Por Horacio Verbitsky
La sociedad
argentina parece estar alcanzando un acuerdo tácito. Ha aprendido
a través de arduas experiencias que no es posible borrar la guerra
sucia de la década del 70 ni tenerla presente todos los días.
Ha habido momentos de fuerte emoción pública, en los que
la reemergencia del pasado desplazó a la agenda del día,
y otros de cansancio, en los que el tema parecía insoportable y
la gente prefería mirar en otra dirección. El poeta mexicano
Octavio Paz escribió que la cultura maya medía el tiempo
de los acontecimientos históricos según una cuenta corta
y una cuenta larga. Ambas coexisten de modo inseparable y complementario
en la elaboración de la conciencia social.
La ansiedad de los gobiernos y de algunos sectores sociales por alcanzar
la denominada reconciliación no tiene sentido y, en algunos casos,
encubre bajos sentimientos. La reconciliación es un concepto religioso
que no puede ser inyectado a presión en la vida política
secular. Forzar a que se reconcilien los familiares de las víctimas
con sus asesinos es sádico con los individuos e irrelevante para
la sociedad. Lo pasado pisado no es una buena consigna para la construcción
democrática. Ni leyes ni decisiones políticas pueden suprimir
sentimientos e imponer afectos. El único fundamento firme para construir
un futuro diferente es el compromiso de todos los ciudadanos a respetar
la ley y renunciar a cualquier clase de trucos y atajos. Ni más
ni menos que esto.
Ante la ley
A la Argentina le llevó un largo proceso, iniciado cuando la
última dictadura se derrumbó luego de la derrota en la única
guerra internacional que libró en este siglo. Esto permitió
tanto la creación de una Comisión de la Verdad como el juzgamiento
de los principales responsables de la desaparición, tortura y asesinato
clandestino de unas 30.000 personas, en su mayoría trabajadores
y estudiantes y por lo general muy jóvenes. Este sistema mixto simbolizó
el fin del rol privilegiado de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina.
Ya no estaban por encima de la ley, sino ante ella, y esto fue esencial
para establecer un estado de derecho. La Comisión investigó
los hechos básicos y la justicia procesó a quienes integraron
las tres primeras juntas militares, entre ellos tres ex presidentes de
facto. Dos fueron condenados a prisión perpetua.
El objetivo principal del gobierno del presidente Alfonsín no
fue la justicia retributiva sino lograr cierto grado de disuasión
para impedir nuevos golpes militares en el futuro. Cuando las detenciones
comenzaron a alcanzar también a oficiales en actividad de jerarquías
intermedias una rebelión puso este logro en duda. Se enfrentaron
entonces dos formas opuestas de legitimidad. El gobierno no pudo contar
con ninguna unidad militar para reprimir el alzamiento pero los rebeldes
tampoco consiguieron ningún apoyo en la sociedad. El gobierno, que
no había negociado con los ex dictadores sí lo hizo con los
rebeldes. La ley que envió al Congreso obligó a los jueces
a presumir que todos los oficiales por debajo del más alto nivel
habían cumplido órdenes cuya ilegalidad no comprendían.
Centenares de secuestradores, torturadores y asesinos quedaron en libertad.
La comisión de la verdad y los juicios redujeron la influencia militar
en el sistema político, lo cual sentó las bases para un gobierno
civil permanente, pero la amnistía concedida bajo presión
fue un serio retroceso en el camino hacia una democracia liberal informada
por principios éticos.
No hay olvido por decreto
Hostigado por la hiperinflación y por el persistente malestar
militar, Alfonsín renunció a la presidencia y adelantó
la entrega del poder al candidato del opositor Partido Justicialista que
en esas circunstancias había ganado la elección presidencial.
Poco después, Carlos Menem indultó a los ex dictadores que
aún estaban detenidos. Ambos perdones fueron muy impopulares: más
del 70 por ciento del pueblo argentino prefería que los juicios
continuaran y las condenas se cumplieran. La política de apaciguamiento
de Menem no bastó para impedir un nuevo alzamiento militar pero
le permitió ser obedecido cuando ordenó reprimirlo de modo
drástico. Tuvo en ese aspecto más suerte que Alfonsín.
