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Por Horacio Verbitsky
Pocas veces la fractura social que amenaza con devorarse a la democracia argentina fue tan evidente como en la última semana, en la que coincidieron el corte de la ruta en La Matanza y el derrumbe con explosivos de un barrio popular en Tres de Febrero, dos partidos del Gran Buenos Aires. Tanto como la crisis, que ha sumergido por debajo de la línea de pobreza a uno de cada tres habitantes de esos distritos, impresiona la lejanía de la dirigencia partidaria, que oscila entre la indiferencia y el aprovechamiento político.La Matanza sólo conoció un momento peor durante la hiperinflación de 1989/90, cuando más de la mitad de la población se cayó debajo de la línea de pobreza, de 500 pesos mensuales por familia tipo. Con la Convertibilidad esa cifra se redujo y en 1994 sólo una de cada cinco personas miraba el mundo desde el dramático fondo de la sociedad. Pero a partir de 1995 volvió a crecer, hasta llegar este año al 36,5 por ciento, o sea más de un tercio de la población, según los datos oficiales del Ministerio de Economía ordenados por Artemio López. Este copioso sociólogo sintetiza así la gravedad de la situación de empleo: “Mientras su población representa el 3,5 por ciento de la del país, los desocupados residentes en La Matanza suponen el 4,9 por ciento de todos los desocupados nacionales”. Pero la desocupación no es la única plaga. Entre quienes conservan un trabajo, la mitad gana menos de 400 pesos mensuales. Sus hijos pagan las consecuencias. Casi la mitad de los menores de 14 años son pobres y uno de cada siete, indigente. Es decir que 50.000 chicos no tienen acceso a las calorías necesarias para realizar lo que el INDEC registra como “movimientos moderados”. Pese a ello, el 15 por ciento de esos niños pobres trabajan. Frente a semejante cuadro, es asombrosa la deserción de las primeras líneas de los gobiernos nacional y provincial. Cloacas La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, prefirió viajar a la deliciosa playa de Biarritz para una reunión entre políticos, empresarios y periodistas pagada por empresas francesas con intereses en la Argentina, entre ellas Aguas Argentinas. Uno de los talleres anunciados en el programa del Encuentro Euro-Latinoamericano de Biarritz se titula “Medio Ambiente y Tratamiento de los Desechos”; otro “Tratamiento y Distribución del Agua”. Confirmaron su asistencia el presidente de Aguas Argentinas, Juan Carlos Cassagne, la mujer de cemento Amalia Lacroze, viuda de Fortabat, y el gobernador José De la Sota, de Córdoba, donde el consorcio francés también maneja las obras sanitarias. En cambio, rechazaron la invitación el jefe de gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Cafiero. Ante la estupefacción que produjo el viaje mientras ardía La Matanza, el vocero presidencial declaró que se trataba de una importante reunión de "la Comunidad Europea". Eso no es cierto. En la carta de presentación del Encuentro, el alcalde de Biarritz, Didier Borotra, escribió que "empresarios en ambos lados del océano decidieron apoyar la creación de un Centro de Management Euro-Latinoamericano", al que aportaron su "apoyo" la Unión Europea y los ministerios franceses interesados. Ese Centro convocó al Encuentro, cuyo propósito es prestar "servicios de alto valor agregado a las empresas fundadoras" y ser un puente entre "políticos, empresarios, universitarios y medios". Es decir, una vulgar reunión de lobby empresario francés sobre gobernantes sudacas. Tampoco es veraz la información de que la ministra adelantaría su regreso: el encuentro estaba fijado para los días 2, 3y 4 de noviembre, es decir que concluyó ayer. A lo sumo, se habrá privado de algún paseo por París. Mientras la ministra abordaba el avión, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira firmaba un dictamen que ayuda a entender lo que está en juego. Oliveira recomendó al Gobierno Autónomo que adoptara todas las medidas necesarias para que Aguas Argentinas deje de volcar líquidos cloacales en la red pluvial de la Ciudad, práctica habitual que genera “grave riesgo para la salud de los habitantes”. El dictamen describió tanto la forma inconsulta en que la empresa lo hace, sin siquiera pedir autorización a la Ciudad, como las graves consecuencias para la salud de la población y la absoluta ilegalidad que implica. El contrato establecía que la empresa debía realizar las obras que eliminaran esa nociva conexión entre ambos sistemas, pero la ex Secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray le permitió renegociar esas metas, postergando inversiones y maximizando ganancias. El criterio de la concesión de 1993 fue establecer un plan minucioso y compromisos estrictosde inversión para extender los servicios de aguas y cloacas a poblaciones no alcanzadas y mejorar su calidad. Quien cotizara la menor tarifa