Por Horacio Verbitsky
 La investigación del descomunal tiroteo de la semana pasada en Los Polvorines (en el que murieron tres asaltantes y un policía, y otros nueve funcionarios de seguridad fueron heridos) sugiere perturbadoras similitudes con lo sucedido en la masacre de Andreani de 1996 y la de Ramallo de 1999, dos casos en los cuales la mejor maldita policía del mundo, con respaldo del poder político, planificó espectaculares enfrentamientos para transmitir una imagen de eficiencia que mejorara la situación de algunos de sus máximos jerarcas, acosados por denuncias públicas de corrupción, brutalidad e inoperancia. En este caso, el inusual operativo, encabezado por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Ramón Oreste Verón, y por el virtual jefe de la policía de la provincia, comisario mayor Raúl Eduardo Martínez, se produjo en cuanto el periodismo reveló los antecedentes de Martínez como torturador durante la gestión del general Ramón Camps y la justicia comenzó a investigar el impactante aumento de la cantidad de denuncias de torturas a detenidos en las comisarías de la provincia desde la asunción de la fórmula Carlos Rückauf-Felipe Solá. La mayor organización armada del país vuelve a constituirse así en un mayúsculo problema político, cuyo control escapa a la capacidad o al interés del gobierno provincial.
Andreani 96
La denominada masacre de Andreani tuvo un largo período de incubación, que se remonta al 29 de septiembre de 1994, cuando el programa “Edición Plus”, dirigido por Lucía Suárez, mostró por primera vez la participación orgánica de las brigadas policiales en el comercio de sustancias psicotrópicas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias y formuló preguntas pertinentes sobre los bienes del comisario Mario Rodríguez, el hombre fuerte de la zona. El gobierno provincial consiguió que el amistoso canal Telefé levantara el programa. Pero el 13 de julio de 1996 el juez federal Juan José Galeano detuvo al comisario Juan José Ribelli y a otra docena de policías, acusados de haber recibido de manos de Carlos Telleldín la camioneta con la cual se habría volado la mutual judía de Buenos Aires. Ribelli era un protegido del jefe de la policía Pedro Klodczyk. Tres días después fueron arrestados seis policías de la división narcotráfico de Quilmes, descubiertos por “Telenoche Investiga” cuando cumplían la misión específica que su denominación indica. El 10 de agosto, el periodista Carlos Dutil publicó en el semanario Noticias su investigación sobre la “Maldita policía”, en la que afirmó que era una mafia organizada para delinquir, en complicidad con el poder político. Dutil describió la relación especial del comisario Mario Rodríguez con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, y con el propio gobernador. En setiembre, Eduardo Duhalde pasó a retiro a Klodczyk y comenzó un tardío intento de reforma policial. Junto con el jefe fueron jubilados los nueve comisarios generales y comenzaron las investigaciones sobre los comisarios mayores, Rodríguez el primero de ellos. No había tiempo que perder.
El 6 de noviembre de 1996, más de una docena de delincuentes penetraron en la sucursal del servicio postal Andreani en Avellaneda, donde funcionaba un banco. En su interior los esperaban cuatro decenas de policías que desencadenaron lo que el comisario Rodríguez describió como “el hecho más sangriento de la historia policial argentina”, gracias al cual esperaba salvar su carrera. Esa jactancia es similar a la del actual ministro Verón, orgulloso por ser el oficial que más personas mató en enfrentamientos. En el tiroteo de Andreani hubo nueve muertos, dos de ellos policías. Dos testigos, uno de ellos de identidad reservada, dijeron que se trató de una emboscada: la policía conocía por un confidente la preparación del asalto y montó una ratonera en el lugar. El sargento Domingo Schiliase declaró a la justicia que las armas y los uniformes de Andreani que se usaron en el asalto habían sido enviados a los delincuentes por el comisario Rodríguez, por entonces en la Unidad Regional de Lanús.
