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Por Horacio Verbitsky Desde Madrid En Chile, España, Gran Bretaña y la Argentina se han intensificado los esfuerzos por desacreditar y detener los juicios por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas que conduce el juez de instrucción penal español Baltasar Garzón. Presencié la audiencia en Londres cuando la abogada Clare Montgomery creyó defender a Pinochet diciendo que si Hitler viviera y quisiera tomar el té en Harrod’s hasta él estaría protegido por la inmunidad soberana y reconoció que los crímenes que se le reprochan fueron cometidos en su carácter de jefe de Estado y coordinador del Plan Cóndor; conversé en Chile con el juez Juan Guzmán, hijo de un fino poeta que fue amigo de Alfonsina Storni y que ahora medita si pedir el desafuero y la extradición de Pinochet para juzgarlo en su país; declaré como testigo y presenté pruebas documentales en Madrid, que demuestran la inconsistencia de la apurada rectificación de Adolfo Scilingo, a quien se le pasó la culpa por la tragedia y le entró la ansiedad por dónde va a dormir mañana y quién le va a pagar la cama. Como si no le bastara con los narcotraficantes y los etarras, el juez Baltasar Garzón demostró judicialmente la responsabilidad del anterior gobierno socialista en los escuadrones de la muerte que se emplearon para combatir a la ETA vasca, los GAL, y ahora se propone procesar al ex presidente Felipe González como responsable penal, lo cual no sólo acabaría con su carrera política, sino también con sus días en libertad, porque se trata de asesinatos de prisioneros. En conclusión, creo que es imposible exagerar la importancia del proceso que ha puesto en marcha Garzón, como hecho político dinamizador de las democracias sudamericanas y como acontecimiento jurídico de los más importantes del siglo, en las huellas de Nuremberg pero con un adarme de demasía manchega, porque el camino hacia su despacho no fue franqueado por los tanques de un Ejército vencedor luego de una guerra mundial, ni su actuación tiene otro respaldo que el del derecho y la ética. Por el contrario, todos los gobiernos, y algunas oposiciones preferirían que la tierra se lo tragase. Pedestales Cada país tiene sus motivaciones propias. Las del gobierno argentino son las más conocidas, y las más mezquinas. Al fin de cuentas, casi medio millar de militares y policías llegaron a estar detenidos por jueces argentinos, una docena han vuelto a estarlo ahora por la apropiación de bebés, las jerarquías castrenses se han disociado en modo ostensible de aquel pasado ominoso y los últimos fuegos de artificio de la rebeldía por fuera de la cadena de mandos se dispararon hace nueve años. Lo que ocurre es que los ex presidentes Alfonsín y Menem defienden con cualquier recurso sus propias políticas de impunidad. Tienen buenos motivos para suponer que la actividad de Garzón, (respaldada en su impecabilidad jurídica por todos los once camaristas penales de la Audiencia Nacional de Madrid, por dos tercios de los jueces lores de Gran Bretaña y hasta por el ultraconservador magistrado thatcheriano y de inspiración divina Bartle) ha comenzado a roer el pedestal del monumento que cada uno de ellos considera que la posteridad nativa y el género humano universal les deben. Amarre Las razones del gobierno chileno son más complejas. Allí sólo habían sido procesados y condenados los generales Manuel Contreras y Pedro Espinosa, porque la DINA que conducían se animó a operar en el barrio de las embajadas de Washington para liquidar al ex canciller socialista Orlando Letelier, y el gobierno norteamericano exigió el castigo de taninadmisible intromisión, en la dirección opuesta a la aceptada. Sus militares tampoco rindieron las armas ante un ejército extranjero, como sí lo hicieron los argentinos frente a Gran Bretaña, ni debieron escapar del gobierno para que la economía en ruinas y el malestar social no se les derrumbaran encima. Por el contrario, diseñaron la transición más trabada que se conozca, cuando canjearon la apertura política por el consentimiento de los partidos a una Constitución autoritaria y un paquete de leyes de amarre, entre ellas la de amnistía. El sistema electoral binominal otorga en cada distrito un legislador a cada una de las dos primeras minorías, salvo que la primera duplique los votos de la otra, único caso en que puede reclamar los dos cargos. De este modo, la Concertación