EL FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA EN EL DEBATE ELECTORAL
El violín y la melodía

La inquietud por el financiamiento de la actividad política y los condicionamientos que implica se instalaron en el centro de la campaña electoral. Los detonantes fueron la denuncia del ingeniero Guillermo Laura sobre el pago de siete millones de dólares al ex ministro Roberto Dromi por parte de los constructores de autopistas y la revelación de que la UTE Ogden Rural aportó cien mil dólares a la campaña electoral del Frepaso, que lo admite, y probablemente el doble a la de la UCR, que aún lo niega. Bajo el impacto de estos y de otros casos todos los bloques de la Legislatura de la Ciudad acordaron tratar el 30 de setiembre la ley sobre el financiamiento de los partidos políticos. De aprobarse, sería la primera en el país que regule un tema crucial para la supervivencia de la democracia. Pero las imponentes cifras de inversión publicitaria del presidente Carlos Menem y del gobernador Eduardo Duhalde en el primer semestre de este año indican que el problema no se agota con los gastos partidarios. Luego de una semana en la que la empresa Ogden Rural no desmintió la información de este diario sobre sus aportes a los partidos que deben decidir si autorizan o no la cuestionada edificación de un shopping y una docena y media de cines en una zona de Urbanización Parque, el comando de campaña radical sigue sin revelar quiénes son sus aportantes. El encargado de la Fundación Duhalde Presidente, Alberto Fernández, explicó que tampoco ellos abrirán la información de sus aportantes al conocimiento público. “Si lo que les interesa saber es si Victorio Gualtieri aporta, puedo asegurarles que no”, dijo Fernández, cuya mayor pesadilla es que alguien pueda considerarlo el Gostanián de Duhalde. Gualtieri es el mayor contratista de obras públicas en la provincia. Es decir que, de las principales fuerzas, sólo el Frepaso se allana al escrutinio republicano, lo cual no significa que pueda eludir el debate sobre la dudosa ética de aceptar ciertas donaciones, como la de Ogden Rural, que está en conflicto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Chacho Alvarez regresó de Estados Unidos entusiasmado con los usos de Internet para combatir la corrupción, pero no ha tenido éxito en persuadir a sus socios electorales acerca de las ventajas de tal método. El candidato presidencial republicano George W. Bush, por ejemplo, actualiza cada 24 horas la lista completa de sus donantes, en el site de Internet www.georgewbush.com. Gustavo Béliz, de Nueva Dirigencia, presentó un proyecto de resolución por el cual todos los bloques que integran la Legislatura de la Ciudad deberían informar en 72 horas si los partidos a los que representan recibieron donaciones o aportes de Ogden Rural, la Sociedad Rural, de las firmas o personas que las integran o de empresas vinculadas a las integrantes de la UTE. En los fundamentos del proyecto Béliz y los legisladores Miguel Doy y Jorge Srur mencionan la nota “Peón de campo”, publicada en este diario el domingo pasado. La solicitud de informes también comprende a las fundaciones, sociedades o asociaciones, con o sin fines de lucro, que los partidos integren. Con los elementos suministrados por los bloques, la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control elaborará un dictamen que deberá presentarse a la legislatura antes de que se trate la rezonificación de la Rural. Se trata de constatar si quien paga el violín también ordena la melodía.

