La sociedad argentina parece estar alcanzando un acuerdo tácito. Ha aprendido a través de arduas experiencias que no es posible borrar la guerra sucia de la década del 70 ni tenerla presente todos los días. Ha habido momentos de fuerte emoción pública, en los que la reemergencia del pasado desplazó a la agenda del día, y otros de cansancio, en los que el tema parecía insoportable y la gente prefería mirar en otra dirección. El poeta mexicano Octavio Paz escribió que la cultura maya medía el tiempo de los acontecimientos históricos según una cuenta corta y una cuenta larga. Ambas coexisten de modo inseparable y complementario en la elaboración de la conciencia social. 
La ansiedad de los gobiernos y de algunos sectores sociales por alcanzar la denominada reconciliación no tiene sentido y, en algunos casos, encubre bajos sentimientos. La reconciliación es un concepto religioso que no puede ser inyectado a presión en la vida política secular. Forzar a que se reconcilien los familiares de las víctimas con sus asesinos es sádico con los individuos e irrelevante para la sociedad. Lo pasado pisado no es una buena consigna para la construcción democrática. Ni leyes ni decisiones políticas pueden suprimir sentimientos e imponer afectos. El único fundamento firme para construir un futuro diferente es el compromiso de todos los ciudadanos a respetar la ley y renunciar a cualquier clase de trucos y atajos. Ni más ni menos que esto. 

Ante la ley 

A la Argentina le llevó un largo proceso, iniciado cuando la última dictadura se derrumbó luego de la derrota en la única guerra internacional que libró en este siglo. Esto permitió tanto la creación de una Comisión de la Verdad como el juzgamiento de los principales responsables de la desaparición, tortura y asesinato clandestino de unas 30.000 personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes y por lo general muy jóvenes. Este sistema mixto simbolizó el fin del rol privilegiado de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina. Ya no estaban por encima de la ley, sino ante ella, y esto fue esencial para establecer un estado de derecho. La Comisión investigó los hechos básicos y la justicia procesó a quienes integraron las tres primeras juntas militares, entre ellos tres ex presidentes de facto. Dos fueron condenados a prisión perpetua. 
El objetivo principal del gobierno del presidente Alfonsín no fue la justicia retributiva sino lograr cierto grado de disuasión para impedir nuevos golpes militares en el futuro. Cuando las detenciones comenzaron a alcanzar también a oficiales en actividad de jerarquías intermedias una rebelión puso este logro en duda. Se enfrentaron entonces dos formas opuestas de legitimidad. El gobierno no pudo contar con ninguna unidad militar para reprimir el alzamiento pero los rebeldes tampoco consiguieron ningún apoyo en la sociedad. El gobierno, que no había negociado con los ex dictadores sí lo hizo con los rebeldes. La ley que envió al Congreso obligó a los jueces a presumir que todos los oficiales por debajo del más alto nivel habían cumplido órdenes cuya ilegalidad no comprendían. Centenares de secuestradores, torturadores y asesinos quedaron en libertad. La comisión de la verdad y los juicios redujeron la influencia militar en el sistema político, lo cual sentó las bases para un gobierno civil permanente, pero la amnistía concedida bajo presión fue un serio retroceso en el camino hacia una democracia liberal informada por principios éticos. 

