Por Horacio Verbitsky
 Ningún tema preocupa tanto al presidente y al vice como la desocupación. Ambos tienen en claro que esa es la unidad de medida con que se evaluará el éxito o el fracaso de la Alianza que acaba de cumplir tres años de vida. Fernando De la Rúa deja saber que los angustiantes índices de desempleo y subocupación perturban su sueño. Carlos Alvarez repite hasta memorizarlo que integra un gobierno progresista que sólo se justificará si soluciona los problemas de la gente, el pudoroso eufemismo que hoy usan los políticos para referirse al pueblo. El ministro de Trabajo Alberto Flamarique dijo que si la dramática situación actual no se revierte, carecerá de sentido haber llegado al poder. Más aún, los tres sospechan que, en tal caso, lo perderán. Por sus buenos sentimientos y por conveniencia están interesados en achicar esas cifras desoladoras, cuyas consecuencias son ostensibles tema por tema y que están degradando al conjunto de la sociedad, sin excluir a quienes aún conservan el empleo. Pero no está tan claro que hayan meditado a fondo acerca de los pasos necesarios para lograrlo, porque ello implicaría un examen de las alianzas sociales con las que una parte del gobierno se siente cómodo y otra parte teme romper.
Grupo de reflexión
Todos los lunes, De la Rúa reúne en Olivos a un grupo de reflexión, con la vista puesta en las decisivas elecciones del año próximo. Raúl Alfonsín en 1985, Carlos Menem en 1991 ganaron sus primeros comicios generales de renovación legislativa. Es decir que De la Rúa tiene razones para confiar que también a él le dure el impulso que lo llevó a la presidencia, sobre todo a la luz del caótico panorama de la oposición justicialista, carente de liderazgo y de proyecto. Pero también es cierto que Alfonsín y Menem debieron aquellos resultados a dos planes exitosos para contener el peor problema de entonces, la elevada inflación. El Austral de Juan Sourrouille y la Convertibilidad de Domingo Cavallo mejoraron en sus primeras etapas los ingresos de los asalariados y cambiaron el humor de la sociedad. Ambos fueron lanzados en los meses previos a los comicios. Nada equivalente está hoy a la vista.
La recesión iniciada hace más de dos años es la más extensa conocida y ni ha perturbado en el cambio de gobierno. Más que insistir en sus cándidas o interesadas proyecciones de crecimiento, el ministro de Economía José Luis Machinea ya se conforma con vocear que el saldo del año no será negativo. Hoy el tema central no es el descontrol de los precios sino la falta de trabajo y su consecuencia directa, la depreciación del existente. Su impacto sobre el proceso electoral de 2001 es de difícil atenuación ya que, aun cuando se reanudara el crecimiento macroeconómico, la generación de empleo sería insignificante. Esto es malo para De la Rúa, el primer presidente con un mandato de cuatro años, según la reforma constitucional de 1994, ya que una derrota consolidaría su desventaja en el Senado y lo debilitaría en los dos años finales. Peor aún, tampoco las proyecciones para 2003 se compadecen con el panglossianismo oficial, según el cual en cuanto concluya la recesión mejorará el panorama laboral. Según el ministro Flamarique y su asesor Ernesto Kritz, la recuperación posterior a la crisis denominada “tequila”, demostraría que la economía argentina posee una gran capacidad de creación de empleo. Este es el único argumento concreto que algún funcionario haya avanzado para fundamentar su optimismo.
Los expulsados
En esta página se publicaron las estimaciones del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos: en 2003 la desocupación se mantendrá entre el 15,4 y el 17,1 por ciento. En términos humanos esto significa entre 2.263.067 y 2.515.490 argentinas y argentinos expulsados del mercado laboral. En el remoto 2010, esos valores estarán entre el 15,1 y el 20,7 por ciento, o traducido, entre 2,5 y 3,7 millones de personas en la calle. Estos niveles de desempleo duplican los de la década del 80, triplican los de la década del 70 y explican la intolerancia social hacia la clase política, sin distinción de partidos.
En ambos casos, las proyecciones del IDEF/CTA supusieron un excepcional 5 por ciento de crecimiento anual acumulativo a lo largo de una década, un sueño que la Argentina no conoce desde hace un cuarto de siglo. El cálculo optimista estimaba un incremento de la cantidad de gente que cada año se incorpora al mercado laboral, o Población Económicamente Activa (PEA), del 1,8 por ciento anual, que es el promedio histórico. El pesimista, un 2,5 por ciento anual, que corresponde a lo sucedido en la década del 90, cuando más gente salió a buscar empleo. En ambos casos se suponía que por cada punto de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se crearían 0,37 puestos de trabajo.
