El que habla es un allegado a Domingo Cavallo, para más señas especialista en temas económicos y empresariales de la Fundación Novum Millenium: “Vista desde afuera, la situación argentina es muy grave. La corrida ya ha comenzado y se pueden precipitar los acontecimientos de un día para el otro. Mingo está organizando sus equipos. Además de él también entrarían al gobierno Adolfo Sturzenegger y Carlos Bastos. Cavallo sería Jefe de Gabinete, y Sturzenegger ministro de Economía”.
–¿En qué plazo ocurriría tal cosa?
–No más de quince días.

Baja probabilidad

Quien responde ahora es un amigo íntimo de Cavallo desde hace décadas y uno de sus principales consejeros en asuntos políticos: “No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno y la probabilidad de que lo haya en el futuro es baja. A Mingo le viene bien la versión, pero lo más probable es que todo esto termine potabilizando el acceso al ministerio de Economía de Ricardo López Murphy, que ya integra el gabinete nacional y tiene una historia propia y familiar dentro del radicalismo”.
Comenta el ministro del Interior, Federico Storani: “La segunda hipótesis me resulta mucho más verosímil. Hay un sector ajeno al gobierno que trata de dominar el poder político. Cada vez que se ponen en marcha mecanismos de recambio en el gabinete, ese sector no se satisface con una o dos modificaciones, sino que quiere ir a lo máximo. O sea, tener una persona de su absoluta y total confianza en el Ministerio de Economía de la Nación. Somos conscientes de eso, es parte de una lucha política”. Es decir, su compañero de militancia juvenil López Murphy no le parece el ministro ideal, pero está dentro del límite tolerable. Cavallo no.
Cuenta uno de los hombres más próximos al ex presidente Raúl Alfonsín: “Cavallo llamó por teléfono y dijo que quería conversar con él. Muerto de ansiedad, Alfonsín le dijo que se viniera ya mismo. Por supuesto ni se mencionó el hipotético ingreso de Cavallo al gabinete. A los dos les venía bien el encuentro. A Cavallo, luego de la paliza electoral que le dio Ibarra, para presentarse como un estadista y no como un energúmeno. Y Alfonsín aún anhela ser candidato a Senador el año próximo, pero habló de la convertibilidad y volvió a enredarse. Los dos se lavaban”, dice. 
Opina un ministro del Poder Ejecutivo Nacional: “No creo que [el presidente Fernando] De la Rúa esté dispuesto a desprenderse de[l jefe de gabinete Crystian] Colombo, quien ha demostrado una efectividad nada desdeñable. Colombo tiene una excelente relación con los gobernadores y también con el Congreso. [El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos] Rückauf ya estableció el circuito para comunicarse con el gobierno a través de Colombo, quien además ha logrado compromisos importantes para la aprobación del presupuesto nacional”. 
Revela otro colaborador cercano del ex presidente: “Alfonsín fue informado de un supuesto almuerzo entre Darío Lopérfido, Lautaro García Batallán, Darío Richarte y Daniel Hadad. No pudo confirmarlo, pero la revista del empresario menemista dio por terminado al ministro de Economía José Luis Machinea y la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (que representa aquí la esposa de Hadad), disminuyó la nota argentina”. En cuanto regresó de España, Machinea dijo que intentaban desestabilizarlo empresarios y periodistas. Lopérfido, García Batallán y Richarte son integrantes de la Juventud Antoniana en la que confía De la Rúa. 

