Por Horacio Verbitsky
 Bajo la mano dura que Carlos Rückauf instaló como novedoso eje de su campaña electoral asoma la mano negra de la mejor maldita policía de siempre. El vertical incremento de denuncias por corrupción y brutalidad policial avanza hacia la conformación de una crisis política que involucra a los tres poderes del Estado bonaerense, al mismo tiempo que se expande el número de personas detenidas sin que por ello se reduzca la cantidad de delitos cometidos. Con medio centenar de robos y hurtos y cuatro homicidios por día en el conjunto de la provincia, Rückauf no puede mostrar ningún éxito en el que eligió como rubro central de su perfil político, pese a que la cantidad de personas arrestadas en procedimientos policiales se duplicó, lo cual ha agravado las ya calamitosas condiciones de detención. A las denuncias de funcionarios judiciales de las tres instancias y del periodismo y a los reclamos de las dos cámaras de la Legislatura se suman también documentos oficiales del propio gobierno provincial que confirman los alcances de la gravísima situación e incluso se insinúa una por ahora tímida disidencia entre el gobernador y el vice. Mientras Rückauf sólo pretende que los escándalos policiales no perturben su irrupción en la escena política nacional, el vice Felipe Solá comienza a sospechar que sus aspiraciones a la sucesión del gobernador se toparán con el obstáculo del descontrol policial al que, por ahora, aludió en forma eufemística como “desborde”.
El desborde
“Me preocupa la cantidad de problemas que tenemos en seguridad, hay estadísticas muy graves. En el conurbano hay muchos enfrentamientos y la policía parece desbordada” dijo Solá esta semana, mientras Rückauf incrementaba la inversión de su gobierno en propaganda personal, con filmaciones diagramadas por su hijo Gustavo que simulan noticieros en los que el gobernador inaugura obras. Un pedido de informes presentado al Poder Ejecutivo por los senadores de la Alianza Eduardo Sigal y Carlos Alberto Pérez Gresia menciona un informe del Ministerio de Justicia según el cual “las investigaciones por apremios ilegales, abusos, cohecho y consumo de drogas contra policías bonaerenses” aumentaron un 50 por ciento respecto del año pasado. Estas cuestiones, junto con los antecedentes como torturador del Superintendente de Coordinación de Seguridad, comisario mayor Raúl Eduardo Martínez; la ratonera de Polvorines, donde 200 policías arribados en casi un centenar de patrulleros y cuatro helicópteros desataron un pandemonium en el que además de tres delincuentes murió un suboficial y otros nueve agentes fueron heridos; la triplicación de denuncias por torturas a chicos y la inhabitabilidad de las comisarías donde se alojan presos, formarán parte de la interpelación a la que deberá responder el ministro de Seguridad, comisario general (R) Ramón Oreste Verón si el martes el senado con mayoría de la Alianza aprueba la solicitud de informe in voce presentada por el frepasista Sigal y el radical Pérez Gresia.
Del dicho al hecho
El domingo pasado, Verón sostuvo que “de ninguna manera podemos aceptar el abuso o el apremio como metodología de trabajo”. Pero esta abstracta declaración de principios dio paso a una concreta justificación de la conducta del personal en los casos denunciados. “En muchas ocasiones se producen enfrentamientos y llega a haber resistencia a la autoridad. Es indudable que en esas circunstancias la policía debe usar la fuerza para reducir a un menor, aunque esto no puede ser interpretado como una tortura.” El ministro de seguridad deploró también el alojamiento de pibes en las comisarías y dijo que si el Consejo del Menor los sacara de allí “como está previsto, con esa sola medida se aliviarían las denuncias y la controversia”. En el mismo sentido se pronunció el senador justicialista Horacio Román, ligado a la gestión del ex jefe Pedro Klodczyk. Román atribuyó a la interventora del Consejo del Menor Irma Lima la responsabilidad de resolver el problema, lo cual revela cuál fue la intención de Rückauf al designar en ese cargo a quien había sido una de las principales denunciantes de abusos policiales. Conociendo el paño no sería extraño que alguna maniobra similar apuntara al asesor de menores de San Isidro Carlos Bigalli.