entre democristianos y socialistas mejoró su desempeño electoral entre un comicio presidencial y otro, pero vio decrecer su representación parlamentaria. Y aunque sean un matrimonio carcomido por el aburrimiento no pueden ni pensar en separarse. Chile, que ha terminado siendo el único país del mundo occidental sin ley de divorcio, (además del Vaticano, donde ni siquiera se permite el matrimonio), tampoco permite el divorcio político. Si socialistas y democristianos se animaran a la separación de bienes, la Derecha Unida jamás sería vencida y se quedaría con todas las bancas en juego. Por si fuera poco, nueve senadores designados, que los chilenos bautizaron biónicos, contrapesan cualquier ganancia que los partidos democráticos puedan hacer en las urnas. El presidente sólo designa a uno de los siete jueces del Tribunal Constitucional, mientras el resto se los reservan órganos que aún siguen en el paleolítico. Cualquier reforma a esta institucionalidad requiere mayorías calificadas, inalcanzables para la Concertación. Para colmo, luego de entregar la presidencia en 1990, Pinochet se aseguró ocho años más como jefe del Ejército y al retirarse ocupó una banca de por vida en el Senado. Así, cuando la traductora terminó de hacerle entender que estaba detenido, en su amada Londres, la ciudad ideal de los chilenos de clases altas (o enaltecidas en los años de la dictadura) que se consideran ingleses en el exilio, ni siquiera fue el ex dictador el más sorprendido. Mejor lejos El 12 de diciembre los chilenos elegirán al tercer presidente postdictatorial. Por la Concertación se presenta el socialista Ricardo Lagos, que venció por 6 a 3 en las internas al democristiano Edmundo Zaldívar. Antes de su arresto, Pinochet concibió el plan de quebrar la Concertación, estimulando los recelos entre ambos partidos, pero Zaldívar no se prestó al juego y hoy es un leal militante en favor de Lagos. Con Pinochet bajo arresto la derecha se unificó tras el alcalde del barrio pituco de Las Condes, Joaquín Lavín. Miembro destacado de un grupo de tecnócratas que primero diseñaron el programa de privatizaciones de la dictadura y luego se acomodaron en las empresas privatizadas, Lavín también pertenece al Opus Dei. Ex jefe de editoriales del diario conservador El Mercurio, Lavín firmó luego de la derrota en el plebiscito de 1989 artículos de alerta contra el riesgo de que la dictadura terminara siendo sólo un paréntesis e instó a privatizar la política para continuar la obra de Pinochet, con métodos gerenciales. Contra lo que la Concertación esperaba, Lavín aprovechó la distancia física de Pinochet para tomar también distancia política. La derecha es tan comprensiva que hasta Jacqueline Pinochet, la hija menor del ex dictador declaró que entendía la necesidad política de tal maniobra. La sensación que se ha ido generalizando en Chile es que Lavín está consiguiendo arrastrar tras de sí al ala derecha de la Democracia Cristiana. Zaldívar reconoció hace diez días que un 20 por ciento de los votantes de su partido aún tienen reticencias hacia Lagos. Si no las deponen en las próximas tres semanas,Lagos no ganará en la primera vuelta y el resultado de la segunda será incierto. Tabla de salvación En este contexto, la Concertación imaginó el regreso de Pinochet como tabla de salvación. Con el ex dictador en el país, Lavín no podría seguir presentándose como un hombre sin pasado, nacido a sus 46 años dentro de un repollo, que ante cualquier referencia a su biografía responde con desdén que no discutirá cuestiones del pasado porque lo que le interesa es resolver los problemas de la gente. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle ejerció presiones sobre el juez Guzmán para que solicitara la extradición de Pinochet, lo cual le permitiría alegar precedencia sobre la solicitud de España. También gestionó ante el gobierno británico una eventual “salida humanitaria”, a la que el gabinete de Tony Blair se resiste, porque ya ha pagado todos los costos políticos del arresto de Pinochet y no le atrae enfrentar también los de liberarlo. El Partido Socialista chileno, por su parte, pidió ayuda a su contraparte española, el PSOE. Desde la detención de Pinochet, Felipe González condenó la extraterritorialidad judicial, lo cual expresa tanto su encono personal hacia Garzón como sus promiscuas relaciones con el sector empresarial que no oculta su incomodidad por la situación. Pero su sucesor y candidato