Por Horacio Verbitsky
Domingo Cavallo y Carlos Ruckauf imaginan la ansiedad pública ante el delito
como el ariete que derrumbe la fortaleza de la Alianza gobernante en la Ciudad
de Buenos Aires. Una derrota en el distrito del presidente Fernando De la Rúa
y del vicepresidente Carlos Alvarez, a sólo cinco meses de iniciado su periodo
de gobierno, pondría en emergencia a la coalición e instalaría a Cavallo y Ruckauf
como posibles candidatos presidenciales de la oposición para 2003. Tanto los gobernadores
como los legisladores justicialistas que el año próximo deben someter sus mandatos
al voto popular se encolumnan detrás de Cavallo, como un reflejo de autodefensa.
“Si la Alianza gana en Buenos Aires su impulso triunfal le alcanzará para barrernos
en todo el país el año que viene”, dice uno de los artífices del encuentro del
ex ministro con el bloque justicialista en el Senado. Sólo el ex presidente Carlos
Menem y su ex ministro del Interior Carlos Corach piensan que mejor sería una
derrota de Cavallo, y también por autodefensa. No es una curiosidad menor que
quienes intentan volver contra el gobierno de la Alianza el torbellino de histeria
por la inseguridad sean nada menos que el superministro de Economía y el ministro
del Interior y vicepresidente del período en el que se sembraron aquellos vientos
hoy devenidos en tempestad. Hay algunos datos relevantes al respecto en el “Diagnóstico
sobre el delito en la Argentina”, que el ministro de Justicia y Derechos humanos,
Ricardo Gil Lavedra, presentó en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior
y que casi no ha tenido difusión pública. El 86 por ciento de la población teme
ser víctima de un delito, constata. Esto no es extraño dado el incremento de los
delitos contra la propiedad y, en especial, de aquellos con violencia, incluyendo
los homicidios en ocasión de robo. El 15 por ciento de las víctimas de robos con
violencia sufrió lesiones físicas. El 88 por ciento de los robos con violencia
se cometieron en espacios públicos que se suponen sometidos a vigilancia policial.
Lo opuesto sucede en Estados Unidos, donde el 85 por ciento de los homicidios
se cometen dentro de viviendas y entre personas que se conocen, lo cual descalifica
los intentos de importación de experiencias. En la Argentina, el 70 por ciento
de los autores fueron varones jóvenes de entre 15 y 25 años, que “diez años atrás
tenían entre 5 y 15 años de edad”, dice el informe. Ruckauf lo escuchó impasible,
como si no le concerniera.
Luego de revisar las estadísticas del Banco Mundial sobre las crecientes
franjas de población por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia
y la creciente desigualdad, el estudio afirma que el 27,3 por ciento de
los jóvenes de 15 a 25 años están desocupados. De los que trabajan,
hasta el 75 por ciento, según los segmentos de edad, lo hacen en el
sector informal y carecen de beneficios sociales. Uno de cada seis no
estudia, ni trabaja ni es ama de casa. Ellos “perciben la desigualdad y
la ausencia de oportunidades legítimas”, lo cual incrementa “los
factores de riesgo criminógeno”. El empleo tampoco es una garantía. En
la población con Necesidades Básicas Insatisfechas de la Ciudad de
Buenos Aires, por ejemplo, dos de cada tres varones de la edad crítica
trabajan. Pero su esfuerzo “es insuficiente para satisfacer las
necesidades básicas mínimas propias” y de ese modo “el efecto
simbólico del valor del trabajo legítimo se desvanece”. La
proliferación de “excluidos del sistema y la constante profundización
de la brecha entre ricos y pobres, explican el aumento de la delincuencia
violenta en nuestras ciudades”. Esos chicos que hoy salen a morir o
matar por la comida, la birra o la dosis de cada día, crecieron en la
década de la Ferrari, que Ruckauf le trajo a Menem desde Italia, y vieron
a Cavallo poner las manos en el fuego por Aldo Dadone. Años sórdidos en
los que el mismo Cavallo se burlaba del esfuerzo y el talento aplicados a
un fin socialmente útil, al enviar a los investigadores científicos a
lavar los platos, mientras aprobaba los créditos y subsidiosa las
empresas de la familia presidencial. Al mismo tiempo Luis Barrionuevo se
jactaba de que “nadie hace la plata trabajando”.
