Por Horacio Verbitsky

Atribuir a la deuda externa las penurias que atribulan a un porcentaje cada día creciente de la población es uno de los modos más insidiosos de perpetuar ese estado de cosas. Bien lo sabe Eduardo Duhalde, cuyo ministro de economía y compañero de expedición al Vaticano, Jorge Remes Lenicov, es el autor del proyecto de ley de convertibilidad fiscal que, lejos de obstaculizar los pagos a los acreedores, crea un fondo especial para garantizarlos, a expensas del gasto social, presente y futuro. Más grave que este flagrante doble discurso es la identificación errónea del enemigo, que favorece a quienes desde hace dos décadas se han enriquecido sin límites gracias a la gestión del Estado de Bienestar para Pocos. Desde la convertibilidad hasta hoy por intereses y amortización de capital de la deuda se pagaron 59.700 millones de dólares. Pero en el mismo lapso 1991-1997 se contrajeron nuevas deudas por 63.500 millones. Hace seis años el observador francés del liberalismo argentino, Guy Sorman, había escrito que “la política de liberalización no era en el fondo más que una fiesta financiada a crédito”. La rebaja de la calificación crediticia de la Argentina por Standard & Poor’s recuerda que esa fiesta se puede terminar. La bola de nieve de la deuda ensombrece el futuro, pero nadie puede decir con seriedad que los padecimientos actuales se deban a ese balance que, lejos de desangrar al país, implicó una transfusión de casi 4.000 millones de dólares, aun sin considerar la Inversión Extranjera Directa. El problema está en otra parte.
Las transferencias de recursos que desde hace dos décadas el Estado gestiona desde el conjunto de la sociedad hacia los sectores del capital más concentrado por lo menos triplican a los vencimientos de la deuda externa. Los subsidios pagados durante la dictadura militar (por promoción industrial, exportaciones, quiebras de bancos, contrataciones y compras del Estado a precios irracionales), el festival de bonos del gobierno radical (que financiaba su déficit colocando títulos que pagaban intereses exorbitantes), y las superganancias garantizadas por el menemismo a los monopolios privados que resultaron del desguace a precio vil de las empresas públicas han dado nacimiento a una nueva clase de multimillonarios en un país empobrecido hasta la consunción. Los grandes beneficiados por los gobiernos militar, radical y justicialista y sus superministros Martínez de Hoz, Sourrouille y Cavallo no están fuera sino dentro del país. 

La gran deudora del Sur
La deuda externa y la guerra sucia abrieron en forma violenta las puertas que resguardaban los intereses populares. Algo muy similar había ocurrido en el siglo XIX con la precursora guerra al indio. Entonces igual que ahora así se consolidaron grupos de poder decisivos y nuevas formas de inserción en el mercado mundial. Entre 1876 y 1903 el Estado regaló o vendió por monedas 41 millones de hectáreas a 1.843 personas, lo cual condicionó el desenvolvimiento posterior de la sociedad y la economía, porque la tierra quedó fuera del alcance de nuestros abuelos inmigrantes atraídos por el programa de Sarmiento y Alberdi. No hubo colonización agrícola de pequeñas propiedades que producen para el mercado interno como en Estados Unidos, sino gran latifundio de exportación que nos ató al mercado británico. Para financiar ese flujo, con la construcción de ferrocarriles, silos, frigoríficos, puertos, el país fue amarrado a la pesada rueda del interés compuesto, como la llamó Raúl Scalabrini Ortiz. 
La deuda externa es el gran mecanismo reciclador de las relaciones de poder porque unos gozan del crédito y otros lo pagan. Pero así como los arrestos de Videla y Massera no devolverán la vida a sus víctimas tampoco basta con suspender los pagos de la deuda para que la rueda gire en el sentido contrario. El mismo Avellaneda que ordenó a Roca la guerra al indio fue quien anunció que se economizaría sobre el hambre y la sed de los argentinos para cumplir con los acreedores externos: “Hemos pagado hasta este momento todo, sin investigaciones prolijas y hasta casi sin examen, porque éste es uno de los rasgos de nuestro carácter nacional”. que, como se sabe, es etéreo e inmutable. Sarmiento tuvo tiempo de ver el fracaso de su programa de colonización. En 1886 lo resumió, con una paráfrasis despiadada del Himno Nacional. “México, Ecuador, Perú, Venezuela, están acribillados de deudas, empréstitos, y declarados más o menos insolventes en la bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo:
Calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma.
Silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur”.
Los picanas del Ejército y la Armada y la apertura de mercados de Martínez de Hoz produjeron un resultado similar un siglo más tarde, aunque con un mayor grado de concentración. Poco más de un centenar de grupos económicos locales y empresas transnacionales contrajeron el grueso de los 43.000 millones de dólares de endeudamiento externo con que concluyó la dictadura. Como el capital de trabajo les era provisto por los subsidios directos del Estado, pudieron prestar esa enorme masa de recursos en el mercado interno a aquellos que no tenían acceso al financiamiento internacional. La diferencia de tasas de interés fue el motor de la fabulosa acumulación de aquellos años, que no se reflejó en inversión productiva sino en una fuga de capitales de una magnitud equivalente a la de la deuda externa: por cada dólar que la Argentina debía, había un dólar de origen argentino depositado en el exterior. Desde entonces, la inversión financiera ha desplazado a la producción como principio central de la actividad empresaria. Los seguros de cambio del ministro Lorenzo Sigaut y la estatización de esa deuda privada por Domingo Cavallo cuando pasó en forma fugaz por la presidencia del Banco Central transfirieron esa carga al conjunto de la sociedad. Ante la reticencia de otros países de la región a integrar un club de deudores y jaqueado por la inflación y el malestar militar ante los juicios a sus ex Comandantes, Alfonsín terminó pactando con los que entonces se llamaban capitanes de la industria, la economía de guerra contra el salario, y con los acreedores externos el Plan Baker, de capitalización de deuda externa. Los bancos dejaron de ser vulnerables ante sus accionistas cuando pudieron pasar a pérdida en sus balances los créditos latinoamericanos. La posibilidad de imponerles condiciones se evaporó como rocío al sol. Pero Alfonsín no advirtió el cambio de escenario y con el familiar delirio de grandeza argentino pensó que un país secundario podía provocar y aprovechar una confrontación entre el Banco Mundial y el FMI, suspendió el pago de los intereses y terminó como terminó. Ya entonces el problema principal no era la deuda sino los distintos tipos de subsidio que el Estado había pagado a los grupos económicos hasta quedar en bancarrota. 

La quiebra del Estado
Un borrador de trabajo del economista Eduardo Basualdo, el más descollante investigador de las transformaciones estructurales de las últimas dos décadas, cuantificó cada sangría en puntos porcentuales del Producto Interno Bruto: 
  Entre 1981 y 1989 el pago de los intereses de la deuda externa representó el 5,5 por ciento del PIB, pero si se descuenta el nuevo endeudamiento contraído en ese período, el efecto neto no pasó del 4,3 por ciento. 
  Las transferencias efectuadas en el mismo lapso por el Estado hacia el capital más concentrado fueron equivalentes al 9,7 por ciento del PIB, más que el doble de los pagos a los acreedores externos, de acuerdo con datos oficiales suministrados por Roque Fernández en 1990. 
  Ese cálculo es muy conservador, ya que en esos mismos años los ingresos de los trabajadores se redujeron en el equivalente a 12,6 por ciento del PIB (el triple de lo pagado a los acreedores), recursos que se redistribuyeron hacia el sector empresario. 
  Además, la fuga de capitales al exterior también superó al monto transferido a los acreedores: 4,7 por ciento del PIB. 