Ninguno de los casos enumerados en los artículos de este diario y en los escritos de Bigalli cae dentro de la autoindulgente descripción del ministro de Seguridad. Por el contrario, se refieren a golpes dentro de las comisarías una vez que los chicos han sido reducidos e incluso vejaciones sexuales. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la provincia ha intimado en forma repetida al gobernador y al ministro para que hagan cesar los apremios a chicos sin mención alguna a presuntas resistencias a la autoridad en ocasión del arresto. La última de esas resoluciones, firmada el lunes 5 de setiembre por el presidente de la Corte, Guillermo David San Martín, y por la prosecretaria del Patronato de Menores, María Estela Testoni alude al caso de un chico herido de bala al cual el personal de la comisaría de Victoria (San Fernando 3ª) no prestó la debida asistencia médica. Al día siguiente, el martes 6, el diario. Clarín publicó un severo editorial titulado “Nuevos casos de abuso policial”, en el que sostuvo que la policía de Buenos Aires “continúa siendo la fuerza más conflictiva del país, sin que las distintas depuraciones y reorganizaciones hayan logrado cambiar la cultura abusiva que prevalece entre sus miembros”. La fuerza policial “agrava la crisis de seguridad y genera un profundo escepticismo entre los vecinos”, quienes no pueden confiar en ella.
Los fundamentos del pedido de informes senatorial descalifican la orden del gobernador Rückauf para que la provincia sea querellante en los casos de torturas como un modo de “eludir su responsabilidad principal en este asunto”. En vez de “ponerse en el lugar de las víctimas, siendo el gobernador el máximo responsable de la policía de la provincia, debería ocuparse de eliminar las condiciones estructurales de impunidad que permiten que actualmente se violen sistemáticamente derechos fundamentales. ¿A quién va a querellar, al cabo u oficial que tortura a civiles y se encuentra bajo su dirección y responsabilidad o al mismo estado provincial?”.
Marea azul
La reconstrucción del descomunal tiroteo del 25 de agosto en Polvorines confirmó las sospechas de una emboscada, con el propósito de mejorar la imagen policial y aliviar la presión sobre Martínez por el caso de torturas a un ciudadano alemán durante la dictadura militar, revelado aquí el 20 de agosto. El fiscal de San Martín, Mario Marini logró establecer una gruesa contradicción entre los policías interrogados, de la cual se desprende que la policía sabía de antemano dónde se refugiarían los asaltantes de un banco en Talar de Pacheco. El custodio de la asaltada Banca Nazionale del Lavoro comunicó a la seccional de Tigre que los tres ladrones habían huido “en una moto grande, tipo Enduro, con un FAL”. El mismo mensaje fue retransmitido por los comandos de Tigre-San Isidro y de Malvinas Argentinas. Los policías de Malvinas Argentinas, que fueron los primeros en llegar a la villa en la que se habían refugiado los ladrones, declararon haber escuchado en la radio que uno de los prófugos vestía campera oscura y pullover claro y que el más joven llevaba el pelo teñido de rubio. Pero ninguno de esos datos figuraba en los mensajes radiales. Aunque cerca de la casa encontró una huella de motocicleta, el fiscal considera que se trata de una explicación poco creíble. De a dos por día, está citando a todos los jefes que participaron, para qué digan cómo llegaron al lugar y qué personal estuvo presente.
La justicia también debe esclarecer quién mató al sargento Julio Sánchez. El jueves la Gendarmería entregará el resultado del segundo peritaje sobre los dos proyectiles extraídos de su cuerpo. No corresponden a ninguna de las armas secuestradas a los ladrones y resta verificar si salieron de alguna de las policiales, igual que los que hirieron a otros policías. Las pistolas de calibre 9mm tienen un encamisado metálico dorado, en el que las estrías del alma del cañón imprimen una huella, que puede ser cotejable. Pero en el cuerpo de Sánchez sólo se hallaron dos pedazos de plomo desnudo. Como ya es habitual, los policías que actuaron en el lugar perdieron los encamisados. El fiscal tampoco tiene demasiadas esperanzas de encontrar los diez mil dólares que desaparecieron luego del tiroteo.
