El Poder Ejecutivo Nacional elaboró una sofisticada estrategia tendiente a impedir la extradición a España del marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México. Para ello procura activar una causa en la Argentina por apropiación de bienes de personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura militar, que permitiría oponer otro pedido de extradición al que ya formuló por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo el juez español Baltasar Garzón. Una vez en la Argentina, Cavallo sería puesto en libertad por insuficiencia de pruebas. Los delegados oficiales son dos hombres de extrema confianza personal, en un caso del renunciado Secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, y en otro del propio presidente Fernando De la Rúa. Ambos discutieron los detalles del plan con la camarista federal Luisa Riva Aramayo, quien a su vez identificó al juez que considera más apropiado para llevarlo a cabo. Lo único que este diario aún no está en condiciones de informar es la respuesta de Literas. 

Del dicho

Cavallo fue detenido cuando intentaba abandonar México, luego de que el diario Reforma lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Recogió para ello testimonios de varias de sus víctimas y obtuvo copia de la documentación que en la ESMA falsificó para Cavallo el ex detenido-desaparecido Víctor Basterra. Garzón solicitó su extradición, que el gobierno del presidente José María Aznar tramitó ante México. Se estima que el proceso de extradición puede durar hasta un año.
El gobierno argentino declaró que sólo prestaría asistencia consular al detenido, sin politizar el caso, a diferencia de lo que hizo Chile cuando a pedido de Garzón el Reino Unido detuvo al ex dictador Augusto Pinochet. Esa posición fue sostenida sin matices diferenciales por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, por el Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y, durante una conferencia de prensa ofrecida durante su visita a México, por el propio presidente Fernando De la Rúa. Mientras el Ejército presionaba al gobierno por la simultánea detención en Roma del mayor-abogado-torturador Jorge Olivera, la Armada no formuló comentario alguno sobre el caso Cavallo, ni oficial ni oficioso. Continuó de este modo la línea de sigilo adoptada a raíz de los juicios de la década del 80. Esa decisión le permitió mantener sus cuadros intactos, mientras el Ejército se desangró en las luchas internas desatadas a partir de la rebeliones carapintadas.

Al hecho

Sin estridencia, el Poder Ejecutivo organizó entonces la movida secreta para rescatar a Cavallo bajo la apariencia de legalidad de la que tanto se precia la Unión Cívica Radical, aunque para ello debiera calcar la maniobra que en la década pasada salvó a la ex secretaria y cuñada presidencial Amira Yoma y servirse para ello de la denostada servilleta menemista.
La relación con los jueces federales fue una de las líneas de desgaste que erosionaron a Gil Lavedra. El ex camarista federal, que había sido uno de los más obstinados denunciantes de la manipulación judicial durante el anterior gobierno, objetó las pretensión de funcionarios y asesores personales de la Presidencia, que reclamaban proseguir con las antiguas prácticas. El primer roce se produjo cuando Gil Lavedra advirtió que renunciaría al ministerio si la nueva administración no interrumpía el pago de sobresueldos a jueces federales. De la Rúa pareció respetar la actitud de Gil Lavedra, pero esto puso al ministro en otro brete.Suspendida la cadena de la felicidad, debía obtener resultados por otros medios. Gil Lavedra tampoco recibió con entusiasmo el desaprensivo reclamo de la Juventud Antoniana de presionar sobre los jueces por un pronto enjuiciamiento y detención de notorios miembros del anterior gobierno. El segundo choque se produjo por su reticencia o ineficacia para hacerlo, según a quien se escuche. 
El asesor presidencial Arnoldo Klainer se reveló como un operador con menos remilgos. En el caso de la investigación por los supuestos sobornos en el Senado, junto a Klainer el gobierno recurrió a los servicios del senador Carlos Corach, uno de los principales operadores judiciales del anterior gobierno. Se comprende, dado que las sospechas abarcan al Senado peronista y al Ejecutivo radical. Esto no quiere decir que Gil Lavedra haya sido prescindente en todas las cuestiones que interesaban al gobierno. La resolución de la Sala Militar de la Cámara de Casación Penal, disponiendo que en los juicios de la verdad los testigos militares no declaren bajo juramento ni sean detenidos por negarse a hacerlo, es de su inspiración. Sus huellas se advierten en la erudición sobre derechos y garantías individuales y tratados y convenciones de derechos humanos que súbitamente aquejó a sus firmantes, Ana María Capolupo, Amelia Berraz y Gustavo Hornos.