No hay olvido por decreto 

Hostigado por la hiperinflación y por el persistente malestar militar, Alfonsín renunció a la presidencia y adelantó la entrega del poder al candidato del opositor Partido Justicialista que en esas circunstancias había ganado la elección presidencial. Poco después, Carlos Menem indultó a los ex dictadores que aún estaban detenidos. Ambos perdones fueron muy impopulares: más del 70 por ciento del pueblo argentino prefería que los juicios continuaran y las condenas se cumplieran. La política de apaciguamiento de Menem no bastó para impedir un nuevo alzamiento militar pero le permitió ser obedecido cuando ordenó reprimirlo de modo drástico. Tuvo en ese aspecto más suerte que Alfonsín. Aunque la opinión pública siguió rechazando la impunidad, su atención se desvió hacia otros problemas, como la crisis económica. Después de aplastar la última rebelión, Menem también pudo dominar un rebrote hiperinflacionario, mediante la convertibilidad. Después de años de tensión militar e inestabilidad económica, la sociedad parecía aceptar una transacción pragmática. El castigo a los militares había perdido prioridad en la agenda colectiva. Pero el olvido es imposible por decreto. Tres años después Menem pidió al Senado el ascenso de dos oficiales de la Armada. Ambos habían participado en crímenes horrendos. Entre sus víctimas estaba el grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo, secuestradas dentro de una iglesia, y dos monjas francesas. Luego de ser torturados, todos ellos fueron asesinados. Cuando esa historia fue publicada en el diario Página/12 el Senado convocó a ambos oficiales a una audiencia pública. Uno de ellos reconoció que la tortura había sido el arma escogida en lo que llamó una guerra sin ley. El otro hizo conocer que nadie pudo conservar las manos limpias porque todos los oficiales habían rotado en las fuerzas de tareas. El Senado les negó el acuerdo para que fueran ascendidos. 
Debido a este debate, un tercer oficial de la Armada decidió contar su historia. El capitán Adolfo Scilingo se sentía abrumado por la culpa de haber asesinado a sangre fría a 30 prisioneros, a quienes inyectó una droga y arrojó a las aguas del mar desde aviones navales cuando aún estaban con vida, cumpliendo órdenes superiores. Durante uno de los vuelos, resbaló y estuvo a punto de caer junto con una de sus víctimas. Entonces, el mecanismo militar de despersonalización y deshumanización se rompió dentro suyo. Pero aún le llevó otros veinte años confesar. Hasta ese momento, los militares habían negado los hechos de la guerra sucia, y sólo admitían haber sido los salvadores de la Patria. Las Fuerzas Armadas no quedaron al margen del vendaval de pasiones que esa confesión desató. En la mesa de las casas militares cada hijo preguntaba a su padre qué había hecho durante la guerra sucia. Uno de ellos fue el jefe del Ejército, general Martín Balza. Luego de consultarlo con su hijo mayor, admitió que el Ejército había violado la ley para combatir a la guerrilla y que los comportamientos criminales fueron ordenados en forma vertical a través de la cadena de comando. Agregó que el Ejército había usado métodos indignos para obtener información y que había llegado a la supresión de la vida de los detenidos. Estas dos confesiones sepultaron el mito indefendible de los excesos o los errores por parte de los subordinados. 

