Por Horacio Verbitsky

Para entender el negociado exilio del ex militar golpista paraguayo Lino Oviedo tal vez sea más útil el telón de fondo de Yacyretá que las valoraciones jurídicas sobre la tradición americana del derecho de asilo a los perseguidos políticos. En torno de la represa argentino-paraguaya se están gestando los últimos grandes negocios de la década. Tanto el viaje del presidente Carlos Menem a Italia, como la llegada a la Argentina del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger guardan relación con el acuerdo que se está negociando entre el Ente Binacional Yacyretá (EBY) y los contratistas de la obra civil agrupados en la Unión Transitoria de Empresas Eriday. La conducción del Ente Binacional Yacyretá es compartida por dos hombres de la máxima confianza personal de Menem y Oviedo, pero el garante y paganini de la obra es el Estado Argentino. Al mismo tiempo se desarrolla una negociación menos conocida con los proveedores de las turbinas generadoras de energía, en las cuales se han detectado graves fisuras y roturas que están creando pérdidas millonarias y pueden poner en peligro al sistema eléctrico nacional. En todos los casos, Menem ha dispuesto concentrar el manejo de la cuestión en sus manos por medio de delegados personales, sin interferencias que impliquen resignar porcentaje alguno de decisión. Para ello ha debido modificar organigramas de un modo tan pintoresco como lo hizo a poco de asumir, cuando creó para su cuñado Alfredo Yoma una subsecretaría en Relaciones Exteriores que con desprecio de la geografía reunía a España, Italia y Medio Oriente. Aquel experimento terminó de modo estrepitoso cuando el ex presidente Raúl Alfonsín denunció al gobierno que Yoma tenía montada una oficina en Madrid por cuya caja debían pasar quienes quisieran acceder a los créditos del tratado argentino.español de cooperación. Entre los operadores de absoluta confianza a los que recurre el jefe de los Restos del Estado en esta carrera contra reloj están varios de los fieles de la primera hora, como su ex secretario de Obras Públicas, Rodolfo Barra, la ingeniera María Julia Alsogaray y el secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, tan íntimo como para haber sobrevivido a la reprimenda pública por el uso del helicóptero presidencial para ir a jugar con un amiguito malo a San Vicente.
Una persona molesta
Al cabo de una larguísima pugna con los sucesivos ministros de Economía Domingo Cavallo y Roque Fernández, Menem obtuvo el control directo del Ente Binacional Yacyretá. En 1996 había dividido la secretaría de Obras Públicas, para sacar del juego a Carlos Bastos, el último reflejo de la calva de Cavallo en el gobierno. Bastos no reconocía la deuda que reclamaban los contratistas y que quería pagar el gobierno, lo cual hizo que fuera visto como una persona muy molesta. Roberto Dromi, quien actuaba simultáneamente como asesor de Menem para Yacyretá y representante de Eriday en sus reclamos al Estado Argentino presentó en reunión de gabinete en febrero de 1997 lo que llamó “Una solución alternativa”, con su firma y la del presidente Menem. Invocando genéricas “razones de interés público” y por supuesto sin pasar por el Congreso, se concedería la gestión y operación del complejo a los mismos contratistas, que además tendrían a su cargo la finalización de la represa. Con el producido de la represa se cobrarían el crédito que demandaban y que la Justicia no había reconocido. El director designado por Fernández, Jorge Pedreira, igual que Bastos antes, consideró “improcedentes” los reclamos de los contratistas, que por la vía de indexaciones sobre indexaciones ya llegan a 1.578 millones de dólares por denominados “Asuntos Contractuales Pendientes” (ACP), si bien hace dos años apenas llegaban a la mitad de esa suma, y fueron rechazadas por la Justicia. Menem decidió entonces avasallar la resistencia deFernández y transferir Yacyretá de Economía a Presidencia, dentro de la Secretaría General de Alberto Kohan. Había seguido el mismo procedimiento de extirpar organismos de Economía e injertarlos en la Presidencia con la secretaría de Comunicaciones. Allí designó a su íntimo Germán Kammerath, quien tuvo a su cargo nada menos que la privatización del Correo y la