La desconfianza
El Diagnóstico también consigna que en 1998 el 70 por ciento de las
víctimas de delitos contra la propiedad y el 58 por ciento de quienes
padecieron robos con violencia no los denunciaron. “La policía no
hubiera hecho nada” fue la respuesta más escuchada por los
encuestadores de Justicia. El informe no se pregunta por qué habrían de
confiar en la policía, luego de una década en la que miembros
prominentes de las instituciones armadas federales y bonaerenses fueron
descubiertos cometiendo los delitos que debían combatir, como la
comercialización de sustancias psicotrópicas de uso prohibido por las
autoridades sanitarias, el juego clandestino, el robo, el desarme y
reventa de automotores, la prostitución, el secuestro y asesinato y el
terrorismo. Tampoco indaga qué respeto por la ley puede infundir un jefe
de policía que se alzó armas en mano en contra de ella.
Si a esto se suma la reiteración de abusos en comisarías y en la calle,
las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos por error (como el del
padre que llevaba a su hija al hospital en Lanús), el desprecio policial
y judicial hasta por la vida de los rehenes, más las condiciones
monstruosas de existencia en las cárceles, se completa el cuadro
explosivo que explica el auge del delito violento. Al mismo tiempo que
crecen los hechos delictivos, disminuye la eficacia del sistema de
enjuiciamiento penal, que cada año llega a menor cantidad de sentencias
condenatorias. El año pasado se denunciaron más de un millón y medio de
hechos delictuosos y se pronunciaron apenas 13 mil sentencias
condenatorias: sólo el 1,26 por ciento de los delitos denunciados reciben
sanción. En realidad el porcentaje es muy inferior, ya que entre la mitad
y los cuatro quintos de los hechos no se denuncian. En estas condiciones,
propugnar aumentos de penas o disminución de garantías procesales es un
mero ardid electoral que no tendrá incidencia alguna sobre los índices
delictivos. Al analizar el “fracaso de las recetas aplicadas para la
solución del problema de la criminalidad” el informe del ministerio de
Justicia y Derechos humanos dice que “la ilusión de que las leyes y los
programas de reforma del funcionamiento del sistema penal producirán por
sí solos los cambios que la sociedad anhela es, en realidad, la principal
razón de este fracaso”.
Ruckauf y Cavallo tienen responsabilidades por su desempeño pasado en el
gobierno que condujo a esta situación pero el actual gobernador
bonaerense tampoco puede desentenderse de un aspecto actual del auge
delictivo que no merece tanta atención pública como los asaltos
relámpago a bancos o taxis pero cuya importancia real los supera en
relación de 50 a 1. Se trata de la denominada piratería del asfalto.
Unos 3.000 camiones son asaltados en rutas principales de la provincia de
Buenos Aires y despojados de la mercadería, por unos 300 millones al
año, que luego ingresa en forma ilegal al circuito del comercio. Esos
asaltos no ocurren en lugares remotos o desiertos, sino en las
inmediaciones de ciudades importantes como Azul, Las Flores, Olavarría o
Bolívar, lo cual torna inverosímil que ocurran sin la complicidad de las
fuerzas policiales de la provincia.
Balas y votos
La estrategia de Ruckauf y Cavallo es nítida. El gobernador piensa que
sus promesas de bala a los ladrones fueron la clave de su victoria sobre
Graciela Fernández Meijide. Ahora interviene en forma abierta en la
campaña porteña en apoyo de Cavallo, quien se propone disparar idéntica
munición retórica sobre Aníbal Ibarra. La respuesta de la Alianza es
más confusa. Cuando Ruckauf propuso la reforma procesal que sólo
permitiráexcarcelar durante el proceso a los presuntos autores de un
primer hurto simple y convertirá a las cárceles en una caldera en
ebullición, la Alianza, con mayoría en ambas cámaras de la Legislatura,
se la negó. Pero De la Rúa visitó al gobernador en La Plata, el
licenciado Alvarez presionó a los legisladores del Frepaso y el ministro
del Interior Federico Storani a los radicales. Una vez que negociaron una
versión atenuada del proyecto original, Ruckauf les impartió la primera
lección de política florentina: retiró a sus legisladores de la Cámara
de Diputados y los de la Alianza votaron en soledad el proyecto acordado,
en el que no creían. La segunda clase fue la elevación de la apuesta en
el Senado. Esta vez fue Fernández Meijide quien reunió a los
legisladores del Frepaso. En su quinta de San Isidro les pidió que
apoyaran las enmiendas introducidas por el ingeniero Felipe Solá, alias
El Bueno, de modo de permitir el interrogatorio policial a detenidos sin
sanción de nulidad. Entonces llegó el momento de la tercera lección.
