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Por Horacio Verbitsky
Por H.V. En la nota “Blanco y Negro”, publicada aquí el 15 de agosto se afirmó que “en 1976 la dictadura militar suprimió el impuesto a la herencia, en la misma semana en que murió el padre del superministro Martínez de Hoz. Los políticos de los partidos democráticos repudiaron esa decisión inmoral, pero casi un cuarto de siglo después no han hecho nada por enmendarla”. El secretario general de la UCR y diputado nacional Jesús Rodríguez hizo llegar al autor el proyecto de ley reimplantando aquel impuesto que presentaron el 9 de mayo de 1985 el ex presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Economía Juan Sourrouille. El 28 de setiembre del mismo año la Cámara de Diputados, por entonces con mayoría radical, le dio media sanción y lo remitió al Senado, con mayoría justicialista, donde nunca fue tratado. Al perder estado parlamentario por la falta de tratamiento, Rodríguez volvió a presentarlo en la Cámara de Diputados, el 5 de noviembre de 1987, pero nunca tuvo ni siquiera dictamen de comisiones. Al fundamentar aquel proyecto, Rodríguez planteó el restablecimiento del “principio constitucional por el cual las personas deben efectuar suscontribuciones en la medida de su real capacidad” y “mejorar la equidad y progresividad del régimen vigente”. El legislador radical recordó que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes había sido derogado el 2 de abril de 1976 para que “los contribuyentes con muchos recursos paguen menos impuestos”. Su reimplantación debía alcanzar “sólo a los enriquecimientos que superen un monto mínimo” pero perdonar a los “patrimonios pequeños que han soportado la regresividad del sistema vigente”. De ese modo se hubiera recreado un impuesto que “no destruye el capital, no disuelve a la familia y que es socialmente justo “. Es decir que el artículo era correcto al afirmar que el sistema democrático no ha enmendado aquella decisión de la dictadura militar, pero erraba al generalizar la responsabilidad. Esta aclaración no se formula a pedido del diputado Rodríguez, quien se limitó a poner al alcance del autor los elementos mencionados, sino en homenaje a la precisión que merecen los lectores.
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La ley de compre argentino que Eduardo Duhalde compró al publicitario
brasileño Duda Mendonça demuestra que pese a las dificultades
impuestas por la recesión el Mercosur no ha muerto. Al menos uno
de los candidatos presidenciales está dispuesto a mejorar las relaciones
con el poderoso vecino, donde arrecian las quejas por el desequilibrio
en la balanza del intercambio de bienes y servicios. Como todos los estadistas
audaces e innovadores, Duhalde debe luchar a cada paso con la pegajosa
conjura de los necios. Esta incluye ao presidenchi Carlos Menem, quien
dejó trascender que si la propuesta saliera indemne de las ciénagas
del Congreso anunciaría su veto. Los parlamentarios del partido
de Duhalde se ilusionan con recuperar la iniciativa y decir basta de tristeza
o, para que todos entiendan, chega de saudade. Pero no han sido capaces
de conseguir los dos tercios del Senado imprescindibles para tratar el
proyecto sobre tablas o repeler un eventual veto, y dejaron a los legisladores
de la Alianza afeitados en sus bancas y sin visita. Constreñido
a los procedimientos y plazos normales del Congreso, el proyecto no podrá
convertirse en ley antes de las elecciones presidenciales que tendrán
lugar dentro de siete semanas. Por lo cual su utilidad se limita a lo que
queda de la campaña proselitista.LivrosBuena parte de las ideas
do consultor brasileiro pertenecen en realidad al librito de outro candidato
presidencial, Domingo Cavallo y contradicen el programa de gobierno suscripto
por Duhalde con el título “Diez compromisos y cien medidas”. La
idea de la bancarización del pago de sueldos y salarios por cualquier
monto y de todas las transacciones de más de mil cruceiros proviene
del documento de Cavallo “Un hombre, un empleo”. Ese muestrario de vudú
económico debería permitir teóricamente un control
más estricto de la evasión impositiva. Con la incapacidad
informática actual para cruzar la totalidad de las transacciones
de la economía no quedarían de esa propuesta más que
vistosos vidrios de colores. La Dirección General Impositiva, por
ejemplo, aún no ha podido cruzar ni siquiera la información
propia que ya posee y en este momento está convocando a una licitación
para ello. Si la idea tuviera alguna seriedad debería contemplar
la supresión de los cargos que los bancos cobran por sus servicios
y, por el contrario, establecer el pago de intereses por la fabulosa masa
de dinero que pasaría por sus tesoros. Nada de eso figura nos livros
do Duhalde nem do Cavallo.Una nota final en el trabajo de Cavallo informa
que la idea de la bancarización fue acuñada en 1998 por el
ingeniero Guillermo Laura, el ideólogo de las autopistas por las
que la Ciudad de Buenos Aires heredó un clavo de mil millones de
dólares. Aparte de ideas Laura estaría acercando también
recursos a la campaña del ex ministro. Quien fuera su jefe en la
intendencia local durante la dictadura, Osvaldo Cacciatore, es una de las
más flamantes incorporaciones a la marcha de la victoria duhaldista.