Esto precipitó la quiebra del Estado, que no podía seguir cumpliendo con los acreedores externos y los grupos locales al mismo tiempo. Cuando Menem asumió la presidencia, con la pistola de la hiperinflación en la nuca, ni pensó en resistir el ultimátum. Un plan elaborado por Henry Kissinger y adoptado por los organismos financieros internacionales permitiría superar esa pugna entre dos sectores esenciales del capital y subordinar al resto de la sociedad: con la privatización de las empresas públicas los acreedores no sólo percibirían los intereses sino también el capital adeudado y los grupos locales participarían como socios en la nueva etapa. El modelo que rigió en la última década se basó en las asociaciones entre bancos acreedores, empresas transnacionales y grupos locales. Un documento de trabajo del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre “El papel de las privatizaciones en el proceso de concentración y centralización de la economía” destaca el rol preponderante de las asociaciones en este proceso. Analizando su promedio anual de ventas en el período 1991/97 son las que más facturaron entre las 200 mayores empresas, seguidas por los grupos económicos locales. Esta interrelación entre capitales locales y extranjeros, dice el autor del trabajo, Daniel Azpiazu, “dota a la cúpula de una articulación desconocida en las etapas anteriores, e impulsa la conformación de una comunidad de negocios”. También la tasa de rentabilidad de las asociaciones y de los grupos económicos superó con holgura (algunos años la duplicó) a la del resto de la cúpula, que a su vez fue más alta que la del resto de la economía. 
Durante los años de las privatizaciones volvieron al país parte de los capitales locales que habían fugado al exterior. También dejó de crecer el endeudamiento externo total. Las condiciones excepcionales ofrecidas (precios risibles, mercados cautivos, nula regulación) hizo más atractiva la inversión en activos estatales que la colocación financiera. Pero este proceso se agotó junto con las privatizaciones y tanto el endeudamiento externo como la fuga de capitales volvieron a crecer a partir de 1994. Como en la década del 70, también en la del 90 el nuevo ciclo de endeudamiento corrió por cuenta del sector privado. Dice Eduardo Basualdo en el borrador mencionado: “Los grupos económicos y los conglomerados extranjeros, que habían terminado de transferirle su deuda externa al Estado a fines de la década anterior, comenzaron a endeudarse para adquirir las empresas públicas y financiar el capital de trabajo de los nuevos consorcios que se hicieron cargo de los servicios públicos”. Como parte del mismo proceso se observa “la pérdida de importancia que registraron los bancos privados transnacionales. Desde el Plan Brady en adelante una parte mayoritaria de la deuda externa, tanto del sector público como del privado, dio lugar a la emisión de bonos, títulos y obligaciones, irrumpiendo otros acreedores externos, como los Fondos de Inversión”. Luego del corto intervalo de las privatizaciones, el capital concentrado “retomó decididamente un comportamiento económico fuertemente asentado en la valorización financiera, siendo una de sus expresiones la creciente remisión de recursos al exterior”. Nada más que en el período 1993-1997, 5.500 millones de dólares declarados como remisión de utilidades salieron del país. Pero además y aprovechando la desregulación de los flujos financieros durante la convertibilidad se fugaron otros 37.900 millones de dólares, producto de las superganancias realizadas por las ex empresas estatales privatizadas. Entre 1991 y 1997 por intereses y amortizaciones de la deuda externa se pagaron 59.700 millones de dólares, mientras los capitales locales depositados en el exterior y la renta que obtuvieron fueron de 57.000 millones. La misma relación de uno a uno de fines de la dictadura militar. 

Son grupos
Este impresionante stock de capitales locales en el exterior fue alimentado en el último trienio por las ventas de tenencias accionarias en las asociaciones que los grupos económicos aborígenes hicieron a sus socios extranjeros a partir de 1995. La fecha es significativa y demuestra una vez más la sensibilidad política de los abrepuertas. Al concluir la primera presidencia de Menem llegaba el momento de realizar las ganancias obtenidas en el desguace del Estado, antes de que un nuevo gobierno introdujera alguna regulación y procurara mejorar la competencia. Para los compradores, que Azpiazu describe como “grandes firmas internacionales prestadoras de un servicio específico” esas firmas siguen siendo apetecibles porque aun sin los excesos de los primeros años del menemismo, el mercado argentino todavía es uno de los más rentables del mundo.
