DE TARTAGAL A MAR DEL PLATA, DOS MUNDOS
El Corte

Por Horacio Verbitsky

Como si habitara en otro país el presidente Fernando De la Rúa anunció una nueva vuelta de tuerca del ajuste, el mismo día en que la represión policial al trigésimo corte de una ruta en Salta en lo que va del año causó una muerte y desencadenó una revuelta popular cuya gravedad sólo puede compararse con la del siestazo santiagueño de 1993. En su discurso de Mar del Plata ante un foro patronal prometió mayores ganancias a expensas de una disminución en el monto y un incremento en la edad de las jubilaciones, la apertura al capital transnacional del mercado de la salud, el retiro del Estado del sistema previsional, la reducción en un 80 por ciento del monto máximo de las pensiones graciables, la supresión del impuesto a los intereses y el congelamiento del gasto público nacional y provincial durante cinco años. Por más que el presidente haya elegido ignorarlos, los episodios de Salta ratifican el profundo corte que hiere a la sociedad argentina y la resistencia de los excluidos a la aceptación pasiva de su situación.

12 x 3

En los primeros ocho meses del año Salta ya había concentrado el 12 por ciento de los cortes de ruta de todo el país, pese a que su población es apenas del 3 por ciento. Lo sucedido a partir del viernes confirma al corte de rutas como el método de lucha principal de la desintegrada Argentina neoliberal. Pero también señala la reaparición de los saqueos, que tuvieron su pico en los días de la hiperinflación de 1989/90. La semana pasada, Rosendo Fraga había distribuido una oportuna investigación del Centro de Estudios Unión para una Nueva Mayoría que describe el fenómeno. En la década del 80 todavía la expresión predominante de la protesta social eran los conflictos laborales y los sindicatos encuadraban el reclamo por un mayor salario. En 1989/90, fueron sustituidos por los saqueos. Al promediar la última década, la nueva forma de protesta social es el corte de rutas y vías públicas. “Ya no se trata de la lucha sindical por el salario ni el saqueo determinado por la imposibilidad de acceder a alimentos por parte de los sectores de menores ingresos, sino del desempleo estructural en determinadas localidades del país”, dice el estudio. Además, cuantifica los cortes por año y según su periodicidad. En 1998 se cortaba una ruta por semana; en 1999 cada día y medio. Ahora no pasa un solo día sin cortes en algún lugar del país.

Entrar al mundo

El estudio también discrimina por provincias. En lo que va de este año, sólo Jujuy (con el 2 por ciento de la población nacional y el 14 por ciento de los cortes) superó a Salta. El otro distrito a observar con detalle es la provincia de Buenos Aires, que protagonizó el 33 por ciento de los cortes el año pasado y el 18 por ciento este año. Si bien esos porcentajes son inferiores a los de su población, en valores absolutos implican 82 cortes en 1999 y 43 en los primeros diez meses de este año, los más abultados del país. Es, además, aquel donde se observa una mejor organización en los piquetes, como pudo verse en La Matanza, Quilmes, Florencio Varela y La Plata.
Quien explicó de modo insuperable el mecanismo del piquete rutero fue Carlos Auyero. En abril de 1997 el funcionario menemista Eduardo Amadeo acusó al Frepaso de propiciar los cortes como un camino violento hacia la toma del poder, que comparó con los métodos armados de la década del 70. “Esos jóvenes no quieren cambiar el mundo. Lo que quieren es volver a entrar al mundo. Y los mayores sólo quieren regresar a un trabajo decente. Vos comparás esto con el 70 y hacés muy mal, porque introducís el temor en la sociedad. El método del temor, ustedes o el caos, les dio resultado en el ‘95. Pero esto no puede tolerarse en la sociedad argentina. Se va aacabar el miedo en la gente”. Auyero murió esa misma noche, con el corazón partido al terminar el debate. El Frepaso forma parte del gobierno que sucedió al de Menem, y su vaticinio sobre la inutilidad del miedo parece cumplida. Faltaría agregar que la política económica nacional a partir del cambio de gobierno no ha mejorado la situación y la única diligencia se observa en el envío de socorros. Esto es coherente con la lectura oficial, que considera la pobreza y la desocupación un problema de asistencia social y no de política económica. El hijo de Auyero, Javier, sociólogo de la Universidad de Nueva York, acaba de publicar en la revista británica Ethnography un estudio titulado “Las hipervillas. Violencia(s) neoliberal(es) en las villas miseria argentinas”, que describe la profundidad del corte social. “El ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras son responsables por la generalización del desempleo, el desmantelamiento del componente de bienestar del Estado, así como por la declinación de las condiciones de vida de quienes ya eran pobres antes de las medidas de austeridad. Esta pobreza global equivale a una verdadera desconexión de la sociedad y el confinamiento de los moradores de las villas en subzonas sumergidas, donde se reproducen el desempleo, la violencia y la vulnerabilidad.” El corte de rutas es también una reacción política, organizada, contra esas calamidades.
Esta vez no hubo dudas sobre las responsabilidades de la Nación y la Provincia: el piquetero fue asesinado por la policía de Salta y la multitud que a raíz del crimen atacó el destacamento de Tartagal, encontró allí colchones y bolsas de alimentos enviados por el ministerio de Desarrollo Social, que no habían sido distribuidos.
En mayo de este año otro corte de la misma ruta culminó con un compromiso que el Estado nacional afirma haber sobrecumplido. Según la información oficial distribuida mientras Salta ardía, los módulos alimentarios para Tartagal se aumentaron a 6000, canalizados a través de una comisión local, y el mismo viernes se entregaron 195 pensiones. El ministerio de Desarrollo Social también informó que en lo que va del año invirtió en planes sociales para Salta más de 50 millones de pesos. De ellos, diez millones en efectivo que deben aplicarse al sostenimiento de comedores para chicos de hasta 12 años. Fuentes oficiosas sugieren que así como la ayuda en especie fue retenida por el gobierno provincial con fines clientelistas, parte de los fondos líquidos fueron derivados a gastos generales. Por su parte, el ministerio del Interior volvió a convocar al Comité de Crisis establecido por la ley de Seguridad Interior, cosa que nunca ocurrió durante la década menemista, y fue prudente en el recurso a fuerzas federales, cuando los policías salteños desbordados se refugiaron en un cuartel del Ejército.