Aunque la opinión pública siguió rechazando la impunidad,
su atención se desvió hacia otros problemas, como la crisis
económica. Después de aplastar la última rebelión,
Menem también pudo dominar un rebrote hiperinflacionario, mediante
la convertibilidad. Después de años de tensión militar
e inestabilidad económica, la sociedad parecía aceptar una
transacción pragmática. El castigo a los militares había
perdido prioridad en la agenda colectiva. Pero el olvido es imposible por
decreto. Tres años después Menem pidió al Senado el
ascenso de dos oficiales de la Armada. Ambos habían participado
en crímenes horrendos. Entre sus víctimas estaba el grupo
inicial de las Madres de Plaza de Mayo, secuestradas dentro de una iglesia,
y dos monjas francesas. Luego de ser torturados, todos ellos fueron asesinados.
Cuando esa historia fue publicada en el diario Página/12 el Senado
convocó a ambos oficiales a una audiencia pública. Uno de
ellos reconoció que la tortura había sido el arma escogida
en lo que llamó una guerra sin ley. El otro hizo conocer que nadie
pudo conservar las manos limpias porque todos los oficiales habían
rotado en las fuerzas de tareas. El Senado les negó el acuerdo para
que fueran ascendidos.
Debido a este debate, un tercer oficial de la Armada decidió
contar su historia. El capitán Adolfo Scilingo se sentía
abrumado por la culpa de haber asesinado a sangre fría a 30 prisioneros,
a quienes inyectó una droga y arrojó a las aguas del mar
desde aviones navales cuando aún estaban con vida, cumpliendo órdenes
superiores. Durante uno de los vuelos, resbaló y estuvo a punto
de caer junto con una de sus víctimas. Entonces, el mecanismo militar
de despersonalización y deshumanización se rompió
dentro suyo. Pero aún le llevó otros veinte años confesar.
Hasta ese momento, los militares habían negado los hechos de la
guerra sucia, y sólo admitían haber sido los salvadores de
la Patria. Las Fuerzas Armadas no quedaron al margen del vendaval de pasiones
que esa confesión desató. En la mesa de las casas militares
cada hijo preguntaba a su padre qué había hecho durante la
guerra sucia. Uno de ellos fue el jefe del Ejército, general Martín
Balza. Luego de consultarlo con su hijo mayor, admitió que el Ejército
había violado la ley para combatir a la guerrilla y que los comportamientos
criminales fueron ordenados en forma vertical a través de la cadena
de comando. Agregó que el Ejército había usado métodos
indignos para obtener información y que había llegado a la
supresión de la vida de los detenidos. Estas dos confesiones sepultaron
el mito indefendible de los excesos o los errores por parte de los subordinados.
Pasado y presente
En el vigésimo aniversario del golpe de 1976 una gran movilización
de más de cincuenta mil personas marcó un nuevo punto en
la conciencia social. Todo vigésimo aniversario parece ser muy importante,
tal vez porque coincide con la emergencia de la primera generación
posterior a los hechos. El castigo de los crímenes del pasado se
vinculó entonces en forma muy clara con los problemas contemporáneos
de una democracia joven e imperfecta, como la falta de independencia del
Poder Judicial. El mismo presidente que firmó los impopulares indultos,
empaquetó la Corte Suprema de Justicia, que hoy es presidida por
un ex socio de Menem, cuyo principal antecedente es haber sido jefe de
policía en la provincia de ambos. En ese nuevo clima social, centenares
de hijos de desaparecidos formaron un nuevo organismo de derechos humanos,
el primero que no está integrado por miembros de las generaciones
anteriores. Además, argentinos residentes en España denunciaron
a los ex dictadores ante un tribunal de Madrid. Este fue el origen del
proceso gemelo contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Pero no
bastaba con la sanción externa.
Invocando pautas culturales que se remontan a la Edad de Piedra, varios
familiares de desaparecidos pidieron a la Justicia argentina que declarara
el derecho a la verdad y al duelo y la obligación de respetar el
cuerpo humano. Desde que el hombre de Neanderthal fue enterrado en una
caverna sobre un lecho de ramas de pino y cubierto por un manto de flores,
el culto de los muertos fue un signo de humanización aún
más significativo que el uso de herramientas y del fuego, y nos
diferencia del resto del reino animal. “Aquellos que nos niegan el derecho
de enterrar a nuestros muertos, no hacen otra cosa que negarnos nuestra
condición humana”, sostuvo uno de los familiares, Emilio Mignone.
