CONTRARREFORMA POLICIAL, TORTURAS Y GATILLO FACIL
Rückauf se va a la guerra

Carlos Rückauf ha elegido los disparos policiales como banda sonora de su apuesta por la presidencia. Su protección al gatillo fácil y las torturas a detenidos se hace cada día más explícita. Consecuencia natural es el incremento de casos en toda la provincia, sin que esto reduzca el número de delitos. Uno de los comisarios que organizaron la pueblada de San Nicolás contra políticos y periodistas fue condenado por torturas, pero sigue su carrera sin contratiempos, acumulando nuevas denuncias. Otro instigó a sus oficiales a presentar una falsa denuncia contra el defensor oficial que reclamó por el maltrato a detenidos. El que no aceptó fue relevado. Otros dos rehenes heridos por la policía, que silenció el caso.

El Pinochet de San Nicolás. Comisario Rubén Gatti, condenado por torturas.

 Luego de refutar a su vicegobernador Felipe Solá y proclamar que la policía está en un “frente de combate” en una “guerra” declarada por la delincuencia contra la sociedad, Carlos Rückauf dispuso profundizar la contrarreforma y resucitar las brigadas que hicieron la fama de la mejor maldita policía del mundo. Este diario detectó que uno de los comisarios que el mes pasado organizó la pueblada de San Nicolás en contra del sistema político y de la prensa fue condenado por torturar a un detenido y que otro instigó a los oficiales de su jurisdicción a presentar una denuncia falsa contra el defensor oficial que reclamó por el maltrato a los detenidos. Además, localizó a otros dos rehenes heridos por la policía, pese a los esfuerzos oficiales por impedir que estos casos trascendieran. En los últimas dos semanas se acumularon nuevos casos alarmantes: motines y fugas (en una comisaría de Hornos y en otra de Abasto), maltratos a detenidos en Mar del Plata, San Isidro y La Plata, policías arrestados por privación ilegítima de la libertad y extorsión en Esteban Echeverría y por robo a countries y campos en La Plata, Magdalena, Brandsen, Hudson y Florencio Varela. Su reiteración describe el estado de descomposición que torna tan peligrosa para la vida, la seguridad, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos a la mayor organización armada del país. La generalizada práctica de golpear o disparar primero y preguntar después ridiculiza la pretensión de Rückauf de que los críticos de su gestión defienden los derechos de los delincuentes y no los de la gente. 

La contrarreforma

Ante el ostensible fracaso de su política de seguridad, Rückauf decidió huir hacia adelante, y autorizó al ministro Verón y al jefe de policía, comisario mayor Eduardo Raúl Martínez a profundizar la contrarreforma policial. En 1998 el ex gobernador Eduardo Duhalde disolvió la vieja cúpula y la reemplazó por 18 jefaturas departamentales. También separó entre policía de seguridad y policía de investigaciones. Esto implicó la desaparición de las temidas brigadas de investigaciones que eran el eje de la corrupción. Allí se negociaban “la mensualización del juego, la venta ambulante, la prostitución y las drogas”, según la investigación clásica de Carlos Dutil Maldita Policía. Verón anunció que la policía de seguridad, que no se ha destacado por su eficacia para la prevención y la represión de los delitos, volverá a concentrar ahora facultades de investigación. Al mismo tiempo, se ampliarán las atribuciones de las Direcciones Departamentales de Investigaciones, sobre el modelo de las disueltas Brigadas. Esto agravará la desprotección de la sociedad pero incrementará el poder policial y sus abusos. La contrarreforma incluirá nuevos calabozos en las DDI, para alojar a los detenidos, que hoy están sólo en tránsito, durante toda la duración del proceso penal. El presidente de la comisión de seguridad del Senado, Horacio Román, quien encabezó la resistencia a la reforma, intenta frenar ahora la interpelación a Verón que la Alianza reclama desde la revelación por este diario de los antecedentes de Martínez, y a la que se le han ido agregando capítulos, como el pandemónium de Polvorines. Los legisladores de la Alianza firmaron un despacho de minoría, que llegará al recinto este jueves. Radicales, como Diego Rodrigo, y frepasistas como Eduardo Sigal, se oponen a esta nueva concentración de poder, que denuncian como favorable a la tortura, la corrupción, el gatillo fácil y la ineficiencia policial y sostienen que no puede llevarse a la práctica por decisión del Poder Ejecutivo.