renegociación de las concesiones telefónicas. Kammerath tiene con Menem una relación anterior a la política: es hijo del abogado en cuyo estudio cordobés trabajó el ahora presidente en su lejana juventud. En febrero Menem nombró como director ejecutivo en el Ente Binacional Yacyretá a otro abogado amigo con quien compartió estudio en los años de modestia, Raúl Reali. Ya lo había hecho miembro del directorio en cuanto llegó a la presidencia. Del otro lado de la frontera, también Oviedo recurrió para Yacyretá a un hombre de su absoluta confianza personal. La contraparte paraguaya de Reali en el EBY, Joaquín Rodríguez, acompañó al Jinete Bonsai en la fórmula presidencial como candidato a vice. Por eso, seguramente, fue el primer blanco de las acusaciones del sector del asesinado vicepresidente Luis Argaña, que sostuvo que el crimen había sido financiado desde el EBY, aunque no aportó elementos que respaldaran el cargo. Ni Bastos ni Pedreira aceptaban reconocer más de 150 o tal vez 200 millones de dólares, por los reclamos de mayores costos desde la iniciación de la obra, en 1983. Un dictamen de la Sindicatura General de la Nación, reconoce únicamente ocho de los 55 reclamos de Eriday, por 140 millones. Pero ya entonces, el delegado de Oviedo, Joaquín Rodríguez, anunciaba la decisión de reconocer 450 millones de los reclamados. El presupuesto inicial de Yacyretá era de 1400 millones de dólares, menos de lo que hoy reclaman los contratistas como ajuste. Hasta hoy ese barril sin fondo ya ha devorado 13.000 millones de dólares, más de nueve veces lo previsto. Todavía no se conoce qué porcentaje está dispuesto a reconocer Reali, es decir Menem, pero puede apostarse que debe estar más cerca de la cifra avanzada por el delegado de Oviedo, que por aquella muy inferior que condujo al relevo de Bastos y Pedreira. Irónicamente, fue el propio Menem quien motejó a Yacyretá como monumento a la corrupción. Hace dos años y medio, Rodríguez cuantificó la parte de cada país en lo que llamó “la corrupción de Yacyretá”, y asignó a su país un modesto 10 por ciento.
Zío Gianni
En la comitiva que acompañó a Menem a Italia estuvo el presidente de Fiat Auto de la Argentina, Cristiano Rattazzi. Su tío, Giovanni Agnelli, es el líder mundial del grupo Fiat, dentro del cual está la constructora Impreghilo, cabeza de la Ute Eriday. Ningún parte oficial confirmó si Agnelli y Rattazi habían tratado la cuestión con Menem, aunque también viajó en los mismos días a Italia el presidente de Impreghilo Argentina, Gianfranco Rizzo, que está a la cabeza de los reclamos. Agnelli es el inventor de una doctrina que otros empresarios adoptaron con entusiasmo para defenderse de las acusaciones cuando comenzaron las investigaciones judiciales de mani pulite. “No fuimos corruptores pero sí hemos sido corrompidos”. Según esta teoría la culpa la tienen los políticos, mientras los empresarios habrían actuado en un estado de necesidad sui generis, para impedir que sus compañías “salieran del mercado o fueran acosadas durante la licitación de obras públicas”, como dijo Agnelli. La Justicia argentina ya había dictado la prisión preventiva de su sobrino Rattazzi por contrabando, en una causa en la que también estuvo involucrado el propietario del periódico patronal Ambito Financiero, Julio Ramos, cuya defensa pública fue similar a la de Agnelli. Era el reglamentarismo que prohibía en forma irrazonable importar ciertos bienes, el que promovía la violación de la ley. El diario de Ramos llegó a citar a Mariano Moreno yla Representación de los Hacendados, como parte de la original doctrina del contrabando patriótico. Rattazzi probó en el pasado su poder de seducción sobre Menem. Durante un viaje a Ushuauaia lo convenció de que exceptuara a Impreghilo del congelamiento de pagos a proveedores y contratistas que había dispuesto Erman González. En el mismo avión, Menem ordenó al subsecretario de Hacienda (por entonces Julio Aguilar) que le pagara 90 millones de dólares, por deudas contraídas en la construcción de la presa Piedra del Aguila. El estilo argentino de compras tiene reglas propias: la absoluta falta de control en los precios que se pagan se compensa con las dificultades para cobrar, lo cual valoriza la intercesión de influyentes y gestores.
