La semana pasada el precandidato justicialista a la presidencia, Eduardo Duhalde contestó a un reportaje del diario “La Nación”. Allí formuló graves afirmaciones que no han merecido hasta ahora la menor respuesta desde ningún sector de la sociedad. Ni siquiera el diario que las publicó, bien al final de una extensa entrevista, les dio ningún destaque especial.
–¿Cuál será su política respecto de las Fuerzas Armadas? –le preguntó el periodista.
–Las Fuerzas Armadas están subordinadas a la Constitución. No tenemos hipótesis de conflicto, las que tenemos son con el narcotráfico, el terrorismo –contestó Duhalde.
Pero ocurre que tanto la ley de Defensa Nacional como la de Seguridad Interior excluyen en forma explícita e inequívoca cualquier intervención militar en esos campos. Ambas leyes surgieron del consenso suprapartidario, como una política de Estado, y su propósito fue dejar atrás aquellos años en los cuales la actuación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior desvirtuó su rol social y deterioró su idoneidad como escudo protector de la Defensa Nacional. Las experiencias de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina y de la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido fueron elocuentes. Las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior las codificaron. Expresan, en ese sentido, un proceso de maduración de la conciencia social, de aprendizaje a partir de los actos del propio pasado. 
La dirigencia política tiene una deficiente preparación en esta materia. Sobre esa indigencia intelectual se montan las constantes presiones desde centros internacionales de poder, con el propósito de reducir a las Fuerzas Armadas de terceros países a un rol policial que les asegure no tener que empeñar sus propios recursos militares en defensa de sus intereses. Pero también los Estados Mayores militares se entregan periódicamente al espejismo de obtener por esa vía un mayor presupuesto. Ambas leyes están en plena vigencia y los tribunales de Justicia las están aplicando, para castigar a los oficiales del Ejército que, en Neuquén y en Córdoba, realizaron las actividades de inteligencia interior que ese marco jurídico les veda. Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su incumplimiento. Menos quien aspira a la más alta magistratura. No es admisible que un candidato a la presidencia ignore ese proceso en forma tan crasa y se coloque de ese modo al margen de la ley que, de ser electo, jurará cumplir y hacer cumplir.