Por Horacio Verbitsky

Al aproximarse el fin del ciclo menemista, el pequeño núcleo de empresas e individuos que realizaron superganancias y las fugaron del país evadiendo impuestos procura obtener condiciones de privilegio para retornar alguna porción de los cien mil millones de dólares transferidos al exterior. Así se desprende del anteproyecto de ley para repatriación de capitales mediante nuevas suscripciones de acciones, que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires presentó al Congreso, aduciendo que de ese modo se financiarían las actividades productivas y se crearía empleo. A diferencia de todos los blanqueos conocidos hasta hoy, los hijos pródigos que decidieran regresar sus dineros al país no pagarían nada al fisco, que debería conformarse con la esperanza de recaudaciones futuras. Aparte de los fugadores, los únicos beneficiarios de la iniciativa serían las 95 empresas que cotizan en el alicaído mercado de valores, cuyo volumen diario negociado declinó un 37 por ciento entre julio de 1997 y julio de 1999 según estimó esta semana el diario norteamericano “New York Times”.

El Club de los 100.000 millones

Los considerandos del proyecto sostienen que la fuga al exterior ocurrió en busca de protección contra “un período muy prolongado de inflación creciente” que desembocó en la hiperinflación de 1989/90. Sin embargo, el blanqueo propuesto cubre las sumas de dinero y todo otro tipo de bienes “que se hallaren en el exterior al 31 de diciembre de 1997”. El privilegio se extendería a esos capitales y propiedades y también “a sus frutos posteriores”, lo cual cubre todo tipo de valorización. La Bolsa dice que fijó diciembre de 1997 como fecha “teniendo en consideración que la estabilidad monetaria se había consolidado y no existían ya razones de protección del valor del dinero que justificaran retirarlo del ahorro nacional”. Esta ligera afirmación no soporta el cotejo con la realidad, ya que la fuga de capitales nunca fue mayor que en el período de estabilidad monetaria de Menem-Cavallo-Roque Fernández. Al concluir la dictadura las estimaciones más confiables cifraban los capitales argentinos fugados en 50.000 millones de dólares. Esa cantidad disminuyó durante los años de las privatizaciones, ya que las condiciones excepcionales ofrecidas hizo más atractiva la repatriación para invertir en activos estatales que la colocación financiera. Pero este proceso se agotó con las privatizaciones. La fuga de capitales volvió a crecer a partir de 1994, para rondar al 31 de diciembre de 1997 los 100.000 millones de dólares.

Toco y me voy

La versión preliminar de un libro del economista Eduardo Basualdo sostiene que a partir de entonces el capital concentrado “retomó decididamente un comportamiento económico fuertemente asentado en la valorización financiera, siendo una de sus expresiones la creciente remisión de recursos al exterior”. Nada más que en el período 1993-1997, 5.500 millones de dólares declarados como remisión de utilidades salieron del país. Pero aprovechando la desregulación de los flujos financieros durante la convertibilidad también se fugaron otros 37.900 millones de dólares, producto de las superganancias realizadas por las ex empresas estatales privatizadas. Entre 1991 y 1997 los capitales locales depositados en el exterior más la renta que obtuvieron fueron de 57.000 millones. Esto supera incluso el récord de la dictadura militar y Martínez de Hoz. Sólo la renta que percibieron esos capitales fugados se acercó a los 5.000 millones en 1997, lo cual desmiente que la crisis se sientaentre los sectores de altos ingresos. La investigación también profundiza en el origen de esos capitales. Basualdo detectó que la rentabilidad de las empresas privatizadas fue la más alta de la economía argentina desde el lanzamiento de la convertibilidad hasta el día de corte del proyecto de blanqueo de la Bolsa. En 1997, por ejemplo, las empresas privatizadas arrojaron una utilidad del 12,2 por ciento sobre sus ventas, mientras que las no privatizadas apenas llegaron al 2,8 por ciento. 
Contra lo que parecería esperable, sus propietarios comenzaron a desprenderse de esas inversiones. La epidemia de ventas de empresas y participaciones accionarias de 1996 y 1997 coincidió con un incremento de las diferencias de rentabilidad en favor de las empresas privatizadas. Las que cambiaron de propietario fueron precisamente las de mayor rentabilidad. Al estudiar las causas de este comportamiento paradojal, Basualdo recuerda que los consorcios que se hicieron cargo de las empresas públicas obtuvieron por precios subvaluados “empresas monopólicas con mercados cautivos” y con “marcos regulatorios que por su precariedad en algunos casos e intencionalidad en otros, no hacen más que aumentar la capacidad de estos consorcios para imponer sus intereses en la estructura de precios relativos y en el funcionamiento general de los mercados”. Su altísima rentabilidad se debe entonces a la política macroeconómica y a la capacidad de los capitales más concentrados de “influir en las definiciones de las políticas públicas” y no a decisiones microeconómicas de cada empresa. “La conjunción del bajo precio inicial y la creciente rentabilidad da como resultado una acelerada revaluación patrimonial en términos económicos, que sólo puede realizarse en el mercado cuando se transfiere la correspondiente participación accionaria en el consorcio”, sostiene Basualdo. Los condottieri que acumularon superganancias en estos años no quieren correr los riesgos de la competencia capitalista, ahora que comienzan a vencer los períodos de exclusividad y captación de quasi rentas. 

