Por Horacio Verbitsky 

Tres tenientes coroneles cuyo pasado interfiere con sus ascensos se presentaron ante la comisión de acuerdos del Senado como humanistas interesados en las artes y las ciencias, de inconmovibles convicciones democráticas e ignorantes de cualquier acto ilegal durante la guerra sucia. Ni conocían la existencia de campos clandestinos de concentración. Los pliegos de Ricardo Manuel Frecha, Luciano Teodoro Parszyk y Jorge Alberto Burlando podrían ser tratados en la sesión de hoy. La versión taquigráfica de la sesión del miércoles pasado pone de relieve la inconsistencia de sus descargos pero, también, la liviandad del interrogatorio senatorial, por desconocimiento de los hechos. Fueron acompañados por el secretario general del Ejército, general de división Ernesto Juan Bossi, y el teniente coronel Jorge Corletti, que los auxiliaron cuando vacilaron. En cambio no se permitió el acceso a los asesores del Senado, que hubieran podido suplir la falta de preparación de los legisladores ni a los periodistas. No se trataba de proteger secretos de la defensa nacional, que no hubo ninguno, sino de disimular que este simulacro sólo sirve para cubrir las formas.
Un dato que ayuda a entender la presión del Ejército por estos pliegos es que tanto Frecha como Parszyk participaron en la represión de los alzamientos carapintada. En 1988 intervinieron en la recuperación del regimiento de Monte Caseros ocupado por Aldo Rico y en 1990 en la del Regimiento Patricios y el Estado Mayor. A órdenes directas del entonces subjefe y ahora jefe de Estado Mayor, Martín Balza. Frecha abrió el fuego y rindió a los ocupantes de Patricios, coronel Luis Enrique Baraldini, teniente coronel Osvaldo Tévere, mayor Hugo Reinaldo Abete y mayor Jorge Pedro Mones Ruiz. 

“Los más difíciles” 
Los Senadores invitaron a los militares a exponer una somera enumeración de sus destinos y les formularon pocas preguntas. Frecha dijo que se sentía el padre de los cadetes que había instruido en el Liceo Militar y que entre sus tiernas preocupaciones figuraba constatar que durmieran bien y no fumaran. Cuando el Senador Ricardo Branda (PJ, Formosa) le preguntó si había desempeñado alguna actividad fuera de la militar, Frecha dijo que era amante de la pintura y había ganado premios en exposiciones, hasta que dejó esa vocación por la informática. Su mayor orgullo es haber elaborado y diseñado la red de informática del Ejército y el desarrollo de su doctrina digital. Branda tuvo que aclararle que se refería al desempeño en algún organismo de seguridad. “Negativo”, respondió. Pero nadie le preguntó por el campo clandestino de concentración La Cacha, donde según el legajo 3861 de la Conadep, fueron alojados cuatro jóvenes secuestrados en un procedimiento en el que el entonces teniente 1º Frecha habría participado con otro personal del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. El testigo no reveló su identidad, según dijo por temor a represalias, pero demostró conocimiento de nombres y circustancias. Dijo que la misión consistía en “chupar a unos subversivos en un negocio de almacén y un galpón de carnicería donde se nos dijo que encontraríamos una imprenta clandestina”, que los bienes de la casa fueron saqueados y que a los secuestrados “de la Cacha los llevaron en un avión y los tiraron al río”. Ante una pregunta del senador Raúl Galván (UCR, La Rioja), Frecha dijo que estaba seguro que nunca hubo detenidos en el Regimiento 7. Sin embargo, bajo el número de Código 264, la Conadep lo mencionó como centro clandestino de detención. Allí tenía asiento el Area de Seguridad 113, de la que dependían otros seis campos clandestinos, la mayor cantidad en toda la subzona 11. Frecha llegó a negar la propia actividad represiva de su regimiento y ningún senador le replicó que a los secuestrados en La Cachales servían en platos y jarros del RI 7. Incluso la Conadep recogió dos de esos jarritos entre los escombros de la demolición del campo de concentración, durante una inspección con las sobrevivientes Nelva Méndez de Falcone y Ana María Caracoche. El senador Omar Vaquir (PJ, Santiago) declaró su profundo respeto por el Ejército, aclaró que le creía a Frecha y no al denunciante, y le preguntó a qué atribuía la denuncia. Con generosidad e inocencia, Frecha la atribuyó a la maldad de la gente, algo que le cuesta entender “porque yo no la tengo”. Sugirió que podría provenir de algún subalterno resentido, ya que todos los nombrados en la denuncia no eran “los de trato más cordial y elegante. Quizás eramos los más difíciles como superiores”. Otro problema gremial.