Ramallo 99
Los tiempos se acortaron y para encontrar los antecedentes de la masacre de Ramallo sólo es preciso retroceder un año. En enero de 1998 Duhalde disolvió la policía bonaerense y designó como ministro de Justicia y Seguridad a Carlos Arslanian, quien comenzó una profunda depuración. El ministro y sus colaboradores pronto descubrieron que las mayores resistencias se producían en los municipios. En un solo día se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por homicidio en riña, que es el nombre judicial del gatillo fácil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narcóticos. Comprobaron que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financiaban sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía. “Me tuve que bancar presiones de intendentes, cuando les tocamos su sistema recaudatorio, pero no nos torcieron la mano”, dijo Arslanian a este diario, días antes de que se la torcieran. Los enfrentamientos con los aparatos políticos del justicialismo de Lanús, Morón y La Matanza lo desgastaron. Como vocero de ese descontento se destacó Rückauf, quien en agosto de 1999 precipitó el alejamiento de Arslanian, al cuestionar su gestión y postular que debía meterse bala a los ladrones. “Arslanian nos cuesta cada día más caro. Tiene prejuicios contra la clase política y se niega a recibir a los intendentes, que se quejan de él. Releva a comisarios de confianza de los intendentes y designa a otros que no dialogan con los intendentes”, explicó Rückauf ante el malhumor de Duhalde.
Para suceder a Arslanian y a su secretario de seguridad, Alberto Beraldi, Duhalde recurrió a una pareja de vidriosos antecedentes: el juez federal de Campana Osvaldo Lorenzo y el abogado Héctor Lufrano, con quienes se reinstaló la confusión entre policías y ladrones. Hasta dos días antes de asumir su cargo, Lufrano era el defensor de Luis Valor en una causa por robo y homicidio, a raíz del cruento asalto a un blindado en La Reja. El entonces candidato a la vicegobernación, Felipe Solá, definió a Lorenzo como un abogado de provincia, sin compromisos con la policía y honesto. No pensaban lo mismo los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín Alberto Mansur, Horacio Prack y Daniel Rudi, quienes lo habían denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa por contrabando y evasión fiscal, en la que adoptó decisiones en contra de la presunción de inocencia de detenidos y la garantía de defensa en juicio. Los denunciantes describieron “el despliegue encarado por el juez al disponer la afectación de no pocos integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires para realizar innumerables seguimientos, filmaciones y tomas fotográficas, que implicaron el traslado de varias comisiones por diferentes localidades bonaerenses”. Pero se declararon asombrados de que esa “significativa labor desarrollada durante más de dos años”, no sirviera para corroborar “alguna de las actividades ilícitas investigadas”. Para quienes están habituados a leer las entrelíneas de los expedientes judiciales, de este modo insinuaron que el juez podría haber procedido a detenciones arbitrarias en una causa inventada para luego modificar la situación de los procesados a cambio de algún beneficio.
Al asumir Lorenzo se lanzaron dos avisos televisivos sobre la seguridad. En el primero Duhalde sobrevolaba nuevas cárceles en helicóptero. El texto del segundo adujo que Duhalde había terminado con la maldita policía y “está trabajando mucho para que un día, quién sabe, pueda ser llamada bendita”. El tercer corto de la serie comenzó a filmarse –¡oh casualidad!– en Villa Ramallo, donde la policía montó un cerco sobre la sucursal del Banco Nación, ocupada por tres delincuentes que entraron a robar y al verse descubiertos se atrincheraron con empleados y clientes como rehenes. Pero nunca llegó a emitirse, porque lo que debía ser el acta de bautismo de la bendita policía se convirtió en una carnicería desaforada, en la que los efectivos policiales acribillaron a los rehenes. Entre los policías que Duhalde relevó en las horas posteriores a lo que llamó “una masacre injustificable”, estaba el comisario mayor Martínez, por entonces director de inteligencia de la policía. La investigación del juez Carlos Villafuerte Ruzo ya estableció que la policía instigó el asalto y borró las pruebas, para lo cual llegó a ahorcar en su celda a uno de los ladrones, que salió ileso del tiroteo tras el cuerpo de uno de los rehenes. Entre los procesados hay un suboficial que participó en la planificación del robo y al que le secuestraron un plano del banco, otro que luego del tiroteo escondió en el baúl de un patrullero el bolso en el que los delincuentes llevaban una escopeta y un equipo portátil de comunicaciones que usaron para coordinar con la policía, y un oficial que, alejado del resto, abrió el fuego sobre los rehenes.
Polvorines 2000
La ratonera de Polvorines fue de gestación mucho más corta que las de Andreani y Ramallo. En abril de este año, el comisario mayor Martínez asumió como Superintendente de Coordinación de Seguridad, cuando Verón dejó ese cargo para reemplazar en el ministerio al deslenguado Aldo Rico. Por primera vez en un lustro, la policía salió del foco de la atención pública y Rückauf gozó de un cierto desahogo. Pero en agosto, la justicia y el periodismo volvieron a revisar el pasado y el presente de la policía.