Bienvenidos al paraíso

A mero título de ejemplo el estudio analiza dos operaciones de venta de acciones de Cointel, empresa que es propietaria del 60 por ciento del capital de Telefónica de Argentina. En 1993 el grupo económico Soldati vendió el 5,2 por ciento de Cointel por 85 millones de dólares, cuando tres años antes, en el momento de la privatización de ENTel, había pagado, aproximadamente 18 millones de dólares. “Estos valores significan que este grupo económico obtuvo una ganancia patrimonial del 370 por ciento en tres años, equivalente a un incremento del 68 por ciento anual acumulativo”. En 1996 “el conglomerado extranjero Techint vendió otro 8,3 por ciento del capital de Cointel por 240 millones de dólares, cuando seis años antes le había pagado al Estado alrededor de 43 millones de dólares. En este caso el incremento total alcanza al 460 por ciento, equivalente a un crecimiento anual del 33 por ciento”. Ambas ventas se realizaron en el año posterior a incrementos espectaculares de la rentabilidad operativa: Soldati, luego del 30 por ciento de incremento de la rentabilidad operativa de 1992 y los italianos de Techint después del incremento del 60 por ciento que se registró en 1995. Ambos están invirtiendo ahora en la privatización de empresas públicas de otros países latinoamericanos, que ofrecen oportunidades equivalentes a las que el menemismo brindó en sus primeros años.
Para los compradores de sus participaciones accionarias en la Argentina, mayoritariamente extranjeros, la adquisición es atractiva dada la rentabilidad muy superior a la media mundial que pueden obtener. En el caso analizado de las telecomunicaciones, la rentabilidad promedio de las empresas locales fue entre 1991 y 1996 del 14,6 por ciento anual, lo cualtriplica la media que obtienen las diez empresas más grandes del mercado mundial, que no pasa del 5,4 por ciento. Basualdo admite que “los ingentes recursos percibidos por los vendedores tienen diversos destinos, tales como encarar su expansión en las producciones que realizan o hacia otras actividades” y considera “probable que los fondos percibidos por el grupo económico Soldati se hayan destinado a paliar los agudos problemas financieros que, de acuerdo a los análisis disponibles, enfrentaba en ese momento”. Pero de todos modos estima que “una parte significativa, sino mayoritaria, de los fondos percibidos por las ventas accionarias se remitieron al exterior durante los últimos años”, para aplicarse a la valorización financiera. De este modo, con posterioridad a las privatizaciones, reaparece un rasgo clásico del carácter de la burguesía local “que restringe severamente la formación de capital”.

¿Quién la tiene más larga?
(Rentabilidad media de las telefónicas locales y de las diez mayores del mundo, 1991-1996)

