Por Horacio Verbitsky
La alegada búsqueda de documentación sobre la guerra sucia durante
las horas hábiles de un día de la semana pasada constituye una befa a la sociedad,
que fue víctima de aquella barbarie. El Ejército vuelve a contar para ello con
la pasiva aquiescencia del sistema político, como ya ocurrió en el momento en
que los hechos más aberrantes de la historia argentina moderna. Si tuviera intención
de cooperar, el general Ricardo Brinzoni podría proveer a la Justicia los códigos
de seguridad necesarios para acceder a los archivos digitalizados que se encontraron
hace catorce meses. Por el contrario, ha obstaculizado esa tarea, sin que el juez
federal Adolfo Bagnasco diera pasos efectivos para superar esa ostensible reticencia.
El año pasado, mientras los ex jefes del Ejército Cristino Nicolaides y
Martín Balza debatían acerca de la existencia o no de documentación
sobre los detenidos desaparecidos y los niños nacidos en cautiverio entre
1976 y 1983, el autor de esta nota presentó una denuncia ante Bagnasco,
en la que identificó la dependencia del Ejército donde se almacenaba la
información más relevante, incluso con un plano manuscrito.
Cintas y discos
Un juez que desea investigar no padece las mismas limitaciones que un
periodista. La ley le otorga el imperio del que los meros ciudadanos
carecen. Puede requerir el auxilio de la fuerza pública, interrogar como
testigos a quienes posean noticias del crimen, encausar a quienes las
oculten, ingresar a los lugares donde sospeche que exista documentación y
requisarla si la considera útil para la causa que investiga. La pista
original fue suministrada por un político del partido entonces en el
gobierno, quien a su vez la había recibido de alguien con manifiesto
conocimiento interno sobre los lugares y los mecanismos de la inteligencia
castrense. Ninguno de ellos estaba dispuesto a revelar su identidad. El 19
de enero de 1999, luego de una verificación preliminar que acreditó la
calidad de la fuente y la verosimilitud de lo que afirmaba, el autor de
esta nota se presentó ante el juez y puso los datos en su conocimiento.
El fiscal Miguel Angel Osorio requirió el allanamiento y Bagnasco lo
ordenó. De acuerdo con las precisas indicaciones del plano, la comisión
judicial llegó sin error ni vacilación a una oficina del séptimo piso
del bunker castrense de Paseo Colón. Resultó ser nada menos que la
cintoteca informática de la Jefatura de Inteligencia del Ejército. De
acuerdo con la denuncia, la información sobre la guerra sucia estaba
contenida en una serie de rollos de computadora Bull, una tecnología
francesa que el Ejército usaba en aquellos años pero que ha abandonado.
En el allanamiento fue posible establecer que los datos originados en ese
soporte magnético habían sido comprimidos, encriptados y transferidos a
discos de otras tecnologías más modernas. A pedido del Ejército, que
adujo consideraciones de defensa nacional, Bagnasco no secuestró el
material sino que lo reservó en la misma oficina en la que había sido
hallado y ordenó su peritaje a la Policía Federal. Sin las claves, que
el Ejército jamás suministró, no fue posible identificar los discos a
los cuales se habían transferido los datos originales. También fracasó
el intento de abrir archivos para constatar su contenido. A catorce meses
de la denuncia y del hallazgo nada se ha avanzado y es probable que los
rollos significativos ya hayan sido removidos de la cintoteca por la
inteligencia militar. El juez no ordenó el secuestro del material ni
solicitó la colaboración de especialistas nacionales o extranjeros para
quebrar los códigos secretos.
Funcionario político
El Director del Estado Mayor del Ejército, bajo cuya dependencia
directa estaban el edificio Libertador, la jefatura de inteligencia y la
cintoteca allanados, era Brinzoni, artillero como Balza, quien lo propuso
como su sucesor al frente del Ejército. El presidente Fernando de la Rúa
lo designó en esas funciones, pese a que en 1976, con el grado de
capitán, Brinzoni fue secretario general de la dictadura en la
intervención militar a la provincia de El Chaco. Nunca antes de Brinzoni
un oficial que hubiera ocupado cargos políticos en aquellos años llegó
a la Jefatura de Estado Mayor.
