento del gas, el riesgo es que a cambio de un punto de más o de menos en la tarifa, el gobierno convalide la catarata indexatoria del pasado y cristalice una estructura de precios relativos que sólo permite mantener la convertibilidad devaluando el salario y degradando el empleo.
Que 15 años no es nada
El gobierno enfrenta esta disyuntiva crucial, en la que se definirá de modo irreversible su índole, con una mano atada. Esto obedece a su orden de prioridades, en el que todo se subordina a la búsqueda de una disminución en el costo del financiamiento externo, que llegaría con el mítico “investment grade”. Sobre la racionalidad de tal apuesta hubo elocuentes indicios en la convención anual de la cámara bancaria, ABA. Hablando como un virtual ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Pedro Pou, sostuvo que el gobierno se propone llegar a esa tierra prometida para eliminar el sobreprecio de la tasa de interés, que calificó como el elemento más distorsivo de la economía. Estimó que ello significaría un ahorro anual de nada menos que 3 por ciento del Producto Interno Bruto. Para Pou ese objetivo se alcanzará en cuatro años. Martín Redrado lo estimó en no menos de cinco. Cuando los aborígenes terminaron, dijo lo suyo Francisco Luzón, economista jefe del Grupo Santander Central Hispano. A su juicio serían necesarios “aproximadamente 15 años”. Luzón ni siquiera se considera pesimista. Por eso terminó su charla con la proyección de una imagen eufórica. “Vamos Argentina todavía”, decía, en perfecto español.
Un chorro de respuestas
Por H.V.
Unas pocas gotas críticas en la nota del domingo pasado han motivado un chorro de respuestas. El secretario de Energía Daniel Montamat, “fue el hombre del lobby petrolero que gestionó la conformidad de la Unión Cívica Radical con la privatización de YPF, conducida durante el anterior gobierno por su primo y socio Luis Prol. Además, es el vendedor del software con el que las provincias deberían controlar la correcta liquidación de las regalías, cuyo monto es en la Argentina uno de los más bajos del mundo. El accionista mayoritario de la única empresa que proveeel software, Montamat & Asociados, es el secretario de Energía de la Nación, Daniel Gustavo Montamat, quien al asumir delegó la gerencia general en su hermana Berta Silvia. Ya en 1992, durante la anterior gestión de Sobisch, Montamat había ofrecido el software a la provincia. Montamat ya logró vender su software a Río Negro. En un caso similar, el 29 de marzo, el Fiscal de Control Administrativo de la Corrupción, José Massoni, dictaminó que Montamat debía abstenerse de intervenir en todo lo relativo al contrato de auditoría de su empresa con la Cámara de Empresas de Gas Licuado”, decía la nota.
Aun resumidas, las respuestas de Montamat ocupan más espacio que la mención original. Admite que Prol era su primo, pero niega haber sido su socio y haber compartido ideas políticas. “En la única oportunidad que me requirió un contacto formal con la conducción de la UCR fue durante su intervención federal en Catamarca. Es cierto que Prol me consultaba sobre temas energéticos. Pero como profesional. Nunca como contacto político con la oposición”.
En cuanto le ofrecieron su actual cargo se desvinculó de la empresa, lo informó a los organismos de control del Estado y al público y lo inscribió en una Sociedad de Inspecciones Jurídicas. Silvia Montamat no es su hermana, sino su prima, y fue su socia desde la constitución de la empresa en 1990. Confirma que vendió el software a Río Negro y Neuquén. “Es un orgullo poder contar con el aporte tecnológico y toda la experiencia asociada al servicio de los controles del Estado”, dice.
“La firma Montamat & Asociados, a la que ya no pertenezco, tiene plena libertad para trabajar en todas aquellas jurisdicciones que no presenten incompatibilidades con el ejercicio de mi función. Pretender inhabilitar el trabajo de un estudio que tiene competencia y trayectoria en el área energética porque uno de sus anteriores socios ocupa una función pública, lesiona la libertad constitucional de trabajar de un grupo de profesionales reconocidos”.
Está todo dicho.
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