Telefónicas locales:    14,6%
Las diez grandes del mundo    5,4%
 

El régimen de declaración espontánea que elaboró la Bolsa de Comercio contempla que los capitales fugados quedarán libres de cualquier tipo de gravámenes “y de cualquier otra consecuencia fiscal por períodos anteriores a la declaración”. Los considerandos y el artículo 13 del proyecto afirman con la mayor solemnidad que el régimen propuesto “no comprende sumas de dinero u otros bienes provenientes de actos de corrupción en la función pública o de lavado de dinero”. Pero el artículo 4 lo contradice. Su inciso a) exime de la obligación de declarar el origen de los fondos y su inciso b) perdona “toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional”.
Más sincero es Juan Alemann, quien junto con su hermano Roberto, ha hecho del blanqueo una militancia. Desde su diario “La Razón”, donde comparte responsabilidades con el socio presidencial Carlos Spadone, Juan Alemann sostuvo que “es preferible que el dinero de la droga se legalice y pague luego impuestos a que siga en el circuito negro y perturbe a la economía”. Los hermanos Alemann fueron ministro y vice de la dictadura en los años en que fugaron la mitad de los fondos que ahora se podrían repatriar y tienen relación con entidades bancarias que han manejado esos capitales prófugos. A juicio de Juan el blanqueo debe ser permanente, ya que “la psicología de la sociedad argentina” profesa “una profunda desconfianza hacia el gobierno”. Debido a ello “primero la gente incorporará algo a su patrimonio legal. Luego, si advierte que no pasa nada y que todo está bien, continuará con otro poco y así sucesivamente. Por eso la medida no debe tener límite temporal”, sostuvo en una de sus insistentes columnas sobre el tema. Aunque no llega a los extremos de la propuesta trotskista de perdón permanente de Alemann, el generoso indulto concebido por la Bolsa se extendería hasta el 31 de diciembre del 2003, lo cual para gente que se mueve a la velocidad de la luz equivale a la eternidad. Quedarían comprendidos en el perdón de pecados y delitos los “socios administradores y gerentes de sociedades de personas; directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas, profesionales certificantes de los estados contablesrespectivos y escribanos intervinientes”. Sólo quedaría excluido quien se presentara gritando que su riqueza proviene del comercio prohibido de sustancias narcóticas o que siendo funcionario cobró una coima. Ni siquiera tendría inconvenientes con esta ley un empresario que confesara que los fondos a blanquear fueron obtenidos quemando ómnibus de la competencia o mediante el soborno, ya que la restricción del artículo 13 sólo afecta a “los actos de corrupción en la función pública”. Menem no podría blanquear, pero Moneta sí.

Fuga con premio

Lo más asombroso es que semejante proyecto se plantee cuando el nudo de la regresiva estructura tributaria y el incumplimiento de muchos de los contribuyentes más poderosos está estrangulando a la economía argentina. En los países de mayor desarrollo los impuestos a las ganancias producen una recaudación que equivale a 16 puntos del Producto Interno Bruto; en Brasil y Chile, de 4 al 5 y en la Argentina apenas 3. La estructura de la recaudación de ese impuesto varía en forma sustancial según el tipo de países. En Estados Unidos y los países desarrollados de la OECD el 80 por ciento de la recaudación por ganancias proviene de las personas físicas; en Chile el 49 por ciento y en la Argentina apenas el 30 por ciento. Esto significa que la Argentina desestimula la inversión productiva y premia la fuga.
En sus “Lineamientos para una reforma del sistema tributario argentino”, publicados hace dos años, los especialistas Juan Carlos Gómez Sabaini y Jorge Gaggero destacan las altas exenciones en el impuesto a las ganancias de las personas en comparación con los países de la OECD. Aquí están excluidos del impuesto los dividendos de las sociedades de capital, las ganancias derivadas de títulos, letras y obligaciones negociables, las donaciones, herencias, legados y todo otro enriquecimiento a título gratuito, los resultados de la compraventa de acciones, bonos y demás títulos valores. El único cambio introducido en la reforma del año pasado fue que se gravaron los intereses activos, de modo de impedir una de las maniobras más generalizadas de evasión, que consistía en hacer figurar como préstamos por los que se pagaban intereses lo que en realidad eran capitales propios. Esta estructura ciega a todo lo que sea valorización financiera o de activos de capital, propiedades, acciones, bonos o títulos fomenta la acumulación especulativa. En 1976 la dictadura militar suprimió el impuesto a la herencia, en la misma semana en que murió el padre del superministro Martínez de Hoz. Los políticos de los partidos democráticos repudiaron esa decisión inmoral, pero casi un cuarto de siglo después no han hecho nada por enmendarla. 

Caldo magro

Naturalmente, los organismos privados que financian las grandes empresas han producido abundantes investigaciones sobre la ineficiencia del gasto pero ninguna sobre evasión y mora. El año pasado FIEL publicó un trabajo tributario de 600 páginas que no incluye estudio alguno sobre evasión. El sector público apenas mejora esa indiferencia. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo ha realizado un estudio sobre incumplimiento en el pago del IVA, que el año pasado habría llegado al 26 por ciento y este año podría llegar al 30 por ciento de la recaudación potencial, es decir cerca de los 9.000 millones sólo en ese impuesto. Y está establecido que la evasión previsional supera el 50 por ciento de todo lo que debería recaudarse. Pero no hay estudios oficiales sobre evasión en ganancias o bienes personales, que son los impuestos directos que impactan sobre los sectores de más altos ingresos. En las provinciasla carencia de información es completa, con las únicas excepciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Allí hay un par de estudios parciales y puntuales, encomendados no casualmente por los candidatos presidenciales del PJ y de la Alianza. En cambio existen datos interesantes sobre blanqueos, moratorias y regímenes de presentación espontánea. En el tramo dedicado a la Argentina el estudio del Banco Mundial “Política tributaria para la estabilización y la recuperación económica” describe las características de cada medida. “Mediante el blanqueo quedan cancelados los impuestos y las sanciones por evasión a cambio de un impuesto compensatorio reducido; las moratorias se limitan a eliminar los intereses y los ajustes por inflación de los impuestos atrasados, y la presentación espontánea da más tiempo a los contribuyentes y puede reducir el ajuste por inflación de la cantidad adeudada”. Es decir que la propuesta de la Bolsa es un superblanqueo, ya que ni siquiera incluye el pago de un impuesto compensatorio, por reducido que fuera. Ese estudio del Banco Mundial, publicado en 1990, revela que los blanqueos, moratorias y regímenes de presentación espontánea dictados durante los treinta y cinco años previos a esa fecha tuvieron un rendimiento minúsculo, como se detalla en el cuadro: 

