Por Horacio Verbitsky

El apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Orlando Caporal, impugnará esta semana el fallo del juez cordobés Ricardo Bustos Fierro, que habilitó a Carlos Menem a disputar con Eduardo Duhalde la candidatura presidencial por el PJ. Si el gobernador de Buenos Aires no estuviera tan ocupado en defender la Constitución para que el Presidente no se la lleve por delante, tal vez podría ocuparse de hacer cumplir la resolución en firme de la Suprema Corte de Justicia, que inhabilitó de por vida a Caporal para desempeñar cualquier cargo público. Además de apoderado del PJ, a cargo de defender la legalidad en las cuestiones partidarias, Caporal es abogado personal de Eduardo Duhalde. Fue secretario general de su gobernación y desde hace dos años es interventor en el Hipódromo de La Plata. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó en 1996 un recurso extraordinario de prescripción de la pena, y hace cien días, en noviembre de 1998, la Fiscalía de Estado de la Provincia dictaminó que la exoneración seguía en pleno vigor. 
Para quienes no comprenden por qué Duhalde lo mantiene a su lado, conviene saber que Caporal organizó una estructura de inteligencia paralela que intervino en el manejo de la información sobre el asesinato de José Luis Cabezas, a la que el gobernador atribuyó importancia decisiva en sus perspectivas electorales. Dirigentes de otras líneas del justicialismo bonaerense estiman que a esa fuerza de tareas que Caporal conduce desde el Hipódromo se le asignó en los primeros meses posteriores al crimen un presupuesto superior a los tres millones de pesos. Los sofisticados equipos de comunicaciones del Hipódromo, con antenas parabólicas y conexiones satelitales, permiten múltiples usos. En ese equipo se desempeñan varios ex comisarios, uno de ellos también exonerado de la policía provincial, a quien sus ex camaradas vinculan con la banda de Aníbal Gordon y con los grupos neonazis que profanaron tumbas en cementerios de la provincia. Caporal fue el primer allegado al gobernador Duhalde en lanzar la afirmación ofensiva de que Cabezas fue “víctima de una venganza por una extorsión”. El repudio general por esa afirmación indujo a Duhalde a abandonarla y a rechazar en una conferencia de prensa cualquier hipótesis que desvinculara el asesinato de Cabezas de su trabajo profesional. Las confesiones de la llamada Banda de Los Hornos en las ahora que se sostiene la segunda historia oficial del caso serán sometidas a crítica durante la audiencia oral del juicio público a mediados de año. Los horneros son un grupo de zaparrastrosos que no tienen ni dónde caerse muertos. Sin embargo, los defienden los abogados más caros de La Plata, vinculados desde siempre con la policía. Uno de ellos, Fernando Burlando, dijo que no les cobra por su trabajo. Durante una entrevista en su semipiso de 47 entre 13 y 14 de La Plata, equipado con equipos electrónicos para detectar cámaras y grabadores ocultos y un sistema cerrado de televisión con tres cámaras, también negó haber recibido dinero de la gobernación. “Vivo muy bien, no me puedo quejar. Lo atractivo para mí es el trabajo”, dijo.