El vicepresidente Alvarez envió a uno de sus más próximos colaboradores a discutir estas proyecciones con el jefe de gabinete del ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, quien en los equipos electorales de la Alianza se ocupaba, precisamente, del empleo. Gerchunoff lo tranquilizó: según sus proyecciones, en 2003 el desempleo se habrá reducido al 8 por ciento. El colaborador de Alvarez ha estado tan atareado que todavía no ha podido contribuir al debate con la estimación de Gerchunoff y los supuestos en que se basa, como había prometido hace tres meses. A falta de los datos oficiales y con el objeto de buscar fundamento al rosado discurso oficial, este diario preguntó al IDEF/CTA qué ocurriría si por cada punto de crecimiento del PIB se crearan 0,44 puestos de trabajo, como ocurrió en los últimos años de la década pasada. Esta estimación ya no optimista sino excelsa indica que en 2003, al concluir la presidencia de Fernando De la Rúa el desempleo sería del 14,4 por ciento, y en 2010 de 12 por ciento, es decir 2.119.324 y 2.003.920 personas, respectivamente.
Otras hipótesis
La semana pasada, técnicos del ministerio de Trabajo hicieron llegar a este diario las estimaciones más optimistas que se manejan en su Dirección de Estudios. Debe agradecerse esta actitud republicana, que permite incorporar elementos al análisis del problema central de la Argentina en vez de eludir el debate con el silencio inexplicable del autoritarismo.
Los técnicos no objetan la metodología utilizada por el IDEF/CTA, pero asignan otros valores hipotéticos a las tres variables en juego: el crecimiento anual previsible del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento de la Población Económicamente Activa y la elasticidad empleo/producto (o sea, la cantidad de empleos que se crearían por cada punto de crecimiento del PIB). El trabajo repasa lo sucedido en la última década, donde se marcaron dos períodos muy diferentes. De 1991 a 1994 el crecimiento del PIB fue de 8,3 por ciento promedio anual, pero los ocupados crecieron sólo un 2,03 por ciento anual, “lo cual constituye una elasticidad empleo/producto de 0,24, bastante exigua, que no alcanza a cubrir la oferta de trabajo, incrementando de manera significativa el número de desempleados, así como la tasa de desempleo”. Luego de esos años de alto crecimiento y escasa creación de empleo, vinieron el desplome de 1995 y la recuperación posterior. De 1996 a 1998, el crecimiento volvió a ser importante (7,7 por ciento promedio anual) pero esta vez también la generación de empleo creció en forma significativa, un 4,3 por ciento. “Esta cifra lleva a una elasticidad de 0,56, más del doble que en elperíodo anterior”, dice el borrador. Sus propios autores dudan sobre las causas, que “son muy variadas y poco conclusivas. Tienen que ver con la elección del mix tecnológico productivo que las empresas privilegian, la integración productiva con el exterior, los cambios en los patrones de consumo de la población, precios relativos, direccionamiento del crédito, expectativas empresarias, etc”. Entre esos años “se crearon 1.300.000 puestos de trabajo, cayendo en medio millón el número de desempleados que existían al final de 1995 (2,2 millones)”. Dentro de ese período hubo un año glorioso, del primer cuatrimestre de 1997 al primer cuatrimestre de 1998, durante el cual el PIB creció el 5,8 por ciento y el empleo el 4,1 por ciento, es decir una elasticidad empleo/producto de 0,7. El borrador del ministerio de trabajo que proyecta ese momento al futuro se titula “Cuanto se necesita crecer para reducir el desempleo al 10 por ciento”, lo cual es revelador sobre el método empleado. Se comienza por la fijación de una meta y luego se describe lo que debería ocurrir para que fuera posible alcanzarla. La tasa de crecimiento macroeconómico que prevé es del 5,8 por ciento anual acumulativo, la de la Población Económicamente Activa (PEA) sería del 2,2 por ciento anual, y la elasticidad empleo/ producto de 0,7. Con esos supuestos ideales, la desocupación disminuiría al 13,4 por ciento en mayo próximo y al 12,6 por ciento en octubre de 2001. En mayo de 2003 se habría reducido al 10,1 y en octubre (vísperas electorales) a 9,3 por ciento.
Campeones
Según Claudio Lozano, director del IDEF/CTA, las políticas en curso (logro del equilibrio presupuestario en 2003, esquema impositivo regresivo, ajuste sobre provincias, estancamiento salarial), no permiten esperar que la expansión de la actividad económica se de por vía del consumo. Por se llegaría al 5,8 por ciento anual con un incremento espectacular de las exportaciones y/o de la inversión. Lozano analiza las dos alternativas:
a con un crecimiento razonable de las exportaciones (12 por ciento anual), el crecimiento del 5,8 por ciento del PIB requiere un aumento vertical del 20 por ciento anual en la inversión.
b Si lo que crece en forma razonable es la inversión (un 10 por ciento anual), el 5,8 por ciento del PIB sólo puede alcanzarse con un crecimiento anual de las exportaciones superior al 30 por ciento.