La doctrina Yoma

El grupo de tareas dispuesto para rescatar a Cavallo se integró de otra manera y Gil Lavedra jura ni siquiera haber sido informado, con un énfasis que no pone en desmentir la elaboración del libreto para la Cámara de Casación. El tráfico de sobres, tan emblemáticos como la servilleta, estaba a cargo de la Secretaría de Inteligencia, cuyo jefe durante casi toda la década menemista fue otro gran articulador judicial, Hugo Anzorreguy, hijo y hermano de jueces. Para operar sobre los magistrados la SIDE formó un núcleo de ex colegas que pudiera desplazarse por Tribunales sin llamar la atención. Entre ellos, Fernando Archimbal y José Alevato, cuyos servicios quedaron en evidencia cuando fueron empleados para impedir la extradición a España de Amira Yoma. Archimbal fue designado juez federal por el ex presidente Raúl Alfonsín y reciclado como operador de la SIDE por su sucesor, Carlos Menem.
El mismo juez Garzón se proponía indagar a Amira Yoma por lavado de dinero proveniente de la comercialización de sustancias narcóticas prohibidas por las autoridades sanitarias. Este diario hasta describió la capa que Archimbal le trajo de regalo a su esposa de uno de sus viajes a Madrid por esta causa. Archimbal y Riva Aramayo procuran aplicar ahora el know how que desarrollaron entonces: la apertura de una causa en el país, que pueda oponerse a la española, y que garantice la impunidad, ya que el tratado de extradición entre ambas naciones especifica que no será concedida cuando el hecho sea juzgado en el país de origen del delincuente. La cuñada presidencial fue procesada aquí por los mismos delitos que le reprochaba Garzón, desprocesada por la sala de la Cámara Federal integrada ad hoc por Riva Aramayo y Horacio Vigliani y sobreseída definitivamente por el amistoso ex juez Nerio Bonifatti. Para ello fue ascendido a un tribunal oral el camarista Mario Gustavo Costa, quien ya había redactado el voto confirmatorio del procesamiento y en su lugar asumió Riva Aramayo. Pocos casos hicieron más que éste por aniquilar la confianza pública en la justicia. Desde entonces quedó claro que en la Argentina, ni una absolución implica que el acusado sea inocente, ni una condena debe tomarse como prueba de su culpabilidad. Una dificultad no menor es que en este caso se trata de la misma persona pero de diferentes crímenes y sería escandaloso que México diera prioridad a los de menor entidad, sólo en atención al origen nacional del reclamo.

El holding de la SIDE

Archimbal no extrañó el cambio de gobierno y pasó a ser muy pronto persona de confianza de Fernando de Santibañes. Tanto que el ex bancario le confió una de las tareas más delicadas de su gestión: el manejo de los recursos clandestinos de la SIDE. El jueves 19, en una entrevista sobre el informe de la SIGEN y la crisis del Senado, Santibañes dijo a este diario que la SIDE sólo se financiaba con los fondos girados por la Tesorería. No es así. 
Anzorreguy había creado la sociedad anónima Osgra, como un holding que administraba no menos de 25 edificios de propiedad de la SIDE, con cuyo producido se financiaban operaciones diversas. Su titular era el funcionario José Daniel Salinardi. A raíz de un juicio privado de la ex esposa de Salinardi, se hizo notoria la existencia de esos bienes. Ante una pregunta de Página/12 por el holding que administra las inversiones clandestinas del organismo, Santibañes respondió que había terminado con esa irregularidad y revertido al Estado la propiedad de esos bienes, por razones de transparencia y porque era absurdo que la SIDE se dedicara al negocio inmobiliario. La resolución que firmó el 9 de marzo dice otra cosa: que al haber perdido esa sociedad su carácter secreto estaba en peligro la seguridad nacional, por lo cual debía reconstruirse la cobertura perdida, traspasándolos a otra sociedad que se crearía para tal fin. Pero Salinardi se negó a devolverlos, por lo cual la SIDE lo denunció ante la Justicia por extorsión. Al mismo tiempo, la SIDE recurrió a un camino más expeditivo: la presentación de un poder firmado por el ex agente que intentó privatizar por su cuenta los bienes de la SIDE. Salinardi sostiene que su firma en ese poder fue falsificada por especialistas del organismo. Pero en vez de inscribir los títulos de propiedad en el protocolo secreto de la Escribanía General de Gobierno, el mismo 9 de marzo Santibañes dispuso la creación de una nueva Sociedad Anónima, de objeto tan amplio que incluye actividades inmobiliarias, financieras y económicas, en el país y en el exterior. 
El responsable de la administración de las finanzas de la SIDE, contador Juan José Galea, y Gabriel Presa, otro funcionario político de la SIDE designado por Santibañes, son los titulares de esta compañía, Tiumayum SA. Su acta de constitución indica como domicilio el del estudio Bissoni, Carcavallo, Archimbal, Vila y Asociados, en Reconquista 672 de la Capital Federal. Mario Bissoni fue consultor laboral de Santibañes en el Banco de Crédito Argentino. Santibañes le encomendó la defensa de la SIDE en los juicios laborales que le siguen los 1.200 agentes cesanteados por el organismo. En los albores del anterior gobierno, Bissoni participó junto con Ricardo Zinn y Daniel Funes de Rioja en un seminario convocado bajo el inequívoco rótulo “La responsabilidad sindical en la decadencia argentina”. Cuando Página/12 refutó la afirmación de que los bienes habían vuelto a propiedad de la SIDE, Santibañes adujo que Tiumayum SA era “un paso intermedio”, pero no supo explicar su necesidad. “Es cosa de los abogados”, dijo. La SIDE se comprometió a sufragar todos los gastos que demandara el pase de los bienes de una sociedad anónima a otra.