Con ese texto ya en mano, Ruckauf, alias El Malo, vetó las ocho palabras
que prohibían que los interrogatorios policiales fueran usados en el
debate del juicio oral. El Bueno se declaró incómodo por el
incumplimiento de lo pactado pero El Malo es tan elocuente que en una hora
lo convenció. Un alto funcionario del gobierno nacional prefiere omitir
el análisis de lo que llama “las cuestiones técnicas” de la reforma
y la analiza en términos políticos: “Ruckauf busca pegarse a la buena
imagen de De la Rúa, detrás de la que corre chupado como un Fórmula 1,
mientras va preparándose para el sorpasso. Los temas de diferenciación
que eligió son la seguridad y el nacionalismo. Su plan era presentar a la
Alianza atándole las manos en el combate con el delito. Nosotros le
rompimos esa jugada. Como esas leyes no van a solucionar nada y la
policía de Rico va a seguir haciendo cosas escandalosas, Ruckauf pagará
el costo. Además lo necesitamos para otras cosas”.
Esta claudicación de la Alianza en cuestiones de principios ha dado hasta
ahora frutos muy módicos. El gobierno nacional está tramitando la venia
de Ruckauf para que un par de intendentes justicialistas de Corrientes
acepten formar un Frente Cívico con la UCR y un desprendimiento del Pacto
Autonomista-Liberal, que permita al gobierno salir de aquel pantano sin
demasiado barro en la cara. Un razonamiento similar llevó hace diez años
al Grupo de los Ocho a apoyar el copamiento de la Corte Suprema de
Justicia por el menemismo. A cambio, se ilusionaban con conseguir la
adhesión de una docena de diputados justicialistas a una movilización
sindical en contra de las privatizaciones. Un ex jefe de Policía de
Catamarca y un ex presidente de la Federación de Tenis todavía son
presidente y vice de la Corte más inepta y corrupta de la historia
argentina, y el licenciado Alvarez ya ni se acuerda a cambio de qué
permitió el aniquilamiento de la Justicia. Lo mismo pasará con este
equilibrio imposible entre una elección de morondanga y la cuestión
esencial para una democracia del resguardo de los derechos individuales de
los ciudadanos frente a la prepotencia estatal. Pero Ruckauf no ha
convencido a un solo senador de votar la reforma laboral, porque su juego
es parodiar al viejo peronismo, junto con un sector sindical y con los
grupos económicos locales. Se trata de aquellos que vendieron sus
participaciones en empresas privatizadas, sacaron sus ganancias del país
y ahora reclaman una devaluación para valorizarlas en dólares. Su
proyecto exportador requiere medidas de protección pero también escasa
ocupación y salarios baratos. La falta absoluta de límites del
nacionalismo berreta de Ruckauf, al estilo Jean Marie Le Pen o Pat
Buchanan, lo llevó a comparar las balas de los soldados del imperio
portugués “que mataban a los colonos argentinos” hace 170 años, con
la actual política de Brasil que “provoca muertes por la hambruna que
genera entre nuestros comprovincianos”. Desde 1988, cuando Menem exigió
la ruptura de relaciones con Estados Unidos por el bombardeo a sus
financiadores libios, no se escuchaba en el país undiscurso tan
irresponsable. Ruckauf también propuso suspender el Mercosur, tal como lo
había anunciado Roberto Rocca, de Techint, hace siete meses, y el nuevo
secretario general de la CGT, Hugo Moyano, hace dos, ambos en reportajes
concedidos a este diario.