La Argentina sería entonces campeón de la inversión o una nueva potencia exportadora, dice Lozano. Su conclusión es que tasas de crecimiento como las previstas por el borrador del ministerio de Trabajo sólo pueden alcanzarse con una fuerte reactivación de la demanda interna, que casi triplica la participación de las exportaciones y la inversión en la demanda global. De hecho, tanto en el período 91-94 como en el 96-98, el consumo fue el dinamizador de la expansión. Además, la actual presión para eliminar el déficit de las provincias y los municipios empeora la situación del empleo en comparación con aquellos dos períodos, en los que sólo se ajustó la Administración Central. Por eso la elevada elasticidad empleo/producto del ciclo 1996-98 sería irrepetible ahora. Del medio millón de puestos de trabajo generados entre octubre de 1997 y octubre de 1998, más de 150.000 lo fueron por planes transitorios de empleo del tipo del Trabajar. Esto indica que uno de cada tres puestos creados no dependió del dinamismo económico. Si se corrigen las cifras sustrayendo esos programas transitorios, el 15,6 por ciento de tasa de desempleo de 1997 (que se exhibe como baja sustantiva respecto a 1995), representaría una tasa del 16,7 por ciento. La tasa de 1998 sería del 13,5 por ciento en lugar del 12,6 por ciento y la de 1999 del 14,5 por ciento en lugar del 13,8 por ciento. El borrador del ministerio de Trabajo sostiene que “todas las economías que han sufrido el proceso de reformas que se vivió en Argentina, evidencian una duplicación de la elasticidad empleo/ producto en los tramos posteriores a las reformas”. Lozano responde que “esto es justamente lo que se expresa en el período 96-98. El 0,56 de esos años duplica la elasticidad de los años de las reformas estructurales”. Por lo tanto, sería tan irreal pensar en el aumento a 0,70 como en tasas de crecimiento anual acumulativo superiores al 5 por ciento.
El salto atrás
En la última década el desempleo se ha convertido en una cuestión estructural. Contra lo que afirmaba la doctrina reaganista del derrame, en los períodos de crecimiento macroeconómico el desempleo no baja del 12 por ciento y se expande la precariedad. Las nuevas ocupaciones que se crean son de baja calificación y magro nivel de ingresos. En consecuencia, aumentan el subempleo y el sobreempleo y la pobreza crece de modo sostenido. Cuando la actividad económica cae, como ocurrió en 1995 y 1999, la precariedad se mantiene, el desempleo sube de manera significativa y la pobreza se expande en línea con la tasa de desocupación. Esto explica que la tasa de desempleo haya sido la misma en 1994 y en 1998, pese al crecimiento del PIB entre esos años y que a igual nivel de desempleo le corresponda un mayor nivel de pobreza. Con un 12 por ciento de desocupación, la pobreza en el Gran Buenos Aires cubría en 1994 al 19 por ciento de la población. A fines de 1998 con el mismo nivel de desempleo la pobreza ya alcanzaba al 26 por ciento. La ineludible conclusión es que los saltos atrás que ocurren en los momentos de recesión, deben entenderse como estructurales. En la próxima fase de crecimiento económico, la pobreza no se reducirá y hasta puede seguir creciendo, sólo que más lentamente. Este es un callejón sin salida.
La marcha adelante
La Marcha Grande por el Trabajo que arrancó hace dos semanas en Rosario entregará el miércoles al Congreso la primera propuesta concreta de modificación de esa lógica económica y social. La creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos mensuales para todos los jefes de hogar desocupados y de una asignación universal de 60 pesos por cada hijo en reemplazado de las actuales asignaciones familiares, implicaría una redistribución del 3,3 por ciento del Producto Interno Bruto y un 10 por ciento del Gasto consolidado de la Nación, las Provincias y los Municipios. Así como el desempleo y la pobreza no reconocen fronteras provinciales, el plan para enfrentarlos debe tener alcance nacional y ejecución local. Los apoyos recibidos durante la marcha, de gobernaciones, intendencias y municipios son indicios de que a pesar de su audacia, la propuesta no carece de viabilidad.
