BERAJA ENTREGO PRUEBAS QUE PODRIAN LLEVAR A POU A LA CARCEL
Devoto, lindo barrio

La última semana de la década menemista será escenario de un nuevo tira y afloje por el destino del presidente del Banco Central. El ex presidente del liquidado Banco Mayo, Rubén Beraja, presentó pruebas que podrían llevar a Pedro Pou a la cárcel. Pero el Poder Ejecutivo replicó enviando al Congreso un proyecto de ley que le garantizaría impunidad. La Ley Pou podría pasar por el Senado, donde el PJ conserva la mayoría, pero no por Diputados, salvo que el presidente De la Rúa lo dispusiera. Novedades del proyecto de dolarización.

En cualquier caso quedaría configurado el mal desempeño, por el cual la comisión bicameral que supervisa la tarea del Banco Central estudia pedir al Poder Ejecutivo la remoción de Pou. Pero si los peritajes ordenados por el juez Cavallo confirmaran lo que Beraja declaró al entregar la documentación, Pou podría terminar destituido y en la cárcel. En un tardío intento por impedirlo, esta semana terminó junto con funcionarios de la secretaría de bancos y finanzas del ministerio de Economía la redacción de un proyecto de ley que el presidente Carlos Menem envió al Senado por el cual la "oportunidad, mérito o conveniencia" de las decisiones de la autoridad monetaria quedarían a salvo de cualquier revisión judicial. Ese fue también el núcleo de la defensa de Pou ante Cavallo. El juez y la Cámara Federal refutaron esa pretensión.

Beraja fue citado por Cavallo para ejercer su defensa en la causa iniciada a raíz del cierre del Banco Mayo, que presidía. Penden sobre él tres cargos, escalonados en orden de gravedad:

1 Préstamos del Banco Mayo a empresas vinculadas.

2 Funcionamiento paralelo al banco de una mesa de dinero cuyos fondos se canalizaban hacia paraísos fiscales del Caribe a través de las financieras Mayflower (nombre que alude a la relación con el Mayo) e Investment Trust.

3 Aplicación a esas actividades de redescuentos recibidos del Banco Central por 300 millones de pesos.

Con lo avanzado hasta ahora en la causa los préstamos a empresas vinculadas parecen suficientemente probados. Pero con atenuantes. En el Banco Patricios los fondos se canalizaban hacia empresas vinculadas pero virtuales, como Nuevos Clubes Argentinos, que sólo existían en la imaginación de quienes las crearon. En cambio, la mayoría de las empresas de accionistas o directores del Mayo tienen existencia real, los fondos se aplicaron a los fines declarados, las cuotas se han ido pagando a su vencimiento y poseen bienes suficientes para garantizar que eso siga siendo así. Aunque Beraja sigue negando cualquier relación con las mesas de dinero que transferían depósitos a las islas Bahamas, otros directivos admitieron que funcionaban en el Mayo, a lo que se suman las pruebas documentales en el mismo sentido. Pero el cargo más grave, que además modifica el sentido de los otros dos, es el tercero sobre los redescuentos del Banco Central. La defensa de Beraja consistió en afirmar que los había pagado con bienes y cartera de créditos transferidos antes de la caída del Mayo. Como soporte de esa afirmación, Beraja presentó al juez un pacto de retroventa de activos privilegiados firmado con el Banco Central. En ninguna de las presentaciones de la autoridad monetaria se hizo nunca referencia a ese pacto de retroventa, un mecanismo que no está contemplado por el artículo 35 bis de la ley de entidades financieras.

Ese artículo establece la formación de entidades residuales con los activos privilegiados de los bancos que dejan de funcionar. Los activos privilegiados son aquellos bienes y cartera de crédito en situación normal o de fácil conversión en dinero. En el caso de los ya liquidados bancos Medefín, Patricios y Mayo, ese fideicomiso es administrado por el Banco Comafi. Pero en este caso, los activos privilegiados habrían sido apartados por el Banco Central antes de la liquidación, en una forma de cogestión con la administración del Mayo que no cuenta con sustento legal. Según Beraja, cada vez que el Banco Central lo asistía con redescuentos, el Mayo debía cederle activos privilegiados a elección del Central y se firmaba un pacto de retroventa, por el cual en plazos de dos o tres meses el Mayo podía recomprar sus bienes y cartera. Si no lo hacía, el Banco Central podía disponer de esos activos. Si los peritajes que comenzarán a realizarse esta semana confirmaran lo que sostiene Beraja, la situación del banquero mejoraría y, en forma simétrica, empeoraría la de Pou. Aunque no hay indicios que permitan inferir cuál será la decisión del juez, los pactos de retroventa podrían constituir una defraudación especial del tipo de las que describe el artículo 173, inciso 7 del Código Penal. Su texto castiga a la autoridad encargada del cuidado de intereses ajenos que para procurar un lucro indebido a un tercero o para causar daño "perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos".