La Justicia reconoció esos derechos, declaró que el Estado
tenía obligación de reconstruir el pasado y revelar la realidad
de lo que ocurrió concada desaparecido.
Aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que siguieron aferrados a
viejos slogans y actitudes debieron despertar a una dura realidad. El capitán
Alfredo Astiz (uno de los secuestradores de las monjas francesas) había
sido para la Armada el símbolo del oficial joven que sólo
cumplió órdenes. Por eso, fue defendido con más ahínco
que los ex comandantes. Pero luego de la confesión de sus camaradas
y debido a la presión francesa Menem forzó a la Armada a
pasarlo a retiro. Desahogando su resentimiento durante una amenazante entrevista,
Astiz se jactó de ser el hombre mejor entrenado para matar a un
político o a un periodista. La propia Armada pidió al gobierno
que lo destituyera, y un juez lo procesó por amenazas. Pocos días
después el Congreso derogó las leyes de punto final y de
obediencia debida, lo que permitiría procesar a algunos oficiales
que no hubieran sido juzgados antes. Cuando Menem ordenó demoler
el edificio del más célebre campo clandestino de concentración
como forma de suprimir el tema, un juez se lo prohibió, afirmando
que constituía un sombrío patrimonio nacional, como Auschwitz
en Polonia. El gobierno nacional ha pagado indemnizaciones a las víctimas
del terrorismo de Estado y el de la Capital creará un Museo de la
Memoria. El año pasado tres jueces ordenaron el arresto de una docena
de militares (entre ellos los ex dictadores Videla y Massera) acusados
de crímenes tan atroces que ni siquiera las leyes de impunidad los
perdonaron: el robo de bebés. Las prisioneras embarazadas eran mantenidas
con vida en los campos de concentración hasta que daban a luz. Luego
del parto las madres eran asesinadas y los recién nacidos entregados
en falsa adopción a familias militares estériles. Las infatigables
Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron recuperar a 63 de ellos.
Una sociedad mejor
Lo más notable fue que, esta vez, las Fuerzas Armadas minimizaron
las detenciones, afirmando que ya no eran militares, que el robo de bebés
era un crimen repugnante y no un acto de guerra. El Comandante de una Brigada
del Ejército visitó todas las unidades de su territorio,
reunió al personal y lo invitó a manifestar con libertad
sus principales preocupaciones. La lista de agravios incluyó los
bajos salarios y el pobre equipamiento, pero nadie planteó la cuestión
de los arrestos. Hay cosas que ya no se discuten. Si algo de la experiencia
argentina puede ser útil a otros países es la coexistencia
en el largo plazo de diferentes enfoques. Tanto las comisiones de la verdad
como los juicios son sólo instrumentos, que deben adecuarse al estado
de conciencia de la sociedad, que cambia con los años. Hasta cierto
punto, podemos confiar en que la cuenta corta y la cuenta larga de la cultura
maya estén dando nacimiento a una sociedad argentina mejor.
Fuerte y claro
No lejos de aquí, a la orilla
del mismo río Danubio, la OTAN está degradando la capacidad
del pueblo serbio para dirigir las operaciones de su vida cotidiana, desde
hacer el amor hasta asistir a seminarios como éste. Esto es tan
inadmisible como la limpieza étnica de Milosevic. Mas aún,
son complementarias. Las bombas más inteligentes de la historia
de la humanidad que se desvían hacia hospitales, buses y casas,
así como la deliberada selección de la infraestructura que
provee a la población civil agua y energía están ayudando
a Milosevic a cumplir sus metas de expulsar a parte de la población
y eliminar toda oposición en el resto. Como dijo aquí Aryeh
Naier al hablar de responsabilidad moral, si el pueblo de Serbia se hubiera
opuesto a la limpieza étnica, Milosevic no hubiera podido implementarla.