Hacerla corta

Los ingresos que las campañas reciben constituyen sólo uno de los aspectos a controlar. El otro es la congruencia entre esa cuenta y la de sus gastos. Según los pocos estudios conocidos (de Poder Ciudadano, de Roberto Olivero y Juan Tonelli) bajo la presidencia de Menem los gastos publicitarios del partido del gobierno, pero también los del principal de la oposición, la UCR, por lo menos triplicaron los ingresos declarados.Para que en las elecciones presidenciales del mes próximo no vuelva a ocurrir lo mismo, los candidatos del PJ y de la Alianza aceptaron someterse a cierta forma de auditoría por parte de Poder Ciudadano, en lo que constituye una lisa y llana admisión de que el Estado no cumple con su deber de fiscalización. La ley de los partidos políticos vigente no permite aportes anónimos ni de entidades públicas, concesionarios de servicios u obras públicas, gobiernos o entes extranjeros, sindicatos de patrones u obreros, y los obliga a presentar su contabilidad al juzgado electoral. Pero esas rendiciones de cuentas son formales. Se limitan a consignar una cifra global de ingresos y otra coincidente de gastos y no detallan quiénes proveyeron esos fondos. El 6 de junio Duhalde publicó una carta abierta a De la Rúa sobre los gastos de campaña. Dos días antes, la Alianza conocía de su existencia e intentó adelantársele. Chacho Alvarez se comunicó con el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, el viernes 4, para concertar un encuentro con Poder Ciudadano. Chacho ya había anunciado en ocasión de las internas de la Alianza que Poder Ciudadano auditaría los gastos del Frepaso, pero nunca se comunicó con esa organización no gubernamental, que representa en la Argentina a Transparencia Internacional. Duhalde proponía hacer de la lucha contra la corrupción una política de Estado, pero ese era precisamente el terreno en el cual De la Rúa estaba seguro de que podía obtener ventajas claras. Duhalde proponía reducir a 45 días la campaña electoral, pero De la Rúa se opuso argumentando que su rival llevaba años haciendo publicidad de su gobierno. Duhalde quería que el control de las campañas presidenciales se remontara al comienzo de este año, cuando aún estaba luchando por su candidatura, y De la Rúa sólo aceptaba a partir de agosto. (En el primer semestre de este año el PJ gastó tres veces más que la Alianza, pero el candidato De la Rúa gastó el doble que el candidato Duhalde).

El sexo de los ángeles

La negociación entre peronistas y radicales con Poder Ciudadano es indicativa de las fortalezas y debilidades de cada uno en esta materia. Ante la imposibilidad de lograr una coincidencia, Poder Ciudadano propuso que cada uno tomara el compromiso que quisiera. En tales condiciones la utilidad de la auditoría es poco más que sentar un precedente. Duhalde fue más copioso en sus promesas a Poder Ciudadano, pero no cumplió ninguna de ellas. De la Rúa mezquinó su oferta a los auditores, pero luego la honró en fecha. Duhalde se comprometió a informar antes del 15 de agosto sobre los gastos del Partido Justicialista en los primeros seis meses del año y sobre el origen de los fondos. Para los meses siguientes se comprometió a entregar sus informes “dentro de los 10 días corridos del vencimiento de cada mes”. Transcurridos 19 días de setiembre no entregó ni lo uno ni lo otro. De la Rúa sólo se comprometió a informar mensualmente desde la firma del acuerdo, el 5 de agosto, sobre los fondos ingresados, pero no sobre sus aportantes. Al primer vencimiento, la semana pasada, entregó el informe prometido. Sobre el periodo anterior, hará “la correspondiente rendición a la Justicia y establecerá con Poder Ciudadano la metodología para medir con criterios objetivos y técnicamente adecuados los gastos efectuados”, frase tan rebuscada como oscura. Duhalde se comprometió a que “la publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires obedezca exclusivamente a razones de interés público y no atienda a motivos electorales”. De la Rúa declaró su disposición a “aclarar cualquier diferencia que surja”, en especial “en cuanto a publicidad electoral cuyo contenido pudiere discutirse por su orientación electoral”. La imagen del gobernador-candidato inaugurando una escuela Aatiende a motivaciones electorales? La del jefe de gobierno-candidato entre pañales y camas de hospital ¿tiene orientación electoral? La ambigüedad de los compromisosreduce la cuestión a un debate escolástico sobre el sexo de los ángeles. En un anexo, De la Rúa reclamó que se informara también “el monto de los gastos en publicidad del gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. En la carta de aceptación del acuerdo, De la Rúa sostuvo que “la publicidad oficial y la oficialista, mezcladas ambas de modo constante, permanente y profuso en los últimos años y, en particular en los últimos meses, sea a través de la figura presidencial, del partido gobernante o del candidato oficialista y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, exigen la aplicación de criterios serios que permitan cuantificar los enormes gastos realizados en ese concepto y despejar las dudas de los posibles desvíos en el uso del dinero público”. Duhalde guardó prudente silencio sobre este punto. Para cumplir con su tarea, Poder Ciudadano consiguió la ayuda honoraria de tres empresas: Scopesi, que mide las inversiones en vía pública, Monitor de Medios Publicitarios que hace lo mismo en televisión, radio, diarios y revistas, y Harteneck López y Cía, que controlará la razonabilidad del gasto declarado por cada uno. Poder Ciudadano se propone dar a conocer la información recogida antes y no después de los comicios del 24 de octubre.