Matices

La combinación de estos seis testimonios describe algunos de los matices de una compleja operación política, la primera en meses que logródesplazar la atención pública del supuesto pago de sobornos en el Senado y de la relación entre el presidente y su ex vice. Algunos, pero no todos.
Los accionistas republicanos añadieron su generosa ayuda a los ya denodados esfuerzos del propio gobierno por instalar el escenario de crisis rampante que conviene al cordobés para reconstruir su imagen de salvador de la Patria ante emergencias incontrolables por los simples mortales. No hay observador político que no haya advertido la entusiasta participación de Cavallo en la creación del clímax que culminó esta semana y decodificado sus objetivos. El de mínima: recobrar algo de la prestancia perdida con vistas a la renovación de un mandato legislativo que toca a su fin. El de máxima: hacer pie en el gobierno del que fue expelido en junio de 1996. Es decir, una estrategia similar a la de sus ex compañeros Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf, pero dimensionada a la ventaja comparativa de Cavallo. De todos ellos, es el único que no se engaña respecto de sus perspectivas electorales. No pretende conquistar la voluntad popular sino la del príncipe. Lo suyo no es la urna, sino el oído, el colaboracionismo desaforado y no el golpismo oculto, por decirlo con una expresión de moda. 

Según se mire

Menos evidente es la parte que jugó el gobierno en esta danza y el beneficio que obtuvo o espera obtener del acercamiento a Cavallo. Por cierto, ni De la Rúa, ni Colombo, ni Alfonsín son ingenuos manipulables a gusto, y menos por alguien con tan reducida habilidad política como el economista mediterráneo. Tampoco la situación financiera inmediata es tan apurada como para ceder ante cualquier chantaje más o menos audaz. Cavallo conserva, no obstante, dos activos que el gobierno apetece: influencia en sectores empresariales y financieros, del país y del exterior, y, debido a ella, ascendiente sobre pequeños partidos conservadores de provincia con representación parlamentaria, que sobreviven como pueden entre las fuerzas nacionales. De la Rúa depende por un lado de la constante renovación de préstamos externos y por otro de la aprobación de sus iniciativas por el Congreso. En una de sus cámaras está en cómoda minoría desde el primer día, y no puede contar con una mayoría automática en la otra desde hace tres semanas. La funcionalidad del apoyo de Cavallo no es entonces dudosa, y la firma de un acuerdo por el cual sus diputados y los provinciales se comprometieron a aprobar en general el presupuesto 2001, constituye una clara victoria operativa para el gobierno y su jefe de gabinete Colombo, que lo negoció. Pero lo sucedido no puede presentarse como una demostración de fortaleza. 
Desde la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, el horizonte legislativo del gobierno se oscureció. Si hubo una docena de diputados del Frepaso que mantuvieron convicciones, principios y programas pese a la verticalidad y sobreactuación delarruistas de su líder en los primeros 250 días de gobierno, a partir del portazo de Alvarez cada ley amenaza con convertirse en un calvario. Algunas designaciones de segundo nivel en varios ministerios procuran impedir a bajo costo la definitiva disgregación de la entente que le permitió a De la Rúa arribar a la presidencia. Pero ni la cantidad de las voluntades frepasistas en el Congreso ni la calidad de su adhesión personal y doctrinaria al jefe de Estado son elevadas. Sin necesidad y tal vez también sin posibilidad de formalizar una coalición hacia la derecha, que perturbaría al propio partido radical, el tendido de puentes en esa dirección constituye un acto de la más pura lógica conservacionista del poder, si se prefiere eludir la ambigüedad del vocablo conservadora. Además, hace parecer a López Murphy como el mal menor. Si tal desenlace se produjera, la tropilla legislativa de Cavallo y sus aliados estaría disponible para substituir el apoyo quecon alta probabilidad le restaría el Frepaso. Pero la democracia argentina se habría empobrecido aún más. 