A campo traviesa
La exoneración de Caporal (nacido el 25 de mayo de 1932, DNI N° 5.139.464), y su inhabilitación de por vida para cualquier cargo público nacional, provincial o municipal fue dispuesta por la Suprema Corte de Buenos Aires el 7 de marzo de 1967. El 31 de agosto de 1966, un oficial de justicia y un policía ejecutaban el desalojo de un campo en Olavarría, dispuesto por un tribunal luego de cinco años de juicio. El arrendatario les advirtió que podrían sacarlo, porque había pagado a un abogado de la Capital Federal para que consiguiera “la colaboración de un actuario, quien obtuvo la suspensión de la diligencia procesal”. Según la denuncia el procedimiento fue interrumpido por la llegada del “doctor Orlando Caporal, Secretario Penal del Juzgado Penal y Criminal N° 1 del vecino departamento judicial de Azul, que no tiene relación orgánica con el expediente ni tampoco su Secretaría se encuentra de turno en la zona, para involucrarse en la diligencia. En automóvil, a campo traviesa y a gran velocidad irrumpe el funcionario, quien tras bajar del rodado y acreditar su identidad exhorta al Oficial de Justicia a suspender la ejecución”. Con artes de adivinación dijo que, “se iba a presentar en su juzgado un recurso de amparo”, por defectos formales en la orden de desalojo y según testigos amenazó al oficial de Justicia. Lo insólito, prosigue la denuncia “es que sin una orden judicial escrita se suspenda un procedimiento ordenado por el tribunal competente”. El apoderado de Estancias Las Toscas S.A. pidió a la Cámara de Apelaciones de Azul que no permitiera “estos negociados” entre quienes “administran justicia”. El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia amenaza con la “destitución inmediata” a los secretarios y demás empleados judiciales, que intervengan en o tramiten “asuntos judiciales en representación ajena”. Por eso, el mismo día en que se presentó la denuncia, Caporal renunció a su cargo, al que había ingresado en 1965. La Suprema Corte tomó declaración a once testigos de cargo y a seis de la defensa, recibió el descargo de Caporal, solicitó dictamen del Procurador General y se pronunció en forma unánime por la exoneración de Caporal y el rechazo de su renuncia. La diferencia es la inhabilitación para desempeñar cargos públicos que contempla la ley 10.430. Replegado a la actividad privada, en 1971, Caporal fue detenido por tentativa de estafa. Según uno de los clientes de su estudio habría intentado despojarlo en forma ilegal de un edificio de departamentos, una estación de servicio y un comercio multirrubros de bazar y mueblería. Tres años después, fue absuelto por falta de pruebas.
En 1991, en cuanto su amigo Duhalde fue electo gobernador de Buenos Aires, Caporal se presentó ante la Suprema Corte. Dijo que un juez de La Plata había hecho circular “un sumario administrativo efectuado en mi contra”, en el que “se habría dispuesto mi exoneración”. Agregó que estaba sorprendido “ya que no he sido nunca anoticiado de ningún resultado de aquellas actuaciones sobre una supuesta falta administrativa, y sí solamente de mi renuncia” y exigió conocer quiénes habían fotocopiado el expediente. La Corte le notificó la sentencia que aducía no conocer, y se negó a informarle si alguien, en ejercicio de derechos constitucionales, había fotocopiado “la sentencia definitiva”. Caporal replicó que nadie le había notificado la resolución durante las décadas en las que desempeñó cargos públicos. Al ser notificado por segunda vez, solicitó reconsideración a la Suprema Corte, pidió que se declarara prescripta la acción y nulo lo actuado, por supuestas infracciones al derecho de defensa en juicio e invocó la imposibilidad de demostración de la verdad real. Aunque la medida estaba en firme, Duhalde lo designó subsecretario de Trabajo y luego, Secretario General de la Gobernación, un cargo equivalente al de jefe del gabinete de ministros. Al cabo de dos años y con nuevas medidas procesales y dictamen del Procurador General la Suprema Corte dispuso “rechazar los recursos presentados” y volvió a confirmar la exoneración.