La idea que se ha instalado en los últimos años acerca de un colapso y disolución de los grupos económicos es superficial. Su presencia en la cúpula sigue siendo relevante, porque no vendieron todas sus participaciones, sino sólo algunas, y la parte del dinero que no colocaron fuera del país la destinaron a la adquisición de centenares de miles de hectáreas de las mejores tierras de la pampa húmeda y agroindustrias, como frigoríficos de exportación y procesadoras de alimentos, para aprovechar las ventajas comparativas naturales que siempre distinguieron a la Argentina. Varios de ellos también esperan superganancias de las significativas inversiones que han realizado en otros países de la región, que están liquidando hoy sus empresas estatales. En una economía que gira sobre la valorización financiera esa disponibilidad de recursos líquidos es una palanca de poder más vigorosa que la tenencia de activos fijos dentro del país. Disueltas las asociaciones que predominaron en la década menemista, una nueva contradicción se insinúa entre fracciones del capital más concentrado. Quienes han adquirido activos fijos locales y venden bienes y servicios en pesos, se inclinan por la dolarización que propone Menem. Aquellos que han convertido sus activos en dólares, tierras o producción primaria exportable, presionan para romper la convertibilidad, según el modelo que Cavallo ha comenzado a diseñar. Ya ensayan el discurso nacionalista e industrial con el que al cambiar el gobierno se lanzarán a un nuevo abordaje del tan funcional Estado. “Burguesía nacional” los llama el melancólico equipo de campaña de Duhalde, con términos prestados de otra era geológica, ineptos para describir cualquier fenómeno actual, pero muy apropiados para disimular la esencia del nuevo saqueo que esos grupos preparan a los caudales públicos, que es su modo predilecto de acumulación.

Por H.V. 

La iniciativa para aliviar a los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC según su sigla en inglés) fue adoptada en 1996 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Comprendía a 33 países con una deuda pública conjunta de 127.000 millones de dólares, es decir menos que la deuda argentina total, que pasa de los 140.000 millones. En la reunión del Grupo de las Siete Naciones más Industrializadas del Mundo (G7) del mes pasado se extendió el programa a otros ocho países. Casi todos los candidatos son africanos y también figuran Honduras, Bolivia, Guayana y Nicaragua. Entidades humanitarias como la británica Christian Aid proclaman que el plan debería abarcar a 50 naciones, según una fórmula que contemple la magnitud de la deuda y la capacidad del país para pagarla, contemplando indicadores de pobreza, mortalidad infantil y analfabetismo. También Rusia solicitó una condonación parcial. Sólo le ofrecieron un crédito puente del FMI, con la exigencia de incrementar la recaudación y disminuir el gasto público. Recién después sería posible estudiar la reprogramación de los pagos de la deuda contraída con los gobiernos del G7, siempre y cuando Rusia vuelva a sentarse a la mesa de las negociaciones sobre armamentos misilísticos y nucleares, el único tema que preocupa a Occidente más que el orden de las cuentas. Por si hubiera alguna duda, el informe sobre la deuda rusa no fue ofrecido por algún funcionario del área económica sino por el asesor de seguridad nacional de Bill Clinton, Sandy Berger. 
Sean 33 o 50 los países admisibles en el plan de alivio, las diferencias entre ellos y la Argentina son ostensibles:
  En esas naciones el deudor es el Estado Nacional. En la Argentina, casi la mitad de la deuda es privada.
  El 85 por ciento de las deudas de aquellos países fueron contraídas con organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial y con los gobiernos de los ricos países del G7. En la Argentina la proporción es inversa. Tres de cada cuatro dólares se deben a acreedores privados, y dentro de ellos se ha reducido a apenas un 16,3 por ciento del total la parte de los bancos comerciales, mientras no cesa de crecer la participación de los tenedores de títulos, bonos y obligaciones.