A palos

El actual jefe de la policía de Buenos Aires, comisario mayor Eduardo Raúl Martínez, fue procesado en 1978, cuando un ciudadano alemán lo reconoció como el autor de sus tormentos y los peritajes probaron el paso de corriente eléctrica por su cuerpo. Pero fue sobreseído por un juez de la dictadura, fallo que Rückauf invoca para ratificarle su confianza. En cambio, el jefe de la comisaría 1ª de San Nicolás, comisario Rubén Claudio Gatti, sí fue condenado, por golpear con un palo al detenido Juan JosÉ Tejada, en 1991, en la comisaría de Los Polvorines. Tejada denunció a Gatti y se inició la causa 22.958, en el juzgado Criminal y Correccional Nº 6 de San Martín. El 30 de octubre de 1992, la jueza Adela Formichelli consideró probados los apremios ilegales agravados y condenó a Gatti a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro. En noviembre de 1993, la sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la condena. Desde entonces el recurso extraordinario de Gatti espera una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Cuando el alto tribunal se digne fallar, es posible que Gatti se beneficie con la prescripción. Gracias a tan extraordinaria morosidad, Gatti pudo seguir su carrera, en la que se acumulan denuncias por nuevos casos de maltrato a detenidos, que poco tienen que ver con la tan alardeada guerra contra el delito y mucho con una actitud autoritaria de control sobre el conjunto de la población. Junto con el comisario inspector José Aurelio Ferrari, jefe de la Departamental Paraná, Gatti es uno de los protagonistas de la audaz jugada política de Rückauf y Verón, de alinear en respaldo de la policía brava a sectores políticos y de las fuerzas vivas de la provincia. El modelo es el “en algo andarán” que rigió durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. La simultaneidad de estos hechos con el lanzamiento de la candidatura presidencial del gobernador, que sigue reivindicando el decreto de aniquilamiento de 1975, delata que la reivindicación de la brutalidad policial es un modelo de acumulación electoral con proyección nacional. 

“Un Pinochet”

Varios casos recientes muestran que Gatti y Ferrari entendieron el mensaje oficial de impunidad. El incremento de las denuncias de apremios es notable. Estas son algunas:
u Cinco camioneros tomaban mate junto a sus vehículos durante el paro nacional del 11 de abril. La policía les pidió documentos. “Cuando metí la mano en el bolsillo para buscarlo, el comisario Ferrari me pegó dos trompadas en el estómago”, denunció uno. Otro dijo que tenía los suyos en el camión y “lo golpearon entre el comisario Ferrari y el chofer de la camioneta”. Ferrari hizo golpear la cabeza de otro camionero contra la camioneta policial, lo cual le dejó un chichón visible. Se instruye causa por apremios contra Ferrari.
u El 3 de julio, policías de la 1ª detuvieron al empresario del transporte Sergio Butara por una presunta infracción de tránsito. Butara denunció que Gatti lo insultó y lo detuvo hasta la mañana siguiente, acusado por desobediencia. Para el comisario “es muy fácil ser malo y meter preso a un ciudadano en un lugar totalmente inadecuado para cualquier humano, mucho menos para alguien que está por capricho y no por robar o matar, porque aun así no corresponde estar en una celda con muchos presos entre los que seguramente puede haber alguno de alta peligrosidad, mucho menos en un lugar totalmente sucio, con un baño sin puerta, sin agua, en el que había materia fecal y un olor inaguantable. Además había tres ventanas con rejas que daban a un patio, por lo que era casi imposible soportar el frío. Sólo había cuatro camas de material sin colchones, mucho menos una frazada”, dijo Butara. “No me agrada que me difamen, que me conviertan en un Pinochet”, replicó Gatti. 
u En la madrugada del 11 de julio, Gatti detuvo al conductor de un remise presuntamente mal estacionado frente a la puerta de un bar, a dos mozos, al dueño del bar y a un transeúnte que pasaba y recibió el pedido de uno de los demorados de avisar a su familia. Uno de ellos denunció que Gatti “me golpeó con un revólver en la zona de los riñones, debajo de la costilla del lado izquierdo”. Cuando la madre del dueño del bar inquirió por la causa de la detención de su hijo, Gatti le replicó de mal modo: “Yo hago las preguntas. Usted sólo contesta”. Los dejaron parados con los brazos contra la pared y recién los pusieron en libertad al mediodía siguiente. Se inició causa por apremios ilegales. Una de las víctimas preguntó por qué lo había detenido. La respuesta de Gatti es reveladora: “Me dijo que el remisero andaba en cosas raras, que debía tener cuidado con quiénes dejaba entrar al negocio, porque había mucha gente corrupta”.
u El 12 de agosto un incendio destruyó la vivienda de un desocupado. Para reconstruirla se organizó un bingo entre los vecinos. El 23 de agosto Gatti y un grupo de policías los rodearon “y los trataron como si fueran delincuentes, procediendo a sacarles el dinero a todos los que estaban en el lugar”. Actuaron sin orden de allanamiento, sustrajeron 83 pesos, encañonaron con sus armas incluso a chicos, que lloraban y que también fueron arreados a la comisaría, donde quedaron incomunicados, dicen las actuaciones judiciales. 
u El mismo 23 de agosto dos muchachos de 23 años pasaron un semáforo en rojo con su motocicleta. Policías de la 1ª los detuvieron y los esposaron. Por la infracción de tránsito los pibes estuvieron doce horas detenidos. Una vecina que vio lo sucedido avisó a las madres. Gatti las recibió en la comisaría en forma despectiva: “Quiero que todos los jóvenes de San Nicolás me tengan miedo”, les dijo.