para los usuarios recibiría gratis todos los bienes de Obras Sanitarias y su enorme mercado cautivo. Esas tarifas no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión. En cambio, estaba prevista su reducción, durante las revisiones quinquenales ordinarias. Pero desde el momento de la concesión ya crecieron el 47,5 por ciento, y ahora la empresa va por más. Aguas tiene pendiente una nueva renegociación con el Estado Nacional. El ministro de Economía José Machinea autorizó un nuevo aumento de la tarifa, del 9 por ciento, lo cual colma las aspiraciones de la empresa. Lo anunció junto al subsecretario de Financiamiento Externo, Julio Dreizzen, quien antes de acceder a ese cargo fue Director del Banco de Galicia, socio de los franceses en Aguas Argentinas. El Ente Regulador (en el que también hay representantes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires) cuestiona ese incremento y también hay resistencia en la Cámara de Diputados, lo cual explica el esforzado lobby de los franceses y torna tan difícil de digerir el viaje de la ex profesora de francés Rosa Castagnola. Medio Ambiente quedó en su órbita pero no participa en la negociación con la empresa, que quedó en manos de la Secretaría de Recursos Hídricos del ministerio de Economía. No obstante, basta imaginar qué efectos tendría la palabra de la Ministra de Medio Ambiente si dijera cosas similares a las que sostuvo la Defensora del Pueblo. Ambas mujeres tienen historias similares: vienen del movimiento en defensa de los derechos humanos y militaron en el Partido de la Democracia Popular que fundó Carlos Auyero. Pero sólo una ha preservado la coherencia entre pasado y presente y, por eso, tiene futuro. La ley del hampa El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rückauf, delegó la gestión del conflicto de La Matanza en el vice Felipe Solá, para dedicarse a la campaña proselitista que espera lo conduzca hacia la Casa Rosada, con propaganda irresponsable sobre la inseguridad y sus recetas mágicas para combatirla. Rückauf propicia la derogación de la ley denominada del 2x1, por la cual una persona no puede ser privada de su libertad por más de tres años sin que un juez la condene. El gobernador pretende que de otro modo 7.000 de los 12.000 presos de la provincia quedarían en libertad, dato originado en su voluntad de impactar a cualquier costo y sin sustento en estudio alguno sobre la situación procesal de esas personas. Lo que se ha cuidado de decir es que esa ley fue promulgada por Menem en 1994, luego de un dictamen favorable del ministerio del Interior, ocupado entonces por el mismo Rückauf. Con 6.924 personas detenidas en las cárceles de la provincia y 5.188 en las comisarías, los motines, las fugas, los malos tratos, son el pan cotidiano y fuente de todo tipo de negocios sucios, como la venta de visitas, escapes, salidas y libertades. El jueves el Senador Eduardo Sigal preguntó si la policía estaba capacitada para custodiar a los detenidos. Con el mismo tono cansino que le permitió atravesar sin sobresaltos una interpelación en la cual sus respuestas fueron escandalosas el ministro de Seguridad Ramón Verón dijo: –No. –¿Y qué se hace? –Se soporta. Como todos sus antecesores, Verón afirmó que la solución era construir nuevas cárceles, lo cual incrementaría la cantidad de efectivos volcados a la seguridad. La experiencia de la última década indica que esas promesas no se cumplen, porque la seguridad es una prioridad discursiva pero no presupuestaria y los edificios no se levantan con palabras. Esimprescindible incorporar estos elementos para advertir que la consigna de Rückauf de meter bala a los ladrones no es retórica. Con una política de encarcelamiento masivo y presión política sobre los jueces para que no la obstruyan, con la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario tan desbordada que sólo puede recibir al 57 por ciento de los detenidos, el mensaje es: “Salgan a matar”. Este silogismo es confirmado en los hechos. El 4 de septiembre, el padre de Adriana Zapata reclamó en la seccional 1ª de Morón porque personal del comando de patrullas había baleado a su hija, que junto con el arquitecto Lucas Martín Romanelli, habían sido tomados de rehén por dos asaltantes. “¿Sabe qué pasa? Tenemos orden de salir a matar”, se disculpó el comisario. De los saqueos al corte Con la misma ligereza con que denuncia la ley que él promulgó, Rückauf señala la incidencia de las políticas nacionales en la producción de la crisis de La Matanza, como si él no hubiera sido ministro y vicepresidente del gobierno responsable de tales políticas. En el torneo de reproches para determinar que el otro debe dar respuesta a los reclamos de los manifestantes de La Matanza, la Nación replica que su presupuesto para asistir a los desesperados de todo el país es casi la mitad del que Buenos Aires tiene garantizado sólo para el conurbano. Ambos