En una semana de intensa actividad, Cavallo también allanó el Banco Central. En la oficina de asuntos legales secuestró el expediente de autorización al funcionamiento de una sucursal operativa del Banco Mayo en Georgetown, Grand Cayman, islas Caimán. Cavallo supo de la existencia de esa sucursal por el artículo publicado en estas páginas hace dos domingos. Pou amenazó al diario con una querella por calumnias e injurias, sin advertir que era él quien estaba en problemas con la Justicia. Cavallo citó al autor de aquella y de esta nota y le solicitó que aportara la documentación respaldatoria. Luego de estudiar esos documentos y de confirmar su importancia para la causa ordenó el allanamiento, que le permitió conocer el expediente completo. La solicitud fue aprobada en 1995. Pero el Banco Mayo no pudo cumplir con los requisitos para abrir esa sucursal en el Caribe, que nunca llegó a funcionar. Eso demuestra la falta de control en las autorizaciones emitidas por el Banco Central. Pese a ello, permitió que el Mayo siguiera funcionando, con graves consecuencias para los ahorristas.

Según Beraja, las dificultades de su banco fueron creadas por decisiones de Pou. Durante la crisis desatada por el default mexicano en 1994 y 1995 el entonces presidente del Banco Central, Roque Fernández, convocó a las entidades bancarias, con cuyos directivos se acordaron "fusiones, compras y transferencias de entidades, tendientes a evitar pánico en el mercado, por lo que cada operación debía realizarse contra reloj, sin poder valorarla con detenimiento ni realizar las prolijas auditorías que las operaciones de este tipo requieren". De ese modo el Mayo resolvió absorber el Banco Cooperativo de La Plata. Su balance indicaba un patrimonio positivo de 10 millones de pesos, mientras la primera auditoría del Mayo arrojaba un saldo negativo de 30 millones. Fernández les dijo que dada la urgencia "lo tomáramos conforme a los valores de libro y que, si nuestros auditores tenían razón, se nos compensaría la diferencia permitiéndonos pagar los redescuentos que tomáramos con títulos públicos a valor nominal". Pou estuvo presente en esa reunión, pero cuando Fernández asumió el ministerio de Economía, desconoció el compromiso.

--¿Lo tiene por escrito? --preguntó. Cuando Beraja le recordó que él mismo había participado de la reunión, el nuevo presidente del Banco Central replicó:

--Con la experiencia que usted tiene no puede ignorar que la palabra de funcionario no vale nada.

Cuando Beraja reclamó ante Fernández por el quebranto que esa decisión le creaba y que afectaba al 25 por ciento de su capital social, el ministro le dijo que no podía modificar la decisión de su sucesor: "Como usted bien sabe, el Banco Mayo es un proyecto querido para mí, pero no lo es para Pou", dice que le dijo.

La denuncia de los diputados socialistas Jorge Rivas y Alfredo Bravo y Héctor Polino, y de la radical Elisa Carrió atribuyó a "las falencias en los controles del Banco Central" las "fraudulentas caídas" de los Bancos Integrado Departamental (BID), Austral, Feigín, Basel, Multicrédito, Platense, de Crédito Provincial de La Plata, Medefin, UNB, Medefin-UNB, Mayorista del Plata, Patricios y Mayo, que arrojaron quebrantos por $ 414 millones, perjuicios a ahorristas por más de $ 327 millones; redescuentos transitorios por iliquidez que el Banco Central no ha podido recuperar por $ 384 millones; y pérdida del empleo para aproximadamente 1600 trabajadores. Los denunciantes solicitaron el procesamiento por asociación ilícita de Roque Fernández, Pou, los directores y funcionarios del Central Marcos Saúl, Manuel Domper, Eugenio Pendás, Miguel A. Ortiz, Javier Bolzico y Juan Carlos Nougués y el de los integrantes de los directorios de cada uno de esos bancos. En todos los casos se habría reproducido la misma operatoria. La autoridad monetaria habría permitido y alentado con redescuentos el funcionamiento de entidades que no cumplían con los requisitos y disposiciones legales y que prestaban a empresas vinculadas o sellos de goma que sacaban del bolsillo el dinero recibido del público.