Caporal inició entonces un juicio contencioso administrativo contra la provincia de la que era superministro y recusó a los jueces de la Suprema Corte. En un descargo público dijo que su intervención había sido para impedir que los factores de poder bajo una dictadura cometieran un hecho ilícito contra un trabajador rural, descripción algo modesta para el arrendatario de un campo de 300 hectáreas. Duhalde lo mantuvo como Secretario General, aun después de que la Suprema Corte, en 1994, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1996, rechazaran sus recursos.El 17 de noviembre de 1998 fue el Fiscal de Estado de la Provincia Ricardo Szelagowski, quien refutó sus argumentos. De este modo, la exoneración y la prohibición de reingreso por vida a cargos públicos se convirtió en cosa recontrarequetejuzgada, sin posibilidad de nuevas apelaciones. Su alejamiento de la Secretaría General no obedeció a un tardío cumplimiento de la ley, sino a presiones del ex presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Mércuri. La legislatura fue caja de resonancia de quejas de empresas, entre ellas algunas de origen estadounidense, que debieron tramitar ante la Secretaría General su radicación en la provincia. Tampoco lo ayudaron las opiniones de quien dirigía la Zona Franca de La Plata, Mario Cafiero. No obstante, retuvo la confianza absoluta de Duhalde. En el Club Regatas de Ensenada puede verse anclado el yate de 700 mil pesos con el que Caporal se desplaza hacia y desde Punta del Este. El Club es uno de sus lugares de encuentro con Burlando, el abogado defensor de los Horneros, actualmente procesado por extorsión por el juez federal Claudio Bonadío.
Buenos muchachos
En marzo de 1997, Duhalde designó a Caporal como su delegado en el Hipódromo de La Plata, con el cargo de interventor y la misión de privatizarlo en seis meses. Pero transcurridos dos años Caporal sigue ocupando el chalet de dos pisos entre los eucaliptos del bosque, a sólo seis cuadras de la casa de Gobierno. Luego de la privatización de YPF y de la reducción del parque industrial, el extraordinario presupuesto autónomo del Hipódromo lo convierte en una de las principales fuentes de trabajo provinciales, con 600 empleados en forma directa y otros 3.000 de mano de obra indirecta, entre peones, capataces y profesionales. Durante su paso por la secretaría de Seguridad, bajo el gobierno de Cafiero, Caporal redactó un proyecto de ley devolviendo a la Policía la facultad de instruir las causas e indagar a los detenidos, alegando que al concluir la dictadura militar –se dio prioridad a los derechos individuales sobre los de la comunidad–, como si fueran contradictorios. Caporal designó presidente de la Comisión de Carreras al comisario general Walter Jurado, ex jefe de policía durante su gestión. En 1988, Jurado apoyó un autoacuartelamiento policial en demanda de mejoras salariales. En el equipo clandestino de inteligencia organizado en el Hipódromo revista el ex comisario José Félix Madrid, exonerado en abril de 1991 y procesado por piratería del asfalto y narcotráfico por el juez federal Manuel Blanco. En 1991, la policía vinculó a Madrid con el atentado a balazos contra el cineasta y entonces diputado Fernando Solanas y con los profanadores del cementerio judío de Berazategui. No hubo pronunciamiento judicial y Madrid denunció que se trataba de represalias de otros sectores policiales corruptos. La fianza con la que los profanadores quedaron libres fue pagada por otro ex comisario, el Oso García, de quien Madrid había sido colaborador. Fuentes del Hipódromo señalan que también integran el grupo otros dos exonerados de la Policía, que habrían sido represores del Pozo de Banfield. Uno de ellos estaría bajo investigación por la apropiación de un hijo de personas detenidas-desaparecidas. 
En 1997, Duhalde también nombró a Caporal su apoderado y abogado en el juicio en contra del periodista Hernán López Echagüe, autor del libro El Otro. Durante una audiencia en un juzgado de Lomas de Zamora, el representante de Duhalde dijo que “se atribuye lo que le pasó a este pobre chico Cabezas a una cuestión política. Pero nosotros creemos que ha sido víctima de una venganza por una extorsión que estaba haciendo”. Esa fue también la primera línea interpretativa avanzada por el juez José Luis Macchi y el comisario Víctor Fogelman, los titulares formales de la investigación, abandonada ante el severo cuestionamiento de la Cámara deApelaciones de Dolores, que la llamó “diabólica maniobra distractiva” para “obstaculizar el desarrollo de la investigación”. La comparó con las de “la etapa del terrorismo de Estado” para “ocultar a los auténticos autores de los crímenes” y sembrar dudas acerca de sus motivaciones, “atribuyéndoles a las víctimas un quehacer ilícito o desdoroso, provocador de su desgracia”. En una declaración presentada ante el juzgado, el detenido Gregorio Ríos, ex jefe de custodia de Alfredo Yabrán, señaló al comisario Madrid como el inspirador del presunto falso testimonio de una vecina de Gustavo Prellezo que declaró haber visto a ambos hombres junto con los Horneros. Macchi, Fogelman y Caporal siguieron en funciones como si nada hubiera sucedido. Fogelman es el único sobreviviente de la última cúpula de la disuelta ex “Policía Bonaerense”. Caporal fue uno de los integrantes del gobierno provincial que hasta último momento se opusieron a la disolución de aquella temible organización armada. La Constitución Nacional está bien custodiada.