Rendimiento de los blanqueos, moratorias y presentaciones espontáneas
(en puntos porcentuales del PIB)

Año    Blanqueos    Moratorias     Presentaciones
1956    0,3
1962    0,7
1966                            1,3
1970    0,8                                           0,5
1971    0,0
1973                            0,3
1974    1,0
1976                                                    0,2
1977    1,1
1981                                                    0,7
1982/83                                               1,4
1984    0,2
1987    0,1

Fuente: “Política tributaria para la estabilización y la re cuperación económica. Argentina, BIRF, 1990.

Esos blanqueos tuvieron nombre y apellido. El de 1970 se llamó Fiat, y el dinero a blanquear llegaba al edificio Mirafiori en valijas. Como veinte años no es nada pero treinta es algo, el proyecto de la Bolsa sólo admite “la transferencia del exterior a una cuenta bancaria” en una institución legalmente constituida. Del mismo modo, la supresión del impuesto a la herencia en 1976 se llamó Martínez de Hoz, por el padre del ministro que murió en esos días. El blanqueo más sustancioso fue el de 1977, en el segundo año de la dictadura militar, cuyo rendimiento fue del 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto. La mejor moratoria, en 1966, produjo ingresos equivalentes al 1,3 por ciento del PIB, y el régimen de presentación espontánea que más recaudó, en 1982/83 significó para el fisco ingresos del 1,4 por ciento del PIB. Si esos porcentajes se proyectan al presunto PIB actual, de 280.000 millones de dólares, resulta que la recaudación máxima por un blanqueo fue equivalente a 3.080 millones de dólares de hoy, por una moratoria de 3.640 millones y por un régimen de presentación espontánea de 3.920 millones. 

¿Negocio para quién?

Para comprender qué dicen esas cifras es necesario compararlas con las del déficit proyectado para el año 2.000: 3 por ciento del PIB para la Administración Nacional y 1 por ciento para las provincias, municipios y gobierno autónomo de Buenos Aires. Ese 4 por ciento de déficit consolidado equivale a 11.200 millones, es decir casi tres veces más que la mejor recaudación obtenida en casi medio siglo con este tipo de políticas. Pero mucho más significativo es contrastar la magra cosecha de todas las indulgencias impositivas con los cálculos que los tributaristas hacen respecto de la evasión impositiva, que cada año oscila entre el 12 y el 17 por ciento del Producto Interno Bruto. Esos porcentajes de evasión equivalen al 35 y el 50 por ciento de la recaudación potencial, es decir del total que debería recaudarse. Quienquiera que proponga un blanqueo conspira en forma lisa y llana contra el difícil combate contra la evasión porque no hay nada más dañino que la reiteración de perdones para la creación de una conciencia tributaria o, con palabras del recaudador jefe, Carlos Silvani para “convencer al contribuyente de que el mejor negocio es pagar los impuestos a tiempo”. Según el Banco Mundial “la repetida condonación de los impuestos es un síntoma del reconocimiento político de la parálisis administrativa” ya que “en la práctica, constituye un intento de reemplazar una administración deficiente con la legislación. En el caso de los blanqueos, neutralizan las facultades de auditoría fiscal”. Estas medidas “constituyen políticas de avance intermitente que hacen considerablemente más difícil la aplicación de impuestos a través del tiempo, porque llegan a formar parte de las expectativas normales de los contribuyentes. En esa calidad, actúan como incentivo para evadir o demorar permanentemente el pago de los impuestos “. Por lo que se ve, las vísperas electorales siguen siendo el momento propicio para que los capitales más concentrados prosigan la educación presidencial que iniciaron con rigor y feliz resultado en 1989.