–¿Está claro quién comandó el operativo? –le preguntó este diario.
–Sí, nadie. Por eso pedí los videos crudos a Crónica, TN, y pienso pedir el de “Día D”, porque Martínez hablaba de una tal Marea Azul y a nosotros en la causa no nos consta qué es eso –dijo el fiscal.
También los senadores de la Alianza se interesan por ese cuerpo especial, que se creó pocos días antes del descontrol de Los Polvorines para operar en las zonas con “mayores índices delictivos de la provincia”. Sigal y Pérez Gresia se proponen preguntarle a Verón qué políticas de prevención se han previsto y desarrollado en esas zonas; bajo el control funcional y la responsabilidad de qué autoridad cumple sus funciones el grupo, cómo se seleccionan sus miembros y se determinan sus zonas o lugares de actuación; qué facultades poseen; cómo se solicita la autorización judicial competente y si se prevé su presencia para ejercer el control de legalidad en el lugar de los operativos; y en qué se diferencia la Marea Azul del disuelto grupo GEO, que actuó en la masacre de Ramallo.
Preguntas
Otras preguntas del Senado giran sobre las mismas preocupaciones del fiscal de la causa de Polvorines: cómo se originó el tiroteo, quién ordenó abrir y cesar el fuego, cómo fueron localizados los asaltantes, cuál era el contenido del radiomensaje que dio cuenta del asalto y qué agentes lo recibieron, si se intentó que los asaltantes depusieran sus armas y se entregaran, a quién pertenecían las que dieron muerte al policía abatido, por qué están descamisados o sin estrías los dos plomos, y si existe diferencia entre el dinero robado y el que se recuperó.
Pero además los legisladores de la Alianza también desean que Verón explique en qué consisten y por qué están pendientes de resolución 19.156 sumarios a personal policial y cuántos policías fueron separados de la fuerza preventivamente por habérseles iniciado un sumario ante la presunta comisión de hechos ilícitos. En un capítulo específico sobre las torturas a menores, los senadores inquieren si se iniciaron sumarios y se apartó preventivamente a los comisarios a cargo de las reparticiones mencionadas en las denuncias. Verón también deberá responder si el Ministerio de Seguridad realiza relevamientos en las comisarías de la provincia para detectar “este tipo de prácticas ilegales y aberrantes” y, en ese caso, con qué resultados.
Acerca del método seguido para decidir las promociones de las máximas autoridades policiales le preguntarán si en el legajo del comisario Martínez no figuraban la causa que le siguieron por torturas contra un ciudadano alemán en el año 1978 y el cuestionamiento que le hizo en 1998 el Tribunal Oral Federal Nº2 de San Martín aduciendo que “nada es peor para el cuerpo social que el desprecio a la ley, y si viene de la mano del encargado de aplicarla, tanto peor”. También inquieren si esas causas le parecieron irrelevantes al ministro a la hora de designar y confirmar a Martínez como virtual jefe policial.