El test del banco

Las percepciones sociales sobre los candidatos difieren en forma pronunciada. Un colaborador de Duhalde lo describe con un apócrifo estudio motivacional. “Es el test del banco. Primero mostramos una foto de Duhalde en la calle, pasando frente a la puerta de un banco. La gente responde: lo va a asaltar. Después mostramos una foto de De la Rúa frente a la ventanilla de un banco. Empuña un revólver en cada mano y el cajero alza las manos. La gente responde: quiso dejar sus armas en la caja de seguridad”. Tal vez porque sabe que debe remontar tan empinada cuesta arriba, producto de los diez años de gobierno menemista, Fernández afirma que no recibe efectivo. Sólo acepta cheques no a la orden (es decir que no pueden endosarse para darles otro uso) que se depositan en una sola cuenta corriente, auditada por Arthur Andersen.Tal como insinuaba De la Rúa, en el primer semestre del año fue notable la desproporción entre lo gastado en publicidad por la presidencia de la Nación y los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Exaltar la obra de gobierno de Duhalde costó, a precios de lista, 22 millones de dólares; explicar que Menem lo hizo insumió de enero a junio 19 millones de pesos; mientras la difusión de los actos del gobierno de De la Rúa costó apenas 7 millones. Es decir casi seis dólares peronistas por cada dólar radical. Esta medición está hecha a precios de lista, es decir calculando en dinero el tiempo y el espacio utilizados.

Seis a Uno

Gastos de Publicidad en medios audiovisuales y gráficos, de enero a junio de 1999, a precios de lista, en millones de dólares

Gobierno de la provincia de Buenos Aires    22,07
Presidencia de la Nación                               19,16
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires         7,27

Fuente: Monitor de Medios Publicitarios

De retorno

Episodios recientes ocurridos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sugieren de qué modo un porcentaje apreciable de la inversión en publicidad oficial puede derivarse hacia la propaganda de las campañas. En mayo del año pasado, el director general de gestión financiera de la Legislatura, Rubén Garavaglia, fue denunciado en forma conjunta por el presidente y los vices del cuerpo, Enrique Olivera, Aníbal Ibarra y MarthaOyhanarte, por solicitar una comisión sobre la factura de publicidad institucional de la Legislatura. Garavaglia fue filmado cuando le proponía a un empresario que facturara los avisos en espacios preferenciales pero los ubicara en otros menos costosos. Un porcentaje de la diferencia iría para el empresario y otro para Garavaglia, quien respondía al entonces presidente del bloque radical, Lautaro García Batallán. En mayo de este año el filmado con las manos en la masa fue el vocal de la Auditoría General de la Ciudad, el radical Juan Fermín Iraizoz, mientras le proponía a la representante de Nueva Dirigencia, Noemí Fernández Cotonat contratar consultores amigos que garantizaran un retorno del 14 por ciento para financiar la actividad partidaria. “Un 10 por ciento para el Comité Nacional y 4 por ciento para el comité de sección”, especificó. Iraizos dijo que la otra auditora radical y el auditor justicialista estaban de acuerdo con ese sistema, que faltaba un voto para alcanzar la mayoría y que no se podía contar para ello con el Frepaso. La importancia de la auditoría se mide por la magnitud del presupuesto que debe controlar, de 3.000 millones de dólares al año.Sacudida por estos escándalos, y por el de la causa judicial sobre los ñoquis, en la que se ordenó la detención de dos presidentes del ex Concejo Deliberante, uno peronista y otro radical, la Ciudad Autónoma está sensibilizada a la necesidad de sancionar una ley de financiamiento que cure esta enfermedad de la democracia. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil. El proyecto más extremo es el que auspicia Béliz: financiamiento sólo estatal, campañas limitadas a 30 días previos a la elección y un límite admisible de gastos de entre 300 y 500.000 dólares. La semana pasada, durante una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control, el legislador radical Roberto Clienti defendió la designación como Senador Nacional del actual ministro del Interior Carlos Corach en un discurso en el que describió una “pirámide jurídica” basada en el acuerdo entre los grandes partidos. Clienti es uno de los procesados en la causa de los ñoquis, con embargo de 150.000 dólares sobre sus bienes, que se negó a renunciar y no fue sancionado por su partido.La sociedad tiene claro que corruptos públicos y corruptores privados son caras de la misma moneda. Una encuesta realizada hace dos meses por Gallup a pedido de Poder Ciudadano pidió a 1215 personas en todo el país que calificaran seg.n su gravedad a una serie de problemas. La escala iba desde 1, para los problemas “absolutamente leves”, hasta 7, para los “absolutamente graves”. La corrupción en el sector p.blico obtuvo un puntaje promedio de 6,7 y en el sector privado de 6,1. Entre las instituciones menos honestas, junto con la Aduana, los Sindicatos, el Poder Judicial y el Congreso figuró la Oficina de Etica Pública de la Presidencia. La encuesta también reveló que una de cada cuatro personas conoce a alguien que vendió su voto en elecciones internas o generales, por plata, comida, mercaderías, trabajo, materiales de construcción, ropa/ calzado/ mochilas y colchones. En este rubro el justicialismo lleva una ventaja clara.