La Suprema Corte de Justicia provincial comenzó a investigar una denuncia del asesor de menores de San Isidro Carlos Eduardo Bigalli, quien documentó que entre enero y julio de 2000 se habían triplicado los casos de torturas policiales a niños y que las condiciones de su alojamiento en comisarías eran intolerables. El lunes 14 de agosto Bigalli presentó una denuncia por la inhabitabilidad de los calabozos en que se depositaban chicos en la comisaría de Victoria. “Resulta inconstitucional, ilegal e ilegítimo que los niños vulnerables paguen con sus cuerpos y almas el palmario incumplimiento del Estado provincial, recluidos en jaulas”, escribió. El viernes 18, elevó a la Corte su tétrica estadística de maltratos a los pibes detenidos en su jurisdicción: puñetazos, patadas, rodillazos, cabezazos, culatazos, simulacros de fusilamiento, disparos de armas de fuego, amenazas de muerte, y vejaciones sexuales. Según el informe de Bigalli, en los dieciocho meses transcurridos entre julio de 1998 y diciembre de 1999 comunicó a la Corte provincial 129 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a menores. Esto es, un promedio de 7,16 casos por mes. Añadió que en los siete primeros meses de 2000, hasta el 31 de julio, las denuncias treparon a 159, es decir una media de 22,71 casos por mes, o un caso por día hábil. Es decir que las denuncias se triplicaron desde el cambio de gobierno en la provincia. El domingo 20, este diario reveló que en 1978 Martínez había sido procesado por torturar a palos y con corriente eléctrica a un ciudadano alemán detenido por un delito privado. Entrevistado antes de la publicación del artículo, Verón había respondido que antes de designar a Martínez consultó su legajo y no encontró nada preocupante.
El martes 22, la Alianza solicitó la renuncia de Martínez y la Suprema Corte ordenó a Verón que hiciera cesar las torturas y las condiciones degradantes de alojamiento. El miércoles 23 las dos cámaras de la Legislatura aprobaron por unanimidad sendos pedidos de informes sobre el episodio de la década del ‘70, acerca de los procedimientos para designar a las máximas jerarquías policiales y por el incremento de torturas en las comisarías. Rückauf dejó entender que aún no había resuelto la confirmación o el relevo de Martínez. El jueves 24, Martínez dijo que estaba desanimado y con deseos de renunciar. Rückauf recibió a Verón y anunció que había dejado la decisión en manos del ministro. El viernes 25, una estruendosa lluvia de plomo ahogó esos ecos: tres hombres que habían robado un banco en Talar de Pacheco huyeron en moto y se refugiaron en una casa de Polvorines. Aunque estaban cercados, la policía desencadenó un descontrolado tiroteo, en el que además de los tres ladrones murió un suboficial de la policía y otros nueve resultaron heridos.
La investigación del fiscal de San Martín Mario Marini cuestionó la historia oficial tal como la habían divulgado Verón y Martínez, en demostración de los buenos reflejos y la aptitud operativa policial para brindar seguridad a la población. Poco antes del mediodía tres hombres robaron algo más de 25.000 pesos en un banco de Talar de Pacheco. Según la policía, se fugaron los tres en una sola moto en la que, además de un bolso con el botín, llevaban otro con un arsenal de armas largas. La famosa intuición policial permitió localizarlos más de una hora más tarde, no en la calle y en la indefinible actitud sospechosa del léxico, sino ya instalados en una casa de Polvorines, donde nadie denunció haber visto nada extraño. Se suscitaron varios tiroteos, entre los habitantes de la casa y los tripulantes del patrullero que los detectó y entre el único asaltante que quedaba y casi un centenar de policías que arribaron en docenas de patrulleros desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, mientras el lugar era sobrevolado por cuatro helicópteros y llegaban Verón y Martínez. Entre los tres asaltantes recibieron un centenar y medio de impactos de bala a muy corta distancia, la mayor parte en sus cabezas. También hubo un policía muerto y nueve heridos. Los primeros peritajes parecen indicar que el policía abatido y al menos uno de los heridos lo fueron por proyectiles de armas distintas a las que portaban los asaltantes. También desaparecieron 10.000 de los 25.000 pesos robados. Como quien une lo útil a lo agradable.