  Las deudas de los países elegibles fueron contraídas en décadas pasadas, bajo gobiernos dictatoriales. La Argentina ya ha cancelado toda la deuda anterior a 1983, canjeándola por títulos Brady o por activos de las empresas privatizadas por el Estado. La deuda actual ha sido contraída bajo los gobiernos electos por el voto popular de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
  Los HIPC hace años que no pagan una parte de los intereses de sus deudas. Esa moratoria se debe a lisa y llana imposibilidad y no a decisión política de sus gobiernos, que equivaldría a una quiebra fraudulenta. El programa de alivio se basa en su capacidad para tolerar la deuda y consiste en perdonar aquella proporción que de todos modos el país en cuestión ya había dejado de pagar. Tal como los salvatajes de México y Rusia impulsados por Estados Unidos se preocupa sobre todo por mejorar la situación de los acreedores. Los fondos así ahorrados deberían aplicarse a programas de promoción de la salud, la educación, la prevención del SIDA y la mejora de las prácticas financieras oficiales, pero esto implica recortes en otros gastos, ya que el único perdón es para lo que no se estaba pagando. Se trata de naciones donde la expectativa de vida no llega a los 50 años, con índices de analfabetismo y mortalidad infantil devastadores y, en varios de ellos, más de la mitad de la población está infectada por el HIV. La Argentina no sólo ha pagado intereses sino también amortizado capital de su deuda y su situación social promedio ha desmejorado pero sin llegar a aquellos niveles de catástrofe. 
  Debido a la suspensión de los pagos, aquellos países quedaron marginados del sistema financiero internacional y dependen sólo de sus propios recursos. La Argentina es un actor activo en esos mercados, lo cual le ha permitido vivir en esta década por encima de sus posibilidades. 
  El Producto Bruto Interno (PIB) de los 50 países más desfavorecidos es minúsculo y su población supera los 400 millones de personas, lo cual supone una emergencia humanitaria de grandes proporciones. El PIB de la Argentina está entre los mayores veinte del mundo y su población es doce veces menor que la de los países incluidos en la iniciativa. Antes de la última recesión, sus resultados macroeconómicos habían sido espectaculares. 
El problema es que mientras en aquellos países la pobreza es general, en la Argentina rige una de las distribuciones del ingreso más regresivas del mundo, con ricos de las mil y una noches rodeados de villas miseria. Este problema no se soluciona negociando con los acreedores externos, sino dentro de las fronteras, modificando las relaciones de poder que lo crearon. Si un milagro del Papa permitiera a la Argentina ingresar en este programa es dudoso que obtuviera alguna ventaja con respecto a su situación actual. Antes de acceder a la reducción de deuda es necesario someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con un programa de ajuste estructural de tres años y otros tres de espera hasta recibir el primer beneficio. En la reunión del G7 en Alemania, el arzobispo de Honduras, Oscar Rodríguez, y el cantor de rock irlandés Bono fueron recibidos por el primer ministro alemán Gerhardt Schroeder, a quien le entregaron más de 17 millones de firmas de personas de todo el mundo que “exigen la condonación de la deuda”. Cuando quedaron a solas, determinaron que sólo dos países estarían en condición de acogerse al plan de reducción de deuda, a partir del año próximo: Bolivia y Uganda. En cambio Etiopía no podría sumarse hasta finalizar el año 2000. El país más endeudado del mundo, Nicaragua, que padeció dos décadas de guerra, recién podría ser admitido a fines del 2001. Mozambique, Tanzania, Nigeria y Zambia estarían en condiciones de ingresar entre los años 2002 y 2003. A Ruanda, que perdió un millón de sus habitantes en tres meses de 1994 en el genocidio más rápido de la historia de la humanidad, se le permitiría golpear a las puertas de los organismos financieros internacionales después del 2003. Para entonces ya habrá terminado el mandato del presidente que suceda a Menem en la Argentina de las eternas fantasías.