Una excepción similar firmó Menem en beneficio de Siemens, que durante la intervención de María Julia Alsogaray era el primer acreedor de Entel, y es hoy uno de los proveedores de turbinas de Yacyretá. Por el decreto 1.868/90, Menem excluyó a Siemens de la postergación por 10 años de los pagos a proveedores, y otorgó un préstamo de 40 millones de dólares a Entel para que empezara a pagarle una deuda que, indexaciones mediante, la transacional alemana estimaba en más de 500 millones de dólares. El lobbysta de Siemens, Blas Medina pasó a ser un hombre esencial del dispositivo económico del menemismo. Su rol junto a Carlos Menem es tan decisivo como sigiloso. Cuando el Presidente efectúa algún acuerdo político que requiera luego de alguna confortación económica, indica al asociado que se reúna con Medina. El diálogo comienza con una pregunta: “¿Qué necesitás?”. Después analizan cómo.
Otra servilleta
En 1996, mientras Kohan estaba en Paraguay, el ex director ejecutivo del Ente Binacional, Osvaldo Torres, reveló que años atrás Emir Yoma le había exigido que firmara una contratación directa para la compra de diez generadores Siemens para Yacyretá. En una servilleta de café habría escrito una lista de nombres, y junto a cada uno la cantidad de dinero que recibirían de Siemens. Según Torres, la lista incluía a “El Jefe”, al propio Emir Yoma, a Miguel Angel Vicco y a Blas Medina. El contrato por la compra de diez generadores ya había sido adjudicado a Siemens, pero “no depositaron la garantía de ejecución (10 por ciento del valor adjudicado) como indicaba el pliego. Además alteraron la oferta original”, sostiene Torres. Como el EBY ya en aquel momento debía pagar 22 millones de dólares más de lo convenido, Torres se negó a firmar el contrato. Luego de varias reuniones con Yoma y Vicco en la célebre oficina de Florida y Paraguay, Torres se comunicó con Menem y le dijo que estaba recibiendo presiones. El presidente le dio audiencia en la Casa Rosada y lo invitó a narrar quién lo presionaba. En ese momento se abrió la puerta e ingresó Emir Yoma. Torres entendió el mensaje y guardó silencio. Luego Emir lo llamó por teléfono y le dijo: “Negro, el camello tiene sed”. Dromi le ordenó por escrito, invocando instrucciones del Poder Ejecutivo que se abstuviera de “anular, rescindir o renegociar contrataciones o procedimientos de contratación”. Días después, le pidieron la renuncia y lo acusaron a él de corrupto.
El año pasado, al inaugurar la última turbina de Yacyretá Menem anunció que había decidido continuar la obra e instalar más turbinas, por un costo de unos 2000 millones de dólares adicionales. Quien flanqueaba a Menem era el entonces presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, uno de los mayores constructores subcontratistas de Yacyretá, contra quien se alzó Oviedo en el fallido intento de golpe militar que lo llevó a la cárcel. El anuncio de Menem implicaría elevar de 76 a 83 metros la cota del embalse, y una nueva licitación internacional en los próximos meses, según el compromiso asumido por Argentina y Paraguay ante los bancos interamericano dedesarrollo y de reconstrucción y fomento (BID y BIRF). No es seguro que sea posible. Los constructores reclaman a la Argentina ajustes por diferencias de cambio, anulación del desagio a los contratos posteriores al plan Austral de 1985, mayores costos por conflictos gremiales, por comidas del personal, por horas extras, por retenciones que consideran indebidas del impuesto a los débitos, por gastos aduaneros, equipamiento y amoblamiento de campamentos. Pero la Argentina también tiene un pliego de reclamos a sus proveedores, desde que comenzaron a detectarse primero fisuras y luego directamente roturas en las turbinas, por fallas de diseño que, entre otras cosas, tornarían imposible el aumento previsto de la altura del salto de agua. Las reparaciones imprescindibles, por las cuales hay seguros, implican sacar las turbinas de funcionamiento. Esto produce enormes pérdidas de facturación, que los proveedores se niegan a compensar. Muy sugestivamente, el gobierno también dispuso retirar de la competencia del ministerio de Economía la supervisión de este aspecto y transferirlo también a la presidencia. En este caso, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, a cargo de la ingeniera Alsogaray. Allí funciona ahora una Subsecretaría de Seguridad de Presas. Todo sugiere que cada negociación seguirá un carril independiente de la otra y que la Argentina pagará mucho en la primera y cobrará poco y nada en la segunda.