Un fiscal y dos alas
Para no dejarse acorralar, el candidato de la Alianza al gobierno de la
Ciudad tomó la iniciativa en materia de seguridad. Convocó a
especialistas que le garanticen un proyecto serio, mientras los otros
puntos focales de la campaña son la mejora de la educación y el
desarrollo de la zona sur de la Ciudad, donde se concentra la población
con necesidades básicas insatisfechas. Además aceptó que los
consentidos presidenciales Ramiro Agulla y Antonio De la Rúa elaboraran
sus avisos de campaña. En el primero, Ibarra se presenta como un fiscal
capaz de reprimir al delito con la ley en una mano que no sea blanda ni
dura. El segundo, que saldrá al aire en los próximos días, desarrolla
esa idea recordado su intervención en el desbaratamiento de la banda de
secuestradores y asesinos de los empresarios Osvaldo Sivak y Benjamín
Neuman; en la detención de Raúl Guglieminetti y en los juicios contra
José López Rega y Aníbal Gordon.
El problema es determinar qué piensa el Presidente. Durante la audiencia
pública del 8 de febrero la eminencia gris de Ruckauf, Jorge Casanovas,
mencionó un regalo que De la Rúa le envió hace años: un libro con una
recopilación de sentencias en favor de mayores facultades policiales, una
firmada por el padre del ahora presidente, Antonio De la Rúa; otra por el
propio Casanovas, en la Cámara de Casación Penal. En la primera reunión
del Consejo de Seguridad Interior del 28 de febrero, se aprobaron unas “Bases
de Consenso” que incluyen puntos razonables como capacitación y
reequipamiento de las distintas policías y fuerzas de seguridad;
coordinación interprovincial y con la Nación; participación ciudadana y
seguimiento de la gestión policial; reforma de leyes federales y
homogeneización de sistemas procesales provinciales; apoyo de la DGI por
la piratería del asfalto y el robo de automotores; sistemas de seguridad
bancaria de última generación, desaliento a la tenencia y portación de
armas. Pero el punto 11, cuya redacción correspondió al Secretario de
Seguridad, Enrique Mathov, postula “fomentar la firma de acuerdos para
la evaluación del accionar de los jueces de distinta jurisdicción”,
tarea que sin duda no forma parte de la competencia de los gobiernos
nacional y provinciales. Tal evaluación, añade, se referirá “a
delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, corte de rutas y el
contrabando”. El corte de rutas es uno de los métodos más usuales de
aquellos “excluidos del sistema” que ante “la constante
profundización de la brecha entre ricos y pobres” y “la ausencia de
oportunidades legítimas”, eligen el camino de la protesta social y la
lucha política en vez de entregarse al delito. Colocarlos en un mismo pie
con las grandes organizaciones criminales es una grosera contradicción
con el Diagnóstico de Gil Lavedra.
En ausencia de Storani, quien viajó a España, Mathov anunció que se
reformaría también en el ámbito federal el artículo del Código
Procesal que impide a la policía interrogar a los detenidos. De la Rúa
negó que se planeara aumentar las facultades policiales e Ibarra repitió
que no se trataba de modificar las leyes sino de hacerlas cumplir. El
conflicto que esto abrió se reflejó en la emisión de dos comunicados
contradictorios, el miércoles 15. Uno, distribuido por la Presidencia
poco después de las dos de la tarde, decía que De la Rúa había
instruido a Gil Lavedra que analizara reformas procesales para “activar
la lucha contra el delito” y agilizar los procedimientos judiciales.