presidencial, Joaquín Almunia no suscribió esas palabras y, por el contrario, llegó a pedir a Felipe que callara, porque temía que lo perjudicara en su propia campaña, para los comicios de marzo próximo. Sin embargo, ahora también Almunia se pronunció según los deseos de sus amigos chilenos, aunque en forma más ambigua que el ex presidente González: no criticó en forma directa a Garzón, sino al gobierno de José María Aznar, al que acusó de delegar en un juez la política exterior y emitir señales contradictorias que confundieron al gobierno de Santiago. Dijo también que de ese modo se estaban poniendo en peligro las relaciones de España con lo que aquí se denomina Iberoamérica. En inglés La afirmación es temeraria. Quienes se sienten en riesgo no son los pueblos sino los intereses empresariales españoles en la región. En Chile, han recibido amenazas directas. Pero aun así, sus socios locales han hecho saber al gobierno de Frei que aprueban cualquier presión política sobre España pero ningún tipo de represalia económica o comercial, porque lo sagrado no debe mezclarse con lo profano. Incluso las limitaciones de la presión política quedaron a la vista en la cumbre presidencial de La Habana, donde ni Chile ni la Argentina consiguieron que la declaración final condenara a Garzón. El repudio se limitó a la aplicación extraterritorial de una ley nacional que violara el derecho internacional. Es decir, al bloqueo económico norteamericano contra Cuba pero no al enjuiciamiento de los militares, ya que la Convención Internacional contra la Tortura contempla en forma expresa tal extraterritorialidad cuando dice que los torturadores deberán ser juzgados donde se los encuentre. En la Argentina los hombres de negocios españoles perciben un cierto deterioro de la actitud social hacia ellos. Temen que los juicios puedan ser usados como pretexto por un nuevo gobierno, ávido de recursos fiscales y descomprometido con los arreglos personales que sus empresas celebraron con los privatizadores del menemismo, para justificar nuevos gravámenes u otro tipo de limitación a sus ganancias. Pero ni los españoles de Santiago ni los de Buenos Aires quieren menear demasiado el tema de la extraterritorialidad, ya que todos ellos han firmado convenios por los cuales cualquier diferencia con los estados nacionales debería dirimirse muy lejos de donde residen sus activos físicos. Por ejemplo, el Contrato de Concesión de Telefónica, en su artículo 10.2, establece que de sernecesario un arbitraje, tendrá lugar en Ginebra, Suiza, “y será conducido en inglés”, igual que las audiencias de extradición de Pinochet en Londres. Si la preocupación del señor Almunia se refiere a la eventual reducción de beneficios que acongoja a los señores de Repsol, Telefónica, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa o Gas Natural SDG, que lo diga y se lo explique a su electorado. Es su derecho y ya se verá cómo le resulta en las urnas. Contra el retrato que intenta pintar de él el PSOE, Garzón puede ser un loco, pero no un loco suelto. La Audiencia Nacional, donde se sientan varios magistrados muy conservadores, avaló su aplicación de la Convención contra la Tortura y su audaz interpretación de la Convención sobre la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio. Su artículo 2 condena “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. La Audiencia interpretó que esto no se refiere a una nacionalidad determinada, sino a cualquier “grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integrado en una colectividad mayor”, como por ejemplo todos los extranjeros que, obviamente, son de distintas nacionalidades. Pero además, Garzón cuenta con la simpatía de casi todo el electorado socialista y más de la mitad del gobernante Partido Popular, lo cual lo torna difícilmente atacable aun por quienes lo detestan, que deben recurrir a entelequias indemostrables como el presunto deterioro en las relaciones con Chile y la Argentina. Cuestión de piel Las razones de la crisis de la Concertación chilena deben buscarse más bien en sus diez años de gobierno, que la dejan maniatada ante la campaña de Lavín, que es de un populismo demagógico desenfrenado. El crecimiento macroeconómico de Chile durante esta década superó el 7 por ciento de promedio anual, más del doble que el promedio de la dictadura. Pero la desocupación no baja del 10 por ciento y las desigualdades sociales han disminuido en una proporción tan