Una colaboración
Si en su anterior viaje a la Argentina, Kissinger revisó con Menem la situación del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres, ahora podrá compartir puntos de vista sobre la de Oviedo, alojado en el campo de otro menemista de la primera hora, Arnaldo Martinenghi. La idea de recurrir a Kissinger fue de Barra. El estudio que el ex secretario de Obras Públicas comparte con Justino Fernández Cronenbold propuso como contraparte a otro asociado del mismo bufete, el ex embajador en Roma Mariano Cavagna Martínez. Barra y Cavagna estuvieron en comisión en la Corte Suprema de Justicia en el mismo lapso, desde abril de 1990 hasta diciembre de 1993, cuando el gobierno los ofreció a la UCR como parte de pago por el Pacto de Olivos y la reforma constitucional que habilitó a Menem para ser nuevamente candidato en 1995. Quien les comunicó que debían partir fue Eduardo Duhalde: “Les solicité una colaboración para que este pacto vaya adelante”, explicó el gobernador de Buenos Aires el 7 de diciembre de 1993.
Preocupado por lo que queda de su imagen pública, Kissinger dijo que no era representante del consorcio, sino “un árbitro imparcial”, aunque al mismo tiempo voceros de Eriday confirmaban que el ex Secretario de Estado sería el árbitro designado por el consorcio. En diciembre pasado, Kissinger y Cavagna discutieron en Anillaco con Menem los detalles de su misión. No es la primera que Kissinger cumple en la Argentina a pedido de Barra y Menem. El doctor K fue invitado especial de Menem para la asunción presidencial de 1989, oportunidad en la que expuso su plan estratégico de capitalización de títulos de la deuda externa en la privatización de empresas públicas, el gran negocio de la década. El estudio de su asociado William Rogers (que fue también su subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos) tramitó el certificado del gobierno de los Estados Unidos negando que hubiera allí algún pedido de captura contra Alfredo Yabrán. El propio Kissinger fue contratado en 1993 por las tres empresas aeroportuarias de Yabrán para que las ayudara a elevar el precio de las acciones que el grupo intentaba vender al Estado. Esa fue la génesis de la reestatización de Intercargo (la empresa que prestaba el servicio de rampas) a un precio sospechosamente alto. Como el Estado era socio de la compañía que se reestatizaba, pagó parte de los 371.250 dólares dehonorarios de Kissinger por conseguir que el precio de la adquisición fuera el más alto posible. El vicepresidente de la firma de lobbistas Kissinger & Asociados y miembro del estudio de abogados Arnold & Porter, William Rogers, también presentó en la Bolsa de Comercio un libro con su firma. Su pintoresca tesis: los fallos de la Corte Suprema demostrarían la vigencia en la Argentina menemista de plena seguridad jurídica.

Por H.V.