Religitimación

Otra de las fuerzas que trabajó con insistencia en proyectos de relegitimación de la política, dentro de los cuales un capítulo es el replanteo de las formas de financiamiento partidario, fue el Frepaso. Chacho Alvarez y los también diputados Darío Alessandro y Nilda Garré discutieron sus aspectos con los politólogos Franco Castiglioni, Juan Manuel Abal Medina hijo, el constitucionalista Rafael Bielsa y Graciela Ocaña. Un borrador elaborado a partir de esas reflexiones sostiene que los sufrimientos de la población han producido una situación de desencanto yde alarmante rechazo hacia los políticos, ya que han siguen con “sus procedimientos, formas y rituales sin mirar hacia la sociedad” como si “nada estuviera ocurriendo fuera del palacio”. No han sabido “comprender las agrias transformaciones sociales y menos aún proponer y ejecutar políticas que redundaran en beneficio de los sectores crecientemente excluidos de las reformas económicas”. El justicialismo se transformó “en una correa de transmisión de los intereses de los grupos económicos más concentrados”. La oposición debe “recuperar poder de decisión frente a los más poderosos” y “recuperar para la política el prestigio y la confianza ciudadana “. Para ello la política debe “abandonar la autorreferencialidad, transparentar el accionar de sus dirigentes, y ejercer la austeridad”. El borrador , que lleva las firmas de Castiglioni y Abal Medina (h), propone que los partidos sean “financiados de forma pública y transparente por el Estado”, ya que “una de las formas más difundidas de corrupción pasa por las contribuciones que los empresarios hacen a los candidatos para garantizar un trato preferencial a la hora de los negocios gubernamentales”. También sugiere acortar las campañas, “reducir los inmensos gastos que ocasionan” y “la búsqueda frenética de financiamiento por parte de empresas, más grave aún cuando aquellas tienen negocios directos con el Estado”. El texto advierte contra “los tecnócratas que quieren cerrar el Senado y reducir a 30 el número de diputados” y “los aprendices de caudillo que esperan barrer con la democracia de partidos” y concluye que “sólo una política que vuelva a ser legítima a los ojos de la sociedad puede ser un espacio efectivo para realizar las grandes transformaciones sociales y económicas que nuestro país necesita”.

Pregunta

Alvarez, junto con Alessandro y con sus compañeros radicales de la Alianza Federico Storani y Elisa Carrió, presentó en 1997 un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos basado en el aporte público, nunca superior a 2,50 dólares por elector; límite a los gastos de campaña; reducción de las campañas a 30 días; suspensión de la propaganda del gobierno en los 45 días previos a los comicios; control interno y externo del financiamiento y régimen de sanciones económicas y penales. Hace un mes, Alvarez recibió un nuevo proyecto, elaborado por Bielsa, que excluye “toda índole de contraprestación a cargo del partido” respecto de los aportes recibidos, fija el financiamiento estatal en un dólar por elector y la mitad para elecciones internas y el privado a un máximo de 60.000 dólares por año calendario por cada persona física o jurídica o grupo económico. En ambos proyectos sigue prohibido recibir aportes de extranjeros. Bielsa no sabe si Alvarez leyó su proyecto. Este diario no tuvo más suerte. Desde el jueves rastreó en forma infructuosa al candidato vicepresidencial, que a cada llamado acababa de dejar un local o un acto partidario para partir rumbo a otra provincia. Tampoco respondió con un llamado a los mensajes que se le dejaron en todos los lugares que suele frecuentar. Queda así sin respuesta la única pregunta que se le hubiera formulado para este artículo: “ACómo se concilian estos interesantes proyectos de reforma política con la aceptación del aporte de una empresa extranjera que está en conflicto con el Estado, en el único distrito del país donde el Frepaso es la primera fuerza electoral y legislativa?”.