Semejante shock distributivo garantizaría que ningún hogar quedara por debajo de la línea de pobreza. Es congruente, además, con el método elegido para impulsarlo. La caminata de hombres, mujeres y niños a lo largo de 500 kilómetros, con actos en cada ciudad, para explicar la propuesta y recabar firmas reclamando al Congreso que la considere, tiene las dimensiones participativas, la épica y la ética que la actividad política ha perdido. Dice un documento de la CTA: “En tanto la renta mínima se asocia con la restitución de derechos (en el caso del seguro, a través del empleo en circuitos económicos de emergencia y en estrategias de formación; en el caso de la asignación por hijo, en la apropiación del derecho a la salud y a la educación) pone en debate el papel del Estado no sólo en su conformación estructural sino también en sus formas específicas de intervención. Es decir, se resitúa la planificación estatal junto a las cuestiones de empleo, educación y salud con todo lo que esto implica entérminos de reconstrucción de la ciudadanía y profundización democrática de la sociedad”.
Costo y beneficio
Un tema no menor es el del costo. El seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados de 380 pesos mensuales requiere fondos por 3.569 millones al año (13 pagos para 722.400 jefes de familia desocupados a mayo de 2000). La asignación universal de 60 pesos por hijo costaría 8.807 millones. Si de ellos se sustraen los 2.670 millones que hoy se destinan a las asignaciones familiares y otros programas asistenciales su costo neto sería de 6.137 millones. La suma del seguro más la asignación por hijo asciende a 9.706 millones, como se observa en el cuadro 1.
 Al analizar de dónde se extraerían esos recursos, la CTA destaca que el incremento del consumo incrementaría la recaudación impositiva. Los 9.706 millones que se volcarían al consumo generarían un aumento de la demanda dos veces y media mayor, de unos 24.000 millones, ya que debido a la recuperación inicial las empresas podrían pagar salarios que también se volcarían a la demanda de consumo. Este incremento de la demanda, cercano al 7 por ciento haría crecer la recaudación en unos 800 millones por cada punto. Sólo con esta reactivación por medio del consumo, el patrón tributario actual se volvería más productivo. La recaudación adicional esperable llegaría a los 5.600 millones.
Otros 1.500 millones podrían obtenerse si se restituyeran los aportes patronales a los grandes contribuyentes del sector cuyos servicios no son exportables y en consecuencia no padecen la competencia internacional, como las empresas privatizadas, los bancos y los hipermercados. La semana pasada, el senador nacional Leopoldo Moreau (UCR-Bs. As.) difundió un ilustrativo trabajo titulado “¿A quiénes benefició la baja de los aportes patronales?” El presidente del Comité bonaerense del radicalismo analizó caso por caso lo sucedido con las rebajas que Menem dispuso en 1995 y 1998 y concluyó que “no mejoraron la competitividad de la economía ni generaron una disminución tarifaria”. Es decir, se limitaron a engrosar la cuenta de beneficios de los prestadores, sin ventaja alguna para la competitividad de la economía. “La pregunta a contestar es si la política debe, más que satisfacer a la sociedad, satisfacer a los mercados. Después de una década en nuestro país de hegemonía neoliberal, para mí la respuesta es obvia”, dice Moreau.
La tantas veces anunciada eliminación de las exenciones al impuesto a las ganancias incrementaría su recaudación en no menos de 10.000 millones. En el curso del primer año, podría aspirarse a lograr sólo dos puntos del PIB, es decir 5.700 millones. Otros mil millones podrían obtenerse aumentando la presión de impuestos internos sobre los consumos superiores. Por último, la reasignación de los actuales planes sociales del Sector Público Nacional implicaría otros 3.700 millones. Esto supondría un profundo cambio conceptual en la lucha contra la pobreza. Como explica el sociólogo Artemio López, la pobreza en la Argentina “antes que un dilema de política social resulta un problema de política económica y expresa más que los efectos de la marginación social y productiva, una modalidad de integración desigual y empobrecida al mercado de trabajo”. Una estrategia seria, aduce la CTA, “debe operar sobre la causa (el desempleo) colocandoun piso a la degradación de la estructura ocupacional, y no sobre los efectos (los pobres)”. Desde este punto de vista, el Seguro de Empleo y Formación al fijar un piso para la degradación del salario de quienes tienen empleo es el nuevo nombre del salario mínimo.
Cambio de alianzas
La situación de pobreza absoluta de los países africanos se mide en los indicadores de ingreso
per cápita. En cambio la Argentina, con casi 8.000 dólares anuales por persona, tiene riquezas suficientes para permitirse esas políticas redistributivas. El cotejo de los dos cuadros indica que dentro del país sobran los recursos para llevarlas a la práctica, a diferencia de las consignas huecas sobre la deuda externa, que lanzan como cortinas de humo la derecha populista, la paleoizquierda y la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Esto no quiere decir que su aplicación vaya a ser fácil. Sólo una intensa movilización social y un amplio arco de alianzas políticas y sociales podrán enfrentar las previsibles resistencias. Un primer paso sería que quienes dicen representar en el gobierno posiciones progresistas se allanaran a discutir la propuesta y sus implicancias, en vez de alzarse de hombros o descalificarla con palabras despectivas.
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