Asignaturas pendientes

Hace dos semanas, el más prestigioso politólogo argentino, Guillermo O’Donnell, describió con pausado estilo profesoral las dos “asignaturas pendientes” que tendría por delante el ex vicepresidente y que “incluso los ciudadanos que le tenemos gran simpatía debemos cobrarle rigurosamente. La primera es hacer del Frepaso algo que se parezca a un partido político, con implantación territorial, con una razonable institucionalidad de los organismos de dirección. Eso le quitará capacidad de maniobra inmediata, pero es condición necesaria para que un liderazgo político democrático avance en dirección constructiva y de largo aliento. La segunda es ofrecer un auténtico y verosímil perfil progresista, delinear alternativas responsables pero mucho más creativas en el plano económico-social e incorporar una preocupación explícita sobre los temas de derechos civiles y humanos, por su significación política y no sólo intrínseca”. 
O’Donnell concluyó que “como toda asignatura pendiente, vamos a ver si se inscribe en las materias para darlas, y si las aprueba”. Alvarez parece más interesado en iniciar una carrera distinta. Lejos de dedicarse a la siempre postergada construcción del Frepaso, ha elegido tomar distancia de él y lanzarse hacia la invocación de un indefinido “Movimiento” para estimular la participación popular en aún no se sabe cuál forma nueva de hacer política. En apariencia, reproduciría el modelo histórico peronista, de movimiento y partido. Las diferencias no son menores: en este caso el movimiento no preexiste al partido sino que debería surgir como su emanación. Su objeto no son los sectores populares golpeados por una política de exclusión ni los sindicatos que los encuadran, sino los estudiantes y profesionales de clases desahogadas a quienes, para participar, se les reclama un explícito abandono de cualquier aspiración electoral. No se sabe si Alvarez hará una renuncia similar, en cuyo caso estaría construyendo una nueva Organización No Gubernamental enraizada en la sociedad civil para controlar al poder y colocar algunos temas de su interés específico en la agenda pública, o si se propone seguir actuando dentro del marco de la sociedad política, en el que todavía no se advierte cómo se insertaría su nueva estructura. Es una contradicción significativa, sobre cuyos modos y tiempos de resolución es de esperar que propicie alguna forma de discusión abierta, sin el hermetismo del reducido círculo íntimo con que se movió hasta ahora, en el que proliferaron personas y conductas contra las que luego el mismo Alvarez se enfrentó, no por inexistentes razones ideológicas, sino por faltas a la confianza, erigida en razón suprema de la política sin ancla social ni proyecto. El caso más notorio y reciente es el de Alberto Flamarique, cuya designación como secretario general de la presidencia detonó su alejamiento del gobierno. Tal debate, dentro pero también fuera del Frepaso, es esencial para cualquier intento de rendir la segunda de las asignaturas pendientes, aunque no es seguro que Alvarez entienda este análisis como otra cosa que una agresión personal, actitud reiterada que rebaja la calidad de su enérgico liderazgo.
Temeroso del desvanecimiento de la confederación que le permitió substituir a Menem en el gobierno, De la Rúa ha satisfecho los reclamos de Alvarez, al menos en lo formal, con el exilio del gabinete de incordios como Flamarique y Fernando de Santibañes. La ley de presupuesto es apenas la primera prueba ácida que deberá sortear el Frepaso, que ha mantenido un llamativo silencio ante posiciones brutales como la que el ministro de Defensa sostuvo ante la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, de protección a quienes se niegan a admitir en toda su extensión elabismo que separa el rol que las Fuerzas Armadas asumieron bajo el Estado Terrorista del que les corresponde en una democracia. Más temprano que tarde quedará claro que la transparencia (o su contrario la opacidad) en la administración de la cosa pública no es lo único que separa a los miembros de la Alianza, aunque todos hayan elegido ese terreno para dirimir diferencias sobre el modelo económico-social que no se animan a formular más que en forma esporádica y escueta. 

