|
|
|
Por Horacio Verbitsky
La máxima Ese texto rebaja la competencia y las atribuciones de la SIGEN, que equipara con la jerarquía de un secretario, y realza las de la Procuración del Tesoro, equivalentes a las de un ministro. También afirma que el control de la SIGEN es técnico y no jurídico y que el “verdadero control preventivo de legalidad” lo ejerce la Procuración del Tesoro”, cuya competencia “es realmente máxima en lo jurídico”. Como asesor del Poder Ejecutivo, la Procuración del Tesoro es el órgano al que pueden apelarse las decisiones de la Sindicatura, añade. También dice que el control interno de la SIGEN debe efectuarse después y no antes de la toma de decisiones (ex post facto y no ex ante, en la jerga jurídica). “Se visualiza como correctiva de rumbos adoptados más que como represiva y disciplinaria de las conductas de los agentes concernidos”, afirma Ugarte. En los primeros meses del gobierno anterior, el Tribunal de Cuentas de la Nación, con similares funciones de control previo, trabó las renegociaciones con las empresas encaradas por el predecesor de Gallo, Roberto Dromi. Carlos Menem lo disolvió y en su lugar creó la Auditoría General, que no hace biopsias sino autopsias de la corrupción. “Se trata de instalar un sistema de libertad y responsabilidad”, cuya finalidad se reduciría a aprender de las desviaciones producidas “para una más eficaz gestión futura”, postula el memorando de Marcer. Sobre ruedas En enero, los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, firmaron un acuerdo con las principales empresas viales, por el cual les reconocieron deudas por casi 210 millones de dólares, a cambio de futuras rebajas en los peajes de las rutas nacionales. Esto forma parte de un intrincado subibaja de tarifas y subsidios, en contratos elaborados por Barra, firmados por Dromi y renegociados por Domingo Cavallo. En 1990 se adjudicaron 19 corredores viales a 46 empresas agrupadas en 13 consorcios, que se comprometían a pagar un canon al Estado, que les permitía cobrar peaje en las rutas concedidas. Más de la mitad de los oferentes resultaron adjudicatarios, en un concurso poco competitivo. La licitación simultánea de todas las obras, con una reducida cantidad de empresas, eliminó la competencia abierta de precios, substituida por la concertación, el método preferido de la Patria Contratista. En 1991, para desindexar el flete como paso previo a la ley de convertibilidad, ya que esos costos por el transporte de mercaderías harían imposible clavar el dólar en 10.000 australes, Cavallo resignó el canon que debían pagar los concesionarios y en su lugar les ofreció un subsidio. Tanto las motivaciones como los argumentos de Gallo al firmar la nueva renegociación fueron similares a los de Cavallo: “Contribuye al esfuerzo que se está haciendo para que la economía sea más competitiva”, dijo. El principal beneficiario es la transnacional italiana Techint, cuyo vicepresidente Eduardo Baglieto expresó su “confianza en la ejecución de un plan de infraestructura que ayude al desarrollo”. El 16 de marzo, la secretaría de Obras Públicas solicitó a la Sindicatura una auditoría por cada corredor vial y su opinión sobre la deuda, calculada por el ministerio en 209.887.268 pesos. Antes de autorizar el pago, la SIGEN debe verificar esas deudas, para lo cual está controlando todos los datos utilizados sobre recaudación, las notas de reclamos intercambiadas, las tarifas cobradas y los pagos ya efectuados. Luego revisará la normativa aplicable y cuales fueron las penalidades aplicadas a cada corredor. Recién entonces podrá determinar la deuda real del Estado. Chapa de diputado A una semana de asumir la presidencia, De la Rúa firmó el decreto 45/99 por el cual dispuso que las acciones de la intervención en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (cuyo presupuesto anual es de 2.400 millones de dólares) serían controladas por la SIGEN y la Fiscalía de Control Administrativo de la Corrupción. La Sindicatura está verificando ahora unos ochenta concursos abiertos para prestaciones médicas, odontológicas y de audífonos. También está preparando una auditoría integral en la Unidad de Policlínicos de Rosario, que incluirá compras y contrataciones, contabilidad, legales y prestaciones