La atribución de tal designio a Laura es una curiosa laguna en la
memoria de Cavallo. En realidad su verdadero autor fue el procesado Aldo
Dadone, no en 1998 sino en 1988. Cuando Dadone presentó la idea
en un seminario internacional, fue demolido por el reconocido tributarista
norteamericano Charles McLure. Pese a esas objeciones teóricas,
durante su gestión como presidente del Banco Nación, Dadone
no se privó de llevar a la práctica algunas de las posibilidades
que ofrece la informatización de las transacciones bancarias, con
el inolvidable “Programa Centenario”, a cargo de IBM. Ni en sus contactos
previos ni en la reunión sostenida na quartafeira para tratar acuerdos
electorales Duhalde le preguntó a Cavallo por qué durante
los seis años en que condujo la economía no puso en práctica
este método milagroso de suprimir la evasión en un dea.InsensatezLa
flagrante contradicción entre la propuesta de campaña y la
plataforma aprobada pocos antes ha producido un cortocircuito entre el
candidato justicialista y quien ya fue anunciado como su ministro de Economía
en caso de acceder a la presidencia, Jorge Remes Lenicov. El mes pasado
Remes presentó ante los banqueros e inversores de Wall Street un
programa ortodoxo, con pocas variantes respecto del que aplica Roque Fernández
con Menem y del que planea José Luis Machinea para Fernando De la
Rúa. Las palabras de Remes en Estados Unidos no fueron improvisadas.
Coinciden con lo que hizo durante once años como ministro de Economía
de la provincia de Buenos Aires, bajo las sucesivas gobernaciones de Antonio
Cafiero y del propio Duhalde y con sus convicciones como técnico.
De buenos modales y muy poco afecto a la exposición pública,
Remes no hizo ningún comentario que reflejara su desazón,
pero en privado dejó saber que el plan le parecía una insensatez.
u La plataforma justicialista pone énfasis en el cumplimiento de
la ley de convertibilidad o solvencia fiscal, redactada por el propio Remes,
que postula alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas en el
2003. u A proposiçao de campanha, en cambio, contempla un festival
de desgravaciones inmediatas, sin substitución alguna, que duplicarían
en el corto plazo el actual déficit. u La plataforma partidaria
es explícita acerca del necesario aumento en el impuesto a las ganancias
de las personas, que hoy tributan la misma tasa del 35 por ciento que las
empresas, lo cual no estimula la inversión productiva.u A proposiçao
de campanha sólo plantea la generalización del IVA y la eliminación
de toda excención a ganancias.u La plataforma considera la reducción
del IVA como un primer paso para “dar mayor progresividad y equidad al
sistema impositivo”.u A proposiçao de campanha no avanza sobre las
ganancias de capital e incluso retrocede del tímido paso dado el
año pasado, que gravó los intereses de los préstamos
financieros, como modo de evitar la evasión simulando autopréstamos.u
La plataforma justicialista anuncia un “implacable” combate contra la evasión
y la morosidad. Para ello convoca a una gran movilización nacional.u
A proposiçao de campanha no contempla para ello otra medida que
la bancarización. Por el contrario, tiende a incrementar la evasión
y la morosidad, ya que muchos aguardarán hasta saber si se concretan
las rebajas anunciadas antes de ingresar sus impuestos. Aunque se lograran
avances significativos en el control de la evasión, hay un desfasaje
cronológico del que ni Duhalde, ni Duda ni Cavallo se hacen cargo.