Más débil que nunca

La eyección del gabinete de los neodesarrollistas Terragno y Nicolás Gallo fue presentada por De la Rúa como un fortalecimiento de Machinea. Pero ¿cómo y ante quién? Seguro que no ante el chantaje financiero, que le va imponiendo su duro pliego de condiciones. Ante la prolongación del ciclo recesivo que ya lleva dos años y medio, la amenaza cotidiana de volatilidad de los mercados, el temido acercamiento de la primera prueba electiva nacional y la necesidad de mostrar algunos proyectos que permitan imaginar algo distinto en algún momento del futuro, el equipo económico ha ido ablandando aún más sus posturas. La excusa es privilegiar las inversiones. El resultado, la cesión de privilegios desmesurados a cambio apenas de la postergación del golpe de furca con el que los grandes capitales que oligopolizan todos los mercados amedrentan a gobernantes y gobernados. Por eso las anunciadas inversiones son meras promesas y no se diseñan los instrumentos de control y sanción que pudieran forzar su cumplimiento. Del mismo modo, la reforma política del ministro Storani no incluye el modo de elegir los candidatos ni establece el fuero electoral que controle que el resto no se convierta en bellas declamaciones virtuales. 
De hecho la posición del ministro de Economía en todas las renegociaciones pendientes con prestadores de servicios públicos o concesionarios de diversas explotaciones es más débil hoy que antes del denominado relanzamiento del gobierno. Un ejemplo es el de las tarifas de Aguas Argentinas, que Gallo negociaba con algún vigor y que Machinea entregó con resignación imposibilista. Otro, el de la prórroga de la concesión gasífera neuquina de Loma de la Lata a Repsol, la empresa española que absorbió a YPF. Este caso adquiere una extremada gravedad, no sólo económica sino también política y ética, dada su estrecha vinculación con el escándalo de los sobornos en el Senado y la explícita diferencia de criterios entre De la Rúa y Alvarez. Además, servirá de precedente para todas las concesiones petrolíferas y gasíferas del país.

Negro profundo 

Anunciada por Machinea en mayo como parte de su denominado Plan Quinquenal de Inversiones, la prórroga fue negociada en Madrid en junio por el gobernador neuquino Jorge Sobisch, objetada en forma pública por Alvarez en julio pese a las felicitaciones de De la Rúa a Sobisch, y estigmatizada en setiembre por la Senadora Silvia Sapag, al revelar que su colega Emilio Cantarero le había ofrecido dinero en nombre de las empresas petroleras a cambio de aprobar la nueva ley de hidrocarburos que favorecería este tipo de transacciones. Terragno planteó la necesidad de un estudio profundo antes de decidir y esa fue una de las últimas gotas que a los ojos del presidente colmaron su vaso. La crisis del Senado sólo demoró un par de meses el acuerdo, que se anunció el jueves durante la visita de De la Rúa a España. En cualquier país serio, hubiera causado la caída del gobernador Sobisch, quien había firmado actas de entendimiento en condiciones aún peores que las ya deprimentes obtenidas ahora por el Estado Nacional. Por ejemplo, el Tesoro percibirá un canon de 300 millones de dólares pagaderos en tres años y la empresa invertirá 100 millones por año en los próximos cinco aparte de los gastos operativos, dos rubros que no estaban contemplados en los papeles preparados por Repsol y firmadospor Sobisch, que no incluían canon alguno ni diferenciaban entre inversiones y gastos de operación y mantenimiento. 
Cuando objetó la prórroga, Alvarez sostuvo que los españoles embolsarían 40.000 millones de dólares adicionales. La Secretaria de Energía Débora Giorgi desdeña ese cálculo y afirma tener otro muy inferior, pero no se lo ha mostrado ni al presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, Víctor Fayad, quien prefirió evitar el escarnio del viaje a España. Lo que sí puso de manifiesto Giorgi en la conferencia de prensa del viernes es su escaso conocimiento de la materia en que se supone que decide. En un capcioso análisis de la ley de hidrocarburos vigente para justificar la firma de una prórroga 17 años antes del vencimiento de la concesión llegó a decir que tenía “carácter automático”, una barbaridad que contradice de modo abierto el artículo 35 de la ley, que condiciona su otorgamiento a que se haya dado “buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. Según confesión firmada por uno de los directivos de Repsol, que la senadora Sapag exhibe en toda discusión sobre el tema, la prórroga no creará más de 600 puestos de trabajo en Neuquén. 
Más cuidadoso de las formas que Giorgi, Machinea reconoció que es posible rehusar la prórroga si el concesionario “ha hecho una mala explotación o ha causado daños al medio ambiente”. Pero tal admisión teórica carece de efectos prácticos. Los daños al medio ambiente son el preciso motivo de varios juicios y acuerdos conciliatorios e incluso de una causa abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contra la provincia de Neuquén y contra la empresa. Los damnificados son los habitantes mapuches de las Comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y el impacto ambiental producido por la explotación ha sido medido en un estudio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. De 1928 a 1990, el daño ambiental causado por la entonces empresa petrolera fiscal fue de 500 millones de dólares. De 1990 a 1995, período que incluye el fin de la YPF estatal y los primeros años de la privada, de otros 500 millones. No hay datos posteriores, dado el desinterés de Sobisch por documentar esos perjuicios a ciudadanos de tercera, pero no se han realizado trabajos preventivos ni reparatorios de significación tal que permitan suponer alguna mejora. Los habitantes de esas comunidades, que exigieron compensación por los mil millones de dólares en daños, presentan niveles altísimos de plomo y mercurio en sangre, causantes de graves enfermedades. La provincia se comprometió a suministrar agua mineral en bidones a los habitantes; lo ha cumplido en forma parcial, sólo para el consumo humano, pero no para los animales, que se enferman con el agua y las pasturas y luego transmiten la contaminación a las personas. La justicia ordenó a la empresa construir una planta potabilizadora y hacerse cargo del costo del tratamiento de las personas afectadas. Una pequeña planta fue construida pero nunca funcionó y nadie se hizo cargo de atender la salud de las víctimas por la contaminación de las napas de agua con hidrocarburos. Un video que se proyecta en cada acto de protesta muestra cómo es posible encender un fuego arrojando un fósforo sobre maderas humedecidas con agua de la canilla.