Yo no quiero ser moralmente responsable. Por eso, fuerte y claro, sostengo
mi desacuerdo con el bombardeo de población civil. |
De
Africa al Este Europeo
Esta es una síntesis
de algunas de las intervenciones en el seminario realizado en Hungría,
reveladoras del contexto en que es analizada la transición argentina:
Alex Boraine,
vicepresidente de la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación
que encabeza el arzobispo Desmond Tutu. “Mucha gente ha descrito la transición
sudafricana como un milagro. Sin embargo, debido al legado social y económico
del apartheid, hay tareas pendientes que deben cumplirse, porque de otro
modo será imposible sostener el milagro, consolidar la democracia
y asegurar un futuro pacífico para todos los sudafricanos. La Justicia
económica y la restauración del orden moral deben verse como
dos lados de la misma moneda. La comisión fue creada por una ley
del parlamento y dotada de facultades para citar, allanar y detener. El
modelo sudafricano no puede exportarse. Se trató de una solución
negociada. El Partido del Congreso de Mandela había preparado la
acusación de un Nuremberg y el gobierno blanco saliente y las Fuerzas
Armadas exigían una completa amnistía. La decisión
fue por una tercera vía. Tuvimos a favor la enorme autoridad moral
de Mandela, quien pese a todo lo que sufrió es un hombre sin amargura.
La idea de la reconciliación es posible porque Sudáfrica
es una sociedad profundamente religiosa. La amnistía no es masiva,
sino individual. Para aspirar a ella, los individuos deben cooperar suministrando
información detallada sobre las violaciones a los derechos humanos
en las que intervinieron. Las audiencias son públicas, abiertas
a los medios y a toda la población y revisan la conducta de individuos
pero también de las principales instituciones, como partidos políticos,
empresas, sindicatos, comunidades religiosas y Fuerzas Armadas. Simultáneamente
ha habido juicios. La zanahoria de la comisión y el garrote de la
justicia se usaron en forma complementaria dentro de un proceso holístico,
que incluye el relato de la verdad, la amnistía, la reparación
y la rehabilitación. Pero las heridas producidas en el largo y amargo
período de represión y resistencia son demasiado profundas
como para ser trivializadas imaginando que una sola iniciativa podrá
por sí misma producir una sociedad pacífica, estable y restaurada.
En particular, hay que repetir que sin pasos concretos para superar la
brecha creciente entre riqueza y pobreza, el conflicto y no la reconciliación
estarán en la orden del día”.
Neil Kritz, director
del Programa de Estado de Derecho del Instituto para la Paz del Congreso
de los Estados Unidos. “El de Ruanda ha sido el caso más extremo
de un sistema criminal. En pocos días fueron masacradas un millón
de personas. Del mismo modo es masivo el número de posibles acusados
por el genocidio, que alcanza a dos millones. Fue una guerra de vecinos
que se mataron entre sí. El sistema legal también fue diezmado,
ya que sus miembros estuvieron entre los perpetradores o entre las víctimas,
y su reconstrucción lleva tiempo. Luego de una serie de consultas
internacionales, Ruanda decidió que todos los autores de genocidio
tenían que ser juzgados, para no alentar una cultura de la impunidad.
De acuerdo con los observadores internacionales son juicios razonablemente
justos. El 60 por ciento de los acusados tuvieron abogados defensores.
Ya se juzgaron 1000 casos y hubo un 17 por ciento de absoluciones. Pero
aún quedan 133.000 detenidos, lo cual implicaría de 160 a
400 años para terminar. Eso no es aceptable. Pero el sistema triplicó
su capacidad con el desdoblamiento de los tribunales de tres miembros,
que ahora son unipersonales. También se puso en marcha un programa
de confesiones, que incluye un pedido de disculpa a las víctimas,
a cambio de no ser juzgados. Las condiciones carcelarias no son buenas
pero están mejorando. Unos 33.000 presos fueron liberados y se espera
reducir la población en otros 10.000 por razones de salud o archivos
incompletos. Con la combinación de esos esfuerzos el proceso podría
concluir en cinco o diez años. Esto tampoco es ideal, pero en un
caso de Suiza la Corte Europea dijo que cuatro años sin juicio por
un delito económico no era una violación a los derechos humanos”.