pequeña que no se siente, en contraste con la exhibición de riqueza que, allí como aquí, adquiere una agresiva insolencia. Bajo el slogan franksinatriano “Llevo a Chile pegado en la piel”, los cortos de propaganda de Lavín lo muestran en campera y jeans descendiendo al socavón de una mina o visitando barrios de viviendas precarias, abrazando a ancianos desdentados, besando lo que le pongan a tiro y prometiendo en una desenvuelta primera persona el cielo, el sol, la luna y las estrellas. La osadía de este tecnócrata reaccionario que se presenta como el candidato de los pobres y que ha llegado a ponerse en las encuestas a la par de Ricardo Lagos ha paralizado a la Concertación, que no sabe cómo reaccionar y empieza a preguntarse si no ha pagado un precio muy alto al olvidarse de sus consignas históricas en beneficio de las cifras de la macroeconomía. Un hijo de Mario Vargas Llosa de paso por Chile declaró sorprendido que si hubiera visto ambas campañas sin conocer nada de los candidatos hubiera podido pensar que Lavín era el de izquierda y Lagos el de derecha. Ministro de Educación y Obras Públicas en los gobiernos de los democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, Lagos parece sentirse obligado a rendir examen de confiabilidad ante los hombres de negocios, en un modo parecido al que desdibujó los perfiles de Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide de este lado de la montaña. A sus equipos de campaña hasta les costó convencerlo de que se quitara el saco y apareciera sólo de camisa y corbata en sus primeros avisos. Atribuir a la detención de Pinochet sus desventuras electorales es, como mínimo, una simplificación. Pero así piensan los que están en apuros. Rechazo patriótico Prudencio García es un coronel retirado del Ejército español que condujo misiones de paz de Naciones Unidas. Es ingeniero, sociólogo y jurista yescribió un libro lapidario sobre la dictadura militar de 1976 a 1983: El drama de la autonomía militar. El caso argentino, publicado por Alianza Editorial, de Madrid, en 1995. En una opinión publicada anteayer en el diario El Mundo escribió que “el concepto de soberanía jurisdiccional, territorialidad estricta y no injerencia, defendido a ultranza y aplicado a un área tan sensible como los derechos humanos, no significa otra cosa que defender el derecho soberano de cada Estado a perpetrar dentro de sus fronteras los más execrables crímenes, garantizando su absoluta impunidad”. Este concepto de soberanía es el “predilecto de los grandes dictadores y genocidas” pero también “de aquellos que sin serlo, no desean indisponerse demasiado con los dictadores pasados ni cerrar totalmente el paso a los futuros”. Luego de ironizar sobre el rechazo patriótico de los violadores de derechos humanos a “toda malvada injerencia del exterior”, afirma que “las acciones judiciales españolas de los últimos tres años contra las dictaduras del Cono Sur se inscriben en otra óptica cronológica –la del futuro–, en otro concepto jurisdiccional –la extraterritorialidad– y sobre todo, en otra línea moral: el rechazo de esa lacra, la impunidad sistemática de los grandes criminales, hasta hoy asumida con un fatalismo y una inercia que han favorecido objetivamente la comisión de numerosos crímenes contra la humanidad”.Añade que dentro de medio siglo los tratados de derecho internacional de cualquier país incluirán las decisiones de Garzón y de la Audiencia Nacional “como notables hitos históricos”. Con cautela, añade que “ello con toda independencia de cuál pueda ser su desenlace final”. Si esto es así en términos jurídicos, desde un punto de vista político quedan pocas dudas de que fue la actividad de Garzón y su favorable eco popular la que estimuló a los jueces argentinos a detener a los apropiadores de bebés, en causas que estaban abiertas desde hacía muchos años sin avances perceptibles, y a los jueces chilenos a reinterpretar la ley de amnistía de modo de procesar a los desaparecedores porque el delito se sigue cometiendo mientras no se determine el destino del desaparecido. Mal que le pesen a Felipe González o a Almunia, nadie podría afirmar con seriedad que los pueblos americanos se resientan con la Madre Patria por la detención de Pinochet o el procesamiento de Galtieri. Por el contrario, desde Colón en adelante nunca la imagen española ha sido mejor en América, gracias a Baltasar Garzón.
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