Gotas en la arena

Pero aun así, el poder central no aportó más que paliativos de emergencia, cual gotas de agua sobre arena reseca. El perfil socioeconómico de Salta en noviembre de 2000 elaborado por la Consultora Equis con datos oficiales señala que la distribución del ingreso es cada vez más regresiva, que la riqueza se concentra cada vez en menos manos. En 1990 y 1995 los ingresos del 10 por ciento más rico de la población de Salta eran unas 20 veces superiores a los del 10 por ciento más pobre. Ahora la brecha entre ambos extremos es de 25 veces. Salta está en los últimos escalones si se compara con cuántos pesos por día sobrevive cada uno de los argentinos que integran el 20 por ciento más pobre de la población. Los ingresos de los salteños son inferiores en un 43 por ciento al promedio nacional, uno de los siete peores registros del país.
Según datos del Banco Mundial, bastante más de la mitad de los salteños está por debajo de la línea de pobreza, fijada en 490 pesos mensuales para un hogar de cuatro miembros, y un sexto no llegan ni siquiera a la línea de indigencia, valuada en 240 pesos mensuales para un hogar de cuatro miembros. “Sin asistencia externa, enfrentan severos riesgos de alimentación y sobrevida”, señala Artemio López.
Los problemas de empleo no son, a primera vista, peores que los del resto del país. Pero otros indicadores complementarios son impactantes. El salario promedio de los ocupados en mejor situación en el Gran Salta es de 438 pesos mensuales, casi el 30 por ciento menos que el promedio nacional, que es de 616,9. El salario de los informales es apenas una tercera parte de ese promedio. Además casi la mitad de los ocupados de la provincia (47 por ciento) lo son en tareas informales, más del 30 por ciento de los que trabajan son empleados públicos, el 39,2 por ciento carece de beneficios sociales y el 46,5 por ciento no está afiliado a sistema alguno de salud, ni sindical ni privado. “En el contexto de una fuerte crisis económica de la región, la causa central de esta situación es el desarrollo creciente del sector informal de la economía, compuesta por unidades económicascuasi familiares, de escasa o nula productividad, cuentapropistas precarios, trabajadores domésticos, o bien trabajadores sin salario”.
Si alguien se sorprendió por el alto número de adolescentes entre quienes cortaron la ruta y prendieron fuego a edificios públicos, tal vez encuentre un principo de explicación en estos datos: casi el 70 por ciento de los salteños menores de 14 aóos es pobres, y más del 20 por ciento indigente. Sólo hay cuatro provincias en las que la exclusión social es más intensa que en Salta: Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy. La degradación de las condiciones de vida también se mide en otros indicadores menos clásicos. Por ejemplo, seis de cada diez salteños viven a tres cuadras o menos de un basural, más de la mitad a la misma distancia de áreas inundables. Estos datos se refieren en algunos casos al conjunto de la provincia y en otros a la ciudad capital y sus suburbios. Esto significa que los indicadores son aún más graves en Mosconi y Tartagal, zonas precipitadas a la peor crisis por la privatización de YPF y la falta de emprendimientos alternativos a cargo de la provincia, que tampoco liquida en forma completa la parte correspondiente de las regalías petroleras.