La doctrina Gatti

La semana pasada, el tribunal oral Nº 1 de San Martín condenó al cabo Marcelo Gamboa y al oficial Jorge Cremona a cuatro y a tres y años y medio de prisión, con el doble de tiempo de inhabilitación, por haber golpeado con tomas de karate a tres detenidos en una bailanta. Sin embargo, seguirán en libertad y en servicio activo, en aplicación de la Doctrina Gatti. Menos halagüeño es el futuro del comisario Oscar Rubén Moretti, ex titular de la comisaría de Baradero, caído en desgracia por disentir con los métodos de Ferrari. Moretti dijo a este diario que en mayo fue relevado por negarse “a alojar contraventores en un calabozo inhabitable”. Luego de las visitas del defensor oficial Gabriel Ganon para recomendar el buen trato a los detenidos, “Ferrari nos pidió a todos los titulares de las comisarías, que hiciéramos notas a la Defensoría General quejándonos de Ganon y argumentando que incitaba a los detenidos a rebelarse contra la policía, cosa a la que me negué y provocó que me relevara”. Según las actuaciones judiciales Moretti detuvo a un quinielero, que invocó un acuerdo de protección con el chofer de Ferrari. El jefe de la Departamental inició un sumario administrativo a Moretti porque el quinielero no estaba en un calabozo. Cuando Moretti explicó que lo había clausurado porque sus condiciones eran indignas, Ferrari replicó: “Me importa un carajo”. También denunció a Moretti por falsedad ideológica en el acta de detención del quinielero, que así quedó en libertad. 