Por H.V.

A la tremenda derrota de la semana anterior, cuando casi dos tercios de la Cámara de Diputados lo amenazaron con el juicio político por traición a la Patria, Menem sumó el arresto por malversación de caudales de uno de sus apóstoles, Juan Carlos Rousselot. Hoy juega una de sus últimas cartas a la suerte de Ramón Saadi, quien comenzó a cubrirse denunciando un posible fraude. Si en el apogeo del poder todas sus decisiones podían ser interpretadas como astucias magistrales, en el ocaso le resulta imposible ocultar que avanza a tientas, y que se equivoca más de lo que acierta. El poder viste, su agotamiento desnuda. Fracasadas todas las trapisondas políticas, sólo sus amados jueces podrían cubrirle la retirada, en un momento de tanta vulnerabilidad que hasta menudean las rencillas entre los pocos incondicionales que le quedan, como Alberto Kohan, el Hermano Eduardo y Carlos Vladimiro. Si en Córdoba o en el Palacio de Caifás de la Capital le dijeran en forma lisa y llana que el 12 de diciembre deberá dejar el Polideportivo de Olivos, Menem podría fingir acatamiento a las disposiciones constitucionales. El cardumen menemista en la Corte Suprema ni siquiera debería temer represalias, ya que por una vez las necesidades políticas que lo teledirigen coincidirían con la recta exegesis constitucional. Menem se consolaría con tan poco como la jefatura del Partido Justicialista. De la importancia de esos honores da cuenta su desempeño por parte de Antonio Cafiero, una vez que Menem ocupó la presidencia. Ahora podría servirle para conjurar el fantasma tan temido de la ingobernabilidad en el último semestre de su mandato y la renuncia para prevenir males mayores, como le sucedió a Alfonsín.
Rodolfo Barra se peló las pestañas buscando un resquicio para apoyar su barreta franqueadora de acceso a sentidos ocultos del texto magno. Como no lo logró y la reacción fue estruendosa, los muchachos de la Unidad Básica “Ni Justicia”, de Talcahuano 550, se acomodan las togas y las pelucas para representar el solemne rol institucional de guardianes de la ley suprema. Cada paso de cada actor ha sido narrado ad nauseam en la prensa. Tales hechos miden el avance cultural de estos años, la sofisticación creciente de la vida política. Los atajos se buscan en los libros y cuando no se encuentran, se retrocede con imprecaciones en latín y citas de Jefferson y el Chief Justice Hughes. Esta semana harán 23 años del asalto al poder por los australopitecus castrenses, que suspendieron la elección presidencial convocada para pocos meses después, disolvieron los partidos políticos y los sindicatos y censuraron la prensa para que no se conocieran los detalles del horror que desataron sobre la sociedad. Ahora purgan bajo arresto domiciliario algunos de esos crímenes que ni Alfonsín ni Menem se animaron a perdonar, como el robo y distribución entre militares estériles de los hijos de sus víctimas. No todo tiempo pasado fue mejor.