Como lo demuestra la década menemista, enormes esfuerzos son necesarios
para obtener modestos resultados en ese terreno.La ley que incrementó
las alícuotas del impuesto al valor agregado también facultó
al Poder Ejecutivo a rebajarlo en la proporción que dice desear
Duhalde, sin necesidad de una nueva consulta con el Congreso. La sanción
de una ley, y el consiguiente lento trámite parlamentario serían
imprescindibles, en cambio, para aumentar las alícuotas del impuesto
a las ganancias como se promete en la plataforma justicialista. Pero nada
se mueve en esa dirección.Samba de uma nota só Este samba
de uma nota só, con desgravaciones no compensadas y apelaciones
mágicas a un combate contra la evasión que nadie planifica
ni organiza tendrá tanta vida como lo que falta para los comicios
presidenciales. Con prescindencia de quién se imponga en las urnas,
el Instituto de Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos
(CTA) está elaborando un borrador de trabajo en el que participan
los investigadores de FIDE Mercedes Marcó del Pont y Héctor
Valle; Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo, del Centro de Estudios
en Políticas Públicas; Alfredo García, del Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos; el asesor del obispo Miguel Hesayne,
Jacobo Goransky y los integrantes del instituto de la CTA, Julio Gambina,
Hugo Nochtef, Claudio Lozano y Eduardo Basualdo. La estrategia de salida
de la crisis que delinea es la del combate a la pobreza sostenido en una
política de empleo. Es decir, priorizando el trabajo y no las ganancias
del capital.El borrador caracteriza la economía mundial como un
sistema en el que conviven la tecnología del siglo XXI con las ideologías
desregulatorias del siglo XVIII. Los anacrónicos criterios que consisten
en u maximizar la ganancia mininizando la inversión en fuerza de
trabajo;u reinvertir esa ganancia en medios materiales de producción
que a su vez ahorran más mano de obra, eu incrementar la productividad
no aumentando la producción sino reduciendo el trabajo, producen
una inflación de activos financieros. Como la especulación
crece a una tasa mayor que la de la economía real, se producen frecuentes
rupturas en algún punto de la cadena de pago de la deuda pública
de los estados, cuya recaudación depende de la economía real,
como se ha verificado en Asia, Rusia y Brasil. El desempleo y la precarización
laboral se expanden a escala planetaria. “La nueva base tecnológica
maximiza la capacidad productiva al tiempo que requiere de fuerza de trabajo
crecientemente calificada. Pero los criterios que gobiernan la gestión
de esta base tecnológica deprimen la demanda y ponen en crisis la
reproducción de la fuerza de trabajo”, es decir las condiciones
de la existencia de los trabajadores. Afrontar esta contradicción
requiere de una nueva regulación económica, “que vincule
a todos los ciudadanos al proceso económico e incremente el número
de consumidores de la revolución tecnológica”.Navio negreiroPara
ello sería preciso reemplazar el criterio de rentabilidad del capital
(que sólo busca disminuir salarios, cargas sociales e impuestos),
por lo que el borrador llama “eficiencia del valor agregado producido”.
Ese valor agregado, cuyo incremento se procura, comprende la ganancia capitalista
pero también los salarios y cargas sociales, los gastos de formación
de la fuerza laboral y los impuestos que el Estado aplica a su salud y
educación. El borrador constata que en la Argentina, en años
como éste en los que la actividad económica decae, el desempleo
trepa en forma marcada (en 1999, como en 1995 podría llegar al 18
por ciento) y en la misma proporción se expande la pobreza. Este
escalón no vuelve a subirse nunca más ya que en los años
de crecimiento macroeconómico el desempleo no baja del 12 por ciento,
se expande la precariedad con nuevas ocupaciones de baja calificación
y nivel de ingreso y aumentan tanto el subempleo como el sobreempleo. Más
lentamente, pero la pobreza sigue creciendo. Con un 12 por ciento de desocupación,
la pobreza en el Gran Buenos Aires comprendía en 1994 al 19 por
ciento de la población, pero alcanzó al 26 por ciento a fines
de 1998.Al mismo tiempo se consolidó una cúpula económica
que en las últimas dos décadas independizó su ciclo
de negocios de la evolución de la economía local y sigue
incrementando su facturación y rentabilidad aun en losmomentos recesivos.
Num navio negreiro como éste es imposible un compromiso social que
permita profundizar la democracia. “El acceso al empleo como forma de acceder
a la ciudadanía social ha colapsado”. No sólo por la dificultad
de conseguir o conservar el empleo sino porque, dada la precarización,
el tenerlo no supone el acceso simultáneo a las principales coberturas
sociales.Agua de beberLuego de esta cruda descripción, el borrador
propone lo que llama “un shock redistributivo” que ponga en el centro la
cuestión ocupacional. Los objetivos declarados son que ningún
hogar quede por debajo de la línea de indigencia y que todo ciudadano,
por sólo serlo, tenga garantizado el mejor nivel sanitario y educativo
posible y un haber mínimo que lo proteja en la vejez, la invalidez
o la muerte. Las propuestas que harían posible estos objetivos en
un circuito económico de emergencia son:u Un seguro de desempleo
y formación por encima de la línea de indigencia (280 pesos
mensuales para una familia tipo según el INDEC) para todos los jefes
de hogar hoy desocupados.u Un consejo nacional por el empleo con representación
multipartidaria y multisectorial, que reasigne los recursos existentes
de acuerdo con las necesidades. Previamente cada municipio relevaría
los recursos humanos ociosos o en situación crítica (jefes
de familia desocupados, pequeños o medianos empresarios paralizados)
y las necesidades básicas insatisfechas en cada zona, de alimentación,
vestimenta, vivienda, infraestructura urbana, servicios sanitarios, educacionales,
etc.u Reducción del tiempo de trabajo en todas sus manifestaciones,
de modo de limitar el crecimiento de la Población Económicamente
Activa que se disputa un recurso escaso. Para ello: reducir la jornada
laboral, de las actuales 10 horas promedio a las 8 horas legales; postergar
el ingreso de los jóvenes al mercado laboral mediante un incremento
de los recursos para educación que mejore su capacitación;
fijar un haber previsional mínimo y adelantar la edad jubilatoria.u
Un subsidio de 60 pesos mensuales por hijo o hija desde el nacimiento hasta
los 21 años, en lugar del sistema actual de asignaciones familiares.
