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Por Horacio Verbitsky El ex secretario general del Ejército, general de División (R) Ernesto Bossi, "tendrá a su cargo reflotar el funcionamiento de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), creado en tiempos de Raúl Alfonsín", dijo ayer el diario Ambito Financiero. Según su versión, "este consejo en los hechos nunca funcionó por las limitaciones que les impusieron a las Fuerzas Armadas las leyes de Defensa y de Seguridad Interior", que "prohibían al Ejército, Armada y Fuerza Aérea hacer tareas de inteligencia interna". La misión de Bossi sería "poner en marcha y coordinar los esfuerzos de inteligencia de la CNI, levantando su imagen e importancia en la comunidad de servicios". Una primera precisión: las leyes no prohibían la inteligencia interior, la siguen prohibiendo. Por si se tratara de algo más que una expresión de deseos del diario fundado durante la dictadura militar y que apoyó los alzamientos contra el gobierno constitucional del ex presidente Alfonsín, conviene saber quién es la persona en quien el gobierno nacional estaría pensando para una función tan crítica: 1. Durante la dictadura militar estuvo destacado en misión a Bolivia, al tiempo del golpe de los narcoroneles y narcogenerales que derrocó al gobierno constitucional e instauró allí una dictadura represiva, responsable de secuestros y asesinatos. Bossi no tiene, que se sepa hasta ahora, responsabilidad penal en tales actos. 2. Como secretario general del Ejército lideró el sector militar que propicia la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. En 1995, en respuesta a un trabajo académico de especialistas del Frepaso que Carlos Auyero remitió a los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, Bossi objetó la prohibición de hacer Inteligencia sobre política interna, que a su juicio "constituye una seria limitación para la conducción de las operaciones, especialmente en el caso de un empleo integral de la fuerza para el restablecimiento de la seguridad interior. "La inteligencia no se improvisa, se debe contar con un óptimo nivel de inteligencia actualizado sistemáticamente, con el concurso de todas las agencias existentes", sostuvo. Bossi llegó a objetar incluso como "poco feliz" el propio uso en la ley de Defensa de la expresión "política interna del país". Añadió que "no se pretende incursionar en cuestiones que no son de incumbencia de la Defensa Nacional, sólo se plantea la necesidad de disponer de la información pertinente para poder enfrentar, cuando así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etcétera". 3. En 1997, cuando este diario reveló que el Poder Ejecutivo había solicitado al Senado el ascenso del teniente coronel Carlos Enrique Villanueva, mencionado en el legajo 4413 de la Conadep como uno de los jefes operativos responsables de secuestros, torturas y asesinatos en el campo de concentración La Perla, Bossi intentó negar los hechos. Dijo que ante una consulta del Ejército, la Cámara Federal de Córdoba respondió que "el entonces teniente Villanueva no revistaba en la jurisdicción del Cuerpo III en la fecha de los delitos". Esto contradice la información del legajo del oficial que el propio Bossi remitió al Senado, donde consta que de diciembre de 1977 a noviembre de 1980 Villanueva tuvo destino en el Destacamento de Inteligencia 141. El responsable de las relaciones políticas del Ejército no explicó por qué consultó a la justicia cordobesa acerca de una circunstancia burocrática de la carrera del oficial, como los destinos en los que prestó servicio. 4. El fiscal Carlos Stornelli solicitó el procesamiento de Bossi en la causa por la exportación ilegal de armas. Según su dictamen, Bossi incurrió en los delitos de falsedad ideológica y estafa procesal, al remitir al juzgado documentos presuntamente falsos que tenderían a ocultar la entrega de material del Ejército a Fabricaciones Militares, que luego fue enviado a Croacia. Luego de recordar que la legislación vigente prohíbe la militar sobre lo que llama "la actividad política municipal, provincial, de los partidos políticos e incluso de los dirigentes políticos o sectoriales", Ambito Financiero se pregunta si esa veda debe extenderse también a "grupos claramente subversivos, como es el caso de algunos activismos presentes en todo el país y que nadie sabe quién los financia. ¿Tampoco se puede hacer sobre ellos?". La eventual designación de Bossi en la CNI, que no debería ser conducida por un militar ni siquiera retirado, comenzaría a responder esa pregunta en los términos que la pregunta sugiere de modo implícito. Sería por completo coherente con la hipótesis que el gobierno nacional manejó en Corrientes, de declarar el estado de sitio y remitir tropas del Ejército para implantar un orden, pero entraría en estridente colisión con los principios y valores que distinguen a la democracia de la dictadura y a un sistema representativo y republicano de las democracias bananeras. Sería patético que los gorilas que no han dejado de acechar en espera de su oportunidad lograran avanzar en el primer mes de la presidencia de Fernando de la Rúa y su coalición de centro-izquierda, Frepaso incluido, en la dirección que se les negó durante toda la década menemista.
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