Los únicos privilegiados

A raíz de las notas publicadas en este diario con las denuncias del asesor de menores de San Isidro Carlos Bigalli, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) le ofreció su base de datos. “Aunque hay víctimas de todas las edades, los menores de 18 años son mayoría absoluta. También es constante el origen social de las víctimas, pertenecientes casi sin excepciones a los sectores más desprotegidos”, afirma la abogada María del Carmen Verdú, quien autorizó a Bigalli a difundir la información, ya que “el derecho de autor no es de Correpi sino de las fuerzas de seguridad”. Bigalli comunicó entonces a la Suprema Corte su “profunda preocupación”. De acuerdo con la Correpi entre 1983 y 1999 murieron en Buenos Aires en supuestos enfrentamientos 87 niños y en 2000, al 31 de agosto, ocho, lo cual señala una aceleración notable que duplica el promedio mensual. El actual presidente de la Corte, Guillermo San Martín, quien ha mostrado una especial sensibilidad por los casos de torturas y gatillo fácil, informó que a raíz de una presentación previa de Bigalli, ya en noviembre de 1999 había solicitado informes a los jueces de menores. Aun los valiosos estudios de la Correpi son superados por la sombría realidad. Por ejemplo, mientras aquella ONG había detectado 14 casos para 1999, las respuestas de los jueces de menores indican que en realidad fueron 40, casi el triple.
El 13 de marzo Bigalli había propuesto a la Corte la creación de un registro informatizado de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de consulta pública. El formulario tipo omitiría la identidad de las víctimas, pero incluiría la de las personas a cargo del acto en el que se practica la tortura, del titular de la dependencia, de la persona a cargo de la dependencia en el momento del acto y del personal que prestó funciones el día del hecho. Seis meses después la Corte accedió a la solicitud, si bien con algunas enmiendas ostensibles. En vez de torturas se refiere a “apremios y malos tratos físicos y psíquicos” y la consulta de este “Registro de denuncias” estará reservada a “los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la presidencia del Consejo Provincial del Menor, en ejercicio de su actividad específica”. Un registro similar, pero referido a mayores ya había creado en marzo el Defensor de la Cámara de Casación de la provincia, Mario Coriolano. Esto implica que aun cuando no se alcance la condena penal de los responsables, sus nombres quedarán registrados y se podrá levantar un mapa provincial de cultores de la mano pesada con los indefensos.
La semana pasada, Bigalli denunció el caso de un chico de 16 años, torturado con golpes y submarino seco en la comisaría de Benavídez, la única del Departamento Judicial habilitada para alojar menores, y pidió su clausura a la Cámara de Apelación y Garantía de San Isidro, el tribunal que más cuidado está poniendo en la provincia para la defensa de las personas vulnerables. Bajo esta saludable influencia, el juez Néstor Edgardo Cámere pidió al Consejo del Menor el cambio de los efectivos de guardia al momento de la denuncia. La insistente tarea de Bigalli ya le atrajo represalias. El 29 de agosto, el fiscal general Julio Novo le ordenó que realizara recorridas por las comisarías de su jurisdicción, que son más de medio centenar. Bigalli impugnó esa orden arbitraria. Por un lado, desconoció las atribuciones del fiscal, ya que la ley del ministerio público separó la defensa y ministerio fiscal, cuyos roles equiparó. “Repugnaría al estado social de derecho que el defensor de los niños pobres se subordinara al ministerio público fiscal. Además constituiría una manifiesta discriminación: los niños que cuenten con recursos tendrían la posibilidad de ser defendidos por un abogado de confianza, no subordinado a órgano alguno”, aduce Bigalli. Pero además recordó que sólo se alojan menores en una comisaría del Departamento Judicial, aquella cuya inhabilitación acaba de pedir. “La necesidad de controlar las dependencias que albergan a personas menores de edad no puede ser fundamento de la instrucción que dispone recorridas por dependencias que no albergan niños”, sostuvo, antes de recordar que “soy el único asesor de menores del departamento judicial y, en tal carácter, intervengo en más de ocho mil causas”. 
Aunque falte coordinación, Bigalli no está solo. Por el contrario, la generalización de la brutalidad policial está provocando reacciones de cada vez más personas que rechazan este repulsivo estado de cosas. El 15 de setiembre, la jueza de menores de La Plata Gloria Gardella denunció los tormentos aplicados a tres chicos detenidos por personal de la comisaría 4ª de La Plata en averiguación de un delito. La jueza comprobó los cortes y hematomas en el cuerpo de los niños y recogió sus angustiantes relatos: les pegaron en el rostro y en la espalda con las escopetas, los radiotransmisores y los puños, los insultaron, los manosearon, los tiraron al piso esposados a la espalda, los mojaron, les caminaron por encima, los patearon con los borceguíes en la cabeza y el cuerpo. Uno de ellos era el comisario de la seccional, otro el del Destacamento La Unión, de apellido Camino. “Me tiene mucha bronca, porque me conoce del barrio y me quiere matar”, declaró uno de los chicos. Otro dijo que conocía a quienes lo golpearon, pero temía nombrarlos “por miedo a que me maten”. 