Un asunto político

Hace algunos meses, con previsiones de crecimiento de la economía del 5 por ciento anual, podía calcularse que los índices de desocupación oscilarían entre 15,5 y 16 por ciento en 2001 y entre 15,4 y 17,1 por ciento en 2003. Esto quiere decir entre un mínimo de 2,26 y un máximo de 2,56 millones de personas sin empleo. Con la reformulada previsión de crecimiento macroeconómico de menos de un 1 por ciento este año y de 3,8 por ciento el próximo, los resultados laborales serán tan catastróficos que no da ganas calcularlos. Ni los planes Trabajar en los que confiabaFlamarique, ni su supresión a la que apuesta Patricia Bullrich dan cuenta del fenómeno estructural que estas cifras reflejan y que no podrán revertirse sin un deliberado y contundente shock redistributivo. 
Como plantea el analítico pero apasionado libro “Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?”, del sociólogo José Nun: “Si una enseñanza se desprende del recorrido que hemos realizado es que, inexorablemente y contra lo que postula la separación neoliberal entre la economía y la política, el presente y el futuro del trabajo y de los trabajadores constituye una parte esencial de cualquier debate serio sobre la democracia en América Latina, pues de ellos depende que ésta pueda sostenerse, como corresponde, en una mayoría de ciudadanos plenos. Por eso, en las presentes circunstancias no hay ningún tema más prioritario que éste para quienes creen en la democracia. Y no es un asunto que pueda quedar en manos de los expertos en economía o en relaciones laborales so pretexto de despolitizarlo, simplemente porque hoy es el más político de todos los asuntos”. Nada de eso forma parte de los planes oficiales, lo cual relativiza las diferencias entre Machinea, López Murphy y Cavallo y abre un grueso interrogante sobre el futuro de la democracia aborigen.