Las referencias personales de Brinzoni lo presentan bajo una luz
favorable. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil
Lavedra, cursó en los mismos años que Brinzoni el Liceo Militar y,
aunque no fueron compañeros de curso porque el militar es unos años
mayor, lo recuerda como un conductor no autoritario, que unía a la
formalidad del mando el ascendiente que surge del ejemplo personal. El
ahora miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Juan Penchansky,
fue detenido bajo la dictadura en El Chaco y Brinzoni ordenó que le
quitaran los pesados grilletes carcelarios. Diana Conti considera una
señal de delicadeza y respeto que Brinzoni la haya visitado en la sede de
la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esta visión anecdótica, que
deduce conclusiones políticas del carácter de las personas, no difiere
de la que hace un cuarto de siglo caracterizó a Jorge Videla y Roberto
Viola como militares democráticos, o blandos, que resistían a la línea
denominada pinochetista, o duros, del general Luciano Menéndez. Tal
distinción hoy mueve a risa, pero guió la conducta de la clase política
y dio tiempo y espacio a la dictadura para extender la masacre a todos los
sectores de la sociedad.
El inconveniente para quienes trivializan de este modo los acontecimientos
institucionales o políticos, es que a menudo basta con los archivos
públicos para desvanecer aquellos artificios de la imaginación o de la
voluntad. Por ejemplo, cuatro días después de la presentación de la
denuncia a Bagnasco, el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército,
Martín Balza respondió a un reportaje de Clarín:
–¿Seguro que no hay documentos?
–En el ‘94 comencé a enviar boletines a todas las unidades para que
informen si existen. Aseguré reserva de identidad y a los comandantes les
pedí una respuesta por escrito. La negativa lo demuestra.
–¿Nunca se le acercó nadie para aportar información?
–Nunca.
Estas palabras de Balza demuestran el carácter distractivo y cosmético
de la búsqueda ordenada por Brinzoni: hace seis años que el Ejército
simula buscar y responde que no encuentra. Esta semana presentará con
alharaca algún papelucho y dará una vez más por cerrado un capítulo de
la historia que la sociedad no ha mostrado el mismo apuro por dejar en el
olvido. Hace diez días, en presencia del presidente De la Rúa, Brinzoni
dijo que el Ejército “aspira a la reconciliación justa y definitiva
que nuestra Patria ansía”. También había hablado de “encontrar
juntos los mecanismos que apunten a la reconciliación de la sociedad”,
durante la audiencia con la doctora Conti. Ni la Patria ni la sociedad, ni
mucho menos las víctimas del Estado Terrorista anhelan ni precisan nada
que pueda describirse con tal vocablo. Se aplican al caso las palabras que
Jurgen Habermas escribió en su libro “La inclusión del otro” a
propósito de los conflictos tribales en Estados postcoloniales: “Las
naciones sólo surgen cuando han dejado atrás el difícil camino que
lleva de las comunidades étnicamente fundadas entre individuos que se
conocen, hasta una solidaridad jurídicamente mediada entre ciudadanos que
son extraños entre sí”. La ansiedad del Ejército y ahora también del
gobierno por alcanzar la denominada reconciliación no tiene sentido y, en
algunos casos, encubre bajos sentimientos. La reconciliación es un
conceptoreligioso que no se puede inyectar a presión en la vida política
secular. Forzar a que se reconcilien los familiares de las víctimas con
sus asesinos que aún siguen ocultando las circunstancias de cada caso, es
sádico con los individuos e irrelevante para la sociedad. El único
fundamento firme para construir un futuro diferente es el compromiso de
todos a respetar la ley, esa “solidaridad jurídicamente mediada entre
ciudadanos que son extraños entre sí”, sin trucos ni promiscuidad.
López Mingo
Otro capítulo en el que el gobierno está sobreactuando su deferencia
ante los militares es el de las propuestas de ascensos a oficiales
superiores. Contra todas las expectativas, Brinzoni y el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante Joaquín Stella, el ministro de Defensa,
Ricardo López Murphy, y el presidente De la Rúa ratificaron todos los
pliegos de ascensos enviados un día antes de concluir sus gestiones por
Balza, el almirante Carlos Marrón, el ex ministro Jorge Domínguez y el
ex presidente Carlos Menem. Varios de ellos habían sido impugnados por
los organismos de derechos humanos por las constancias que existen sobre
la participación de esos oficiales en delitos aberrantes contra la
libertad, la vida y la dignidad humanas. López Murphy, quien aterrizó en
Defensa por las mismas razones ajenas a su competencia que llevaron a
Domingo Cavallo a la Cancillería en 1989, entiende que el sostenimiento
de esos pliegos es una forma de compensar al Ejército por las apreturas
económicas en que lo pone el ajuste dispuesto por el gobierno. Esta
cesión de principios en canje por recursos presupuestarios ni siquiera
parece un buen negocio en sus propios objetables términos.
Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le entregó la
documentación que respaldaba las objeciones y le solicitó que retirara
esos pliegos, López Murphy respondió que en ese caso deberían pasar a
retiro “los Comandantes en Jefe” que los propusieron. El planteo
ministerial refleja concepciones propias del tiempo en que los reglamentos
castrenses valían más que las leyes de la Nación. Aceptarlo implicaría
conferir a quienes como jefes de Estado Mayor sólo son asesores del Poder
Ejecutivo las atribuciones que tenían los comandantes en jefe, como
erróneamente los llamó el ministro. Por otra parte, cuando el Senado
rechazó los pliegos de oficiales del Ejército y la Armada, como el
teniente coronel Carlos Enrique Villanueva o los capitanes de fragata
Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, ningún jefe de Estado Mayor dejó
su puesto ni se afectó la estabilidad democrática, que no necesita otro
comandante en jefe que el presidente. En la última década, el país ha
dado pasos muy importantes en la afirmación de la primacía de las
instituciones políticas, de la soberanía del pueblo y de sus
representantes sobre estos grupos de presión, intereses especiales o
poderes fácticos que ensombrecieron el pasado del país. Tal vez por el
recuerdo de los años de inestabilidad y sublevaciones de la anterior
gestión radical, aunque hoy ninguna amenaza le aguarda por esta
cuestión, el flamante gobierno ha iniciado un retroceso tan innecesario
cuanto peligroso en el camino arduamente recorrido de la subordinación
militar al poder civil. El Senado está todavía a tiempo de impedirlo.
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4 x 4
 Una consulta
con los distintos bloques del Senado indica que cuatro de los ocho
pliegos objetados por los organismos de derechos humanos ya contarían
con la mitad más uno de las firmas necesarias en la Comisión de
Acuerdos. Los tenientes coroneles que serían promovidos a oficiales
superiores son:
 Alejandro
Guillermo Duret, MI. 10.525.335, alias Porra, legajos 0676, 2297 de la
Conadep. El juez federal de Azul Jorge Ferro lo había procesado por
la desaparición de Carlos Alberto Labolita, hasta que la causa pasó
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Eduardo
Daniel Cardozo, MI 10.550.576. Según informó el CELS estaba
procesado por los secuestros de Francisco Escamez, Garay y Gonil,
hasta que fue beneficiado por la ley de obediencia debida.
Alejandro
Aquiles Richetta, MI, 6.054.592, legajo 7594 de la Conadep. Mientras
hacía salto de rana en la Prisión Militar Córdoba, un conscripto
casi cayó dentro de un pozo profundo cubierto de pasto. En presencia
de Richetta un suboficial comentó: “Menos mal que no se le cayó
ningún milico, porque allí tenemos quemados los restos de los
subversivos”.
Rodolfo
Sergio Mujica, MI 10.963.753. Legajo 5144 de la Conadep. Griselda del
Huerto Ponce afirma que luego del secuestro de un sobrino por personal
sin uniforme en Catamarca, la tropa legal al mando de Mujica saqueó
la vivienda, de donde se llevaron máquinas fotográficas y una
filmadora, de lo cual quedó constancia escrita. Las firmas recogidas
en favor de los cuatro corresponderían a los senadores radicales
Leopoldo Moreau, Luis León, Raúl Galván, Alcides López y José
Genoud; a los justicialistas Horacio Zalazar, Julio Sanmillán,
Augusto Alasino y Antonio Cafiero, y al pactista correntino José
Antonio Romero Feris. Cardozo y Mujica obtuvieron, además, el voto
del senador justicialista Ricardo Branda. Al capitán de fragata Pedro
Carlos Florido (quien ordenó a los secuestrados en la ESMA
confeccionar cuatro pasaportes falsos para el granmaestre de la logia
P2, Licio Gelli, y al teniente coronel Ricardo Guillermo Reyes, no les
basta con las ocho firmas reunidas hasta hoy (los mismos de los
anteriores, menos Alasino para ambos, menos Moreau para Florido y
menos Cafiero para Reyes), aunque el ministerio de Defensa sigue
presionando. En cambio no hay ninguna firma en favor de los tenientes
coroneles Aldo Martínez Según, alias Chancaca, y Rafael Mariano
Braga. Martínez Segón y Reyes están acusados por la masacre de
Margarita Belén; Braga por el secuestro de un hermano del legislador
radical Normando Alvarez García, y de tres trabajadores del Ingenio
Ledesma. Ninguno de ellos reapareció.
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De nazis y oportunistas
Por H.V.
La caracterización de Carlos Ruckauf como “nazi” no es una creación original
del presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires,
Federico Domínguez. Su origen se remonta a la campaña electoral de 1999. Esta
es su historia.