tienen razón. Lo que les falta es contacto con una realidad tan acuciante que es poco propicia para la distinción de tales matices. Desde la oposición, el justicialismo instigó los saqueos que apuraron la agonía del alfonsinismo y su eyección apresurada del poder. Cuando fue gobierno regó con polenta cada vez que vio levantarse la primera polvareda de la sublevación colectiva. Hoy está en la situación intermedia: gobierna en la provincia donde se asienta el mayor polvorín social, pero es opositor en la Nación. Por eso, procura conservar la mejor relación posible con los reclamantes, y dirigir la fuerza de la protesta al rostro de la Nación. El corte anterior de la ruta culminó el 28 de junio con un acuerdo por planes de empleo, alimentación y salud que firmaron Solá por la provincia y tres funcionarios de segunda línea de la Nación. A fin de julio comenzaron los incumplimientos de ambos. Ante los reclamos por carta documento sólo la provincia admitió que había faltado al compromiso, mientras la Nación respondió que sólo había prometido no mandar la Gendarmería. Desde que empezó el último corte, las respuestas han sido muy distintas. Mientras la provincia incurría en nuevas promesas, la Nación invocó el principio de autoridad para suspender las negociaciones, acusó de política a la movilización popular y recién volvió a sentarse a la mesa de diálogo con un ofrecimiento aceptable cuando advirtió que su táctica era inferior a a la de Rückauf. Agendar la pobreza El objetivo del corte fue colocar temas como la pobreza y la exclusión en la agenda pública, que hasta ahora no les había prestado atención. Esto también puede lograrse en forma pasiva, como sucedió con los edificios demolidos en el Barrio Ejército de los Andes. El desalojo compulsivo de sus habitantes fue un acto de barbarie, alentado desde una tribuna por una multitud de punteros del increíble intendente Hugo Curto y celebrado como una fiesta por los siempre listos zapadores del Ejército. “Ventanas tuertas, balcones vaciados, paredes desvencijadas, columnas maltrechas, y encima llueve”, escribió un mes antes Edgardo Ariel, un hombre de 29 años, que vivió allí desde los 4. “De las torres, las familias bajan pesadas heladeras, mustias, que poco enfrían porque poco contienen. Camas marineras de pino manoseado, obsoletos y oscuros roperos. Ropas oscuras,apagadas. Cocinas de tres hornallas. Aluminio, canillas y persianas del desguace de los departamentos. Quedar sin barrio es de alguna manera el fin del mundo, de un mundo. A la urgencia de buscar vivienda, los veinte mil son esas monedas del colectivo que sirven para muy poco. Algunos se alojarán un tiempo en casa de otros vecinos. Otros volverán a casa de sus viejos después de cuarenta años. Solidaridad de los pobres que es justicia por manos propias; pero manos rupestres en la caverna de los que no entran al primer mundo más que para limpiar por la noche. El barrio es un símbolo de lo que alguna vez se llamó Estado de bienestar, esa intervención del estado ante la injusticia social. Ahora se soluciona con algo de liquidez que volverá al mercado, y que al pasar, empobrece. La demolición del barrio [fue anunciada] en una de las tantas olas de violencia [que] son la cresta de otra violencia inmensa y profunda: la ausencia de un proyecto de país para todos. El mismo gobernador al que poco le importa la cantidad de balas que se disparen contra ladrones o rehenes, el compañero Rückauf, prometió terminar con Fuerte Apache. Y pensar que los más antiguos del barrio, esos que vinieron de la villa de Retiro, y que alguna vez soñaron llamar al complejo “Padre Mujica”, decían que tenían casa “gracias a Perón”. Implosión [es] una explosión hacia adentro. Ya sucedió: son muchos los que explotaron por dentro, pero a causa de la explotación sistemática de este modelo perverso. Y flamea la oscura bandera bonaerense, verde y azul: gendarme y policía”. Cronograma El gobierno nacional fue debidamente informado de lo que se estaba incubando en La Matanza. El líder de la movilización, Luis D’Elía, es un dirigente histórico de los asentamientos de La Matanza y ex afiliado a la corriente democristiana Humanismo y Liberación que conducían Augusto Conte y Carlos Auyero. En enero de 1997 la cooperativa de vivienda Unidad Solidaridad y Organización, que conducía D’Elía reunió a 2.000 personas bajo la lluvia, para que Carlos Alvarez lanzara la campaña electoral que culminó con la victoria de Fernández Meijide sobre Duhalde en octubre. Maestro primario, D’Elía integra la conducción nacional de la Central de Trabajadores Argentinos y fue uno de los 300 caminantes que marcharon desde Rosario hasta el Congreso en demanda de un shock redistributivo, mediante la creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos mensuales para todos los jefes de hogar desocupados y de una asignación universal de 60 pesos por cada