Para ello el ministro mantendría reuniones con jueces, fiscales y fuerzas
de seguridad y “en el menor tiempo posible” propondría una “solucion
consensuada y efectiva”. El segundo comunicado, distribuido a las nueve
de la noche, lleva membrete dela Secretaría de Cultura y Comunicación
pero fue redactado y distribuido por la Secretaría de Seguridad. “Por
indicación del presidente de la Nación se desmienten las publicaciones
según las cuales no se quiere dar más facultades a la policía en su
tarea de investigación, o que se hayan desestimado iniciativas de
diversas áreas de gobierno”, dice. Añade que De la Rúa encomendó la
ronda de consultas a Gil Lavedra y a Mathov y les fijó un plazo de una
semana, y adelanta que las modificaciones previstas incluyen las requisas
y secuestros [sin orden judicial] y la facultad policial de un “interrogatorio
de orientación al momento de la detención”. Esta fórmula es similar a
la bonaerense (“en donde fuere aprehendido”) y difiere del Código
italiano y de las justificaciones políticas que sólo hablan de recabar
datos útiles para la investigación en el lugar del delito. Esta latitud
promete a los federales torturadores la misma protección que ya
obtuvieron los provinciales. De la Rúa laudó en favor de Mathov y, con
una sonrisa, lo atribuyó a sus deformaciones de procesalista. Es cierto.
Hace más de una década, el 13 de febrero de 1988, firmó un proyecto de
ley endureciendo las condiciones para la excarcelación de procesados, que
podría negarse cuando por las condiciones personales del imputado, el
juez presuma que intentará incurrir en nuevos delitos. Esto implicaba
castigar no la comisión de hechos ilegales sino el “estado de
peligrosidad” de las personas que podrían llegar a cometerlos, y
convertir la prisión preventiva en un adelanto de la pena, invirtiendo la
presunción constitucional de inocencia por la inconstitucional de
culpabilidad.
El Calvario
“¿Terminó este calvario?”, preguntó el senador Eduardo Menem en
cuanto se votaron los pliegos de ascensos de oficiales del Ejército y la
Armada impugnados por organismos de derechos humanos. Los senadores
justicialistas dieron quórum, pero quedaron de ex profeso en minoría, de
modo que la Alianza se responsabilizara por esas decisiones. Incluso
algunos senadores justicialistas que habían firmado algunos pliegos en
comisión, votaron en contra en el recinto y solicitaron que se retirara
su firma de los dictámenes, como Antonio Cafiero. El ministro de Defensa,
Ricardo López Murphy explica esta decisión como una manera de compensar
el ajuste que su cartera practica en el presupuesto militar, pero De la
Rúa tiene una idea de sí mismo que le impide recurrir a una
argumentación tan vergonzosa. El presidente afirma, en cambio, que
estudió cada caso y que no había objeciones fundadas. La documentación
que posee el ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo desmiente.
Además, como juez de la Cámara Federal que juzgó a los ex Comandantes,
Gil Lavedra escuchó testimonios de víctimas que involucraban en delitos
aberrantes por lo menos a uno de los oficiales ahora ascendidos. Pero no
fue consultado y tampoco consideró que le correspondiera opinar si no se
lo pedía el Presidente.
El desarrollo más inquietante surge de las desenfadadas declaraciones del
general Ricardo Brinzoni acerca de la voluntad del Ejército de colaborar
en tareas de seguridad interior y en la adhesión que ha logrado del
gobierno. Gracias al cassette con que el Ejército da la bienvenida a cada
nuevo ignorante ministro de Defensa, López Murphy repitió las
barrabasadas que antes habían salido de la boca del también economista
Jorge Domínguez y que vaticinan un nuevo embate sobre las leyes de
defensa y de seguridad interior, muros de contención de la democracia
argentina. Al inaugurar un curso militar López Murphy describió “nuevas
amenazas sociales”, como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas,
el fundamentalismo religioso, la pobreza extrema, la superpoblación y las
migraciones masivas, la degradación del medio ambiente y las luchas
étnicas y raciales. Aunque aludió a “un proceso globalizado” y a “la
seguridad internacional”, no se entiende de qué modo las Fuerzas
Armadasargentinas podrían ocuparse de aquellas cuestiones fuera de las
fronteras nacionales. Todas ellas forman parte del catálogo de
preocupaciones de Estados Unidos, cuyo Comando Sur es la fuente de la
teorización que el Ejército aborigen aporta a los ministros de Defensa.
En la Argentina sólo se manifiestan la pobreza extrema, que por ahora la
policía se basta para reprimir, y el tráfico ilegal de armas, cuya
inclusión en la lista es una ironía involuntaria, cuando está a punto
de ser procesado por ese delito el anterior jefe del Ejército.
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