“El desprecio a la ley”
Por H. V.
Otra causa judicial,
ésta de hace apenas dos años, cuestiona el apego del virtual jefe de policía
Martínez a la legalidad de los procedimientos y el respeto por los derechos
y garantías constitucionales. Como resultado, los jueces del Tribunal
Oral Federal Nº 2 de San Martín, Daniel Cisnero, Luis Nieves y Víctor
Blanco anularon las actuaciones por comercio y/o tenencia de estupefacientes
contra diez personas, que fueron absueltas.
La causa se inició con una denuncia presentada al oficial Héctor Vidart,
de la división Narcotráfico Norte de la policía por un desconocido, quien
describió la llegada de cocaína desde el Paraguay y su canje por automóviles.
Aunque el desconocido se negó a identificarse y a dejar ningún dato personal,
Vidart estimó que decía la verdad, pero cuando el tribunal le pidió que
explicara por qué sólo obtuvo como respuesta el silencio. Su jefe, Raúl
Eduardo Martínez, consideró que la información recogida era creíble como
para iniciar una investigación preliminar, pero “realizada ésta no se
pudo obtener prueba alguna que corroborara el dato original”. Para “no
descartarlo totalmente” le pidió al juez federal Martín Suárez Araujo
la intervención telefónica. Vidart y Martínez explicaron en el juicio
oral que no pudieron encontrar ningún dato que vinculara “a las personas
o domicilios investigados con algún delito”. Vidart declaró que aunque
tampoco surgió nada ilícito de las escuchas telefónicas, se solicitaron
intervenciones adicionales “de teléfonos que se comunicaban con los anteriores”.
Martínez explicó que sólo “al tejer para arriba en las escuchas” se obtuvo
algún dato de interés y vinculado al tráfico ilegal. Para el tribunal,
la intervención que a solicitud de Martínez firmó Suárez Araujo “carecía
de causa y motivo. Por el contrario, la alentó la búsqueda de esos motivos,
procedimiento espurio que invirtió los términos de la exigencia legal”.
Por falta de la fundamentación que requiere el código procesal esa orden
fue anulada, igual que todos los pasos procesales posteriores. “De la
denuncia original, único elemento distinto a las escuchas obrante en la
instrucción, nada se probó, pues tanto las personas allí citadas, como
la maniobra de canje de autos robados por cocaína se desvanecieron al
correr de las fojas”, dijeron los camaristas del juicio oral. “No puede
convalidarse, cualquiera haya sido el resultado final, tamaña violación
constitucional. Si el encargado de cumplir y hacer cumplir la ley se aparta
de ella para asumir un papel de cruzado contra el delito, flaco es el
favor que se le hace a la sociedad, por más que se pretenda escudar en
ella. Nada es peor para el cuerpo social que el desprecio a la ley, y
si viene de la mano del encargado de aplicarla, tanto peor”, agregaron.
El tribunal también objetó “la irregular incautación de más de diez rodados
de alto valor” dispuesta por Suárez Araujo, sin explicar antes ni investigar
después “de qué manera los vinculaba con el tráfico ilegal”. En cambio,
“se desató un reparto de los bienes entre funcionarios policiales, judiciales
y hasta penitenciarios que resulta, cuanto menos, de una ligereza y apresuramiento
llamativos”. Respecto de Suárez Araujo, el Tribunal Oral remitió fotocopias
a la Cámara, que tiene la función de superintendencia del juez.
Durante el juicio oral Martínez reconoció que había pedido las órdenes
aunque “no había motivos para intervenir” esos teléfonos, pero que “si
el juez lo ordenaba, a lo mejor se podía descubrir algo”. Para los camaristas,
de este modo Martínez intentó trasladarle su responsabilidad al juez.
“Esta excusa sonó harto infundada, pues por su cargo y jerarquía debe
conocer y hacer cumplir las leyes. No es excusa que la mayor responsabilidad
recaiga sobre el magistrado, cuando ante su simple pedido se otorgan indiscriminadamente
órdenes de escucha. Por ello se consideró adecuado poner en conocimiento
del señor ministro la actuación del comisario inspector Eduardo Raúl Martínez”.
¿Esta sentencia tampoco figura en el legajo que Verón consultó antes de
proponerle a Rückauf la designación de Martínez como reconstructor de
la mejor maldita policía del mundo o, por el contrario, es el fundamento
oculto de la decisión?
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