Probar esto en semejante escala hubiera sido para la delincuencia financiera lo que el informe de la Conadep fue a la barbarie castrense de la guerra sucia. Pero para ello, deberían haberse acumulado los expedientes judiciales que, en distintos juzgados, se abrieron para investigar cada caso. Todas las evidencias hubieran terminado devoradas por el pozo sin fondo de la causa del BID que con parsimonia administra el juez Rodolfo Canicoba Corral. Cavallo optó por investigar sólo los hechos nuevos, que conciernen a los bancos Patricios y Mayo, aunque podría solicitar copia de algunos tramos de especial interés de los otros expedientes. Por ahora procesó al directorio completo del Central y a los directivos del Banco Patricios y ahora debe decidir la situación procesal de Beraja y los demás directivos del Banco Mayo. A falta de una visión global de los manejos de la autoridad monetaria, la misma operatoria se repite una y otra vez. La última conocida, en el Nuevo Banco de La Rioja. Durante los cinco años que estuvo en manos del amigo presidencial Elías Sahad no mereció objeciones del Central, que recién en el último mes del mandato de Menem descubrió los préstamos a empresas vinculadas. Justo a tiempo para que el gobernador Angel Maza lo reestatizara y arreglara las cuentas antes de que asuma el nuevo Ejecutivo Nacional.

Cuando Cavallo lo citó, Pou se negó a declarar argumentando que "no entendía la imputación", pero entregó un escrito que demuestra que la entendió muy bien. Su defensa consistió en alegar que las decisiones políticas adoptadas como presidente del Banco Central no podían ser revisadas por la Justicia. Sí, siempre que no se viole ninguna ley replicó Cavallo al procesarlo. El juez rechazó la pretensión de que en el sistema republicano basado en frenos y contrapesos entre distintos poderes, las decisiones de un ente como el Banco Central pudieran estar libres de cualquier control. Agregó que no podía aplicarse la doctrina de los "actos políticos no judiciables" a un caso en el que no se discute el acierto o la conveniencia de una decisión "sino si fue dictada o no respetando a la Ley". Pou pidió la nulidad de la actuación pero la Cámara Federal confirmó la decisión del juez, y ahora debe responder a la apelación de Pou a su procesamiento.

En este punto los cambios políticos producidos el 24 de octubre se cruzan con las decisiones judiciales. Tanto el presidente electo Fernando De la Rúa como el futuro ministro de Economía José Machinea anunciaron su decisión de respetar el mandato de Pou al frente del Banco Central. Pero por lo bajo, miembros del equipo económico dejaron saber que sólo esperaban la confirmación del procesamiento de Pou por la Cámara Federal para promover su remoción que, por otro lado, ya iniciaron los senadores de la Alianza. Sin embargo, en las antesalas de la Cámara Federal se afirma que el mensajero judicial del radicalismo, Arnaldo Kleiner, transmitió a los jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani un supuesto interés del futuro gobierno en la estabilidad de Pou.