Matar al mensajero

Diputados de la UCR y del Frepaso (Marcelo Elías, vicepresidente del bloque radical; el presidente del bloque del Frepaso y vice de la Cámara, Alejandro Mosquera, Tomás Zuelgaray, Germán López, Daniel Cieza, Horacio Piemonte, Adolfo Aguirre, entre otros) presentaron un proyecto de Declaración en repudio a los agravios vertidos por Rückauf en el programa “La Cornisa”, de Luis Majul contra los periodistas Raúl Kollmann, Jorge Lanata y el autor de esta nota. Rückauf se refirió falazmente a Verbitsky “mediante dichos genéricos e infundados sobre su pasado, a la vez que olvidó el papel preponderante del terrorismo de Estado en la historia reciente de la Argentina. De este modo, intentó descalificar mediante argumentos inconsistentes no sólo la opinión de un periodista sino la del actual presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de larga lucha contra el terrorismo, la violencia y la persecución ideológica. Quizás el gobernador utilizó este artilugio ante su impotencia o su imposibilidad de responder a las últimas denuncias de elevadísima gravedad que presenta el periodista en sus columnas sobre la seguridad bonaerense. Se vuelve a usar el remanido recurso de intentar matar al mensajero en lugar de depurar la institución policial”, sostienen los legisladores. Además insistieron en “la necesidad del pase a disponibilidad preventiva del comisario Martínez, tanto por el hecho denunciado como por el mensaje de protección a quien está acusado de torturas”. La Cámara trataría el proyecto esta semana. Aun así es dudoso que el gobernador se digne a responder: Rückauf ya parece haber elegido los balazos policiales como banda sonora de su campaña proselitista hacia la Casa Rosada.

Orden de matar

Por H.V.

Ninguno de los que se reseñaron son hechos aislados, ni ocurren en un solo lugar de la provincia, responden a una pauta general. El jueves 21 de setiembre, policías de San Isidro mataron al profesor de música Mariano Witis, tomado de rehén por los asaltantes de un banco. El viernes 29 los transeúntes victimizados fueron los motocilistas Marcos Levickas, que murió, y Manuel Fernández Gache, herido, mientras la policía propicia el estúpido debate acerca de quién abrió fuego, sin asumir la responsabilidad global por desatar un tiroteo en una calle concurrida y en hora pico. Pero el lunes 4 de setiembre, otros dos rehenes habían sido baleados por personal del comando de patrullas de Morón y hasta hoy la policía había conseguido mantener el hecho en secreto. El arquitecto Lucas Martín Romanelli y su amiga Adriana Zapata, ambos de 29 años, charlaban dentro del auto de Romanelli frente a la casa de Zapata, en Ramos Mejía. Dos adolescentes de unos 17 años los redujeron, los sentaron en el asiento trasero y enfilaron hacia el Hospital Posadas. Allí se cruzaron con un patrullero, tripulado por los cabos Abel Miño y Carlos Alberto Sarmiento. Asustado, el ladrón que manejaba se llevó por delante una plazoleta. Perseguidos por el patrullero huyeron hasta la entrada de la villa Carlos Gardel, donde abandonaron el auto y escaparon a pie. En ese momento comenzaron los disparos desde el patrullero. Romanelli abrió la puerta del conductor y empujó a su amiga al pavimento, temeroso de que los fusilaran dentro del auto. Aunque gritaron que habían sido asaltados, los policías les volvieron a disparar. Cuando pidieron una ambulancia, los maltrataron. “Quédense piolas”, les decían. Romanelli recibió cuatro impactos, uno en la rodilla, dos en un brazo, uno en el otro, típicos de quien intenta cubrirse. Sólo uno de los plomos fue recuperado para peritar. Romanelli sufrió la fractura de los dos húmeros y ya fue sometido a dos largas operaciones en las que le colocaron clavos por los codos. El disparo que hirió a Zapata ingresó por la parte posterior del muslo, le quebró el fémur y quedó alojado entre la vejiga y el intestino. Aunque ha pasado casi un mes no se lo extrajeron, debido a una infección y al riesgo de perforación de algún órgano. El auto de los rehenes tenía un orificio de bala, el patrullero ninguno. Según los testimonios brindados por las víctimas ante la justicia los dos secuestradores no dispararon armas y todos los tiros provinieron de la policía. El padre de Adriana Zapata es un retirado de la Policía Federal y propietario de una funeraria en Ramos Mejía. Cuando reclamó en la seccional 1ª de Morón, el comisario se disculpó: “¿Sabe qué pasa? Tenemos orden de salir a matar”.

(Informe: Diego Martínez.)