Organizado o espontáneo

Una de las polémicas más interesantes de los últimos tiempos se produjo entre la ministra de Trabajo Patricia Bullrich y el secretario general de la CGT/MTA, Hugo Moyano. La funcionaria dijo que los cortes de ruta estaban organizados y tenían motivaciones políticas. El dirigente de los camioneros le respondió que se asistía a un estallido social espontáneo y pacífico.
Si se prescinde de su intención descalificadora, la ministra registra un dato evidente. La otra central contestataria, la CTA, y el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), han tenido la mayor incidencia en la organización de los cortes. Además de planes precarios de empleo y alimentos, en los piquetes se gana conciencia y organización. En los cortes de La Plata, el MTD obtuvo la concesión de planes de trabajo temporario y denunció su aprovechamiento clientelístico por parte del intendente Julio Alak, uno de los ansiosos impulsores de la prematura carrera presidencial del gobernador Carlos Rückauf. “De los 720 planes otorgados por Provincia y Nación, la Municipalidad se queda con 600. Esta actitud pinta de cuerpo entero a nuestra clase política: moneda que cae sobre la mesa se la roban”, sostuvo una declaración de los piqueteros difundida por Internet. También advirtió contra la constitución de comités de crisis en los que los desocupados queden en minoría frente a concejales de todos los partidos, y mencionó como factores a tomar en cuenta la intervención de la justicia, que ordenó desalojar la ruta, y la declaración de los obispos católicos impugnando los cortes. “Los desocupados se desconcentraron pacíficamente y regresan a las asambleas barriales a discutir cómo sigue el plan de lucha.” La contradicción entre estas nuevas formas de organización y el sistema político es manifiesta: Alak arguye que hay mil desocupados inscriptos en un registro municipal y que los planes deben distribuirse entre ellos. Los piqueteros responden que ellos distribuirán los planes porque los consiguieron con su actitud combativa.
Otro parte electrónico, de los Movimientos de Trabajadores Desocupados de Quilmes, Lanús, Almirante Brown y Solano describió el importante nivel de organización del corte que realizaron: camiones y micros con manifestantes se concentraron a 20 cuadras del lugar elegido, sobre el que avanzaron desde distintos puntos. En pocos segundos, los grupos de piqueteros bloquearon tres de los cuatro accesos de la rotonda con neumáticos en llamas. El cuarto acceso sólo siguió abierto el tiempo suficiente para que salieran los vehículos que habían quedado atrapados.Se prohibió tomar alcohol y se distribuyeron carteles, banderas y brazaletes.
Durante el día, hubo distintos intentos de la policía de medir la firmeza y el grado de organización de los piquetes: “Primero se acercó un
patrullero con un oficial ‘simpático’ pidiendo permiso para pasar; después un sargento de civil nervioso, con el verso de que tenía a la madre internada en la otra punta y debía pasar, finalmente intentaron con un patrullero que, aprovechando una vereda descuidada, quiso acelerar, y cuando a los pocos metros fue detendido por los piqueteros, amenazaba con pasarlos por encima”. Los piqueteros se mantuvieron firmes y “al oficial patotero no le quedó otra que poner su mejor cara de susto, y retroceder apresurado. Esta firme resistencia les dejó en claro a las fuerzas represivas que el corte estaba firme y no iba a ser fácil moverlo”. El parte también relata otros aspectos de la organización: mientras unos montaban una cocina, otros recorrían con una camioneta en busca de más neumáticos. Recibieron solidaridad de organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y trabajadores de la zona. Hubo incluso ayudas de empresarios: una maderera donó el combustible a quemar en las ollas populares, un frigorífico la carne. Una vez asentado el corte, se convocó a la primera asamblea, en la que se repasaron los reclamos y se pidió la “libertad y el desprocesamiento de los miles de presos por luchar”. Una propuesta que se escuchó en varios de los cortes fue la de unir fuerzas en un paro activo nacional de 36 horas, con cortes de ruta “para edificar un nuevo poder popular, que garantice un nuevo modelo de país al servicio de los trabajadores y el conjunto del pueblo”.
La organización no excluye las discrepancias. Mientras el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Varela aceptaba la intervención del intendente justicialista, tal como ya había ocurrido en La Matanza, los de Lanús, Brown y Quilmes resolvieron no admitir mediación de partidos ni de la Iglesia, reafirmando su autonomía. Luego de un largo tira y afloje, en el que los piqueteros no mostraban apuro ni reducían sus exigencias, mientras más gente se iba sumando al corte, los funcionarios presentaron una “Propuesta del Gobierno Nacional y Provincial al Movimiento de Trabajadores Desocupados”, que los piqueteros sometieron a una nueva asamblea, en la que la aprobaron. “Con sudor, con lucha y con paciencia / va creciendo la nueva resistencia”, entonaban.