Agua fría
Parszyk describió su carrera como especialista en inteligencia y su graduación como Magister en Defensa. Cuando Galván le preguntó si en alguno de sus destinos en las compañías de policía militar y de inteligencia militar de Córdoba había sido compañero del entonces teniente primero torturador Ernesto Barreiro, lo negó. Sin embargo, una planilla del propio Ejército, remitida a la Comisión de Acuerdos por la Cámara Federal de Córdoba indica que Barreiro revistó en el Destacamento de Inteligencia 141, desde marzo de 1976 hasta enero de 1980 y Parszyk desde diciembre de 1979 hasta noviembre de 1982. Nadie se la exhibió ni le hizo notar la contradicción.
La Conadep recibió en julio de 1984 el testimonio del ex conscripto César Massera, quien cumplió su Servicio Militar Obligatorio en 1976, en la Compañía de Policía Militar 141 de Córdoba “al mando del teniente Parsix” en la cárcel penitenciaria UP1. Su misión era la vigilancia de los presos políticos, “quienes eran denominados ‘delincuentes subversivos’”. Luego de un interrogatorio con golpes y torturas un detenido fue llevado al patio, con el torso desnudo en una noche muy fría. Fue estaqueado y sometido a golpes con las culatas, hasta las dos de la mañana. Mientras agonizaba “no se le brindó ninguna atención médica. De a ratos, un cabo primero le arrojaba agua fría en el cuerpo”, hasta que murió. Entre los responsables de ese asesinato, identificó al teniente [Abelardo Sebastián] Ramos Monso, quien poco después fue substituido “por el teniente Parsix”, quien “guarda un comportamiento más respetuoso con los detenidos. Sin embargo, casi todas las noches el cabo 1º Paredes, con el sargento Pérez y el sargento Amaya se dedican a bailar a los presos y a someterlos a golpes y castigos. Durante el invierno uno de los castigos era el de llevarlos a las duchas y ponerlos debajo del agua fría durante horas”. El testigo dijo que también participó a órdenes del “teniente Parsix” en allanamientos y detenciones de personas que eran entregadas en la cárcel penitenciaria o en el centro clandestino Campo de la Ribera, y en el traslado de detenidas embarazadas. 
Parszyk dijo que no recordaba al soldado Massera aunque admitió que “pudo haber estado a mis órdenes en algún periodo a fin de 1976”. Negó conocimiento del episodio del asesinato en el patio. Dijo que sólo el Servicio Penitenciario se encargaba de los detenidos y que el personal militar sólo reforzaba la seguridad y realizaba actividades de patrullaje y control de rutas. Sólo mucho más tarde conoció, pero sólo de oídas, los nombres de La Perla y La Ribera, pero que nunca supo qué ocurría allí. Sin embargo, el informe de la Conadep sostiene que los distintos campos clandestinos de concentración de Córdoba “constituyeron un verdadero sistema que se completaba con la Unidad Penitenciaria 1, destinada a albergar en condiciones infrahumanas a detenidos legalizados que, después de pasar por alguno de los campos, eran sometidos a Tribunales Militares o puestos a disposición del PEN”. Añade que “los traslados de detenidos entre diversos centros” incluyeron a personas alojadas en la UP 1,”quienes fueron sacadas en diversas oportunidades para ser llevadas a los campos clandestinos. La UP 1 reviste particular importancia dentro del esquema de la represión clandestina en Córdoba, ya que virtualmente fue ocupada por fuerzas del Ejército a partir del 2 de abril de 1976”. (“Nunca Más”, páginas 200 y 204). En la causa que instruyó la Cámara Federal de Córdoba se registran no menos de 33 casos de presos en la UP 1 asesinados en traslados y al menos dos de ellos, René Moukarzel y Raúl Augusto Bauducco fueron muertos en el patio de la cárcel para escarmiento de los demás.