hijo. También estuvo en el encuentro de la CTA con el presidente Fernando De la Rúa, quien recibió una carpeta con todos los antecedentes. Una exposición similar escuchó al asumir Patricia Bullrich. Es decir que la ministra de Trabajo sabía de qué hablaba cuando decía que se trataba de una protesta política organizada. Estos son sus próximos pasos: La CTA, junto con la CGT/MTA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, han invitado a todos los legisladores nacionales a un debate público en un salón del propio Congreso junto al Salón de Pasos Perdidos, en el que plantearán las razones del rechazo al Presupuesto 2000. La fecha es pasado mañana, martes 7. El martes 14 realizarán una jornada de protesta en las provincias, con escraches a aquellos legisladores que no se hayan pronunciado por el rechazo del Presupuesto, y el jueves 23 convocarán a una movilización sobre el Congreso cuando se trate la ley. Inconstitucional e inconsistente Los reparos de estas organizaciones al Presupuesto elaborado por Machinea son de distinto orden. Lo consideran antidemocrático, porque ignora propuestas de iniciativa popular, como la que avalaron medio millónde firmas, elaborada por la CTA. También inconstitucional, porque convalida la rebaja del 12 por ciento en los salarios estatales, pese a la definición contraria de la Justicia. La rebaja salarial fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia que no fue ratificado por el Congreso. Esto ocurriría en forma implícita con la aprobación del Presupuesto. Además de desdeñar los problemas del empleo y de la pobreza y toda propuesta de redistribución de la riqueza, el Presupuesto profundiza la situación recesiva al reducir el gasto primario en 700 millones de dólares. Tampoco exhibe consistencia interna. Supone una evolución del Producto Interno Bruto del 2 por ciento para este año y recursos tributarios proporcionales, que ya han sido negados por la realidad. El crecimiento del primer semestre apenas llegó al 0,6 por ciento y el resultado del segundo será peor, con lo cual el número para todo el 2.000 estaría muy cerca de cero, aunque todavía no se sabe si en azul o en rojo. Según los economistas que estudiaron el Presupuesto, este error de cálculo se potencia con estimaciones caprichosas para 2001. Machinea supone un incremento de la recaudación del 5,8 por ciento, que en realidad es del 7 por ciento si se desagia el cálculo erróneo para 2000. Esto casi duplica el crecimiento previsto para el PIB, pese a que la rebaja de aranceles implica una merma de ingresos de 340 millones, la supresión del impuesto a las altas rentas de 150 millones, y las desgravaciones aprobadas por el Congreso otros 250 millones. El razonamiento subyacente, de que mayores ganancias se convierten en inversión, fue desmentido una y otra vez por la experiencia nacional. Ninguna de estas observaciones afecta a Machinea, quien en la reunión del viernes en Olivos predicó a los legisladores de la Alianza la necesidad de una aprobación rápida del Presupuesto, por el voto unánime de todo el bloque, como forma de disipar los nubarrones de la corrida contra el peso y las renovadas presiones dolarizadoras. De la Rúa se quejó por la falta de resultados de la lucha contra el contrabando, que al asumir decidió encabezar en persona, y otros asistentes señalaron que el Presupuesto no contempla la mejora esperable en los ingresos gracias a la flamante ley contra la evasión. Esto permitiría dejar de lado algunos de los recortes que más irritan a los gobernadores, como el fondo del tabaco o los subsidios patagónicos. Alvarez vs. Alvarez “Te lo digo irónicamente, pero esto expresa preocupaciones profundas de todos nosotros”, aclaró Cafiero durante la reunión de Alvarez con los inquietos legisladores del Frepaso. Ellas son que los diputados voten las medidas más antipáticas del gobierno y Alvarez los apostrofe desde la plaza al frente de una manifestación de su ONG. Otros lo expresan con menos diplomacia y humor. Los miedos de Alvarez son igual de punzantes y verosímiles: que el eventual derrumbe de la Convertibilidad sea imputado a la crisis política con epicentro en su renuncia. Esto lo encierra en un círculo vicioso cada día más hermético. Se libró del gobierno para no pagar las consecuencias de su política económica, que hasta el día anterior reivindicaba, pero sigue ofreciendo pruebas de responsabilidad al establishment. Masculla ironías sobre Machinea y Pablo Gerchunoff pero reclama a sus diputados acatamiento al Presupuesto que los expresa. Las definiciones progresistas no le resultan más fáciles desde el llano que en Palacio. Su fuga a los espacios virtuales abre un lugar significativo para el surgimiento de un nuevo liderazgo que llene el vacío. Ni el Frepaso ni la Alianza fueron una fantasía, sino una necesidad, que aún está sola y espera.
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