Se entregaría a través del sistema sanitario público
en los primeros años, y en la escuela después.El borrador
también cuantifica el costo y el beneficio de las medidas propuestas.
El seguro de desempleo para los 700.000 jefes de familia desocupados equivaldría
a unos dos mil millones de dólares anuales. El subsidio por hijo
y la recapitalización del sistema público previsional, a
5.700 millones. Si la reducción de la jornada laboral a 8 horas
reales se aplicara en los cien grupos que conforman la cúpula del
poder económico local generaría 30.000 nuevos puestos de
trabajo, que serían 132.000 si se extendiera a las 500 firmas de
mayor facturación y un millón en todo el universo de los
asalariados formales.Onde o céu azul é mais azulEl financiamiento
de este shock redistributivo exigiría una reforma tributaria profunda,
con impuestos progresivos y eliminación de subsidios. Según
el departamento fiscal del Fondo Monetario Internacional que analiza la
situación en 41 países, la Argentina es el que menos recauda
por impuestos a los ingresos, las ganancias y el patrimonio. “El país
que nos secunda en esta virtuosa performance (Pakistán) nos duplica
en la recaudación sobre renta y patrimonio”. El borrador sugiere
gravar el consumo importado y no esencial, las rentas y el patrimonio,
dolarizar parte de la recaudación así como el actual gobierno
dolarizó los ingresos de los prestatarios de servicios públicos,
restituir los aportes patronales a la seguridad social, empezando por los
servicios, restituirel poder tributario a las provincias y reformular los
padrones para identificar a los sujetos con mayor capacidad contributiva.
Esto último supone “estrategias de tributación consolidadas”
que recaigan sobre los mayores conglomerados locales y extranjeros. De
poco sirve la elevación de las alícuotas si no se impiden
las maniobras de elusión fiscal. Un ejemplo sencillo: gravar al
conjunto del grupo Pérez Companc o del grupo CEI y no empresa por
empresa de las que lo componen.Los subsidios a los grandes grupos empresarios
por reducción de aportes patronales y traslado de fondos de trabajadores
activos a las AFJP son a enero de este año de 6.700 millones de
dólares; a los concesionarios de ferrocarriles, de casi 300 millones
anuales; a los operadores de canales fluviales privatizados, del orden
de los 100 millones; a los de rutas por peaje, de 90 millones. Esto indica
la factibilidad del replanteo. La propuesta también objeta el patrón
productivo actual, en el que se exportan cuero y algodón y se importan
calzado y confecciones, se exportan petróleo y gas y se importan
combustibles y petroquímicos, mejora la producción de hierro
y acero pero retrocede la de maquinarias. La construcción de un
nuevo perfil productivo que mejore la elasticidad empleo-producto requeriría
reformular el carácter de la apertura económica vigente.
Con un arancel promedio del 12 por ciento, la Argentina ni siquiera hace
uso del máximo autorizado por la Organización Mundial de
Comercio, que lo triplica.El conjunto de estas medidas incrementaría
el consumo y cambiaría su composición, con predominio del
mercado interno de demanda masiva, lo cual sería esencial en la
condiciones depresivas de la economía local e internacional. Esta
recomposición de la demanda permitiría repensar una estrategia
productiva a escala regional. “Más allá de juicios de valor”,
concluye el borrador, “las políticas de oferta propias del paradigma
neoliberal pueden haber tenido alguna racionalidad económica en
contextos de expansión de demanda e inflación. Hoy, en condiciones
locales e internacionales de insuficiencia de demanda y deflación,
parece lógico y recomendable comenzar a hablar de políticas
de demanda”.Fácil de decir y difícil de hacer. Igual que
a proposiçao de campanha de las tres D, Dadone, Duhalde y Duda Mendonça.