Pacífico o violento

Moyano sí acertó al destacar el carácter pacífico de estas movilizaciones en las que participan familias enteras, con mujeres, niños y ancianos. Pero es difícil prever la respuesta ante provocaciones y ataques, como el de la policía de Salta. La erupción de furia en Tartagal posterior al asesinato de Aníbal Verón tuvo un grado de espontaneidad del que carecieron los más organizados episodios del Gran Buenos Aires, y confirma las previsiones de Carlos Alvarez sobre la profundidad del corte que separa a la sociedad de la dirigencia política. Esa percepción fue la que lo llevó a resignar la vicepresidencia y elegir como lugar simbólico de referencia el café de la esquina, junto a la gente que hasta el día anterior le hacía sentir su repudio en la calle. Pero a cinco semanas de aquel gesto, su ausencia de la escena nacional dramatiza la dificultad del Frepaso para ubicarse en un escenario polarizado, en el que las estampas de Salta coexisten con las de Mar del Plata. Alvarez era uno de los invitados para exponer ante los representantes del capital más concentrado reunidos por Idea, pero prefirió no concurrir. Su defensa ciega de todas y cada una de las medidas del ajuste duró tanto como su pertenencia al gobierno, que cesó cuando esa prédica se le hizo demasiado gravosa. Pero tampoco se ha oído su voz en aliento a quienes resisten esa política. El resultado ha sido su eclipse, justo cuando más necesidad se percibe de unliderazgo firme y presente. Su deserción dejó en la mayor incomodidad a los frepasistas con cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, urgidos a aprobar medidas antipopulares. Sin ellas podría desencadenarse la catástrofe financiera a la que aludió el presidente. Con ellas, se profundizará la catástrofe social.

Dolarización o devaluación

El nuevo paquete de préstamos por casi 20.000 millones de dólares, atado a la profundización del ajuste anunciada el viernes, sólo difiere el dilema que desde hace tres años divide a los factores de poder. Lo describe el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Eduardo Basualdo en su libro “Concentración y Centralización del Capital en la Argentina durante la década del noventa”, distribuido esta semana. Las asociaciones entre grupos económicos locales, empresas extranjeras y bancos acreedores fueron el principal tipo empresario de la década pasada, que se expresó en el desguace del Estado. La armonía concluyó hacia fines de la década, cuando los grupos locales comenzaron a vender sus participaciones a los socios extranjeros, colocaron sus ganancias en inversiones financieras fuera del país y conservaron posiciones en empresas exportadoras. Rota aquella comunidad de negocios, las contradicciones entre ambos sectores se expresan en opciones opuestas de política económica: los extranjeros que compraron activos fijos se inclinan por la dolarización que preserve su valor; los grupos locales que sólo retienen aquí empresas vinculadas al mercado externo y activos financieros dolarizados, presionan por la devaluación que acrecentaría su valor en pesos.
De la Rúa repitió varias veces que su proyecto es de desarrollo sostenido y empleo estable, pero nada en sus anuncios apunta en tal dirección. El recálculo del presupuesto confirma la ya señalada inconsistencia de los números enviados al Congreso y, al reducir las proyecciones de crecimiento del Producto y de la recaudación, implica un nuevo y duro ajuste. Un capítulo central de los anuncios del viernes fue la batería de nuevos negocios para las empresas privadas, que abarcarán el cobro y control de ciertos impuestos, la salud, todas las jubilaciones nuevas y los propios trámites jubilatorios. Su contracara es la reducción al mínimo de las pensiones graciables, la rebaja en los montos que cobran los jubilados, la prohibición de los juicios civiles a los trabajadores víctimas de accidentes, reducidos así a ciudadanos de segunda. Desde el año pasado se sabe que los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional apuntan a las provincias, a las que se procurará imponer un denominado Pacto Federal, por el que deberían comprometerse a congelar el gasto por un lustro. Esto pondrá a prueba la relación del gobierno con la oposición justicialista. Su aprobación parlamentaria es más que dudosa, ya que implicaría arrojar a nuevos contingentes de despedidos de las administraciones provinciales a las rutas de la Patria, con el corte como única salida.