La máquina de detener
La Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro celebró el jueves una sesión plenaria y acordó emitir un contundente pronunciamiento sobre la situación de los detenidos en ese Departamento Judicial, donde funciona lo que sus integrantes definen como “una enorme maquinaria para detener personas”, en respuesta a “una equivocada estrategia de mano dura”. En los primeros ocho meses de este año fueron detenidas allí 54.000 personas, contra 40.000 de todo 1999 (es decir el doble), sin que ello pueda argüirse como demostración de eficacia que se refleje en alguna disminución en los índices delictivos. Participaron del plenario los jueces de la Sala I, Juan Carlos Fugaretta (quien preside la Cámara y quedó a cargo de redactar la resolución), Roberto Borserini y Fernando Maroto; el de la Sala II Emilio Rodríguez Mainz, quien expresó su desacuerdo y se retiró antes de que concluyera el acuerdo y los de la Sala III, Raúl Alberto Borrino y Celia Margarita Vázquez. Sólo faltaron Omar Raúl Rico Roca y Hugo Daniel Morini, de la Sala II. Los camaristas adoptaron otras tres resoluciones que muestran la voluntad de ejercer su jurisdicción sin delegarla en las autoridades políticas o policiales:
 Ordenarán el retiro de todos los detenidos a su disposición de la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela. Esa Unidad Penitenciaria 29 funciona desde hace cuatro años en lo que antes fue el tétrico manicomio de Melchor Romero, cuya huella arquitectónica no se ha borrado. Todas las celdas son cerradas y los reclusos no tienen contacto ni con sus familiares. Los camaristas consideran que esas condiciones son inconstitucionales.
Dispondrán que de ahora en más los detenidos sean revisados por médicos del poder judicial y no de la policía.
Dispusieron habilitar para el alojamiento de detenidos la comisaría de Don Torcuato, que ellos mismos habían clausurado hace tres meses. La policía invirtió en mejoras 15.000 pesos y limitó la cantidad de detenidos a once en lugar de los treinta que eran habituales.
Decisiones como estas son el único modo de detener la mano negra que está estrangulando los derechos y garantías constitucionales en el mayor distrito electoral del país y proyectando una sombra ominosa sobre el país que el responsable mayor de este estado de cosas pretende gobernar a partir de 2003.
La gesta policial
Por H. V.
Alentada por el respaldo del gobernador Rückauf, la policía de Buenos Aires no repara en medios para confrontar con los funcionarios de la justicia que intentan ejercer el control legal sobre sus extralimitaciones. El primer episodio está en desarrollo en San Nicolás, donde una burda ofensiva se desató contra el defensor oficial Gabriel Ganon, hostigado por el jefe de la división departamental Paraná, José Aurelio Ferrari, y el titular de la Comisaría 1ª de San Nicolás, Rubén Gatti. Desde que ambos asumieron sus cargos las denuncias sobre apremios a detenidos se triplicaron, pero en los últimos meses adquirieron un ritmo que, anualizado, septuplica al del año anterior. De 22 denuncias en 1999 se pasó a 19 en el semestre enero/junio de 2000. En julio hubo 13 casos, cifra que se repitió en agosto. Además de los ataques abiertos de los jefes policiales, Ganon ha recibido llamadas intimidatorias y la alarma de seguridad de su casa suena sin motivo.
Durante una entrevista radial que concedió al ser designado en San Nicolás, Ferrari llamó “prócer” al ex general Jorge Videla. Luego de un incómodo silencio aclaró que había querido decir “personaje”. El viernes el presidente y el vice de la cámara de diputados bonaerense, Francisco Ferro y Alejandro Mosquera, junto con otros legisladores de la Alianza, solicitaron al ministro de seguridad la disponibilidad preventiva del jefe de la departamental Paraná por haber agasajado al cabo primero Alberto Agustín Castillo, quien está procesado por encubrimiento y ocultamiento de prueba en la causa por la masacre de Ramallo. El fotógrafo de este diario, Jorge Larrosa registró el momento en que el cabo escondía en un patrullero el bolso en el que los ladrones del banco habían guardado las armas y el equipo de comunicaciones empleado para dialogar con los policías durante el largo sitio al Banco Nación. Ferrari exhibió “desprecio hacia la decisión judicial”, afirman los legisladores, quienes opinan que “por respeto hacia la ciudadanía no puede tolerarse su permanencia en el cargo y en la función policial”. El comisario José Aurelio Ferrari fue uno de los policías detenidos el 13 de julio de 1996 por el juez federal Juan Galeano, como parte de la investigación por el atentado a la AMIA. Como segundo jefe de la Brigada de Tigre, Galeano deseaba escucharlo sobre el posible paso por allí de la camioneta con la que se habría volado el edificio de la mutual. Esa pista no condujo a resultados y Ferrari quedó en libertad. Entre los cargos que los policías han formulado contra Ganon en reuniones privadas figura uno coherente con los antecedentes de Ferrari: el defensor sería judío y comunista y ya lo encontrarán drogado o borracho.