El debate público acerca de la muerte en San Fernando del cabo Salomón Stambulli, alias Rambo, se basa en premisas e informaciones falsas. Durante un tumultuoso velorio, sus camaradas atribuyeron su muerte a las normativas que prohibirían esposar a menores. También clamaron por aumentos salariales y por todo tipo de reformas legislativas. Desde el Frepaso, el ex policía Edgardo Mastrandrea (separado de las filas en 1992 luego de encabezar un autoacuartelamiento contra las autoridades) replica que las disposiciones vigentes permiten esposar a menores en ciertas circunstancias, como una detención y traslado hasta la comisaría. El senador radical Eduardo Florio, que ha hecho de la seguridad un tema de campaña, acusa por la “inseguridad absoluta” en que viviría la policía a “la desidia” del gobernador Eduardo Duhalde y de su ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanián. Debido a las horas extras a que los obligan sus bajos salarios, los policías serían “verdaderos blancos móviles”. Para Arslanián la muerte del suboficial, quien ya había reducido a los dos adolescentes acusados de robo, es consecuencia del deficiente entrenamiento de los efectivos, que no palparon de armas a los detenidos. También objeta que los policías que efectuaron el arresto se hayan dividido en dos autos para efectuar el traslado. Ello habría permitido que una amiga de los chorritos les alcanzara un arma por la ventanilla del vehículo policial. La solución, concluye el ministro, es perseverar en los programas de entrenamiento iniciados durante su gestión, los primeros en décadas, que ya habrían alcanzado a una cuarta parte de los efectivos.
Son todas posiciones atendibles, que responden a diferentes visiones de la problemática policial y de seguridad. Pero ocurre que la verdad mediática no coincide en este caso con la realidad. Casi nada de lo que se ha dicho sobre la muerte de Stambulli responde a hechos comprobados. Personal policial muy próximo al cabo asesinado sostiene que el disparo que acabó con su vida provino de un “arma perro”, que pertenecía al propio Stambulli. Pero no es fácil que se decidan a hacerlo público en forma directa, porque eso quebraría la solidaridad corporativa y revelaría algunos aspectos viciosos de la conducta policial que no se ventilan con extraños sin riesgo de represalias. En la jerga delictiva acuñada durante los tiempos de la mejor maldita policía del mundo “arma perro” es aquella que se utiliza para simular enfrentamientos en los cuales se asesina a quemarropa a personas detenidas. Esa práctica fue general durante los años de la dictadura militar, pero no se extinguió una vez concluida. Hay algunas masacres paradigmáticas de ese modus operandi. En 1983, en San Nicolás, el comisario Luis Patti dijo haberse tiroteado con dos personas, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. En realidad habían sido secuestrados la noche anterior ante testigos en Rosario. Sus autopsias mostraron huellas de torturas y de las sogas con las que habían sido atados en vida. En 1987, tres muchachos que tomaban cerveza en una esquina en Ingeniero Budge, recibieron 34 impactos de bala en la espalda disparados por los integrantes de una partida policial. La Justicia desestimó la existencia real del enfrentamiento alegado y diez años después condenó a los asesinos, que estuvieron en libertad durante el proceso y se fugaron después de la condena. En 1994, once policías acribillaron en otro falso enfrentamiento a cuatro personas en Wilde (en esta masacre tuvo intervención como encubridor el comisario Juan José Ribelli). 
Por lo general las “armas perro” son revólveres o pistolas en pésimo estado, secuestradas en algún procedimiento anterior. El único requisito es que estén en condiciones de disparar así sea un tiro, de modo de hacer verosímil la versión del tiroteo entre dos bandos. En el caso de San Fernando, el personal policial que conoce en detalle lo sucedido afirma que Rambo llevaba el “arma perro” dentro de un “bolso bagayo”. En la misma jerga del hampa de uniforme, así se denomina al transporte de cosas cuya posesión no es legal. El “bolso bagayo” con el “arma perro” estaban en el asiento trasero del vehículo policial, aquel al que fueron subidos los dos adolescentes arrestados luego de asaltar un negocio. Concluye el personal policial que conoce lo sucedido: “Rambo se olvidó del bolso. Cuando el vehículo se puso en marcha el bolso se resbaló en el asiento y el arma quedó a la vista. Rambo no tuvo defensa. Una verdadera desgracia”. Lo que no saben, o no quieren decir ni siquiera en privado, es si el “arma perro” que le quitó la vida iba a ser usada para justificar la ejecución extrajudicial de los adolescentes y ellos se le adelantaron.