médicas. Un antecedente que inquietó a la Procuración del Tesoro se produjo en San Juan. El 18 de abril la delegación local del PAMI adjudicó un contrato de prestaciones médicas a la Asociación de Obras Sociales de esa provincia (ADOS), como resultado de un concurso abierto. La ganadora está intervenida por el Estado. La otra oferta, de la Agrupación de Colaboración Empresaria (ACE), fue desestimada aduciendo una presentación fuera de término. Al impugnar la resolución, los vencidos afirmaron que el adjudicatario tenía un pedido de quiebra y deudas fiscales y elevaron opiniones negativas sobre los servicios que presta, firmadas por noventa centros y federaciones de jubilados. Además denunciaron que el delegado normalizador designado por el gobierno en ADOS, Roberto Lloveras, se hizo acompañar como elemento de presión por los legisladores Delia Pappano de Camargo y Eduardo Capello, radicales como él. También denunciaron lo sucedido a la SIGEN, que luego de auditar el concurso presentó un informe de diez fojas, que tornó imposible la adjudicación. De vuelo corto Otro capítulo ríspido entre el Síndico y el Procurador se desarrolla en torno del contrato de concesión de los aeropuertos nacionales. El ente auditado por la Sindicatura General es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Hasta ahora la empresa adjudicataria sólo pagó la mitad del canon de este año, debe más de 50 millones de dólares del año anterior, pretende conciliar su saldo con presuntas deudas del Estado y tiene serios atrasos en sus planes de obras e inversiones. En la última reunión de directorio de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian dijo que había acordado con Gallo el reconocimiento de cien millones de dólares de deudas, algo que no suscribe el Organismo Regulador, dirigido por Eduardo Sgüiglia. El control de la SIGEN se ejerce sobre los 120 millones de dólares de presupuesto del Organismo Regulador, los 565 millones de inversiones que el concesionario está obligado a realizar en los primeros tres años y los 171 millones anuales del canon, que se deben pagar en doscuotas semestrales. La próxima vence el último día de este mes y es otra de las causas de la embestida de Marcer sobre Bielsa. Entre A. Capone y Marx La liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), al que las compañías aseguradoras le reclaman una suma próxima a los 400 millones de dólares también forma parte de la disputa entre ambos organismos. Ya durante el gobierno anterior, el INDER fue escenario de denuncias de corrupción. Cavallo designó allí a Roberto Guzmán. Roque Fernández lo relevó, cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupción existente. Pero su sucesor Víctor Hugo Naymark ni siquiera llegó a asumir, porque se descubrió que había quebrado y estaba inhabilitado para operar en el sistema financiero. En su lugar Fernández designó a Daniel Carlos Di Nucci, vinculado a la Banca Nazionale del Lavoro, dueña del Grupo Juncal, una aseguradora que reclamaba deudas por 94 millones, mientras el INDER afirmaba que era el Juncal el que le adeudaba más de 7 millones. Dos ex funcionarios del INDER fueron procesados y detenidos por el juez Jorge Urso a raíz de coimas recibidas para autorizar los pagos. En la causa hay comprometedoras escuchas telefónicas entre los procesados y un alto ejecutivo del grupo Juncal. El procedimiento habitual, que el defenestrado Guzmán denunció en un libro, consiste en la fabricación de miles de siniestros inexistentes que el INDER pagaba sin verificar. Machinea designó como liquidador a Adrián Capone, pero quien sostiene la necesidad de conciliar con las compañías “para crear un nuevo mercado asegurador” es el secretario de Financiamiento Daniel Marx. La SIGEN comenzó auditando los reclamos de dos compañías, Lua Seguros y Rivadavia. El INDER reconocía el 30 por ciento de lo que solicitaban pero la Sindicatura sólo el 15 por ciento. El INDER no acató el esquema de trabajo dispuesto por la SIGEN y en su lugar contrató a una consultora externa. Bielsa dispuso entonces el retiro de los auditores de la SIGEN. Pero Machinea y Gallo saben que los bonos con que dispongan pagar la deuda consolidada caerán bajo la lupa del Síndico. Menem vive En 1995 Menem firmó el decreto 1021 que envió a un tribunal arbitral