Vojtech Cepl,
juez del tribunal constitucional de la República Checa. “Después
del derrocamiento de los regímenes comunistas Ralph Dahrendorf previó
que harían falta seis meses para reformar las instituciones políticas,
seis años para cambiar el sistema económico y sesenta años
para transformar las mentes y los corazones. Las reglas de la conducta
humana no cambian con las leyes, leyendo el Boletín Oficial. Sin
una clara condena al régimen comunista y a las personas que lo aprovecharon
para delinquir, sin depuración y restitución no puede haber
transformación. El primer paso es la rehabilitación de las
personas que fueron castigadas, abrir las puertas de la Bastilla y declarar
que el régimen anterior fue criminal. El segundo paso es retributivo,
la restitución de las propiedades confiscadas, la apertura de archivos,
con las listas de informantes pero también de quienes fueron señalados
como enemigos del Estado socialista. Tuvimos un pasado democrático.
Se trata de volver a él. Es una meta distinta a la de otras sociedades,
que deben crear sus estructuras democráticas”.
Lech Garlicki,
juez del Tribunal Constitucional de Polonia. “Desde 1989 no sólo
es posible investigar delitos cometidos durante la ocupación nazi,
sino también violaciones a los derechos humanos por los servicios
secretos comunistas. Una ley que entró en vigencia este año
obliga a los más altos funcionarios del Estado a declarar si colaboraron
con los servicios secretos y un fiscal especial constata la veracidad de
sus declaraciones. La decisión final corresponde a los tribunales.
Si alguien confiesa haber cooperado, no padece ninguna consecuencia legal,
pero ocurre lo contrario si presenta una declaración falsa. Otra
ley creó el Instituto Nacional de la Memoria-Comisión para
el Enjuiciamiento de Delitos contra la Nación Polaca, dependiente
del Congreso. Sus misiones son investigar los crímenes nazis y comunistas,
reunir datos y documentos sobre estos delitos, poner la documentación
a disposición de las víctimas y efectuar tareas investigativas
y educativas. La prescripción para los delitos cometidos entre 1939
y 1989 recién se comienza a contar en 1990, salvo que se trate de
imprescriptibles delitos de guerra o contra la humanidad. La ley castiga
cualquier pública negación, contraria a los hechos, de lo
ocurrido en los campos de la muerte de Auschwitz. Todos los documentos
previos a 1990 deben ser entregados a la Comisión, y la destrucción,
ocultamiento o falsificación de documentos es un delito. Las víctimas
tienen derecho a conocer la información reunida sobre ellos, a obtener
copias de los documentos respectivos y a introducirles enmiendas o correcciones”.
Victor Nemchinov,
director del Museo de la Conciencia Histórica de Moscú. “Los
reformadores liberales que iniciaron la disolución del sector estatal
carecían de cualquier concepto propio de modernización. Lo
que tenían era una ilusión de tránsito rápido.
Al comienzo de la transición el académico Leonid Albakin
quería desmantelar la economía planificada en dos años
y medio. El borrador de reforma de Shatalov-Yavlinski contemplaba terminar
toda la transformación en 500 días y los reformistas liberales
más radicales abogaban por atajos aún más cortos hacia
la desregulación. Por legítimas que esas aspiraciones pudieran
parecer, no eran legales. El legalismo era considerado como una obstrucción
burocrática a la nueva democracia. En un corto lapso la mano protectora
del Estado desapareció junto con cualquier responsabilidad por la
mejora de las redes sociales existentes. La exportación del sistema
occidental al Este equiparó la transición con las rígidas
reglas del mercado libre y la democracia. Resta por ver si esos clones
institucionales llevarán a las anheladas metas democráticas
de mayor control popular sobre la vida cotidiana y generalización
de la transparencia. La era de las grandes expectativas poscomunistas ha
concluido. Hay una creciente comprensión de que hasta ahora los
nuevos regímenes sólo han incorporado las formalidades de
las instituciones occidentales, sin su contenido. Tras la expansión
de la democracia y la lucha por la libertad se disimula una incómoda
transición del Estado policial al Estado criminal”. |
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