Parszyk todo lo ignoraba. No detuvo ni trasladó a nadie. Tampoco le impartieron nunca una orden ilegal. Sus tareas consistían en verificar que los vehículos militares no salieran sin luz de giro y que los soldados de franco fueran bien vestidos, “porque un soldado mal vestido predispone negativamente en contra del Ejército”. El Senador Carlos Verna (PJ, La Pampa) le preguntó por el conscripto José Antonio Brizuela Cortés, desaparecido de la compañía de policía militar 141 en setiembre de 1976. Respondió que no estaba al tanto, que nunca se lo habían comentado porque había muchos desertores (sic). Vaquir y Leopoldo Moreau (UCR, Buenos Aires) le hicieron notar la diferencia entre desaparecido y desertor. Cuando Vaquir preguntó qué había pasado finalmente con ese soldado intervino Bossi para salvar a su hombre, prometiendo conseguir la información, que por supuesto es conocida: Brizuela nunca reapareció. Las explicaciones de Parszyk sobre soldados que se pierden en Tartagal o no tienen plata para volver al regimiento motivaron la reacción de Verna, quien le hizo notar que se trataba de un universitario de 27 años, y de Julio San Millán (PJ, Salta), quien le recordó que estaban hablando de Córdoba y no de Tartagal. Galván dejó constancia de que no lo convencían sus explicaciones.15

Burlando al Senado
El teniente coronel auditor Jorge Alberto Burlando se presentó como un “humanista” y hombre de derecho, de vocación democrática, que vivió un “conflicto tremendo” cuando las Fuerzas Armadas cometieron el “error histórico” de derrocar al gobierno constitucional. (Burlando ingresó al Ejército en diciembre de 1966, cinco meses después del derrocamiento de Arturo Illia.) “Nunca más vamos a apartarnos del respeto a la Constitución que es la vertiente de los derechos humanos y del respeto hacia el personalismo de los habitantes” (sic) prometió. Pero ante una pregunta de Galván dijo que él tampoco había recibido nunca una orden ilegítima, y en apoyo de Parszyk dijo que muchos soldados ponían la mano en la vía del tren para que se la amputara y “excluirse del servicio” y que también “había suicidios” de conscriptos. En la década del 70 “los argentinos estuvimos muy confundidos”, pontificó. Verna le respondió que algunos estaban confundidos y otros perseguidos.
Ante una pregunta de Augusto Alasino (PJ, Entre Ríos), Burlando se refirió al secuestro de Luis Alberto Sotuyo y Dora Mercero de Sotuyo, “un matrimonio que había tenido un enfrentamiento en Bahía Blanca”, aunque diversos testimonios indican que fueron vistos con vida en el campo de concentración La Escuelita. Burlando dijo que no sabía por qué el general Adel Vilas le había encargado a él la redacción del acta de devolución de la casa a la familia Sotuyo. Ningún senador pareció haber leído el testimonio de Vilas ante la Cámara Federal de Bahía Blanca según el cual se trató de una “operación sicológica”, que sólo estuvo en conocimiento suyo y de Burlando. Tanto Burlando como Bossi hicieron girar el interrogatorio sobre un hecho menor: la actuación de Burlando como auditor en el arresto al capitán Rodolfo Correa Belisle, por irrespetuosidad al jefe de Estado Mayor Balza (Correa dijo ante la Justicia que Balza mintió al decir que el Ejército no había investigado el asesinato del últimoconscripto Omar Carrasco). Además, Alasino se enredó en una disquisición formal sobre el rol de Burlando como juez de instrucción militar a partir de 1984 pero sin referencia alguna al fondo de esa actividad. Si alguno de los senadores hubieran leído el alegato que el propio Burlando dirigió a la Junta de Calificaciones del Ejército que no había recomendado su ascenso se habrían enterado que pidió ser designado juez militar para efectuar “una mejor defensa de los intereses de la institución” y “de los generales Catuzzi, Vilas, Sexton” (es decir sus superiores de entonces) “facilitando un trato digno y evitando condiciones perjudiciales mayores”. La lectura de la versión taquigráfica sugiere que ningún senador conoce los expedientes que instruyó Burlando a raíz de una serie de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. En algunos, su firma figura dos veces. Como asesor jurídico del Cuerpo V, en 1977 respondió ante un recurso de hábeas corpus que Darío Rossi no estaba detenido. Como juez de instrucción, en 1986 sobreseyó en la causa por ausencia de pruebas o indicios “que permitan responsabilizar al autor o autores” de su desaparición. En casi todos esos expedientes, Burlando dijo que no se había probado la existencia del “lugar denominado La Escuelita”, donde las víctimas denunciaban haber sido torturadas y refutó las investigaciones de la Conadep. Para ello tomó declaración a los suboficiales del Servicio Penitenciario Néstor Cendón y del Ejército Oreste Vaello, quienes dijeron que la Conadep los había extorsionado “a fin de enlodar al personal militar”. Burlando destacó la entrega de importante material probatorio por parte de Vaello y Cendón, pero tales documentos nunca se incorporaron a los expedientes que instruía. En casi todas las causas, según Burlando los delitos estaban prescriptos. En algunas “la experiencia” denunciada por la víctima” pudo provenir “de haberse producido” a “las no descartables rivalidades de facciones políticas encontradas, el submundo de la droga, el contrabando, la delincuencia común, el secuestro extorsivo, etc”, por no decir de los extraterrestres. En un expediente por la privación ilegítima de la libertad y torturas le preguntó al acusado ex delegado de la Policía Federal, comisario Vicente Forchetti, “si existían en la época rivalidades de grupos políticos que emplearan el secuestro y la extorsión entre ellos”. El bloque radical adelantó que no prestará el acuerdo, lo cual deja la decisión en manos del partido del gobierno.