todas las causas pendientes entre el Estado y el grupo Bridas, y designó
como árbitros a Rodolfo Barra y Eduardo Bauzá. Un grupo fundamental lo
constituyen los juicios del Estado contra Papel del Tucumán, por diferimiento
de impuestos, que el ex ministro Domingo Cavallo pretendía mostrar como
caso testigo de evasión impositiva. Por eso Cavallo se negó a firmar el
decreto, que sólo fue refrendado por Jorge Rodríguez y Elías Jassan. Los
entonces diputados del Frepaso, Carlos Alvarez y Horacio Viqueira también
denunciaron que era ilegal someter a arbitraje todo lo que se relacionara
con rentas públicas. Detectaron que Menem había firmado el decreto sin
el obligatorio dictamen previo de la Secretaría Legal y Técnica y afirmaron
que de ese modo el gobierno buscaba licuar una deuda exigible de 1.241
millones de dólares. Pese a la existencia del decreto presidencial, un
funcionario de la línea del ministerio de Justicia, Gustavo Tiscornia
dictaminó en contra del arbitraje, igual que el asesor del ministerio
de Economía Roberto Luqui. El lapidario dictamen de Luqui sostenía que
“tenemos por un lado muchas demandas de las empresas de Bulgheroni contra
el Estado por monto indeterminado y sólo unas pocas en las cuales la suma
reclamada no alcanza los 13 millones de pesos. Por otro lado, están los
créditos del Estado, verificados en las quiebras y las deudas impositivas
que resultan de los registros de la DGI, todo lo cual alcanza una cifra
casi cien veces superior a la reclamada”. Por ello no hay ninguna conveniencia
para el Estado en el propuesto arbitraje. Este dictamen menciona la misma
cifra de 1.241 millones de dólares incluida enla denuncia de Viqueira
y Alvarez. Pero Raúl Granillo Ocampo consiguió que otro asesor dictaminara
en sentido contrario y con ese motivo elevó el tema a la Procuración del
Tesoro. En vez de instar la prosecución de los juicios, un predictamen
de Marcer que circuló en las últimas semanas vuelve a pronunciarse en
favor del arbitraje. |
La Procuración del Tesoro de la Nación, ocupada por un hombre de confianza del ministro de Infraestructura y Vivienda Nicolás Gallo y del presidente Fernando De la Rúa, ha lanzado una ofensiva a fondo contra la Sindicatura General de la Nación, cuyo titular fue designado por indicación del vicepresidente Carlos Alvarez. Esto no quiere decir que el conflicto refleje algún desentendimiento entre el presidente y el vice de la República, ya que mientras De la Rúa respalda al Procurador Ernesto Marcer, Alvarez no ha demostrado hasta ahora mayor interés por la suerte del Síndico Rafael Bielsa, los dos hombres en pugna. La importancia estratégica de la SIGEN para el control de la corrupción es su poder de veto en la autorización de pagos de deudas consolidadas del PoderEjecutivo, los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado y en la legalidad de sus contrataciones, lo cual tiene que ver tanto con episodios sucedidos durante la anterior gestión menemista como bajo el actual gobierno. Un memorando encargado por Marcer sugiere a los funcionarios públicos vericuetos legales para pagar deudas eludiendo el control de la Sindicatura. La sustancia del conflicto, por el cual la Procuración del Tesoro intenta vaciar las funciones de la SIGEN y sacar a Bielsa con cajas destempladas puede encontrarse en cinco expedientes en los que se discuten sumas mil millonarias: las negociaciones con empresas constructoras adjudicatarias de corredores viales, el PAMI, el canon que Aeropuertos 2000 adeuda por la concesión, la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros, y los litigios del Estado con el grupo Bridas, de los hermanos Bulgheroni. El ministro Gallo es quien negocia los pagos, y el Síndico Bielsa un obstáculo a sortear. En una decisión cuyo único precedente hay que buscarlo en la provincia de La Rioja cuando Jorge Maiorano era fiscal de Estado, Marcer dispuso firmar todos los escritos que se presenten ante la Justicia, lo cual concentrará también en él todos los honorarios. El malestar interno que esta decisión produjo en la Procuración del Tesoro explica la circulación del memorando, cuya confección Marcer encomendó a su colaborador José Manuel Ugarte, y que no debía trascender a la opinión pública.