Las mismas dudas suscita el proyecto de ley que Menem envió al Senado con el alegado propósito de fortalecer "las funciones de supervisión de servicios financieros, de seguros y mercado de capitales". Según su artículo primero serán nulas todas las actuaciones penales contra los funcionarios del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de Riesgos del Trabajo y de Seguros. Todos ellos "serán mantenidos indemnes por los actos realizados de buena fe en el ejercicio de sus atribuciones y por las decisiones de oportunidad, mérito o conveniencia adoptadas dentro de los límites de sus obligaciones y facultades, las cuales no serán judiciables". Esos funcionarios "sólo serán personalmente responsables cuando se acredite en forma fehaciente, mediante decisión judicial firme, que han procedido con intención dolosa". El Estado Nacional pagará "los costos y gastos razonables, incluidos los legales, que requiera el proceso de defensa del funcionario". La semana anterior, Menem había modificado dos artículos de la Carta Orgánica del Banco Central, de modo de poder designar miembros del directorio y síndicos sin acuerdo del Senado. Más allá de la insólita modificación por un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo de una ley especial sobre una materia que la Constitución reserva al Congreso, la ambigüedad campea en su articulado y en sus considerandos. El Poder Ejecutivo, dice, podrá realizar nombramientos en comisión "durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado". ¿Cuánto tiempo, dos días, seis meses, tres años? Como si se tratara de una disposición acordada entre la administración entrante y la saliente, los considerandos invocan "el momento político que atraviesa el país, como consecuencia del cambio de autoridades" lo cual hace aconsejable adoptar "medidas que contribuyan a una ordenada transición". Entre los objetivos de la transición cita "el mantenimiento de las condiciones de estabilidad del mercado financiero", aunque se cuida de explicar en qué se verían afectadas por el mecanismo actual de designación con acuerdo del Senado, que hace pocos días rechazó dos designaciones propuestas por Pou. Sin distinción de bloques, el Senado derogó el decreto en la primera sesión posterior a su firma.

Esto puede brindar un indicio sobre el destino del proyecto de ley de impunidad para los funcionarios reguladores de servicios financieros, de seguros y mercado de capitales. Presentado a una semana del cambio de gobierno, el proyecto no requeriría el acuerdo de las nuevas autoridades para sortear indemne los vericuetos del Senado, donde el PJ conserva una cómoda mayoría, pero moriría en la Cámara de Diputados, cuya relación de fuerzas es distinta. Salvo que De la Rúa dispusiera lo contrario. Pou no ha perdido la confianza. Como si la década menemista no estuviera a punto de acabar, envió a las entidades financieras que integraron el comité formado a sugerencia del Banco Mundial para discutir la reestructuración bancaria, una propuesta de modificación a la Carta Orgánica, a la ley de Entidades Financieras y al Sedesa que, según el propio Pou, "va más allá de lo solicitado" por el prestamista universal como condición para el otorgamiento de un préstamo a la Argentina. Para que nos entendamos mejor, el documento, fechado en octubre de 1999, se titula "Interagency Committee: Final Remarks and Plan of Action" y pretende que "the legal reforms proposed imply a significant improvement in the capabilities of the Central Bank to prevent bank failures. The proposal includes preventive mechanisms that preclude bank failures or reduce the cost if failure do occur by allowing the Central Bank to take early intervention actions".

También esta propuesta reforma podría interesarle al juez Cavallo. Bien leída, equivale a una confesión de que el tipo de conducta que Pou realizó con el Banco Mayo no está permitida. El texto distribuido a las entidades financieras lo dice con todas las letras. En traducción libre: "Debe advertirse que el actual marco legal no permite explícitamente la exclusión parcial de activos privilegiados". El subrayado del adverbio explícitamente es de Pou.

La dolarización

El mes pasado, Pou participó en Montevideo en las Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay. El tono académico de las discusiones se quebró cuando Pou realizó lo que el semanario "Brecha" llamó "una impactante explicación del plan para adoptar el dólar estadounidense como sustituto del peso argentino". Ahí Pou anunció que el gobierno estaba trabajando con las comisiones del Congreso y de la Tesorería de los Estados Unidos y reveló que los norteamericanos estaban considerando crear un fondo de asistencia a las necesidades de caja del gobierno argentino. Ese fondo sería manejado en común por las autoridades monetarias de ambos países, que también compartirían el rol de prestamista de última instancia y el señoraje por las divisas que respaldan la convertibilidad.

Eso daría lugar a un tratado de asociación monetaria entre ambos países. Pou delegó el estudio de todas sus variables en la Fundación Gobierno y Sociedad, de Miguel Angel Broda, incluyendo la realización de un seminario con participación de las personalidades extranjeras y argentinas que participen en la investigación y la edición de un libro. El proyecto es coordinado por Alfredo Canavese, Eduardo Levy Yeyati y Federico Sturzenegger. Su costo es de 80.000 pesos, de los cuales 30.000 aportados por la Fundación Konrad Adenauer, del partido cristiano demócrata de Alemania. Los otros 50.000 serán aportados por el Banco Central.