El cuñadísimo

Además de Archimbal, en la SIDE hay otros interesados en la suerte de Cavallo. Uno de ellos es el cuñadísimo almirante Basilio Pertiné, que se mueve sin designación formal, y su delegado en la Secretaría, el almirante Stanley Fisher. Archimbal contó con la colaboración de otro viejo conocido de Fernando De La Rúa, tanto que fue durante años uno de los adjuntos del ahora presidente en la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Otro de los adjuntos de esa cátedra, Virgilio Loiácono, asumió como secretario legal y técnico de la presidencia en la última reestructuración ministerial. Doce horas más tarde anunció surenuncia el vicepresidente Carlos Alvarez. El abrazo a Loiácono fue su último acto de gobierno. No obstante, varios diputados del Frepaso, encabezados por el socialista democrático Alfredo Bravo reclamaron a De la Rúa su remoción, alegando que formó parte de la Secretaría General de la Presidencia del ex dictador Jorge Videla, cuando la desempeñaba el general José Rogelio Villarreal. El acompañante de Archimbal en la gestión ante Riva Aramayo revista como asesor del ministerio de Justicia. Consultado para esta nota, Gil Lavedra declaró que él nunca le encargó semejante gestión y se remitió a sus declaraciones sobre la mera asistencia consular a Cavallo. 

Desvío de poder

Los emisarios analizaron con Riva Aramayo la posibilidad de abrir una causa contra Cavallo en Buenos Aires, aprovechando la decisión que la otra Sala de la Cámara Federal (integrada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani) adoptó en el expediente por la desaparición del contador Conrado Gómez y el saqueo de sus bienes iniciado por su hijo Federico contra Alfredo Ignacio Astiz y los demás miembros del Grupo de Tareas de la ESMA. La Cámara rechazó la aplicación automática de la ley de obediencia debida y dijo que el despojo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y hasta caballos de carrera podía constituir un desvío de poder imposible de encubrir tras el “alegado propósito de combatir al terrorismo subversivo”, como especificó el Código de Justicia Militar reformado al iniciarse el gobierno de Alfonsín. 
En un significativo obiter dictum, el tribunal también puso en duda la aplicación de las leyes de impunidad a delitos que pudieran calificarse como de lesa humanidad, por aplicación del ius cogens (derecho de gentes en la tradición cultural reflejada desde 1853 en la Constitución Nacional o derecho internacional público, en términos contemporáneos). Desde hace un siglo y medio, la Constitución prioriza el derecho de gentes sobre la legislación positiva interna y a partir de la reforma de 1994 asigna la misma prioridad a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre otros, aquellos que consideran imprescriptibles y no sujetos a amnistía los crímenes contra la humanidad. La jugada del gobierno no se basa en esta afirmación (que también hizo la sala de Riva Aramayo en la causa por el robo de bebés y las Cámaras Federales de Bahía Blanca y La Plata en los juicios por la verdad), sino en la posibilidad de persecución penal por la apropiación de bienes de los secuestrados, que quedó legalmente abierta en las leyes y decretos de impunidad.
Otras causas que involucran a los compañeros de Cavallo en la ESMA se siguen en los juzgados federales a cargo de Adolfo Bagnasco, Gabriel Cavallo y María Servini, en la Capital, y Luis Leiva, en Mendoza. Pero Riva Aramayo prefirió el expediente de Conrado Gómez contra Astiz, que instruye Literas, porque está mucho más cerca de ella que el de Leiva, cuenta con un fallo de la otra sala de la Cámara habilitando la investigación y, además, puede incorporar el testimonio del ex financista montonero Juan Gasparini, quien implicó a Cavallo entre los responsables del destino de Conrado Gómez.
Sólo resta por saber qué poderoso beneficio podría derivar de tamaño golpe bajo el juez Literas, sobrino político del ex presidente Héctor J. Cámpora y militante hace un cuarto de siglo en la “Gloriosa Jotapé”.