En cuanto Ruckauf fue consagrado candidato, el entonces ministro de Justicia
y Seguridad, Carlos Arslanian, se ofreció a suministrarle toda la
información necesaria sobre la reforma policial y judicial iniciada por el
gobernador Eduardo Duhalde. Ruckauf no le contestó. Luego de varias semanas
de espera, Arslanian insistió ante el candidato a vicegobernador, Felipe
Solá, y le explicó que la complejidad e importancia del tema demandaría
varias horas. Solá habló con Ruckauf y concertó una cita en el despacho
del entonces vicepresidente en el Senado. Arslanian se presentó con una
pila de carpetas. Para comenzar, Ruckauf le advirtió que ya tenía decidida
la recreación de un mando policial unificado, es decir el camino inverso al
que siguió Arslanian, quien disolvió la Mejor Maldita Policía del Mundo y
en su lugar creó 19 policías departamentales. Arslanian contestó que en
cualquier caso era conveniente que el futuro gobernador conociera lo hecho
hasta el momento.
A los quince minutos de comenzada su exposición Ruckauf lo interrumpió,
dijo que debía antender a una delegación de sindicalistas y lo dejó con
Solá. Arslanian tragó saliva y orgullo y siguió. Media hora después
Ruckauf se asomó por la puerta. “Ah, todavía siguen ahí”, dijo, y
volvió a salir. Por eso, en cuanto Ruckauf dijo que había que meterle bala
a los ladrones, Arslanian renunció pese a los reclamos de Duhalde para que
continuara. Arslanian y Solá conversaron ésa y otras veces, con la
confianza de quienes integraban el grupo de trabajo que elaboró unas bases
programáticas progresistas para la campaña de Duhalde. “Lo que pasa es
que Ruckauf es nazi”, dijo el candidato a vicegobernador, y lo repitió a
lo largo de esos meses ante diversos interlocutores. Igual que Arslanian,
todos ellos comenzaron preguntándose como podía Solá estar al lado de
alguien a quien consideraba de ese modo y terminaron descubriendo su doble
discurso cuando el vicegobernador se convirtió en el más eficaz operador
para endurecer en el Senado la reforma votada en Diputados y que, según el
juez Domínguez, convertirá a la provincia de Buenos Aires en un campo de
concentración. Lo más penoso fueron las motivaciones de Solá: la
competencia con Raúl Otahacehé y Osvaldo Mércuri por la posición de
largada en la carrera para suceder a Ruckauf cuando el gobernador intente
volver al despacho principal de la Casa Rosada. La redada de 600 personas
detenidas en un día el mes pasado es la más grande en la historia de la
provincia y permite vaticinar que el sistema penitenciario bonaerense, que
como bien sabe Solá ya estaba al rojo vivo al asumir Ruckauf, colapsará en
forma estrepitosa a corto plazo. Ese será el momento para comprobar si las
palabras de Solá sobre Ruckauf, que Domínguez lanzó al debate público,
eran exageradas. El mayor problema no suelen ser los nazis, que en los
comienzos nunca abundan, sino los oportunistas y ambiciosos, que se
atropellan por allanarles el camino y colaborar con la obtención de sus
metas.
Otro triste ejemplo de doble discurso lo dio el presidente del radicalismo
bonaerense, Leopoldo Moreau. El 1º de marzo, en la reunión de la Comisión
de Acuerdos del Senado, Moreau fue el más elocuente defensor de las
impugnaciones de los organismos de derechos humanos a los oficiales que
intervinieron en crímenes aberrantes durante la guerra sucia militar contra
la sociedad argentina. Recordó que no se trataba de un juicio penal sino de
una evaluación política, explicó que si algunos de ellos fueron absueltos
por la Justicia fue porque las leyes de impunidad impidieron continuar los
procesos pero que, en caso de sospecha de inhabilidad moral o psíquica, los
senadores tenían la obligación de rechazar los pliegos, sin que ello ponga
en cuestión la autoridad del Presidente de la Nación,ya que la
responsabilidad constitucional de los ascensos es compartida por el
Ejecutivo, que propone, y el Senado, que presta, o no, su acuerdo. Según la
versión taquigráfica del Senado, Moreau dijo: “Tengo la íntima
convicción de que estos oficiales, en su mayoría, no están en condiciones
de ejercitar cargos de responsabilidad de comando”. Sin embargo, un
senador justicialista dijo a este diario que la firma de Moreau ya fue
estampada al pie de los dictámenes prestando su acuerdo al presidente de la
Nación para el ascenso de cinco de los oficiales cuestionados, y sólo
falta en tres. Como se ve, Moreau está flojo en aritmética y, salvo en la
interna radical, no distingue mayoría de minoría.
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