El conflicto comenzó en marzo, cuando el defensor visitó los calabozos de la comisaría 1ª de San Nicolás. El comisario Gatti admitió que “están mugrientos, pero doctor, ellos saben vivir así”. Ganon replicó que las condiciones en que estaban los detenidos eran lamentables y presentó un recurso de hábeas corpus. El juez comprobó la gravedad de la situación, pero el hábeas corpus fue rechazado por la Cámara alegando cuestiones de emergencia carcelaria. Ganon insistió con un nuevo hábeas corpus el mes siguiente y mientras se tramitaba, los presos se amotinaron en la comisaría. La Cámara ordenó el inmediato traslado de los presos que vivían en condiciones de hacinamiento. Gatti acusó en un programa radial a Ganon de incitar al amotinamiento para perjudicarlo. En junio, ante un nuevo hábeas corpus presentado por el Defensor, el comisario declaró que habían iniciado obras para preparar “las suites que quiere el doctor Ganon para los presos”. Añadió que había interesados en desestabilizarlo, que tal vez entiendan “que los delincuentes no deben estar presos”. Ganon también patrocinó la denuncia de un detenido contra un oficial de la Jefatura Departamental que luego de derribarlo de un culatazo lo hirió en la pierna desde menos de 50 centímetros de distancia. A raíz del peritaje médico el juez dejó en libertad al detenido y procesó al policía.
Además de sus declaraciones públicas, Gatti intentó un acercamiento personal con el funcionario del Ministerio Público. Se produjo este diálogo telefónico:
–Doctor, me está perjudicando con los hábeas corpus y las denuncias por apremios.
–Usted no debe llamarme a mi casa. Yo me limito a cumplir mi función.
–Pero tenemos que tirar todos para el mismo lado.
–Tenemos distintas funciones y cada uno debe cumplir las suyas de la mejor forma posible. Si encuentro condiciones de higiene lamentables voy a volver a denunciarlo
–Usted no me entiende, doctor. ¿Qué quiere, que me lleve los detenidos a mi casa?
El 24 de junio, Gatti dijo al diario La Nueva Opción que no quería “armar una guerra policial con el Poder Judicial” pero que había delincuentes que eran detenidos y quedaban en libertad, lo cual irritaba a los policías que arriesgaban su vida para capturarlos. Un caso basta para ilustrar la índole de este fastidio. Tres personas fueron detenidas. Requisadas en la calle a la luz del día y ante dos testigos se les secuestró un arma. Una vez en la comisaría Gatti ordenó una nueva requisa, en la que entre los pliegues de la panza de uno de los detenidos encontró un arma de guerra. Como se quejó de que se la habían plantado lo golpearon. Ganon denunció el procedimiento, el juez consideró increíble el segundo hallazgo y dispuso la libertad del detenido.
“Si fuera por mí tendría los calabozos llenos”, dijo Gatti a La Nueva Opción, y reclamó una reforma legislativa porque “el código que nos han impuesto favorece más a los delincuentes que a las víctimas”. En tono mesiánico, añadió que los hombres a su mando protagonizaban “una gesta policial” y que le habían enseñado a la población de San Nicolás “un abecedario que ellos no conocían” porque “estaban todos engrampados en pequeños o grandes delitos. Había una cadena interminable de cosas raras. El intendente vino incondicionalmente a ponerse a nuestra disposición, porque sabe que se ha reprimido todo tipo de corruptela policial, como ser el juego clandestino, la prostitución, no hay kioscos para la venta de drogas que pasen desapercibidos”. Concluyó: “A San Nicolás no lo voy a defraudar. Vamos a hacer una gestión histórica”.
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