El único resuello que Menem pudo permitirse esta semana se lo debió a la consulta popular propuesta por la Alianza, es decir aquello que todos los bloques de la Cámara de Diputados y hasta los principales gobernadores del PJ habían declarado no sujeto a interpretaciones capciosas. Una de las observaciones más escuchadas de la semana entre personas de escaso interés en la cosa pública fue que “los políticos se ocupan de sus asuntos en vez de dar soluciones a los problemas de la gente”. Otra, que repitieron militantes y activistas de los partidos, inquiría por qué la Alianza devolvía algún brío y jactancia al extenuado menemismo, en vez de limitarse a observar su inexorable consunción. Acaso la Alianza no tenga solución alguna para ningún problema de la gente, ni otro factor de unidad y acción que la lucha contra el menemismo. Quizás necesite de Menem para justificar su existencia y ocultar su vacuidad. El problema de dar vida a semejante fantasma, es que no podrá contar con él en el momento decisivo, porque cualquier otro menos Menem será el candidato justicialista el 24 de octubre. Si fuera Duhalde, no tendría menos títulos de Defensor de la Constitución que la Alianza.
La pregunta de Duhalde (“¿Está a favor de que los diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires voten una ley que habilite la reforma de la Constitución nacional para permitir una nueva reelección del Presidente de la Nación?”) no incluye ningún supuesto inadmisible y es políticamente neutra. La de De la Rúa, en cambio, (“¿Está de acuerdo que, contra lo dispuesto por la Constitución Nacional, el doctor Carlos Saúl Menem intente ser reelegido como Presidente de la Nación?”) rebaja el respeto por la ley de leyes a la categoría de las cuestiones opinables y apesta a politiquería partidista. Tanto la propuesta de la consulta (un exabrupto radial de Chacho Alvarez), como la pregunta (redactada por De la Rúa y su pool de cerebros), pusieron incandescente a la Alianza. Aníbal Ibarra objetó la disyuntiva entre la Constitución y la voluntad popular implícita en la pregunta. Propuso en cambio una consigna intermedia con la de Duhalde, preguntando al electorado si el gobierno porteño debía extremar las gestiones en defensa de la Constitución. Pero los radicales ya habían impreso los carteles con el No a la Coronación de Menem, por lo cual no era coherente presentarse al cuarto oscuro con boletas por el Sí a la pregunta sugerida por Ibarra, quien llegó a amenazar con su renuncia. Ante la incapacidad de llegar a un interrogante que pudiera contestarse por la negativa, prevaleció la pregunta original de De la Rúa. El hastío general con esta contradanza de ambiciones sin principios podría redundar en una baja participación electoral. En tal caso el organizado fundamentalismo menemista podría conseguir un porcentaje de adhesiones superior al de su peso real en la sociedad. 
En la UCR, todos los dirigentes nacionales de alguna significación cuestionaron la iniciativa de Chacho y De la Rúa aunque no pudieron impedir el hecho consumado. En el Archipiélago Frepaso, Ibarra es el puente que mantiene precariamente unidos a sus distintos islotes. Para la reaccionaria reforma del Código de Convivencia Urbana algunos votos fueron arrancados con amenazas de exclusión de futuras listas de candidatos. Ahora los talibanes de Abd El Fat-Alah están organizando un Congreso en el que se proponen “domesticar a las minorías de morondanga”, según la gráfica expresión pronunciada durante un encuentro preparatorio en el Hotel Castelar. Eduardo Jozami, Dora Barrancos, María Elena Naddeo, entendieron el mensaje: no votaron en favor de la consulta, pero ayudaron a formar los dos tercios necesarios para que pudiera tratarse sobre tablas la reforma a la ley que, invocando una supuesta “gravedad institucional”, reglamenta su convocatoria. Según Liliana Chiernajovsky, un partido de gobierno como aspira a ser el Frepaso no puede permitir indisciplinas ni disidencias, por lo cual la nueva carta orgánica debe incluir mecanismos que impidan a los díscolos llegar a cualquier cargo expectante. La política argentina aún no había conocido esta combinación de neoliberalismo hacia afuera con estalinismo interno, frente a la cual el PJ parece un modelo de pluralismo y respeto por el disenso.