Pasado y presente 

En el vigésimo aniversario del golpe de 1976 una gran movilización de más de cincuenta mil personas marcó un nuevo punto en la conciencia social. Todo vigésimo aniversario parece ser muy importante, tal vez porque coincide con la emergencia de la primera generación posterior a los hechos. El castigo de los crímenes del pasado se vinculó entonces en forma muy clara con los problemas contemporáneos de una democracia joven e imperfecta, como la falta de independencia del Poder Judicial. El mismo presidente que firmó los impopulares indultos, empaquetó la Corte Suprema de Justicia, que hoy es presidida por un ex socio de Menem, cuyo principal antecedente es haber sido jefe de policía en la provincia de ambos. En ese nuevo clima social, centenares de hijos de desaparecidos formaron un nuevo organismo de derechos humanos, el primero que no está integrado por miembros de las generaciones anteriores. Además, argentinos residentes en España denunciaron a los ex dictadores ante un tribunal de Madrid. Este fue el origen del proceso gemelo contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Pero no bastaba con la sanción externa. 
Invocando pautas culturales que se remontan a la Edad de Piedra, varios familiares de desaparecidos pidieron a la Justicia argentina que declarara el derecho a la verdad y al duelo y la obligación de respetar el cuerpo humano. Desde que el hombre de Neanderthal fue enterrado en una caverna sobre un lecho de ramas de pino y cubierto por un manto de flores, el culto de los muertos fue un signo de humanización aún más significativo que el uso de herramientas y del fuego, y nos diferencia del resto del reino animal. “Aquellos que nos niegan el derecho de enterrar a nuestros muertos, no hacen otra cosa que negarnos nuestra condición humana”, sostuvo uno de los familiares, Emilio Mignone. La Justicia reconoció esos derechos, declaró que el Estado tenía obligación de reconstruir el pasado y revelar la realidad de lo que ocurrió concada desaparecido. 
Aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que siguieron aferrados a viejos slogans y actitudes debieron despertar a una dura realidad. El capitán Alfredo Astiz (uno de los secuestradores de las monjas francesas) había sido para la Armada el símbolo del oficial joven que sólo cumplió órdenes. Por eso, fue defendido con más ahínco que los ex comandantes. Pero luego de la confesión de sus camaradas y debido a la presión francesa Menem forzó a la Armada a pasarlo a retiro. Desahogando su resentimiento durante una amenazante entrevista, Astiz se jactó de ser el hombre mejor entrenado para matar a un político o a un periodista. La propia Armada pidió al gobierno que lo destituyera, y un juez lo procesó por amenazas. Pocos días después el Congreso derogó las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que permitiría procesar a algunos oficiales que no hubieran sido juzgados antes. Cuando Menem ordenó demoler el edificio del más célebre campo clandestino de concentración como forma de suprimir el tema, un juez se lo prohibió, afirmando que constituía un sombrío patrimonio nacional, como Auschwitz en Polonia. El gobierno nacional ha pagado indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y el de la Capital creará un Museo de la Memoria. El año pasado tres jueces ordenaron el arresto de una docena de militares (entre ellos los ex dictadores Videla y Massera) acusados de crímenes tan atroces que ni siquiera las leyes de impunidad los perdonaron: el robo de bebés. Las prisioneras embarazadas eran mantenidas con vida en los campos de concentración hasta que daban a luz. Luego del parto las madres eran asesinadas y los recién nacidos entregados en falsa adopción a familias militares estériles. Las infatigables Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron recuperar a 63 de ellos. 

Una sociedad mejor 

Lo más notable fue que, esta vez, las Fuerzas Armadas minimizaron las detenciones, afirmando que ya no eran militares, que el robo de bebés era un crimen repugnante y no un acto de guerra. El Comandante de una Brigada del Ejército visitó todas las unidades de su territorio, reunió al personal y lo invitó a manifestar con libertad sus principales preocupaciones. La lista de agravios incluyó los bajos salarios y el pobre equipamiento, pero nadie planteó la cuestión de los arrestos. Hay cosas que ya no se discuten. Si algo de la experiencia argentina puede ser útil a otros países es la coexistencia en el largo plazo de diferentes enfoques. Tanto las comisiones de la verdad como los juicios son sólo instrumentos, que deben adecuarse al estado de conciencia de la sociedad, que cambia con los años. Hasta cierto punto, podemos confiar en que la cuenta corta y la cuenta larga de la cultura maya estén dando nacimiento a una sociedad argentina mejor. 

 
 

Fuerte y claro  No lejos de aquí, a la orilla del mismo río Danubio, la OTAN está degradando la capacidad del pueblo serbio para dirigir las operaciones de su vida cotidiana, desde hacer el amor hasta asistir a seminarios como éste. Esto es tan inadmisible como la limpieza étnica de Milosevic. Mas aún, son complementarias. Las bombas más inteligentes de la historia de la humanidad que se desvían hacia hospitales, buses y casas, así como la deliberada selección de la infraestructura que provee a la población civil agua y energía están ayudando a Milosevic a cumplir sus metas de expulsar a parte de la población y eliminar toda oposición en el resto. Como dijo aquí Aryeh Naier al hablar de responsabilidad moral, si el pueblo de Serbia se hubiera opuesto a la limpieza étnica, Milosevic no hubiera podido implementarla. Yo no quiero ser moralmente responsable. Por eso, fuerte y claro, sostengo mi desacuerdo con el bombardeo de población civil.